A 55 años del Paro de 1971, la cuestión sigue siendo de autonomía

Algo más de medio siglo ajustamos este año desde que las universidades del país se tomaron muy en serio el rechazo a la intervención extranjera en sus proyectos de extensión. Lo que devino en una serie de movilizaciones —las más agitadas, prolongadas y confrontativas hasta hoy— que situaron una pregunta clave en el centro de la discusión, ¿cómo construir autonomía y democracia universitaria en pos de un proyecto político liberador? A continuación, una nota a cargo de la Oficina Estudiantil.

La crisis de la universidad: entre el control estatal y la transformación social

En 1971, las universidades colombianas se cuestionaron profundamente el modelo educativo imperante por ese entonces. Movidas por la inexistente autonomía de la Universidad del Valle, y con el precedente del movimiento que llevaría a cabo la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba (Argentina), esta juventud abrió un gran escenario coyuntural, marcado por intensas movilizaciones que sacudirían al país. 

En medio de discusiones, represión y jornadas llenas de dignidad, se desarrolló uno de los paros universitarios más grandes de la historia del país, con una sola experiencia medianamente comparable —la del paro por financiación a las IES del 2018—. En el contexto del Frente Nacional, periodo caracterizado por una fuerte represión estatal, el movimiento estudiantil comenzó a andar con “la elaboración del denominado Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, que se fue perfilando a partir del II Encuentro Nacional Universitario”[1]. Allí se posicionaron discusiones frente a la autonomía y la democracia universitarias, el financiamiento, las garantías para la organización gremial en toda institución educativa —sin importar el nivel—, las pruebas estandarizadas, entre otras.

En el movimiento estudiantil predominaron dos grandes posiciones teóricas y políticas. Una de ellas partía de la premisa de que la universidad constituye un aparato ideológico del Estado, motivo por el que “es imposible modificar su naturaleza de clase… Una revolución en Colombia tiene que plantearse en su estrategia su inevitable destrucción en el mismo sentido en que es válido para todo el aparato del Estado”[2]. La otra postura se apoyaba sobre la tesis marxista-leninista, según la cual, toda gran revolución social va precedida de una profunda revolución cultural, por ende, las transformaciones en la educación y la cultura se hacen posibles durante el desarrollo del proceso revolucionario.

Fue tan álgido el nivel de discusión política que ni siquiera las universidades privadas se quedaron al margen: la Universidad de los Andes, la Gran Colombia, la Santo Tomás y La Salle tuvieron gran relevancia en la coyuntura. Ante el levantamiento de la comunidad universitaria en todo el país, el gobierno expidió el Decreto 1259, dando una primera muestra de lo que algunos sectores hoy comprenden por autonomía —de trámite administrativo, sin democracia y para reprimir todo tipo de crítica—; el decreto otorgó las facultades de todas las autoridades universitarias a los rectores. En la Universidad Nacional, el gobierno nombró a Santiago Fonseca, quien expulsó a los liderazgos estudiantiles del momento, destituyó profesores y anunció el desmonte del Bienestar Universitario y Admisiones. 

A los estudiantes no los frenó la masacre en Cali, ni la declaratoria de estado de sitio, ni los toques de queda ni el prolongado cierre de la Universidad Nacional, mucho menos la acusación de estar saboteando la celebración de los Juegos Panamericanos, la militarización de los campus o la detención de sus líderes. La democratización universitaria se logró progresivamente, destacándose el retiro voluntario de la Iglesia de los consejos superiores[3].

La problemática se hizo evidente en el mes de enero, cobrando relevancia coyuntural a partir de febrero; para octubre el gobierno cedió y el principal objetivo del cogobierno en reemplazo de los Consejos Superiores fue logrado en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, un triunfo sin precedentes en la historia de Colombia. Sin embargo, fue un triunfo de corta duración, puesto que los Consejos Provisionales Universitarios fueron declarados ilegales en 1972.

Algunos de los motivos para el debilitamiento de esta victoria política fueron los constantes sabotajes y la asfixia presupuestal por parte del gobierno, la prolongada discusión ideológica entre la comunidad universitaria y la oposición de algunos sectores a la idea del cogobierno.

Con este contexto previo, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, retomaron las discusiones del objetivo de la lucha estudiantil, identificando dos niveles de objetivos: uno a corto plazo y el otro a largo. Los primeros son objetivos logrables sin un cambio sustancial en la estructura social, mientras que los segundos se encuentran condicionados por el triunfo de transformaciones profundas y estructurales. “Las luchas parciales que los estudiantes colombianos libran por conseguir estos objetivos, no bastan por sí solos para alcanzarlos, pero harán más cercana su realización en la medida que se liguen con la lucha general del pueblo colombiano por su liberación”[4].

En el año 1992 llegan a la conclusión de que “no es pues la estructura interna de la universidad la que le imprime a esta su función, sino que en toda sociedad la Universidad tiene que cumplir un papel que objetivamente le es asignado por las relaciones sociales de producción existentes”[5]. En este sentido nuestras universidades de hoy son el resultado de la formación social en que se encuentran, escenario perfecto para la reproducción de la educación bancaria que Freire nos conceptualizaba en su texto Pedagogía del Oprimido[6], en donde el conocimiento se produce unilateralmente, y el estudiante resulta ser un sujeto pasivo, receptor de información —como vasija que necesita ser llenada de contenido—. Siendo así que “el individuo que ingresa a la Universidad pareciera ser amputado de la sociedad en la que vive, se contrae a una técnica y disciplina específica que lo hace incapaz de tomar decisiones de carácter crítico”[7].

En el ámbito administrativo, la implementación del modelo gerencial de mercado en las instituciones de educación superior se aceleró en el nuevo milenio. Esto se manifiesta en procesos impulsados por criterios «eficientistas» que socavan las funciones misionales y concentran el poder en una tecnocracia[8]. Así, las universidades pasaron a regirse por una institucionalidad que deja de lado la función de ser centro de pensamiento para convertirse en organizaciones de servicios educativos. Frente a esta deriva mercantil, cobra sentido central la visión que define la educación superior como motor de transformación: “La principal y esencial misión para el formador es educar para el cambio social. Es decir, educar para la transformación de las relaciones sociales que han configurado y han dado forma y fondo al Problema Esencial de la Humanidad”[9]. Esta postura reclama recuperar el rol crítico de la universidad, más allá de la eficiencia administrativa.

Dice el profesor Alberto Arias que “la crisis de la universidad no es, por tanto, una falla administrativa: es una crisis ontológica del sentido. Frente a este escenario, recuperar la universidad implica repensarla como una comunidad reflexiva, donde el conocimiento vuelve a ser creación y no mera reproducción”[10].

La tarea de la comunidad educativa consiste en pensarse más allá de los muros de la academia, comprendiendo que el intelectual no es un sujeto aislado de su contexto social. Por el contrario, es un actor partícipe de la vida social. Transitar de la adquisición individual de conocimientos a la construcción colectiva resulta clave para cimentar una educación para la liberación. 

Teniendo en mente este enfoque, cobra sentido que el objetivo de la educación —en cualquiera de sus niveles— sea avanzar en la creación de una nueva sociedad: una educación que permita transformar el sentido común, la dinámica social imperante y las relaciones de poder normalizadas. 

Autonomía universitaria: entre la formalidad jurídica y el control real

La universidad es el reflejo de la sociedad y sus dinámicas, es por esto que sus discusiones están inmersas en los grandes debates de la vida social, principalmente sobre autonomía, el cual sigue siendo un tema que brinda muchos elementos para elevar la discusión en las diferentes instituciones de educación superior.

En Colombia la Constitución de 1886 no menciona la autonomía universitaria; la reforma de 1936 garantiza la libertad de enseñanza pero no es explícita en la autonomía; por otra parte, le da al Ejecutivo el poder de inspección y vigilancia, facultad que puede colisionar con la autonomía universitaria. Después del Manifiesto de Córdoba en 1918 se garantizó la autonomía en varios países de América Latina [11].

Una de las problemáticas más evidentes de la Ley 30 de 1992 es, precisamente, la autonomía universitaria, puesto que es un concepto en constante disputa, con diversas interpretaciones y narrativas. Si bien la Ley 30 en su Capítulo VI detalla facultades concretas —modificar estatutos, designar autoridades, crear programas, otorgar títulos, seleccionar profesores y alumnos, y gestionar recursos—, no proporciona una definición conceptual explícita del término. 

Esta ambigüedad inherente al concepto de autonomía universitaria se torna particularmente problemática y más palpable en el contexto de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUS). A diferencia de las universidades tradicionales, donde históricamente se ha establecido y defendido cierto nivel de autonomía a partir de la organización de la comunidad y la construcción colectiva, en las ITTUS se observa una marcada debilidad institucional en este aspecto. Específicamente, las comunidades académicas que conforman estas instituciones —docentes, estudiantes y, en menor medida, personal administrativo— no cuentan con mecanismos efectivos y robustos que les permitan elegir democráticamente a sus propias administraciones —rectores, vicerrectores, decanos o, en general, directivas—.

La falta de estos procedimientos de elección interna, mina la base de la autonomía universitaria entendida como autogobierno. Sin la posibilidad de influir decisivamente en la selección de quienes dirigen la institución, las universidades quedan, en la práctica, sujetas a procesos de designación que pueden estar fuertemente influenciados por intereses externos —políticos y empresariales—. Esta situación no solo contraviene el espíritu de la autonomía, sino que también debilita la legitimidad de las directivas ante su propia comunidad, limita la capacidad de la institución para definir su rumbo estratégico de manera independiente y dificulta la rendición de cuentas. En última instancia, esta carencia de mecanismos democráticos efectivos se traduce en una menor calidad académica, la desconexión de las necesidades reales de la comunidad educativa y una mayor vulnerabilidad ante presiones externas.

Si contemplamos algunos acontecimientos de los últimos 30 años en las Instituciones de Educación Superior, encontramos un inexistente ejercicio de legitimidad en la toma de decisiones. Esto es debido a la recurrente intervención por parte de poderes externos que cuentan con intereses propios, perpetuando así las relaciones de poder desiguales sobre la comunidad universitaria.

Esto suscita interrogantes evidenciados en controversias recientes, como la entrada de políticos a los campus universitarios para hacer campaña electoral, el ingreso de la fuerza pública, la instalación de refugios humanitarios durante ejercicios de movilización social, o las disputas por rectorías. Todas estas situaciones han estado mediadas por la misma pregunta central: ¿constituye esto una vulneración a la autonomía universitaria?

Dentro de los acontecimientos más antiguos de los que se tiene conocimiento en Colombia, en los que se presentó injerencia externa, se encuentra el Paro de 1971, sin embargo, este fue solo un primer abrebocas a lo que se vendría después. En la década de 1980, Colombia vivió varios escenarios que podrían ser considerados como arbitrariedades a la autonomía universitaria impulsados por el Estado, en un contexto de reformas centralizadoras y de represión a protestas estudiantiles.

Bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala es emitido el Decreto 80 de 1980, con el que se buscaba unificar la estructura administrativa y académica de universidades públicas y privadas, imponiendo controles estatales sobre organización, planes de estudio y financiamiento mediante el ICFES. Aunque el artículo 18 reconocía formalmente la autonomía, en la práctica generó demandas —como la del entonces rector Marco Palacios de la Universidad Nacional— por exceder los límites constitucionales, centralizando el poder y condicionando presupuestos a metas gubernamentales.

En 1980, tras la reforma universitaria, fue militarizada la UNAL como consecuencia de las protestas contra el alza del transporte y los cierres de residencias; en octubre hubo enfrentamientos con el Ejército y cierre temporal. En 1981, las protestas porla  ruptura de relaciones con Cuba derivaron en más cierres y presencia militar, limitando la gobernanza universitaria.​

Tres años después, durante el gobierno de Belisario Betancur, el 16 de mayo de 1984, la Fuerza Pública irrumpió en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, asesinando estudiantes que se encontraban protestando  por el Bienestar Universitario y en contra de los recientes homicidios del estudiante de odontología Chucho León —presidente de Cooperación Estudiantil—, y del profesor Luis Armando Muñoz González. Esa jornada de protesta escaló rápidamente en un «tropel» en la Calle 26, que terminaría en un baño de sangre, luego de la intervención armada directa que violó la autonomía al militarizar el campus y reprimir a integrantes de toda la comunidad: “la policía motorizada ingresa al campus disparando contra todas las personas que se encontraban en el interior de la Ciudad Universitaria”[12].

Del mismo modo, en los últimos 20 años se ha podido evidenciar que las discusiones sobre autonomía y democracia universitaria se vienen dando de manera reiterada. En la Universidad Nacional, en el año 2012 se llegó a discutir sobre el método de elección rectoral, un malestar con la estructura organizativa que ha sido constante a lo largo de los años. Sin embargo, el malestar, más que con el método fue con las personas que lo asumieron, quienes controlaban ese aparato burocrático de la universidad. Esa discusión fue opacada por la cuestión financiera o por situaciones más concretas que marcaban pequeñas coyunturas —discusión que se mantendría inactiva, con leves picos cada 3 años al momento de elegir  una nueva persona—, pues muchos escenarios de movilización no fueron en contra de la figura rectora  sino frente a la persona que ejercía el cargo. 

Recientemente, esta situación cambió, pues se retomó una crítica integral a la estructura organizativa de la institución universitaria, similar a la planteada en 1971. Esta perspectiva reapareció como una opción factible en el primer semestre de 2024, en un contexto marcado por la continuidad del proyecto universitario impulsado por figuras como Marco Palacios, Ramón Fayad, Moisés Wasserman, Ignacio Mantilla y Dolly Montoya. Dicha continuidad se sostuvo mediante prácticas cuestionables, como la aplicación del método Borda y la votación secreta, y se caracterizó por profundizar el uso del aparato burocrático de la universidad para favorecer intereses de grandes capitales. Este escenario dio lugar a un amplio proceso de movilización que llevó al Consejo Superior Universitario, en medio de una nueva correlación de fuerzas, a rectificar su decisión y respetar el resultado de la consulta.

La consulta es el procedimiento que se encuentra actualmente reglamentado en gran parte de las universidades públicas del país, en este la comunidad universitaria expresa su preferencia hacia la persona que asumiría el cargo de la rectoría, sin embargo, esta no siempre posee vinculatoriedad con el resultado final, dado que es el Consejo Superior quien toma la decisión final. A modo de contexto del reciente acontecimiento, en marzo de 2024 la UNAL realizó dicha consulta alcanzando un máximo histórico de participación y dejando en evidencia el alto respaldo hacía Leopoldo Múnera, no obstante, el CSU nombró a José Ismael Peña como rector (que habría quedado quinto en la consulta), lo que provocó el descontento de los distintos estamentos y desató un paro de cuatro meses en el que se disputó no solamente quién encabezaría la administración de la institución, sino también el proyecto educativo que encarnaba. El paro no tuvo únicamente álgidos escenarios de discusión que confirmaron la vigencia de la discusión dada en el 71, también se pudo evidenciar el arte, la creatividad y la solidaridad creadoras de trincheras capaces de disputar sus intereses comunes frente a los viciados por el interés privado y personal. 

Paralelo y posterior a esta situación, se pudo confirmar el carácter estructural y sistemático de la injerencia de actores económicos y políticos en instituciones de educación como la UniPamplona, por presuntos intentos de manipular la elección rectoral por parte del Gobierno nacional [13]. Escenarios de movilización por la imposición de rectores en la Universidad del Atlántico [14] y la Universidad Distrital [15] —injerencia del clan Char y de Carlos Fernando Galán respectivamente—. Además de tensiones dentro de la Universidad de Antioquia por decisiones y presiones del Gobierno nacional ante la crisis financiera.

Aproximadamente año y medio después, con la injerencia de la política tradicional de derecha y de actores de la rama judicial. Se restituye a Ismael Peña su «derecho» a ser rector de la universidad, acontecimiento que marca coyuntura y que nos lleva al escenario de movilizaciones actual. La disputa no es solamente por quién gobierna la universidad, sin embargo, con los acontecimientos más inmediatos, y quizás por una falta de lectura y horizonte político, lo coyuntural se reduce a pensar que la pelea se desplaza por aspectos secundarios y no por el tema central: una transformación de fondo, profunda al proyecto universitario. 

Por el carácter sistemático de estos intentos de tomar o renovar el control sobre las IES, es posible afirmar que la Universidad Nacional y en general, la universidad pública colombiana, “ha sido el laboratorio de reproducción del proyecto educativo en Colombia, no solo al ponerla en función del mercado, sino al desestructurar y destruir al movimiento popular que en ella se gesta, tanto de formas ilegales como legales, directas o indirectas, todo en la búsqueda de mantener una pasividad e inacción que pueda ser reflejada en todo el resto del sistema educativo” [16].

Sin transformación estructural, no hay constituyente efectiva

Desde hace algunos años y hasta hoy, en algunas universidades públicas del país se han desarrollado procesos constituyentes universitarios. Para empezar, es necesario contextualizar que estos procesos no son hechos nuevos, por el contrario, se remontan a 1972 en la Universidad de Nariño, donde, bajo la rectoría de Luis Eduardo Mora Osejo, se impulsó una reforma a los estatutos universitarios. Esta iniciativa generó tensiones con el gobierno de la época, lo que derivó en su destitución.

Aunque este proceso no fue del todo exitoso, constituyó un hito importante para lo que posteriormente sería el triunfo del proceso constituyente en la misma universidad, materializado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), desarrollado entre 2008 y 2013, a través del cual se logró consolidar un modelo de autonomía universitaria con un carácter democrático, incluyente y pluralista [17].

En la actualidad, varias universidades del país adelantan procesos constituyentes, como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta última, el proceso se encuentra en su etapa final y han alcanzado logros significativos, como la democratización del proceso de elección de rectoría, el posicionamiento de la consulta a la comunidad universitaria como eje central de dicha elección y el fortalecimiento de la asamblea universitaria como instancia de control, veeduría y participación.

No obstante, estos procesos no siempre se desarrollan de manera lineal ni plenamente incluyente. En el caso de la Universidad Nacional, el proceso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Aunque surgió desde la comunidad universitaria, ha sido instrumentalizado por distintas administraciones, quienes lo han orientado hacia un horizonte que limita su carácter incluyente y desconoce transformaciones de fondo.

A partir de lo anterior, puede afirmarse que los procesos constituyentes universitarios encierran un potencial transformador importante, incluso dentro de las limitaciones impuestas por la Ley 30 de 1992. Sin embargo, cuando carecen de ejercicios de democracia efectiva, se prolongan excesivamente o son objeto de instrumentalización, corren el riesgo de perder legitimidad y agotarse por sí mismos.

Por ello, resulta fundamental que las comunidades universitarias se replanteen el sentido de estos procesos: qué se busca transformar, cuáles son sus objetivos concretos y, en particular, si en casos como el de la Universidad Nacional se está ante un proceso verdaderamente constituyente.

En este sentido, la construcción de un nuevo modelo de educación requiere fortalecer el Sistema de Educación Superior en el marco de su autonomía, tanto a nivel general como en cada una de las IES. Esta autonomía debe sostenerse y consolidarse a partir de una democracia participativa, directa y popular, en la que las máximas instancias de dirección y gobierno cuenten con mayorías de una comunidad educativa comprometida con la transformación, y tengan una incidencia directa, vinculante y con garantías plenas para su ejercicio.

Esto requiere la consolidación de escenarios asamblearios, consejos estudiantiles, asociaciones y claustros de profesores de planta y ocasionales, así como de trabajadores no docentes y egresados. Estas instancias deben articularse de manera permanente y garantizar, además, la participación de la sociedad y las comunidades en la administración de las instituciones. Asimismo, las IES deben implementar mecanismos de elección democrática y directa de sus autoridades académico-administrativas.

La autonomía también se materializa en “la capacidad de las instituciones para definir sus agendas de investigación, desarrollar sus currículos y determinar el uso y manejo de sus recursos financieros, siempre en función de las necesidades, prioridades y acuerdos de la comunidad educativa y territorial”[18]. Para la formulación de políticas y directrices nacionales en materia de educación e investigación, resulta indispensable asegurar la comunicación y participación directa de las instituciones de educación superior públicas, la sociedad, las regiones y la comunidad educativa. De esta forma, las propuestas y políticas que se formulen podrán ser vinculantes al Ministerio de Educación Nacional.

En última instancia, la construcción de una universidad verdaderamente autónoma y democrática no constituye un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para que la educación superior contribuya, de manera efectiva, a la transformación de la sociedad. ¡El llamado sigue siendo a Estudiar, Luchar y Transformar!

 

Referencias

[1] Pardo, M. Á., & Urrego, M. Á. (2003). El movimiento estudiantil de 1971 en Colombia [Ponencia]. 51° Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile.1. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1971 EN COLOMBIA.pdf

[2] Ibid

[3] Arias, F. (2025). La esquiva memoria del Movimiento Estudiantil del 71. Señal Memoria.

[4] Oficina Estudiantil U.N. (s.f.). Historia de la Oficina Estudiantil. 

[5] Ibid.

[6] Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

[7] Cátedra Estudiantil UPS. (2017). Pacto Pedagógico. 

[8] Quiñones & Múnera. (2023). Hacia La Democratización Del Gobierno Universitario. (Universidad Nacional De Colombia). Bien ComUN. Democracia (DF).pdf

[9] Rengifo, C. G. (2010). Educar para liberar, liberar para transformar. Periferia Prensa Alternativa. [Periferia] Educar para liberar, liberar para transformar.pdf

[10] Arias, A. (2025). Reflexionar la educación N°2 Por una universidad instituyente: El problema de la universidad no es de gestión, sino de orientación del sentido.

[11] Observatorio de la Universidad Colombiana (s.f.). ¿Intervención del Estado en la Autonomía Universitaria? ¿Intervención del Estado en la Autonomía Universitaria? – El Observatorio de la Universidad Colombiana 

[12] Archivos del Búho. (2020). Cartografía de la Memoria del Movimiento Estudiantil: Narrativas de la violencia para construir territorios de paz. https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2021/03/Cartografia-de-la-Memoria-del-Movimiento-Estudiantil.pdf 

[13] Revista Semana. (2024). Denuncian maniobras del actual rector de UniPamplona para quedarse un tercer periodo. https://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-maniobras-del-actual-rector-de-unipamplona-para-quedarse-un-tercer-periodo/202408/ 

[14] La Silla Vacía. (2025). UniAtlántico queda parada tras la intervención charista en la rectoría. UniAtlántico queda parada tras la intervención charista en la rectoría – La Silla Vacía 

[15] W Radio. (2025). Estudiantes de la Universidad Distrital anuncian paro indefinido por elección del rector. Estudiantes de la Universidad Distrital anuncian paro indefinido por elección del rector | Actualidad | WRadio 

[16] Periferia Prensa. (2026). La Universidad Nacional en el andamiaje de la burguesía, ¡la lucha popular a la ofensiva! La Universidad Nacional en el andamiaje de la burguesía, ¡la lucha popular a la ofensiva! – Periferia 

[17] Martínez R., M. E. (2013). Reforma y autonomía universitaria. Tendencias, 14(1), 146-159.3. Reforma y autonomía universitaria – U. Nariño.pdf

[18] A PELEAR (2025). Propuesta de Plataforma Nacional de Lucha: Lineamientos para un Nuevo Proyecto y una Nueva Ley de Educación Superior. Propuesta programatica (Plataforma)- A PELEAR V2025.pdf