Minga Nacional y agenda de paz: el modelo de despojo sí se discute

Por Equipo Editorial Lanzas y Letras. El movimiento popular impuso una agenda que el gobierno se empecinaba en negar en los diálogos con las insurgencias: el modelo económico sí se discute. Al debate sobre la Paz le entra fuerte un tercer planteamiento: ni la paz del despojo para las multinacionales de Santos, ni la inverosímil ´resistencia civil´ de la derecha responsable de la guerra: una paz con cambios estructurales, protagonizada por las luchas del movimiento social.

Fueron 15 días de movilización, resistencia a la represión, inteligencia para forzar al gobierno a negociar. Tres manifestantes asesinados fue la primera respuesta del Estado: durante los primeros días perdieron la vida en esta Minga Willington Quibarecama, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz, comuneros indígenas[1]. Finalmente quedaron muchos papeles firmados: diez actas sobre temas específicos y otra general. Los compromisos asumidos por los ministros deberán ser ratificados por el presidente Santos en persona, en una reunión con las vocerías de la Cumbre que aún no tiene fecha. Pero más importante: deberán ser cumplidos. Eso no sucedió después de los paros de 2013, de 2014, no sucede en general: dividir, dilatar e incumplir es la estrategia oficial. La ganancia efectiva tras las protestas -es decir, que se cumplan los reclamos- estará por verse entonces. Pero lo que sí ya es ganancia, es el acumulado de fuerzas, experiencia unitaria, cohesión popular e incidencia en la agenda política nacional que logró esta nueva apuesta a la movilización del movimiento social.

Una Cumbre fortalecida, y lo que falta

La Cumbre sale fortalecida de esta Minga Nacional porque campesinos, afros e indígenas consolidaron su protagonismo; los movimientos urbanos fueron ganando su lugar; sumar al sindicalismo parece ser el desafío que sigue.

A esa primera lectura sectorial, hay que sumar a los movimientos políticos o regionales, de carácter multisectorial, también dinamizadores de la Cumbre: el Congreso de los Pueblos, Comosoc, Marcha Patriótica, complementan el protagonismo que durante esta Minga lograron el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), los movimientos urbanos del Congreso de los Pueblos, y aún con debilidad sectores sindicales a los que les falta mayor integración al proceso nacional.

En general, el diseño de la movilización esta vez contó con mayor nivel de organización que en los paros de los años anteriores. Desde hace meses que en la Cumbre se venía organizando esta Minga. Tal vez con la única excepción de Marcha Patriótica, que anunció que daría mayor importancia a las movilizaciones del próximo 15 de julio, los demás sectores apostaron fuerte a la movilización.

Los indígenas de la ONIC demostraron su fuerza no solo en el Suroccidente, donde el asesinato de tres de sus comuneros y el bloqueo de la Panamericana les dio la mayor visibilidad. Se volcaron a las vías también en la Guajira, Córdoba, Chocó, Risaralda, Antioquia, Huila, Arauca y Putumayo. Hay allí un acumulado histórico, que con el reclamo de derechos ancestrales supo conquistar lugares de representación institucional como gobernaciones y reconocimientos constitucionales. El gobierno actuó sobre la particularidad e intentó un acuerdo parcial con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) buscando lesionar la unidad; sin embargo la dificultad al interior del movimiento se sorteó y la Cumbre pudo contrarrestar el cometido gubernamental: el sector de mayor movilización en la vía, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) y la ONIC a nivel nacional reafirmaron en el momento decisivo su lealtad a la estrategia construida en unidad. Como fue definido nacionalmente, las agendas propias del movimiento indígena y de los movimientos regionales serán abordadas, sin ir en desmedro del pliego general.

Los afros, comprometidos desde el comienzo con la Minga, alegraron la última semana con un aporte tan novedoso como efectivo: movilizaron 130 lanchas para ocupar la zona marítima de Buenaventura, para impedir la entrada y salida de mercancías en uno de los principales puertos del país. “Armados” con tambores y banderas amarillas, desde el Proceso de Comunidades Negras (PCN) declararon: “Es una manera distinta de movilizarse. Con cantos ancestrales, con alegría”. El PCN se movilizó en todo el Pacífico Sur: Chocó, Valle, Cauca y Nariño, teniendo como punto de referencia a Quinamayó, sobre la vía Panamericana en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Allí, en territorio ancestral afro, se instaló la Mesa Única de Negociación con el Gobierno, lo que constituye un reconocimiento a la resistencia y la lucha por sus territorios. Con la consigna “Retomando el rumbo”, esta organización fue parte activa de las protestas en distintos puntos del país.

El movimiento campesino volvió a ser la columna vertebral de la protesta. El gobierno no logró amedrentar a los catatumberos, que se movilizaron desafiando la militarización y estigmatización tras el “caso Salud Hernández”. En camiones y buses, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA, integrante del CNA) trasladó masivamente a sus bases al punto de concentración previamente establecido: Besote, en Sur de Bolívar, límite con Norte de Santander. Allí permanecieron firmes, desde los primeros días hasta el anuncio del acuerdo final. Lo mismo sucedió con las asociaciones del Coordinador Nacional Agrario en el Chocó, Arauca, Casanare, Oriente Antioqueño, los Santanderes, Sur de Bolívar, Nariño, Huila, Putumayo, Valle y Cauca.

En algunos lugares el método fue bloquear la carretera y en otros permanecer a la vera del camino, haciendo cortes intermitentes en busca de un equilibrio entre dar notoriedad a la protesta y evitar la represión del omnipresente Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Si el despliegue nacional fue notorio gracias al CNA, en “lo que falta” toca anotar a dos actores de las dinámicas campesinas que no se involucraron esta vez. Por un lado, faltaron las distintas expresiones de Las Dignidades (Cafetera, Papera, Agropecuaria) protagonistas del Paro de 2013, concentradas desde entonces en una agenda que fue quedando al margen de la coordinación nacional que propuso la Cumbre; por otro lado, no se hicieron sentir entidades de peso como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y la Asociación del Valle del Río Cimitarra (ACVC), referenciadas en Marcha Patriótica, cuyas bases solo movilizaron en casos muy puntuales como en el Cauca, donde se sumaron a las concentraciones sobre la vía Panamericana y a las acciones de visibilización y denuncia en Popayán. Aún así sus voceros hicieron un activo acompañamiento mediático de las protestas, lo que puede ser leído como un gesto de integración en la Cumbre Nacional más allá de diferencias tácticas[2].

Si con el despliegue preponderante del CNA el movimiento campesino supo nacionalizar la Minga, cuánto más contundencia y adhesión podría congregar si todos los actores mencionados coincidieran con igual intensidad en la decisión de movilizar de forma unitaria. Ahí hay un “debe” específico que la Cumbre puede mejorar.

Movilizaciones en las ciudades: un protagonismo creciente y necesario

Las estadísticas demográficas de las últimas décadas no alcanzan para variar lo que es una configuración de protagonismos campesinos, afros e indígenas en la historia más profunda de luchas de los pueblos de Colombia, pero ahí están. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) establece en más del 70% la población del país concentrada en las grandes ciudades de Colombia[3], y el Banco Mundial fija ese porcentaje en 75% durante el período 2011-2015[4]. Claro que esas cifras no tienen una traducción política inmediata. La organización popular en las ciudades de Colombia tuvo su impulso en la década del 70, con fuertes luchas por acceso a la vivienda, la legalización de asentamientos y el derecho a servicios básicos; ese activismo redituó en protagonismo cuando la coyuntura impuso jornadas nacionales de protesta, como sucedió con el Paro Cívico del 77[5]. Pero durante los años 80 y 90 esa vitalidad mermó, en parte afectada por la disputa territorial que dispuso el paramilitarismo con aval del establecimiento para “limpiar” las ciudades de actores populares indeseados y facilitar el modelo neoliberal de desarrollo urbano, que prima hasta nuestros días.

Sin embargo, de la mano de la recomposición del movimiento popular en la última década, también las organizaciones urbanas recuperaron protagonismo. A la siempre vigente movilización estudiantil en las Universidades, en 2014 se sumó un evento que puso la agenda de los barrios populares urbanos en disputa con el modelo de ciudad hegemónico: el Foro Social Urbano Alternativo y Popular realizado en Medellín[6], como alternativa al World Urban Forum organizado por las Naciones Unidas en la misma ciudad.

Ya durante el Paro de 2013 se había percibido un estado de movilización en las ciudades, aunque en aquella ocasión el eje estuvo puesto centralmente en acciones de solidaridad con el movimiento campesino, fuertemente reprimido. Desde entonces, las luchas por vivienda en Cali, Popayán o Bogotá, el empalme con las agendas ambientales que también afectan a las ciudades, las actividades culturales y antirrepresivas de la juventud permitieron un proceso de creciente organización popular que durante esta Minga logró visibilidad propia.

Desde el 30 de mayo que inició el Paro no hubo día sin movilizaciones, plantones, rodadas o tomas articuladas a la Minga Nacional en Bogotá, Cali, Popayán, Neiva, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Barrancabermeja y Villavicencio, donde las banderas naranjas del Congreso de los Pueblos identificaban el impulso que esta organización viene dando al desarrollo -y coordinación nacional- de los procesos juveniles, culturales, de mujeres y barrriales. Como resultante de ese protagonismo, el punto del pliego unitario “Relación Campo – Ciudad” tomó más peso al interior de la Cumbre, que habilitó una instancia específica de negociación a nivel ministerial para “posicionar las problemáticas de los territorios urbanos en la perspectiva de territorios integrales”.

Los ejes que abordará esa subcomisión reflejan las reivindicaciones en torno a las cuales se va desarrollando el movimiento urbano: “Vamos a pedir la construcción viviendas en las ciudades con diagnóstico más crítico de déficit habitacional en los sectores populares, con base en un relevamiento efectuado; un decreto que ponga freno a los desalojos en situaciones de alto riesgo, pero también por deshaucio financiero; y una Ley que se proponga superar las políticas asistencialistas ante un problema estructural, y para ello propondremos la realización de un Congreso Nacional de Vivienda”, declaró Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos y uno de los negociadores principales en nombre de la Cumbre para las demandas urbanas[7].

El pliego general incluye el pedido de “rebaja y rediseño del sistema de transporte público; legalización de asentamientos informales y proyectos de vivienda digna; mínimos vitales de agua y energía; mecanismos de participación ciudadana en proyectos de ordenamiento territorial; la defensa de los humedales en las ciudades; protección de las fuentes de agua, en especial las que abastecen a las grandes ciudades y a las zonas de producción agrícola; y pactos con las áreas rurales que abastecen de alimentos que garanticen, a los pequeños cultivadores de las zonas rurales, facilidades para su comercialización en las zonas urbanas”.

Con una instancia de negociación directa con el gobierno nacional para canalizar sus demandas reivindicativas, el movimiento urbano en Colombia no sólo logra un importante paso de reconocimiento. También habilita una perspectiva de mayor desarrollo y consolidación, hechos deseables y necesarios para fortalecer el proceso integral de coordinación multisectorial que propone la Cumbre como plataforma de unidad de todo el campo popular.

Los trabajadores organizados, otro pendiente

El anuncio de la Federación Colombiana de Camioneros de entrar en paro a partir de la segunda semana de la Minga Nacional, fue el aporte más contundente de un sector de los trabajadores organizados a las protestas. Otras luchas sindicales coincidieron en fechas, como la jornada de movilización en todo el país de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), con especial despliegue y apoyo al Paro Nacional de algunas seccionales, como Asoinca en Popayán. Los petroleros de la Unión Sindical Obrera (USO) acompañaron algunas acciones, aunque como sindicato nacional no se sumaron en gran medida. Esos aportes puntuales del movimiento obrero organizado no llegan a cubrir el faltante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y demás centrales sindicales en el proceso de unidad que es la Cumbre.

Durante muchos años, los sectores obreros organizados pretendieron reservarse para sí un lugar de protagonismo y centralidad en la lucha popular, orientados por un clasismo que, según determinados dogmatismos, debería prevalecer sobre otras dinámicas sociales. Esa concepción fue quedando desmentida por la realidad, pero aún pesa en ciertas dirigencias que se resisten a perder centralidad en la búsqueda de intercolución con el gobierno. Algo de eso se evidenció en la marcha nacional del 17 de marzo pasado, donde se expusieron esas divergencias.

La agenda de la Cumbre es suficientemente amplia como para incluir reclamos específicos del movimiento obrero. El tema minero energético, los cuestionamientos al modelo económico y a los efectos nocivos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) sobre los trabajadores, deberían brindar la plataforma mínima para promover mayores acercamientos.

De la misma manera en que los sectores urbanos organizados fueron ganando protagonismo y ampliando los escenarios de negociación tras sumarse sin medias tintas a las protestas de la Cumbre, sería de esperar que los sectores sindicales avancen en buscar puntos en común que les permitan ser parte de esta generosa plataforma de unidad popular.

Una Paz que cuestiona el modelo económico, logro de la movilización popular

“Este paro es por la paz”, afirmaron, repetidas veces, las vocerías de la Cumbre; los medios de comunicación hegemónicos evitaron esa referencia, que sí tuvo visibilidad a través del trabajo cada vez más efectivo de los medios populares y alternativos. Otras miradas, más afines al santismo, creen en cambio que no se favorece a la Paz desgastando al actual gobierno cuando avanzan las negociaciones en La Habana y la derecha guerrerista se propone impedir la refrendación de los acuerdos con las FARC.

Es sabido que el movimiento social, más allá de brindar su aval a las gestiones de La Habana, reclama participación directa y protagónica en una agenda de Paz que lo incluya, que no deje de lado sus demandas más elementales.

“Mesa Social por la Paz” es el nombre que adoptó la iniciativa más ambiciosa de representación de los sectores sociales, algo así como una “tercera mesa”, dando por hecho que tanto las FARC como el ELN consolidaran sus propias instancias de negociación. Esto último está en entredicho: en el útlimo tiempo el gobierno parece haber decidido poner trabas a la instalación de la mesa con el ELN, y entonces, si no hay segunda mesa, mal puede haber tercera. Al aval brindado a las negociaciones de La Habana se suman las voces que reclaman al gobierno avances con la guerrilla camilista, cada vez con más preocupación, porque sin esos acuerdos no solo la Paz seguirá quedando lejos, ni siquiera se podrá avanzar en mecanismos de desactivación de la confrontación armada entre la insurgencia y la Fuerza Pública, que sin acuerdo seguirán en guerra.

En este contexto, el movimiento social decidió no esperar y avanzó con su propia agenda de negociación. El pliego de la Cumbre es un pliego de reclamos por la Paz, en algunos aspectos aún más de fondo que lo que se puso en juego en La Habana, por ejemplo en lo que respecta al modelo económico. En las actas que el gobierno reconoció como plataforma de negociación con la Cumbre se encuentran temas de fondo como el “modelo de despojo” y un conjunto de demandas que apuntan contra el plan de desarrollo en lo que respecta a temas neurálgicos como “minería, energía y ruralidad”.

“El modelo económico no está en discusión”, repitió insistentemente el presidente Santos a las FARC, y lo mismo al ELN (aunque esa otra agenda aún está en veremos a pesar de los buenos vientos que auguraban la participación de la sociedad).

Sin embargo, la Cumbre le impuso al gobierno que el modelo de despojo sí está en discusión: con su motor principal en la lucha del movimiento social, esa es la más profunda agenda de Paz.

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Notas: 

1. Durante el desarrollo de la Minga Nacional se conoció la muerte del estudiante de la Universidad Distrital Miguel Ángel Barbosa (19 años), también a manos del ESMAD.
2. La “Minga Nacional” en Colombia: lecciones de lucha y unidad para los tiempos que se vienenhttp://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/05/la-minga-nacional-en-colombia-lecciones-de-lucha-y-unidad-para-los-tiempos-que-se-vienen/
3. http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
4. http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5. Del Paro Cívico del 77 a la Minga Nacional 2016: una mirada histórica de las luchas actualeshttp://lanzasyletras.org/index.php/81-noticias/98-del-paro-civico-del-77-a-la-minga-nacional-2016-una-mirada-historica-de-las-luchas-actuales
6. Declaración Política del Foro Social Urbano Alternativo http://www.ciudadcomuna.org/noticias/item/declaraci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-fsuap.html
7. Logros para el campo y también las ciudades: qué reclaman los movimientos urbanos tras el Parohttp://www.colombiainforma.info/logros-para-el-campo-y-tambien-las-ciudades-que-reclaman-los-movimientos-urbanos-tras-el-paro/