“El pueblo nunca olvidará lo que significó este gobierno”: Una entrevista Sara Tufano

Sara Tufano es socióloga y colaboradora habitual de distintos medios de comunicación. Se ha enfocado en el estudio del conflicto armado en Colombia y de los intentos de paz en el país. En esta ocasión David Graaff se entrevista con ella acerca del motivo de las protestas en Colombia, las juventudes y las promesas incumplidas de la Constitución de 1991.*

Inicialmente las protestas comenzaron por la reforma tributaria. Y sin embargo, luego de haber sido retirada la reforma las protestas se mantuvieron. ¿Qué es lo que impulsa a las protestas hoy y qué es lo que está exigiendo la gente?

Lo que se ha dicho es que la reforma tributaria fue la gota que rebasó el vaso, pero las protestas realmente tienen muchas otras motivaciones. Se ha vuelto a poner sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la extrema desigualdad socioeconómica en Colombia, la no implementación del acuerdo de paz o la brutalidad policial durante las protestas. Uno podría remontarse a la época colonial o, más acá, al surgimiento de las guerrillas en las décadas de los sesenta y setenta. También se podría hablar de las promesas incumplidas de la Constitución de 1991, como el recrudecimiento del conflicto armado después de su promulgación. Son algunos de los nudos de la historia de Colombia que no han sido desatados y que ahora se manifiestan de manera simultánea.

La pandemia, además, agudizó todas estas problemáticas y golpeó, en especial, a la juventud. Mientras tanto, algunos políticos piensan que todo esto se va a resolver en las próximas elecciones. Yo, en cambio, no estaría tan segura de eso.

¿Quiénes son estos jóvenes y por qué han soportado sobre sus hombros la mayor parte de las protestas?

Creo que esto ha sido así en cada generación. Por ejemplo, mi generación creció en plena época de seguridad democrática y agudización del conflicto. Protestar era mucho más riesgoso. El pensamiento crítico era estigmatizado, y no es que ya no lo sea, sino que el más reciente acuerdo de paz impulsó otras narrativas y desestigmatizó ciertos temas que, de alguna forma, habían sido vedados. Entonces hubo un cambio de paradigma, un cambio cultural. El gobierno de Duque es visto como un gobierno ridículo a pesar de lo autoritario. Esto indigna a la gente y hace que la gente salga a la calles con más rabia y menos miedo.

Son jóvenes que no tienen oportunidades. Si para mi generación no es fácil encontrar un trabajo estable, imagínate lo que puede ser para los jóvenes de los barrios populares de las grandes ciudades. Estos jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo, tampoco oportunidades para estudiar, pues no todos pueden entrar a la universidad pública. Lo que descubren es que este gobierno no les ofrece nada. Así, uno entiende completamente esa indignación.

¿Qué crees que motivó que Cali, o más ampliamente el Valle de Cauca, se convirtiera en el epicentro de estas protestas?

Allí confluyen varias problemáticas. Ya Cali era una ciudad muy desigual, y con la pandemia, Cali se empobreció mucho más que otras ciudades. La desigualdad y el desempleo aumentaron mucho.

Pero a esto hay que sumarle un racismo estructural que ha marginado a las poblaciones racializadas. Además, es una ciudad que ha sido permeada por el narcotráfico. Entonces, todos estos fenómenos confluyen y se manifiestan en los puntos de resistencia de los barrios populares de Cali.

¿Cómo entiendes la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

La visita de la CIDH hay que considerarla, más que todo, como una victoria política en la medida en que el gobierno se oponía a esta visita, o bien quería aplazarla para finales de junio. Para recibir a la CIDH, el gobierno anunció una reforma policial “cosmética”, un día antes de su llegada, y le propuso una suerte de tour para hablar con las personas con las que el gobierno consideraba que la CIDH debía hablar. Gracias a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas, la CIDH pudo obtener un panorama mucho más completo.¹

El gobierno se niega a aceptar que hay un problema estructural con la policía. Es un gobierno negacionista, completamente convencido de esa idea de que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, y de ese libreto no quiere moverse.

¿Cómo evalúas la reacción del gobierno frente a esta oleada de protestas?

Según el gobierno acá no está pasando absolutamente nada. El presidente no tiene ninguna compasión o respeto por las víctimas. Hemos visto, y hay vídeos que lo demuestran, a paramilitares operando junto a la policía. Es un hecho innegable, y da cuenta del poder que tiene la fuerza pública en Colombia gracias a este contexto de conflicto tan largo.

El gobierno está muy deslegitimado por motivos que también se conocen en el exterior, y es que a Duque lo ayudó a elegir Álvaro Uribe. Sin el apoyo de Uribe, Duque nunca hubiera llegado al poder, y eso le resta mucha legitimidad. Además, hay un quiebre en el relato uribista: una cosa era vivir la seguridad democrática del gobierno de Uribe y otra cosa es querer aplicar esa política en el gobierno de Duque. De aquí a las próximas elecciones, Duque va tener muy poco margen de maniobra y muy poca legitimidad para gobernar.

El gobierno ha querido negociar con el Comité Nacional del Paro que aglutina algunas organizaciones sindicales, indígenas y estudiantiles, pero que no representa realmente a la población que se está manifestando, como por ejemplo a los jóvenes de Cali. ¿Que consecuencias tiene esta situación?

Lo que sucede es que el Comité Nacional del Paro es un comité que lleva ya mucho tiempo. No sabemos realmente cómo es que sus miembros fueron elegidos y terminaron representando a ciertos sectores. Esta vez la gente en las calles se ha manifestado de una manera muy diferente a como se había manifestado antes. Y yo no siento que el Comité haya intentado vincular a esos otros sectores a la negociación. Son sectores que se organizan de manera mucho más espontánea y es más difícil saber quiénes son los voceros. Aun así, en Cali se han organizado por lo menos para dialogar con el gobierno local y se han llegado a unos acuerdos. Si el Comité del Paro quisiera realmente vincular a esos sectores lo podría hacer, si no lo hace es para no autodeslegitimarse.

En Chile, una ola de protesta similar llevó a un proceso constituyente. Pero la Constitución de Colombia, por el contrario, suele ser considerada como muy progresista…

Las generaciones que nacimos un poco antes o durante el proceso constituyente del 91 crecimos escuchando que la Constitución del 91 es intocable, como que hay que rendirle culto; hace parte del imaginario colectivo. Se hizo esa constituyente aprovechando un proceso de paz y la desmovilización de algunos actores armados, pero principalmente porque las élites colombianas necesitaban desbloquear el sistema político luego del Frente Nacional.

Si uno habla con algunos de los que participaron en la constituyente le van a decir a uno que no todos los temas fueron incluidos, que muchos temas no fueron discutidos. No es solamente que hasta ahora no se haya podido aplicar esa constitución por culpa de las mismas élites que participaron en su creación, hay unos elementos que no se pueden desarrollar porque simplemente no fueron incluidos. No se puede desarrollar lo que no existe. ¿Cómo podrías desarrollar el tema de las regiones si no existe ninguna norma por desarrollar? Lo que mucha gente piensa es que una eventual asamblea empezaría desde cero, y no es así. En esa asamblea no se tocaría nada relativo al Estado Social de Derecho, que es lo más progresista que hay en esa constitución, pero modificas e incluyes otros temas. Pero acá solo se piensa en el peligro que supondría que las fuerzas uribistas nos hagan perder lo poco que hemos ganado. A pesar de todo, la correlación de fuerzas ya no es la misma que la de hace 20 años.

¿Cuáles son las reformas estructurales que crees que necesitaría el país?

Por ejemplo el ordenamiento territorial, que es algo que se iba a desarrollar, pero el Congreso dejó vencer el término. Habría que reformar la estructura del Estado y cambiar el régimen presidencial. Otros temas como la revisión del procedimiento mediante el cual se selecciona al fiscal general y las condiciones para acceder a las magistraturas, fiscalía y contraloría. Hay que revisar la política criminal y el aparato electoral. Dicho de otro modo, esto va más allá del cambio de las personas que están en esas instituciones. Yo me atrevería a decir que incluso un gobierno progresista —como podría ser el de Gustavo Petro— se va a enfrentar a protestas y movilizaciones que exigirán reformas profundas, porque el solo cambio de gobierno no será suficiente.

Ese es un punto interesante porque aquí en Alemania hay analistas que afirman que Petro, o la oposición, se están beneficiando de las protestas para así ganar la presidencia en 2022.

Claro que no. El mismo Petro estaba preocupado. Hace unas semanas se filtró una conversación suya donde decía que había que terminar con las protestas. Ningún político tradicional o progresista que esté ligado a la política electoral desea que las protestas sigan indefinidamente. Las protestas generan mucha incertidumbre y en medio de la incertidumbre no se pueden planear campañas, no se puede hablar con la gente, todos los temas se van dilatando. Y eso, en términos de política electoral, no es ventajoso. Por eso es falso decir que Petro se estaría beneficiando de las protestas.

Si bien hemos estado hablando de soluciones a largo plazo, ¿cuál crees que puede ser la solución a la situación actual? ¿Cómo ves los posibles desenlaces?

Con este gobierno no habrá ninguna solución. Habrá una pausa en las movilizaciones, pero el descontento es tan grande que se podrán reactivar fácilmente. El acumulado que se ha logrado en los lugares de resistencia será muy importante, pues de alguna forma definirá la pauta. Lo que sí creo que es muy importante es que los partidos y movimientos progresistas vinculen las demandas de las movilizaciones en sus agendas y que mantengan un vínculo más cercano con los jóvenes y las jóvenes de la Primera línea. Estos jóvenes y estas jóvenes en los barrios populares se están organizando y todavía no sabemos qué procesos organizativos se van a desencadenar. Lo que ellos hagan, de alguna forma, determinará buena parte del futuro del país.

No veo tan factible que Duque renuncie o que haya un cambio de gobierno antes de las próximas elecciones, aunque claro, todavía falta un año. También veo muy difícil que, teniendo en cuenta su debilidad y su poca legitimidad, el gobierno Duque dé un giro totalitario. Eso contradiría el discurso que las elites colombianas siempre han sostenido en el exterior acerca de que somos una democracia ejemplar. Lo que creo es que habrá un va y viene de manifestaciones a lo largo del año que le queda a Duque, y que el pueblo colombiano nunca olvidará lo que significó este gobierno.

Notas

* Esta entrevista es una versión ampliada de la que originalmente se publicó para el público alemán en jungle.world.

1. Pueden consultarse las observaciones de la CIDH haciendo clic aquí.