Abolir la cárcel: respetar la vida

La cárcel: el engendro de la sociedad enferma, la máxima de la represión humana, la infame, la falta de libertad, la basura social. Sí, esta institución enfrenta, hoy más que en otros tiempos, una verdadera crisis, pues su organización deshumanizante tiene un nuevo enemigo, el virus. Dialogamos con dos compañeras inmersas en el poco conocido montaje judicial “Lebrija” sobre la cárcel, las mujeres, la vida penitenciaria y el COVID-19. 

Por: Erika y Xiomara.* Como ex prisioneras políticas, detenidas por lo que se conoce como el montaje judicial del caso Lebrija, decidimos escribir este artículo partiendo de la experiencia personal que nos dejó el haber estado presas durante casi cuatro años en la reclusión de mujeres de Bucaramanga, vivencia que nos permite escribir sobre la situación carcelaria desde una mirada y perspectiva diferente. Así, este artículo quiere ser una voz de denuncia frente a todos los abusos que se cometen en las prisiones con la complicidad de un gobierno criminal y por desgracia, con la legitimación de una sociedad que ve la cárcel como única solución.

Las cárceles para la sociedad han sido dispositivos de control y en el imaginario social se ubican como el lugar donde van las y los criminales más peligrosos, aquellas personas que le hacen el mayor daño a la población; sin embargo, basta hacer una revisión del caso colombiano para saber que esto no es tan cierto. Analizando la población carcelaria desde una perspectiva crítica, podemos evidenciar que quienes la habitan son la muestra de un estado fallido, lugares de confinamiento humano de las clases más bajas y desprovistas de oportunidades para vivir.

El contexto internacional y nacional nos ha convocado a atender la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia por el Covid-19. Las medidas han sido cuarentena, lavado constante de manos, cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, entre otras, que para los gobiernos parecen ser las más acertadas para atacar el temido virus. No obstante, dichas medidas principalmente se han dispuesto para la población que no se encuentra en una cárcel. En las alocuciones presidenciales es poco o nada lo que se pronunciado el gobierno nacional sobre la población carcelaria. Entretanto, las medidas para lxs presxs han sido mínimas y selectivas, viciadas por la corrupción y el privilegio.

Desde los 138 centros penitenciarios se han dado jornadas de desobediencia pacífica: portazos, cacerolazos, huelgas de cárceles despiertas 24 horas y plantones desarrollados por familiares de presxs, todxs unidos al unísono en un grito pidiendo ¡Libertad!. Estás jornadas de protesta tuvieron su noche negra el 21 de marzo de este año, cuando se emprendió una jornada de movilización con la clara intención de hacer públicas sus demandas frente a las medidas que tomó el gobierno nacional y el Inpec frente el Covid-19. La manifestación empezó en algunos establecimientos y desde las celdas lxs presxs gritaban ¡Libertad! Mientras sostenían una especie de antorchas. A medida que pasaban las horas, en la cárcel Modelo de Bogotá las cosas se fueron complicando, el Inpec en compañía de la policía y ejército arremetieron en contra de lxs presos que fueron atacados con gases, bombas aturdidoras y proyectiles, dejando, según la Ministra de Justicia y medios oficiales, un saldo de 83 heridos y 23 muertos, una cifra que probablemente no corresponda con la realidad. Este escenario de represión se repitió al día siguiente, en horas de la mañana, con los familiares de presxs de la cárcel Modelo cuando fueron atacados indiscriminadamente por el ESMAD, impidiéndoles informarse sobre el estado de sus familiares.

La situación de crisis sanitaria se extiende a todos los centros penitenciarios del país: los constantes cortes de agua, el mal estado de los baños y las celdas sumamente hacinadas es la fatal realidad a la que se enfrentan a diario lxs presxs. Ante este panorama de deshumanización, los temores de las personas privadas de la libertad por la llegada del virus a las cárceles se hicieron realidad: a la fecha de escritura de este artículo, la cárcel de Villavicencio es la que más reporta contagios con cerca de 660 infectados de COVID-19 entre presos y guardias, lo siguen con un número menor las cárceles Picota, Picaleña, Guaduas, Leticia y Florencia. En esta última ni la directora se libró de contagiarse.

En este terrible contexto, se expide también un decreto de emergencia carcelaria, normativa que resultó amañada y tramposa, con artículos y parágrafos confusos, propios de la justicia leguleya de este país. En éste se orienta cómo debe proceder el Inpec, Uspec, las unidades de sanidad y jueces de las distintas etapas de los procesos judiciales; caracteriza y determina la población vulnerable y quienes serán cobijados por el decreto, pero al mismo tiempo emite una lista de los delitos que están fuera del “beneficio”. En esta lista es inaudito encontrar delitos que, según las mismas estadísticas del Inpec, son los que engrosan las filas de presxs en el país y que se conectan directamente con la miseria, el hambre, la falta de garantías básicas: delitos en los que incurren las y los desposeídos. En esta lista también encontramos la rebelión como delito, que, según referentes como el Padre Javier Giraldo, es un derecho fundamental cuando el Estado resulta ser fallido. Y para ponerle la fresa a ese pastel de injusticias, las y los sindicados, que son la población mayoritaria en las prisiones, deberán esperar a que pase la contingencia y se reactiven sus procesos, porque ellxs no hacen parte del “beneficio”, pues el en Colombia el principio de inocencia solo aplica para las élites del país.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y eso se refleja, sobre todo, en las condiciones carcelarios, ya que es allí donde encontramos la verdadera miseria en la cual vivimos: la corrupción que nos gobierna y que se ha expresado en las nulas posibilidades que tenemos las y los pobres del mundo de sobrevivir, de acceder a una educación digna, de vivir en entornos libres de violencia, de acceder a sistemas de salud integrales.

Se preguntarán qué relación tienen estas condiciones a la hora de caer a una cárcel; pues bien, tiene todo que ver. El sistema nos lleva a actuar bajo extremos, bajo odios y rencores que responden a diferencias entre clases sociales. Un ejemplo para esto son las historias que se escuchan en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, historias de mujeres dueñas de ollas en esa ciudad, que nos contaban sus historias bajo el argumento de sus hijxs también merecen vivir, comer y vestirse bien, que no solo lxs hijxs de la gente rica son los que pueden. Así mismo, lo que se vive en las cárceles son historias de vida atravesadas por la adicción a las drogas, el estatuto de habitante en condición de calle; el ser inocentes porque la policía necesitaba el positivo del día y por eso las cargan con droga, o porque la fiscalía en su afán de dar resultados captura a la que menos posibilidad tiene de demostrar su inocencia en un sistema penal desigual, patriarcal y clasista. Claro está, también están las que matan en defensa propia, por venganza o como parte de su trabajo, las que han sido cómplices de violaciones y torturas; quienes están allí también son mujeres presas por pensar diferente o porque han sido engañadas. Eso sí, la mayoría con el común denominador de ser de extracción popular, de carecer de educación, de haberse criado en esa Colombia violenta que a veces no se siente en las ciudades, o por lo menos no en esas partes de medianas comodidades.

Por lo anterior estamos seguras de que la cárcel no es la respuesta ni la solución a ningún mal propio de esta sociedad; la cárcel debe abolirse y debemos antes y a la par de ello, pensar en quitarle las raíces a este sistema que nos obliga a robar, que nos ha criado  violentamente y llenos de ira, porque si hay algo que hace la cárcel es terminar de joder la poca humanidad que se tiene, de acabar por odiar este mundo y las personas que lo legitiman desde las esquinas. Siempre será utópico hablar de la destrucción de las causas estructurales que originan la desigualdad, decir que la educación es la salida, pero aunque suene utópico es el único camino, y mientras lo vamos arando no hay que abandonar a nuestros compañeros y compañeras que van a sentir con más rigor la represión estatal desde las cárceles.

Notas

* Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional implicadas en el montaje judicial “Lebrija” del 2012 que las llevó a pasar cuatro años en la cárcel.