Asesinato de líderes sociales en Colombia: un fenómeno de la “mano invisible del Estado”

Nunca será suficientemente repetido: el drama que significa el asesinato de cientos de líderes y lideresas populares es sistemática y políticamente orquestado por la doble estrategia de abandono y militarización estatal. Aquí un análisis de las formas y patrones que reviste esta masacre nacional. [Foto de portada: Natalia Pineda Quintero].

Sin lugar a dudas Colombia se encuentra en una situación política compleja, marcada crucialmente por el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Esto pone en evidencia que algunas personas han hecho una lectura muy romántica de la paz; sin que esto implique que el proceso de paz haya sido un error, teniendo en cuenta que las 310 páginas del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tiene elementos interesantes que son benévolos para la sociedad colombiana y fue una decisión política acertada. Sin embargo, el problema radica en la falta de voluntad del Estado y del gobierno (tanto el de Santos como el de Duque) en su fase de implementación; no obstante, hay que reconocer que tampoco hemos tenido la capacidad de organización y movilización para exigir su cumplimiento.

Es clave señalar que en el marco del incumplimiento del Estado en la implementación de lo pactado en La Habana, no existen garantías reales para los líderes sociales, organizaciones y movimientos. Prueba de esto es el asesinato permanente de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros que, según las mismas instituciones del Estado, aumentó luego de la Dejación de Armas de las FARC-EP. Esto no quiere decir que antes no se asesinaran líderes sociales —siendo este un infortunado capítulo permanente en la historia de Colombia—, sino que se hace énfasis en que estos momentos estamos ante una oleada de violencia que amenaza al pensamiento crítico, a las organizaciones sociales y los sectores de oposición. Esto se debe a a que: primero, la negligencia por parte de las instituciones competentes a la hora de mitigar o prevenir este flagelo; segundo, la presencia y expansión de grupos paramilitares, especialmente en los territorios que fueron ocupados por las FARC-EP; tercero, el retorno del uribismo a la Casa de Nariño ha provocado un aumento de las cifras de asesinatos a líderes sociales, a quienes les están desmontando los esquemas de seguridad, entre otras cosas (Carabali, 6 de mayo de 2019); cuarto, la precaria e ineficiente intervención de la comunidad internacional.

En este orden de ideas, de acuerdo con el monitoreo adelantado por la Defensoría del Pueblo, en cuatro años han sido asesinados 555 líderes y lideresas sociales, distribuido así por año: “en 2019 se presentaron 118 casos de asesinatos en contra de líderes sociales; en 2018, 178 casos; en 2017, 126 casos; y para 2016, se registraron 133 casos para un total de 555 crímenes”. Por su parte, el Instituto Indepaz, Marcha Patriótica & la Cumbre Agraria, campesina Étnica y Popular (23 de julio de 2019) asegura que desde de la firma del Acuerdo de La Habana hasta julio del 2019, 623 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados. Con relación a lo anterior, solamente entre 1 de enero y el 17 de noviembre del año 2018 asesinaron a 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios; estos asesinatos están relacionados con el liderazgo que ejercían en sus territorios (ver la gráfica 1).

Gráfica 1 – Homicidios a líderes por tipo de liderazgo (2010 – agosto2018)

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

La gráfica anterior categoriza el asesinato de líderes con base en el tipo de liderazgo. En los primeros ocho meses de 2018, el 52% de los casos fueron líderes comunitarios, en su mayoría integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC); asimismo, se determinó que, en los territorios de reacomodamiento de expresiones armadas ilegales, las JAC son un objetivo en aras de tener un control social (Fundación Ideas para la Paz, s.f). Por otro lado, un 58% de los casos ocurridos entre enero y agosto de 2018 no tienen responsable (Fundación Ideas para la Paz, s.f).

Teniendo en cuenta la información de Indepaz, Marcha Patriótica & Cumbre Agraria, campesina Étnica y Popular (23 de julio de 2019. pp. 8-9), desde que se posesionó Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, hasta julio de 2019, 225 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados (ver gráfica 2 que referencia a los asesinatos presentados en el gobierno de Duque por mes).

Gráfica 2 – Homicidio líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos en el gobierno de Iván Duque por mes (agosto 2018 – julio 2019)

Fuente: Indepaz, Marcha Patriótica & Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular.

Siguiendo con este recorrido, el 2020 tuvo un trágico inicio. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Citado por Saavedra, 2019), en los primeros 15 días de año fueron asesinados 9 líderes (anexo mapa 1 que relaciona geográficamente dichos asesinatos).

Mapa 1 – Relación geográfica asesinato de líderes sociales primeros 15 días del 2020

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Las nueve personas asesinadas en los primeros 15 días del año son: “Gloria Ocampo, secretaria de la JAC La Estrella fue asesinada el 7 de enero en Puerto Guzmán (Putumayo); Virginia Silva, líder indígena asesinada el 7 de enero en Páez (Cauca); Mireya Hernández Guevara, líder comunal asesinada el 8 de enero en Algeciras (Huila); Anuar Rojas Isarama, defensor de DDHH asesinado el 9 de enero en Nuquí (Chocó); Amparo Guegia, lideresa indígena, quien fue asesinada el 10 de enero en compañía de su hijo en Caloto (Cauca); Henry Wilson Cuello, líder comunal asesinado el 10 de enero en Chiriguaná (Cesar); Julio Sandoval Chía, líder campesino asesinado el 12 de enero en Tibú (Norte de Santander) y Jorge Luis Betancourt, líder campesino asesinado el 13 de enero en Montelíbano (Córdoba)” (Saavedra, 2019). Adicionalmente, existen otros casos que se presentaron con el pasar de los días, como es el caso de John Fredy Álvarez, asesinado en el departamento del Huila, quien era el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos (Astracal) (Manchola, 13 de enero de 2020). Tanto Mireya Hernández Guevara como John Fredy Alvarez fueron asesinados en el municipio de Algeciras.

Como se evidencia, lamentablemente, se han presentado varios asesinatos a líderes sociales en este inicio de año; situación que marca una tendencia preocupante frente a lo que podría ser el 2020. Cabe cuestionarnos: ¿quiénes eran esos líderes sociales asesinados? ¿Qué papel jugaban dentro de su territorio? ¿En qué contexto los asesinaron? ¿Qué rol está cumpliendo la comunidad internacional y las instituciones nacionales al respecto? ¿Qué relación tiene el aumento de los asesinatos con la llegada de Duque a la presidencia?

A modo de conclusión, se puede afirmar que los constantes asesinatos de líderes y lideresas sociales se realizan bajo unos patrones de sistematicidad, siendo el asesinato selectivo de personas que se destacan dentro de sus organizaciones y territorios uno de ellos. Buscando debilitar a las organizaciones sociales (juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, indígenas) y su capacidad de transformación social, pretenden infundir miedo, tener control de territorios estratégicos (en lo militar, rutas del narcotráfico, recursos naturales), torpedear aspectos de la implementación del Acuerdo de paz de La Habana (como por ejemplo la reincorporación en el caso de los asesinatos a exguerrilleros, o la sustitución de cultivos de uso ilícito en el caso de los líderes asesinados que promovieron el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito). No se puede ser ingenuo ante estos asesinatos, no son hechos aislados, responden a intereses políticos, económicos, de control territorial, motivo por el cual, la solución al fenómeno del asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos y a la no implementación del Acuerdo de paz, es la construcción de un gobierno de transición política que brinde verdaderas garantías. Finalmente, no podemos perder de vista que históricamente en Colombia la violencia ha sido un instrumento de dominación que le permite a la clase dominante conservar el statu quo, impidiendo el avance de las organizaciones sociales y sectores alternativos.

 

Referencias

 

• Carabali, J. (6 de mayo de 2019). Regresó el uribismo y con él, el terror entre los líderes sociales. Recuperado de https://www.las2orillas.co/regreso-el-uribismo-y-con-el-el-terror-entre-los-lideres-sociales/

• Defensoría del Pueblo. (s.f). Defensoría ha registrado 555 líderes sociales asesinados en los últimos 4 años. Recuperado de https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/8999/Defensor%C3%ADa-ha-registrado-555-l%C3%ADderes-sociales-asesinados-en-los-%C3%BAltimos-4-a%C3%B1os.htm

• Fundación Ideas para la Paz. (s.f). Agresiones y homicidios de líderes sociales. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/infografia-lideres.pdf

• Indepaz, Marcha Patriótica & la Cumbre Agraria, campesina Étnica y Popular. (23 de julio de 2019). Recuperado de http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/07/Informe-parcial-Julio-26-2019.pdf

• Manchola, C. (13 de enero de 2020). Algeciras: el miedo no se ha ido. La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.co/algeciras-el-miedo-no-se-ha-ido/

• Saavedra, S. (2019). Colombia no puede tolerar el crimen de un líder más. Pares. Recuperado de https://pares.com.co/2020/01/15/colombia-no-puede-tolerar-la-muerte-de-un-lider-mas/