¡Para que la alternativa no muera!

La historia del Oriente antioqueño es sinónimo de rebeldía y de represión. ¿Tragedia o farsa? El movimiento cívico ha sabido recrearse generación tras generación con la violenta respuesta de las élites dirigentes. Ahora que la violencia de los poderosos vuelve a prender las alarmas del movimiento popular, vale la pena preguntarse: ¿qué hacer para que la alternativa no muera? [Foto de portada: Paro Cívico en La Ceja de 1977].

Decía un viejo pensador, que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y la otra como una miserable farsa. En el Oriente antioqueño asistimos —no hace mucho— a la tragedia, y pareciera que hoy, los mismos poderes “ocultos” —escribanos autorizados de la historia en la región— quieren imponer a las nuevas generaciones una miserable farsa. La tragedia de lo que se impuso a sangre y fuego en otrora como desarrollo, se reencaucha hoy como una farsa que pretende seguir sosteniendo el engaño, un discurso absurdo que echa mano del cuento del “bienestar” de las comunidades para, por el contrario, acometer sin misericordia contra ellas.

En el pasado fue el represamiento del río Nare con el embalse El Peñol-Guatapé (sus consecuencias son ya bien conocidas: despojo, desarraigo, destrucción del territorio, asesinatos y persecución contra los opositores a la mega-obra; en fin, muerte a su paso). Hoy, solo por poner uno de los tantos ejemplos en la región, podría el proyecto Porvenir II que pretende, igual que en otrora, dejar sin vida a la cuenca del Samaná Norte y a los territorios que subsisten y conviven con este. Se reencauchan sus proyectos y se reencauchan sus métodos. Ganaron la guerra que declararon contra las comunidades en décadas anteriores y quieren hoy seguir sosteniendo su emporio económico y su poder político, abonándolo miserablemente  con más persecución y más muerte.

Frente al atropello del pasado, el Oriente levantó la cabeza y supo dar una contundente respuesta, se arraigó la resistencia en las comunidades y emergieron prontamente desde la profunda entraña de su dignidad una serie de alternativas populares, bien pudieran llamarse: Juntas Cívicas, Movimiento Cívico, Oriente Unido, Asociaciones de Víctimas, entre otra cantidad de organizaciones que surgieron para manifestar su descontento y, a su vez, plantarse como alternativa. Para protestar pero también para proponer. Los métodos para enderezar desde entonces los rieles de la locomotora del poder han sido despiadados y sanguinarios. El mismo arsenal mafioso de la élite colombiana: estigmatizar, despojar, destruir, asesinar al opositor. Acallar la voz disidente. Cercenar la posibilidad de la democracia. Poner muros sobre los oídos de una comunidad que empezaba a escuchar a su propia voz. Pudiésemos entonces preguntar ahora: ¿el mismo guión con diferentes actores? Una escena teatral que se repite absurdamente.

La muerte tiñó de rojo la historia de la región desde entonces, uno a uno fueron cayendo los líderes populares en el Oriente antioqueño. Los que sobrevivieron tuvieron que padecer las cárceles, el exilio, el completo anonimato o la clandestinidad. Las compuertas se cerraban ante los ríos y también ante la participación, se represó no solamente el agua (la vida), sino también las alternativas de cambio. Fueron asesinados en el marco de esta guerra sucia líderes como: Demetrio Galeano (19 de octubre de 1965), Julián David Conrado (23 de octubre de 1983); Jaime Giraldo e Iván Castaño (19 de agosto de 1984); Gabriel Velázquez Urrego  (28 de febrero de 1986); William Genaro Tamayo (20 de marzo de 1986); Froilán Arango Echavarría (28 de noviembre de 1987); Jorge Alberto Morales Cardona (11 de abril de 1988); Luis Felipe Noreña (junio de 1988); Alberto Giraldo Castaño (7 de octubre de 1988); Antonio Martínez Moreno (10 de octubre de 1988); Gabriel Jaime Santamaría (27 de octubre de 1989); Ramón Emilio Arcila (30 de diciembre de 1990); Jesús Arcesio Botero (14 de mayo de 1995); Ernesto Ríos Arias (3 de mayo de 1995); Jesús Antonio Ramírez (17 de septiembre de 1997); Saúl Marulanda (en el año 2000), solo por mencionar algunos casos. Se calcula que aproximadamente 200 líderes cívicos de la región fueron asesinados en el marco de este  conflicto armado.

No es un tema del pasado. Hoy se abren de nuevo las heridas, o así lo indican los acontecimientos. El 7 de abril de 2011 fue asesinado William Andrés Álvarez, líder comunal del Cañón del Melcocho (Carmen de Viboral); el 12 de enero de 2017 fue asesinado Edmiro León Álzate, líder ambiental e integrante de MOVETE en Sonsón; el 20 de abril del 2017 fue asesinada Rubiela Sánchez, lideresa  de víctimas de San Vicente de Ferrer; el 25 de enero de 2019 fue asesinado Samuel Gallo, líder comunitario de El Peñol; y el 12 de marzo de 2019 fue capturado el líder campesino Ancizar de Jesús Morales de San Francisco, tras un vil montaje judicial para anular su liderazgo en el municipio y la región. No es un tema del pasado, el exterminio en realidad nunca ha cesado. Ha disminuido su intensidad, ha variado el modus operandi, se han relevado los actores armados, han perfeccionado sus estrategias, pero permanentemente se ha seguido sometiendo la voz crítica al silenciamiento.

Más que hacer un recuento vano de los muertos, se trata de prender las alarmas desde los movimientos sociales y las organizaciones populares en la región, el panorama nacional es el mismo en los distintos departamentos: exterminio sistemático y montajes judiciales hacía los líderes sociales. El asunto empieza a hacerse evidente y agudizarse en el Oriente antioqueño hasta ahora, aunque ha venido en ascenso desde 2016 en todo el país. Al respecto vale la pena hacerse algunas  preguntas: ¿Se está abriendo un nuevo ciclo de violencia en la región? ¿Obedece a órdenes locales, o hasta qué punto a intereses regionales? ¿Qué actores están detrás de los asesinatos y montajes? ¿Qué relación guarda con los intereses económicos y geoestratégicos sobre los territorios? ¿Existe participación de agentes estatales o sectores políticos? ¿Se empieza a generar un ambiente de normalización de estas prácticas promoviendo la estigmatización hacia los liderazgos?

Con los antecedentes de violencia política en la región y el exterminio del Movimiento Cívico que pesa sobre su historia, es fundamental no restar importancia a estos hechos y plantear formas de autoprotección desde los movimientos sociales que permitan disminuir los riesgos. Muchas organizaciones a lo ancho y largo del país vienen promoviendo formas de resistencia, denuncia y protección de la vida de los líderes y lideresas. Iniciativas como: guardias campesinas, indígenas o cimarronas, comités de Derechos Humanos y comunicaciones; elaboración de alertas tempranas; lecturas territoriales en términos de seguridad; denuncias ante la comunidad internacional, entre otra cantidad de estrategias que han tenido que inventarse para salvaguardar sus vidas. El Oriente antioqueño hasta ahora empieza a fortalecer y reconstruir su tejido social y organizativo, estamos frente a un renacer del movimiento social en la región y de las alternativas al desarrollo, por doquier emergen colectivos, asociaciones, encuentros, juntazas, articulaciones y movilizaciones, promovidas desde una nueva generación que está inquieta y establece un diálogo con la memoria para retomar los proyectos alternativos del pasado, para darles continuidad. Es importante entonces prender las alarmas a tiempo, tratar de evitar que la problemática se siga profundizando en la región ya que puede terminar por generar un escenario de confrontación bélica como en otrora. El movimiento debe asumir su propia protección y defensa de la vida ante la indiferencia del Estado colombiano, así que resulta vital poner el asunto en la agenda pública sin dejar de exigir garantías democráticas, y sobre todo: no repetición, para que la alternativa no muera, para no hacerle el juego a la farsa, para no repetir la historia.