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"El movimiento estudiantil es un movimiento de bases, asambleario": Gustavo Petro

En el marco de la entrega de un reconocimiento que se le hizo en la Universidad Nacional de Lanús (Argentina) y del Foro de Pensamiento Crítico de CLACSO, conversamos con el excandidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro sobre los primeros cien días del nuevo gobierno uribista, los intrincados caminos hacia la paz, el paro universitario y el escenario en América Latina. Por Sergio Segura.

-¿Cuál es su balance de los primeros cien días de gobierno de Iván Duque?

Las encuestas ya marcan un desplome del uribismo. El apoyo marca un 27% para el presidente y el 34% para Álvaro Uribe, es decir, son una minoría gobernando y una gran mayoría de la sociedad buscando alternativas. ¿Qué explica que en cien días se derrumben de esa manera tan estrepitosa? Yo diría que es un desgobierno, tiene una incapacidad manifiesta de solucionar los problemas del país. Era previsible, las sociedades no siempre tienen la capacidad mayoritaria de prever lo que viene y lo que hoy tenemos es una repetición, como aquella vieja frase “la historia se repite primero como tragedia y después como comedia”. Es lo que estamos viviendo en Colombia. Esa incapacidad puede llevar a más violencia, como también al camino de un replanteamiento democrático en el país. El gobierno de Duque es básicamente incapacidad.

Casi no se encuentran fenómenos similares en el mundo, en cien días, y gracias a ellos mismos; se desploma un respaldo que significa una oportunidad pero también unas alertas, porque en el desespero que les produce tener un gobierno ilegítimo desde el punto de vista del apoyo social, pueden acudir a formas cada vez más violentas, reemplazar esa falta de apoyo popular por fórmulas de control violento de la sociedad. Eso es lo que insinúan.

– El Gobierno ha mostrado desidia en los diálogos con el ELN y, por otro lado, el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el anterior gobierno está caracterizado por el gran incumplimiento en sus principales ejes. ¿Qué estrategia cree que debe contemplarse para una solución política efectiva del conflicto armado?

No hay una generación en Colombia que conozca la paz. En dos siglos de vida republicana siempre que termina una guerra empieza otra. Estar en medio de esa violencia refleja la incapacidad de construir una nación. Una nación, por definición, convive a pesar de sus conflictos, no pasa a la eliminación armada y violenta del contrincante. Una nación necesita de un pacto que permita la convivencia, y esta se da en grandes ejes: la educación superior, por ejemplo, el Estado de bienestar, las pensiones, etcétera. Un pacto permitió que las sociedades europeas, como las que vivieron la Segunda Guerra Mundial, pasaran a eras de paz. Colombia no ha podido hacer eso. Ya empieza un nuevo actor de la violencia, en este caso son los carteles mexicanos que, de hijos del narcotráfico colombiano ahora prácticamente se apropian de territorios de manera armada. Ese intercambio de violencias tiene que ver con la ausencia del pacto social. Un cartel mexicano puede llegar a zonas abandonadas del Pacífico colombiano, a los pueblos afro, herederos de la esclavitud, y construir allí sus bases de producción de cocaína, con elementos armados y control territorial porque, precisamente, la población que está allí es permanente excluida.

Esa ausencia del pacto es lo que genera el surgimiento de la nueva violencia, ¿qué significa eso?, que el acuerdo entre el Gobierno y las FARC fue un acuerdo sin base popular, porque no estaba dentro de la concepción del Gobierno ni dentro de las posibilidades de las FARC lograrlo. Pero la sociedad está expectante por un momento donde se empiece a hablar de sus problemas: la educación, la salud, sus derechos, la tierra, quizás ese fue el éxito de la Colombia Humana [su fuerza política] en términos electorales, fue allí donde la población se expresó, no alrededor del proceso de negociaciones.

Hoy el gobierno de Duque está desbaratando ese acuerdo y por tanto estimulando la nueva violencia que crece en Colombia, que ya lleva cerca de 170 líderes asesinados, justo en las regiones que busca controlar la mafia. Lo que viene a futuro no promete que mejore esa situación, al contrario, persiste una incapacidad por construir un pacto social. Lo que nosotros proponemos es pasar a la paz grande, porque en las negociaciones de Juan Manuel Santos yo siempre dije que era una paz chiquita. No debemos darle la oportunidad a que continúe la violencia, podemos cortarla y lograr una era de paz, la primera generación de colombianos que no conozca la violencia. Hay que hacerlo a partir de un gran pacto social en el país.

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-¿Lo anterior incluye acuerdos con el uribismo? Para las víctimas, por ejemplo, crear una comisión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgue a los militares de manera diferenciada significa prácticamente una afrenta.

Llevamos al uribismo a un acuerdo porque siempre se han opuesto a los Acuerdos de Paz, los intentan destruir, alguno de ellos dijo radicalmente que había que hacerlos trizas. Hubo un primer intento de vincularlos al apoyo a partir de este tipo de acuerdos, aunque esos acuerdos ellos mismos ya los hundieron, es decir, no fueron capaces ni de continuar con su propuesta, hundieron el proyecto, no existe hoy. En general hundieron proyectos que tenían que ver con la ejecución del Acuerdo de Paz, como las circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado. Ahora están tratando de aprobar un proyecto para revivir la Política de Seguridad Democrática como política de ocupación militar del territorio, no han podido porque tenemos una mayoría relativa en la Comisión Primera de Senado, no han podido votarlo, pero todo eso en conjunto lo que muestra es la intención suicida de los dirigentes uribistas de hundir la poca paz que se había construido en Colombia.

-Miles de estudiantes están en las calles luchando por cambios de fondo en el sistema educativo colombiano y por un presupuesto digno para la educación pública, no obstante el Gobierno ha respondido con indiferencia, desinformación y represión. ¿Cómo analiza este conflicto?

Al movimiento estudiantil lo hemos apoyado, no digo “guiado”, porque los movimientos sociales deben tener autonomía, y allí hay un sistema asambleario que escoge a sus líderes, líderes que no entrevista la prensa nacional, entrevista a otros. Este movimiento social es un movimiento de bases, asambleario, que ha tomado mucha fuerza. Está siendo reprimido porque tiene un apoyo social indudable, ese el eje que permite que se caiga en la opinión pública el gobierno de Duque y de Uribe mismo, porque están planteando un tema absolutamente justo: la financiación de la educación superior, que va más allá, porque conciben la educación superior como un derecho para la sociedad, que a mí me parece fundamental en el siglo XXI y ‘fundamentalísimo’ para Colombia si quiere construir la paz.

Han reprimido una gran movilización universitaria que ha sacado más de medio millón de personas a la calle buscando gratuidad, financiamiento de la educación superior, porque mayoritariamente la educación en Colombia es privada, y por tanto costosa y excluyente de la mayoría de la juventud, la cual se queda sin el derecho de educarse, una exclusión que provoca violencia en sí misma. Sale una movilización poderosa a la calle en las principales ciudades, es reprimida, y eso muestra que habría un camino donde la falta de apoyo popular que ya no tiene el uribismo ni el gobierno de Duque lo reemplazan por el control violento. Ahora bien, esto también genera la otra oportunidad de una profundización democrática, en eso es que estamos.

-Las derechas, tanto las más moderadas como las más conservadoras y violentas, siguen ganando terreno en América Latina y el mundo. ¿Cómo analiza este panorama?

Yo creo más en la tesis de Toni Negri, quien define al Imperio como una red de poder en el mundo, más privada que pública. Los Estados empiezan a descomponerse en esas nuevas redes que, hacia América Latina y dada la insurgencia del movimiento social latinoamericano, intentan consolidar controles a partir de poner presos y eliminar a los diversos en la política, a sus liderazgos. Ese es un plan que se está acrecentado, no son hechos individuales sino una realidad sistemática. Eso que se observa en Argentina se observa en Colombia, en Brasil, en Honduras… Y creo que gobiernos pseudo izquierdistas están haciendo eso mismo respecto a sus oposiciones, eso los ha llevado a la ilegitimidad.

– En algunos sectores de la izquierda causa rechazo su posición de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), entre otras razones, por el historial de ese organismo en el contexto de conflictos bélicos, los tratados de libre comercio que ha promovido y por ser un espacio que representa a las élites económicas y potencias políticas del mundo.

Es Santos el que vincula el país a la OCDE, lo aprobaron, es un proceso finiquitado. Lo que hay ahora es una votación en el Congreso para refrendar esa decisión del gobierno anterior. Discutimos un tanto qué significa la OCDE: no es un tratado de libre comercio, tampoco un pacto militar, si bien es cierto que surgió en épocas de la Guerra Fría y que tenía esa connotación de concertación para evaluar entre los países miembros las políticas del Plan Marshall, que eran políticas de guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esa es la OCDE, pero una vez desapareció la Guerra Fría, la OCDE es solo un club de ricos que evalúa políticas, y a mí sí me parece que ya que vincularon a Colombia en la OCDE es interesante ver desde una caja de herramientas diferente, cómo hay una enorme diferencia entre la política pública colombiana y los resultados estadísticos en los países que pertenecen a la OCDE.

A mí no me da temor, si fuese presidente, de discutir política pública con Finlandia, con Suecia, con Estados Unidos, con Francia, con Turquía, con Grecia, con Portugal, con México, porque no creo en esa visión infantil izquierdista de que porque la OCDE fue una institución de la Guerra Fría hoy no tiene un papel que cumplir, o que un gobierno de izquierda en México, o en Portugal, en Grecia o en Colombia, si llegáramos a tenerlo, no puede discutir de “tú a tú” con los Estados Unidos, Francia, Suecia o Finlandia sobre política pública. Es un foro de discusión sobre políticas públicas, en esa medida yo creo que los países no deben cerrarse a la discusión.

-Continúa el asedio disciplinario y judicial en su contra por hechos de su gobierno en Bogotá. Ha pasado desde la destitución de su cargo anterior hasta las multas millonarias en ocasión de algunas decisiones de su administración, ¿cómo va a continuar en la disputa política en esas condiciones?

Eso tiene que ver con la necesidad imperiosa de la extrema derecha de impedir una alternativa de cambio. Un gobierno diferente es motivo de rechazo y hacen lo que sea para que no progrese. Yo sufrí una destitución arbitraria cuando estaba en la administración de Bogotá, eso desató la movilización, lo que yo llamo ‘nuevas ciudadanías’. Esa fue la base de nuestra campaña a la Presidencia, fue un momento de magia, lo que llevó a 8 millones de personas a que creyeran como nunca antes en un proyecto alternativo.

En Colombia han matado muchos caminos presidenciales, a Jorge Eliécer Gaitán en 1948 pero después se volvió en algo sistemático. Cualquier candidato presidencial alternativo era asesinado. Esa fórmula, que era demasiado ramplona, la de la eliminación, ha sido reemplazado por estos caminos jurídicos, disciplinarios, que intentan eliminar liderazgos. Yo pude apoyarme en la justicia interamericana y muchos jueces salieron en mi defensa, por eso pude ser candidato presidencial y competir por el poder, pero de nuevo las amenazas llegan.

Fui multado con 100 millones de dólares, soy una persona que vive de su salario y me embargaron todo, buscaron quitarme cualquier posibilidad de sostenimiento, llevarme al ostracismo y al de mi familia y mis hijos.

**La entrevista fue realizada en conjunto con el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” – UNLa.