¡Los pueblos también juzgan!: una entrevista a Olimpo Cárdenas acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionará este año en Colombia, juzgará al Estado colombiano por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz. ¿Pero qué es exactamente este Tribunal? Hablamos con Olimpo Cárdenas Delgado, vocero del comité de impulso y esto nos contó.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es una institución con una voz privilegiada en el plano internacional. La memoria de los pueblos, sus luchas y resistencias han quedado plasmadas en juicios éticos contra Estados que, históricamente, han abusado de las mayorías y han empobrecido la vida de las gentes. La dimensión ética de la rebelión se halla toda en audiencias desarrolladas contra impunes genocidas del orden establecido. Desde Lanzas y Letras hablamos con Olimpo Cárdenas Delgado, vocero del comité de impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos, responsable del equipo nacional de derechos humanos y paz del Congreso de los Pueblos y asesor de la comisión nacional de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera (USO).

Empecemos hablando un poco de la historia del Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿A qué responde su creación y cuál es su relevancia en el plano nacional e internacional?

El TPP o Tribunal Permanente de los Pueblos es una iniciativa nacida a mediados de los años sesenta y consolidada en el año 1979. Tiene su origen en la lucha por los derechos de los pueblos en contra del poder que ejercen las organizaciones multilaterales creadas, normalmente, por el encuentro de las naciones poderosas que terminan haciendo un consenso hegemónico alrededor de lo que ellas consideran reglas internacionales sobre la justicia, la paz y los derechos humanos.

Bertrand Russell, un filósofo, escritor y humanista británico se dio una primera pelea con base en las agresiones del imperialismo norteamericano sobre Vietnam, y a mediados de los años sesenta convoca un primer Tribunal Russell para reivindicar los derechos de los pueblos y su autodeterminación. Después adelanta el segundo Tribunal Russell en contra de las dictaduras en América Latina y, por supuesto, nuevamente en defensa de los derechos de los pueblos, de sus organizaciones y de sus comunidades.

Más tarde, un abogado, socialista y humanista italiano llamado Lelio Basso reivindica la lucha de Russell y, muy especialmente, la Declaración universal de los derechos de los pueblos proclamada en Argel en 1976. Esta última se basó en el derecho de los pueblos a derrotar con el uso de la rebeldía a las dictaduras. Así pues, se funda en 1979 en Roma la Fundación Lelio Basso que crea el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Con esta importancia, y luego de haber adelantado 47 sesiones en donde se han denunciado y condenado a una cantidad casi igual de Estados por ejercer genocidio, por ejercer dictadura, por ejercer crímenes de Estado y violencia contra los pueblos, el Tribunal ganó un prestigio internacional bajo un criterio humanista y, especialmente, ético. Pero es claro que las decisiones, fallos y sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos no son de carácter judicial, son de carácter humanístico, ético y político.

Por lo tanto, tienen un peso específico en la medida en que los Estados legítimos comprenden y entienden que esas decisiones éticas están amparadas y respaldadas por jurados, jueces y fiscales internacionales de gran prestigio. Aunque no necesariamente son todos juristas, muchos de ellos sí, y de gran renombre. También se encuentran entre ellos Premios Nobel de la Paz, académicos, investigadores, grandes escritores y reconocidas personalidades que se han ganado un gran prestigio por su ética, por su humanismo y por su labor en favor de los pueblos y de la humanidad. A pesar de que los fallos del Tribunal Permanente de los Pueblos no tienen obligatoriedad jurídica, sí generan un ambiente político que presiona a los Estados que han incurrido en violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y han generado reacción de los propios pueblos y de la comunidad internacional que presiona a estos Estados para que cambie sus comportamientos.

En medio del que tal vez es el momento más triste y de mayor incremento de la violación de los derechos humanos, del genocidio, de la impunidad, de los ataques contra los procesos de paz, del asesinato sistemático del liderazgo social, todo esto resulta crucial e importantísimo. Porque ya nos hemos dado cuenta que a pesar de la movilización, de las denuncias y de los escándalos que señalan al Estado colombiano y a sus gobernantes involucrados con el genocidio, el narcotráfico y la corrupción, pues no se ha logrado detener el genocidio y cada día acudimos a una nueva masacre, a un nuevo asesinato de líderes y lideresas sociales o de excombatientes en proceso de reincorporación.

Pero bien, esta no es la primera vez que el Tribunal sesiona en Colombia. De hecho, con esta se contarían ya tres ocasiones en las que el país asumiría la sede de las audiencias. ¿Qué motivó al Tribunal a volver a Colombia y qué diferenciará a las audiencias de marzo de las anteriores dos en 1991 y 2008?

Como bien lo dicen, esta es la tercera sesión en Colombia y las dos últimas han enfatizado en la impunidad, que es uno de los temas que vamos a posicionar en este Tribunal. Por ende, este año sería la continuidad y tendríamos que seguir el primer fallo e increpar al Estado colombiano acerca del porqué no ha resuelto un problema tan agudo en donde las instituciones reconocen un nivel de impunidad por encima del 90% y los procesos sociales y populares hablan de mas del 98% de impunidad en los crímenes de lesa humanidad o en los crímenes de Estado.

También en el 2008 se juzgó a las transnacionales por su vinculación con los hechos de violencia contra comunidades en las zonas donde se desarrollan megaproyectos por parte de estas empresas, muchas de ellas extractivistas de petroleo y de diferentes minerales, o de monocultivos. Por tanto, es muy importante que ahora se dé continuidad a esos dos fallos que juzgaron al Estado colombiano, y es de trascendental importancia, además, por la coyuntura que se vive en nuestro país.

Finalmente, se pensaría que la idea de un Tribunal que juzgue en una dimensión ética hechos de represión y crímenes de guerra debería ser posterior a la finalización de los mismos. En cambio, en Colombia persiste un conflicto militar que muestra signos de escalamiento o, por lo menos, de perduración en el tiempo. ¿Qué busca entonces el Tribunal Permanente de los Pueblos al citar a un Estado colombiano que no solo no está abierto a reconocer sus prácticas criminales, sino que se aferra a ellas como método predilecto para sostener el orden establecido?

Es cierto que hasta ahora prácticamente nada ha logrado frenar o hacer retroceder al Estado colombiano y al genocidio. Pero sí hemos logrado que el Estado, y sobre todo el Gobierno de Iván Duque, se venga deslegitimando socialmente y se venga desnudando toda su política de genocidio, persecución, asesinato y masacre contra el movimiento social y popular. De manera que esta audiencia del Tribunal que se adelantará en marzo, debería generar un doble movimiento, un ambiente nacional e internacional para crear una coalición, una fuerza que logre presionar desde adentro y desde afuera al Gobierno colombiano.

Y consideramos que los últimos elementos de la coyuntura internacional, como el cambio de Gobierno en Estados Unidos y las presiones que se vienen ejerciendo por el pésimo manejo de la política exterior de este Gobierno, pudieran concretarse todas y generar un ambiente propicio para reaccionar al genocidio, a los crímenes contra la paz y la impunidad; es decir, los tres puntos que pensamos posicionar en este Tribunal Permanente de los Pueblos.