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Las paradojas constituyentes de Petro

La coyuntura nacional corre al ritmo de las elecciones del 2026 y el Pacto Histórico se ha decantado por el salvavidas todavía opaco de un “proceso constituyente”. Pero los techos del progresismo han perdido altura y estrechan las posibilidades de paz y democratización para el país. Una nota de Esteban Romero.

Sin duda la carrera por las elecciones de 2026 ha iniciado. Las campanas electorales empiezan a sonar y el reacomodamiento de las fuerzas políticas se manifiesta de manera más clara en las últimas semanas. En el caso del gobierno de Gustavo Petro y la coalición del Pacto Histórico se nota cada vez más la despresurización de su estrategia de gobernabilidad, lo que ha llevado a decantarse por un viraje contradictorio y sin rumbo fijo en el denominado “proceso constituyente”, donde parece que pondrá toda su fuerza social y política. Si bien esto podría tensionar el tablero, no deja claro si el gobierno sabe cuál será su próxima jugada.

El síntoma más reciente de este contradictorio viraje constituyente es el que ha tensionado, por un lado, el llamamiento a la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad para finales de mayo y, por otro lado, la posición de la Delegación del Gobierno en el marco del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en lo que respecta a las conclusiones de la primera fase de participación de la sociedad impulsada por el Comité Nacional de Participación.

Y es que la Asamblea se posiciona como la vía mediante la cual Petro le hace frente a tres factores: primero, la evidente estrategia de golpe blando que hay en su contra; segundo, estabilizar su gobernabilidad ante el fracaso reiterado de la conciliación con los gremios económicos; y tercero, responder a la necesidad de generar un escenario de convergencia social y política que hilará —está por verse con qué alcance— la estrategia para el 2026.

Ahora bien, la convocatoria a esta Asamblea no está exenta de tensiones que la propia dinámica del gobierno desplaza al escenario de convergencia social y política que ha convocado. La manifestación más reciente e importante de esta complejidad es el reciente pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el que rechaza la ineficiencia del gobierno para ejecutar el presupuesto asignado al plan cuatrienal acordado con esta organización y en la que decide no participar, al menos por ahora, en la Asamblea Nacional por las Reformas.

Que la organización indígena más importante de Colombia defina esta postura a pesar de ser una de las expresiones del movimiento popular que se ha mantenido estrechamente ligada al gobierno desde su inicio, es cuanto menos una señal de alarma.

Aun así, el alcance de las definiciones de la Asamblea Nacional por las Reformas dependerá de la política real del Pacto Histórico. Y actualmente la coalición parece confundir lo urgente con lo necesario, pues está más preocupada en los sondeos de opinión para posicionar una cara presidenciable para 2026, aunque carezca aún de un instrumento para disputar las elecciones y mucho menos de un horizonte claro de transformación más allá de las languidecidas reformas sociales.

Por otro lado, la postura de Otty Patiño, el comisionado de paz del Gobierno, sobre los resultados de la primera fase de participación de la sociedad en el marco del diálogo con el ELN, tensiona o pone en evidencia los límites de la apuesta constituyente del gobierno nacional. En este caso, ante el rechazo de los gremios económicos de la posibilidad de que el proceso ponga en cuestión el modelo económico y el régimen político, el comisionado declara que los cambios en Colombia están limitados a la Constitución de 1991 y el Plan Nacional de Desarrollo.

El ”proceso constituyente” de Petro es entonces estrecho en su significado y alcance político pues limita su horizonte de transformación al marco del régimen económico y político establecido. El proceso de participación definido en la Mesa con el ELN bien puede entenderse en sus fases como el germen de un proceso constituyente social y popular que augura el cuestionamiento de las estructuras del poder económico y político en Colombia.

Pero más allá del escenario en el cual emerja, un proceso constituyente social y popular de verdadero calado y amplios horizontes de transformación, debe ser parte de la discusión a entablar tanto en la Asamblea que se aproxima, pero también en los escenarios de convergencia popular que existen y, sobre todo, en la recuperación de la movilización popular como forma de impugnación de un régimen político y económico que, por lo demás, ha amilanado y convencido al “Gobierno del Cambio” y al progresismo de que su lugar político no es más que el de administrar el orden existente.