“Si resistimos al terror de los noventa, podemos resistir a lo que sea”: Catatumbo, una fotografía de treinta años

Entre el terror y la resistencia, el Catatumbo ha construido y reconstruido la dignidad y la movilización. Sucesos como el Paro Cívico del Nororiente en 1987, presentan una peculiar fotografía: si de un lado el Estado no se cansa de incumplir; del otro lado, las comunidades no se quedan quietas. En medio del cínico estatismo y de la permanente posibilidad está ubicado el Catatumbo. 

PARQUE 29 DE MAYO, OCAÑA, 10 DE JUNIO DE 1987

Por: Natalia Duque.* El sol protagoniza su tercer amanecer desde que los catatumberos ocuparon el parque, las reservas de comida no están agotadas, como tampoco la convicción de quienes dejaron sus veredas para regresar con la certeza de que pronto vivirían mejor en ellas. De esquina a esquina se escuchan las voces de los campesinos: “¡Lucha y solidaridad son caminos de unidad, y los caminos de unidad son caminos de victoria! ¡Viva el paro del nororiente colombiano!”. 

Ocaña, Valledupar y Tibú fueron los principales escenarios de las protestas que se llevaron a cabo en 1987, durante el llamado “Paro Cívico del Nororiente”. Fue convocado para los días 7, 8 y 9 de junio por las centrales obreras, el campesinado y distintos sectores populares, con el fin de exigir al gobierno mejores condiciones de vida en el campo, en una región en la que abunda la explotación petrolera. Así lo señala Héctor López (2016) cuando afirma que “los diferentes pliegos del campesinado tienen un denominador común: vías, educación, salud, electricidad, que son las necesidades básicas de la población”.

Al final, el paro tuvo una duración de siete días debido a la respuesta dada por el Gobierno de Virgilio Barco: militarización. En los principales lugares de concentración se instalaron retenes militares en los que se realizaron requisas y decomiso de alimentos. Las manifestaciones estuvieron acompañadas por el sonido de los tiros al aire, el olor de los gases lacrimógenos y por los cercamientos realizados por la Fuerza Pública para contener la movilización.

Asimismo, la negligencia estatal se vio reflejada en comentarios como el de Ernesto Samper, que para ese entonces ya era presidente de la Dirección Nacional del Partido Liberal: “Yo no descarto que los paros comiencen a formar parte de una nueva estrategia de lucha de los sectores alzados en armas. A los campesinos los llevan a ciegas, por camionados, después de acorralarlos”.

La táctica de deslegitimar el Paro Cívico también tuvo lugar en los medios de comunicación hegemónicos que reprodujeron la idea de que las movilizaciones fueron orquestadas por los grupos armados insurgentes. Así lo señaló El Tiempo en un editorial que escribió ese mismo año, haciendo alusión al Paro Nororiental: “No nos equivocamos al afirmar que es un plan madurado lenta, fría y maquiavélicamente. Tampoco es una novedad. Responde a las estrategias usadas contra las democracias por los movimientos totalitarios de la izquierda”.

COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, OCAÑA, 23 DE JULIO DE 1987

Todo el que pasaba se quedaba viendo su cuerpo tendido en la entrada del colegio. Como cualquier día, el profesor Jesús Hernando Sanguino salía hacia su casa, cuando un disparo lo tumbó al suelo. Además de ser miembro de  la Asociación de Institutores de Norte de Santander (ASINORT), Sanguino hacía parte de la Unión Patriótica y fue uno de los principales dirigentes del entonces reciente Paro Cívico del Nororiente.

Los meses posteriores al paro estuvieron colmados de voces fuertes e intentos por silenciarlas. Según el proyecto “Voces Silenciadas”, entre julio y diciembre de 1987 fueron asesinados más de 50 líderes de la región. Uno de todos ellos fue Hernando Sanguino, su asesinato fue ejecutado por el grupo paramilitar Sociedad de Amigos de Ocaña (SAO), luego de haber enviado varias amenazas. Por esta razón, para septiembre de ese mismo año se convocó una movilización desde Ocaña hacia Cúcuta, el pliego de exigencias contenía doce puntos, de los cuales ocho buscaban garantías de seguridad para quienes participaron y apoyaron el paro.

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ALGÚN REFUGIO HUMANITARIO DE SAN CALIXTO, MAYO DEL 2018 

En una vereda se asoman los ojos grandes de una mujer que se queda mirando al cielo fijamente; tiene 21 años, pero con unas pupilas que se camuflan de experiencia y parecieran de cincuenta. Se clavan mostrando los tonos azules y grises como una armadura que las blinda, que las viste; luego de un prolongado silencio dice: “La única luz que conocen mis ojos es la luz del sol”.

El 13 de mayo del 2018 comenzó la “Misión de verificación humanitaria”, impulsada por la “Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo”. Se realizó en el marco de la coyuntura que se atravesaba la región: la intensificación de los enfrentamientos armados entre el ELN y el EPL. Debido a esta situación, se configuraron refugios humanitarios a lo largo de todo el territorio.

“Nosotros no estamos aquí por culpa de los enfrentamientos, nosotros estamos aquí por el Gobierno, que nos tiene abandonados”, afirma Jessica¹, una joven campesina de ojos azules que estaba en uno de los refugios de San Calixto desde hace dos semanas. Si bien la coyuntura desató una situación compleja para los campesinos, producto de los enfrentamientos y la militarización, lo cierto es que las condiciones mínimas de vida digna —salud, educación, vías, electrificación— resultan bastante precarias.

La situación de los centros de salud en la región es lamentable: paredes con humedad, salas con una sola camilla, no existen los instrumentos necesarios y hay un solo médico corriendo para atender a todo el que llega desde las veredas. Según el informe final realizado por la Misión, en el Catatumbo hay un médico por cada cinco mil habitantes. “Hay personas que viajan durante ocho horas para que las atiendan y a veces me toca decirles que no las puedo atender porque estoy solo o porque no hay el medicamento que necesitan”, afirma el médico de San Pablo, Teorama.

En el acta del acuerdo realizado en Ocaña sobre las exigencias de aquel Paro del Nororiente, se estableció la construcción de puestos de salud en San Calixto, Convención y El Carmen, así como una dotación efectiva para los municipios de Hacarí, Ábrego, La Playa y Teorama. De igual manera, en el pliego presentado en Tibú se fijaron siete puestos de salud también en el Catatumbo. La salud fue una de las principales exigencias durante el paro, y actualmente, ante las condiciones y la ausencia de los prometidos centros de salud, lo continúa siendo.

Si se consideran los problemas de la educación en la región, no existen muchas diferencias: escritorios amontonados, techos húmedos, muchos niños que viajan durante horas y pocos “profes”. En Orú, una vereda del municipio de El Tarra, una planta de 15 profesores debe atender a 700 estudiantes. Además, el índice de deserción es considerablemente alto. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), solamente el 6% del total de los niños que comienzan la primaria, terminan el bachillerato.

Por su parte, el Briefing departamental de Norte de Santander realizado en el año 2017, confirma que: “Siete de los 11 municipios del Catatumbo presentan tasas de cobertura bruta en educación media por debajo del 50% y de cobertura neta en el mismo nivel de menos del 20%”. Todo esto, a pesar de que hace más de 30 años, tras el paro, se definió el abastecimiento de las escuelas en Hacarí, San Calixto, Convención, La Playa, El Carmen y Teorama, lo mismo que su construcción en Hacarí y Ábrego. Al día de hoy, las exigencias de los campesinos frente al tema educativo continúan siendo las mismas.

Para el campesinado, otro de los elementos problemáticos es el estado de la infraestructura vial y los servicios públicos. Llegar hasta la vereda de San Calixto en la que se encuentra Jessica resulta imposible en carro. La mayoría de las carreteras que existen dentro del Catatumbo fueron construidas por las comunidades. Además, ellas mismas consolidaron los peajes comunitarios para mantenerlas en buen estado.

“Yo he vivido 21 años en estas montañas y la única luz que mis ojos conocen es la luz del sol”, repite Jessica mientras le da de comer a su hijo, que tampoco conoce la luz eléctrica. Según el mismo Briefing departamental, en cuanto a servicios públicos: “En nueve de los once municipios que conforman la región del Catatumbo, el déficit cualitativo era superior al 90% y en los dos restantes estaba entre 82% y 89%”.

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El último paro que se realizó fue en el 2017, a treinta años del Paro Cívico del Nororiente colombiano y contó con exigencias similares. El extractivismo sigue latente: petróleo, carbón, monocultivos de palma de aceite africana. Según el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para el 2014 Norte de Santander producía 2.375 barriles de petróleo diarios de 889 pozos. Sin embargo, según el Briefing departamental de 2017 “los municipios norte-santandereanos que cuentan con las tasas más altas de pobreza corresponden a aquellos ubicados en la Región del Catatumbo”.

Las condiciones de vida digna ofrecidas por el Estado en la región, continúan siendo precarias. Al igual que en 1987, las comunidades afirman que el Estado únicamente hace presencia mediante la militarización. Para diciembre del 2017 Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que llegarían seis mil hombres nuevos para estabilizar la situación en el Catatumbo. Más tarde, en abril del 2018 aseguró que enviaría otros dos mil militares a la zona.

Esta militarización ha venido acompañada de la constante estigmatización por parte de los medios de comunicación hegemónicos. “Aquí hay una estigmatización fuerte y es que dicen que todo el catatumbero es guerrillero y no es así. Aquí hay personas humildes, trabajadores, campesinos”, afirma Edgar Guerrero, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).

Los campesinos, no obstante, expresan que el aumento del pie de fuerza por parte del Estado ha traído más violencia y ha generado zozobra en los catatumberos. Según la revista Noche y Niebla 57 del Cinep, correspondiente al primer semestre del 2018, las cifras de violencia en la región duplicaron las de años anteriores en ese mismo periodo: “El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra”.

MIRAMONTES, TIBÚ – 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

La pólvora abraza el aire luego de que el disparo precedió el silencio. Todo el que pasa se queda viendo su cuerpo tendido en el suelo. José Antonio Navas era miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Líbano, Tibú y pertenecía a la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat). Ya son once los líderes asesinados en esta región para el 2018.

Los campesinos del Catatumbo no han dejado de organizarse. La construcción de una economía propia, peajes comunitarios, así como las manifestaciones artísticas y políticas revelan un campesinado que ha construido su propio plan de vida digna. Los campesinos no solo continúan movilizándose como lo hicieron en los paros del 2015 y el 2017, sino que también edifican el Buen Vivir en la región. Garantizar sus propias condiciones materiales, políticas y sociales ha sido la respuesta de quienes insisten en permanecer y en buscar alternativas para hacerlo. Como lo afirma un catatumbero: “Si resistimos al terror de los noventa, podemos resistir a lo que sea”.

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* Natalia Duque es estudiante de la Universidad de Antioquia y hacer parte del equipo de Colombia Informa – Agencia de Comunicación de los Pueblos.

[1] El nombre fue cambiado a petición de la fuente.