La máquina
Tornillo, tuerca y grasa. ¿Qué es lo que hace de la justicia colombiana una máquina de terror: los leguleyos jueces, los abogados farsantes, la inoperante ley? ¿Por qué a la hora de defender los intereses del pueblo, la justicia además de coja y ciega orquesta su balanza hacia los poderosos? A continuación, una nota cargada de una mecánica perspicaz que analiza la maquinaria política de la justicia en Colombia.
¿Por qué buscaba yo a un abogado? Porque yo buscaba por doquier a un abogado; por doquier es necesario; se lo necesita menos en un tribunal que en otra parte, pues sería de presumir que el tribunal pronuncia su sentencia según la ley. Si se admitiera que aquí se procede con injusticia o ligereza, la vida sería imposible; hay que confiar en que el tribunal deje campo libre a la Majestad de la ley, pues éste es su único deber.”
Abogados, Frank kafka
El apartheid era legal, El holocausto, era legal, la esclavitud era legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de Justicia.
(Frase atribuida a Michel Foucault. No se sabe, a ciencia cierta, si ese dato es veraz. Tal vez sí se sepa, pero quien escribe en este momento no lo sabe, en todo caso, es cierto)
Por: Boris Rojas.* En pasadas semanas el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la absolución de Mateo Gutiérrez, por el demostrado montaje de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en su contra. Nueve meses antes fue absuelto en primera instancia Steven Buitrago, por el mismo montaje en el que Fiscalía y policía lo acusaban también de terrorismo y de pertenecer al “MRP”. Aún no se sabe de la suerte de Steven Buitrago en segunda instancia ya que, en el colmo del cinismo, la fiscalía también apeló esa absolución.
Ambas personas fueron víctimas de falsos positivos judiciales elaborados con mentiras de policías y fiscales, testigos fraudulentos, pronunciamientos de autoridades del Estado y la colaboración de algunos medios de comunicación.
El caso de Steven, el drama de su familia y las presiones a las que se vieron sometidos fueron escasamente registradas en medios, en parte por conveniencia, en parte porque no es lo mismo ser pobre, trabajador y no haber pisado nunca una de esas empresas que otorgan títulos nobiliarios a quien pueda pagarlos en Colombia, a las que solo acceden pocos afortunados que estudian y se gradúan de universidades de renombre y estirpe.
Dejando de lado esa pasajera reflexión, igual sería una exageración pretender, por las absoluciones, que la justicia colombiana ofreciera garantías jurídicas, cuando lo que se evidencia es exactamente lo contrario: instituciones que se dedican a aplastar ciudadanos. Y lo hacen en defensa de sus intereses económicos, en función de su propaganda fanática y para fortalecer sus posiciones políticas, valorando por encima de cualquier otra consideración la razón de Estado. Sobre todo, para orientar la sociedad, creándole enemigos que justifiquen dos herramientas fundamentales de su dominación: el odio y el miedo.
Los montajes en Colombia no son casualidad, ni casos aislados o descuidos de las autoridades. Es muy claro, por ejemplo, que las ejecuciones extrajudiciales para hacer pasar ciudadanos inermes como guerrilleros son avaladas por fiscales. Las detenciones arbitrarias, los allanamientos injustificados, las fraudulentas “investigaciones” de fiscalía y policía son legalizadas por jueces de la república, por encima de cualquier aberración contraria a la lógica más elemental.
Esto quiere decir que no son manzanas podridas, sino la articulación perfecta y sincronizada de mecanismos y políticas institucionales que apestan a podrido. Eso sí, son un medio de control social, son parte de una doctrina de guerra contra disidentes sociales, líderes de las comunidades, críticos, políticos opositores, periodistas “entrometidos” o contra cualquier persona, según lo indican miles de encarcelados o asesinados “por estar en el lugar y la hora equivocados”, en resumidas cuentas, es la instrumentalización de la vida de la gente para satisfacer los deseos políticos, económicos y las necesidades propagandísticas del poder.
Las autoridades públicas de rango medio e inferior en Colombia entienden su lugar como oportunidad para congraciarse con el poder, cumpliendo las órdenes más irracionales, porque les representa un beneficio personal. Entonces el sutil y delicado mecanismo de la onerosa máquina de la justicia funciona de abajo a arriba (con excepcionales fallas o tuercas sueltas), con audaces movimientos, sagaces jugaditas, jugosos negocios, movidas de tahúr salpicadas de sangre, cianuro y dinero que la ley no ve, porque, aunque todos somos iguales, unos son más iguales que otros. Esas jugarretas mafiosas hacen quedar a “El Irlandés” de Martin Scorsese, como un pendejo aficionado.
Es una discusión muy seria en torno al significado y la existencia del Estado Social de Derecho y la democracia en Colombia, pues al tratarse de un modus operandi, de unas costumbres enquistadas en el funcionamiento institucional; el hecho de reconocer, denunciar y oponerse a esos atavismos políticos y jurídicos debe superar las buenas intenciones y la pretensión aplatanada de que “todo está bien, pero con algunas fallas”. Superar la tendencia a confundir el “cómo deberían ser las cosas” con el “cómo son”. Elocuentes ejemplos de esa tendencia pueden ser la dulce mentira de la igualdad ante la ley o el anónimo coro del sentido común del “por algo le pasó si lo mataron” o “¿Qué supone uno?”. Sobre todo, cuando el pan nuestro de cada día son beneficios y privilegios para los privilegiados (Palacinos, Uribes, Ricaurtes, Uribes Noguera, Guatibonza, etc.) y castigo o muerte para los menos iguales (más de 20 detenidos y 26 líderes sociales asesinados en lo que va de este año). Pero todos tranquilos, porque hay papeles certificados, sellados, debidamente plastificados y con copia por triplicado que crean acreditan y creen en las verdades oficiales.
Parece mentira, ¿cierto?, pero todos sabemos que así es, que los encargados de la defensa de la ley y la constitución están, en su gran mayoría, siempre listos a torcerles el pescuezo, al soborno, al pago a testigos, la amenaza, la prebenda, la persecución y el favorecimiento. Todo con la formalidad litúrgica de las ceremonias “legales”. La corriente política fuerte y mayoritaria en los poderes públicos, es funcionar a imagen y semejanza del ejecutivo con su “legalidad” de discurso y su arbitrariedad y autoritarismo prácticos.
Sin exagerar, estamos en una nueva época para la política y la justicia en Colombia, en la que los poderes públicos, los medios de comunicación, las redes sociales y la fuerza pública parecen manejados por la secta bendecida y afortunada de “la cruz gamada gran poder”, amuleto rezado por padres chuchos, monjas falsas y profetas evangelistas. Y parece que quien porta el amuleto tiene el compromiso de aportar su granito de arena para que cada parte de La Máquina funcione fluidamente. Es así como todos, desde el policía semianalfabeto hasta el PhD magistrado o procurador, orientan sus acciones por el sentido común: el fervor por aprobar todo lo que indique el poder y por el odio.
Un recorrido fugaz por “el mecanismo” desde lo que podemos ver en concreto a nuestro alrededor da cuenta de lo banal y natural que resulta ser el mal para operarios acostumbrados a la impostura, eficaces para la trampa, lapidadores cuyos oficios se distribuyen en un carrusel que los lleva de jueces a fiscales, de fiscales a magistrados y de magistrados a procuradores; que dejan tras de si una estela de contactos por favores hechos a los príncipes e, indudablemente, las ganancias que trae consigo una fulgurante carrera bajo el ala de algún poderoso.
Es toda una jerarquía de cortesanos “bien relacionados” que, al encontrarse en el estrado judicial, aplastan por igual al derecho, la justicia y a los acusados, en una atmósfera repleta de señales y alabanzas: “doctor, doctora”, “es importantísimo estar bien con alguien influyente”. Palmaditas en la espalda, sonrisas fingidas, ostentación de prestigios y “auras” ajenas a la comprensión de los mortales que no pertenecemos a esos clubes de funcionarios de rango medio que hacen funcionar “La Máquina”, siendo lambones con quienes pagan y dan las órdenes (el gobierno, la Razón de Estado, el Ejecutivo, el fiscal general, generales Fiscales etc.) y latigadores, déspotas y carceleros, con quienes tenemos la infausta fortuna de caer en sus garras.
En ese ambiente solo un juez de criterio independiente y honesto se atreve a defender la constitución y la ley, aún contradiciendo a la fiscalía. Pero en la gran mayoría de casos, los jueces (los que no se han quedado dormidos en las intervenciones de la defensa cómo la juez 12 y 47 EFCG y la juez 51 de conocimiento, o no han ido borrachos a la audiencia, como el juez 48 de conocimiento) se identifican totalmente con fiscalía y ministerio público. Es comprensible, “hay que cuidar el puestico” y ante semejante premisa, es pobre cualquier otra consideración ética, jurídica o humana. Lo que es un indicativo de la estatura intelectual y moral de algunos operadores de justicia.
“La Máquina” funciona con dinero e influencias ¿A cuánto asciende la bonificación por condenas que obtienen los fiscales? ¿Qué supone uno? Que la recompensa debe tener alcances ultraterrenos, debe significar acceso a algún paraíso de leyenda, pues compromete a personalidades tan variadas —seguramente como una reivindicación velada del pluralismo al interior de la fiscalía— como el mediocre Héctor Leguizamón Cardozo, encargado del primer montaje, y su alud de mentiras y falacias, demostradas en los juicios de Steven Buitrago y Mateo Gutiérrez. O como Arlés Max, con su estilo nauseabundo de ordinariez, grosería y mentiras sucias, el encargado del segundo montaje. O el sofisticado Miguel Olaya Cuervo que con ampuloso estilo miente, falsea y engaña para condenar, en los dos montajes, a 9 personas a penas entre 40 y 60 años, sin que le tiemble la voz con rictus de severo rigor, con suficiencia y con el goce intenso y profundo del malparido que confía en que su abuso de poder quedará impune y que además le pagan.
¿Qué influencia puede tener una ex fiscal y ex magistrada del Tribunal Superior de Bogotá sobre jueces que fueron sus subordinados y sobre magistrados que son sus amigos? ¿Qué supone uno de una funcionaria del ministerio público que ayudó a tapar altísimos responsables de crímenes de lesa humanidad? ¿Qué supone uno de quién por convicción, siendo fiscal, acusa y solicita condena contra un profesor “que no es peligroso porque porte de armas, sino por las ideas que profesa”? Una persona que como Ministerio Público, y aún haciendo gala de una capacidad de estudio y un conocimiento espinoso del derecho, vierte entusiasta cantidades de mentiras grotescas y niega las garantías jurídicas con perlas como: “si bien no se ha probado en juicio que son culpables, tampoco se ha probado que sean inocentes”, como si la inocencia en un Estado Social de Derecho tuviera que probarse. Y eso lo dice apenas dejando de masticar.
Preguntarse sobre el por qué algunos policías se prestan para mentir, acomodar reconocimientos e informes, perseguir, amenazar familiares de abogados y amigos de los procesados, falsear testimonios, etc., no es una pregunta desafiante: ya se sabe, para eso les pagan. No tanto como a jueces, fiscales y delegados del ministerio público, pero “algo es algo y por lo menos hay trabajito”.
El funcionamiento técnico de “La Máquina” en casos concretos —quién se tome el trabajo de indagar acerca de falsos positivos y montajes judiciales lo notará— se alimenta de costumbres que se han descrito, pero también desarrollan su propia “doctrina”. De manera que, en casos como el del Centro Comercial Andino y el del otro montaje por rebelión, los jueces en Función de Control de Garantías y de conocimiento junto a los procuradores, han apoyado, corregido, ampliado y profundizado las falacias de la fiscalía, por la presunción de legalidad y acierto que tienen los amigos entre ellos.
Y así, de buenas a primeras, el “derecho vivo” en los estrados pasa de un derecho penal de acto a un derecho penal de autor, de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad, de derechos humanos y constitución a la arbitrariedad de funcionarios que trabajan por la paga.
Así, la teoría de la corresponsabilidad penal que enarbola la fiscalía para condenar a 9 personas en dos procesos, con las mismas pruebas y sin precisar circunstancias concretas de los supuestos delitos, se abre paso de mentira en mentira, mientras los procesados por “La Máquina”, sus familiares y amigos se encomiendan a todas las divinidades buenas y cósmicas en este dramático y eterno trance en el que “La Máquina” es operada por cortesanos asalariados dispuestos, por sobre todas las cosas, a decir: “¡SÍ!” al poder y, cada cual con su personal estilo, a no morder la mano que le da de comer: “Sie sollten die hand nicht beissen, die sie füttert”, dirían los miembros de las SS hace unos años para justificar todas sus bestialidades.
Pero “La Máquina” es mucho más grande y está a la vista de todos, si nos atenemos a lo conocido, es decir, el tipo de negocios jugosos, audaces movimientos, sagaces jugaditas, de personajes como el ex fiscal Néstor Humberto Martínez y sus cercanos, incluido el actual fiscal encargado, que le tapan todas sus cochinadas; nada puede sorprendernos; si consideramos las pugnas por la designación de nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, pugnas que son por cargos burocráticos, regionalistas (paisas versus costeños), de favores y ganancias por cobrar o pagar en lo que representa la más alta majestad de la justicia colombiana. Igual sucede con la designación del nuevo fiscal general de la nación: poder infinito de matonear y una nómina de más de 22000 personas.
Nadie se asombra en Colombia de que las sentencias que favorecen a ciudadanos comunes, en contra de grandes empresas de salud, sean engavetadas (como la que firmó una reconocida magistrada, pero que solo apareció varios meses después y generó revuelo porque la magistrada ya era ministra de justicia y etc..). En cambio, las que favorecen a empresarios salen en tiempo récord- Solo recordar al traqueto Pretelt como presidente de la corte constitucional, a Gustavo Malo, a Francisco Ricaurte o a Leónidas Bustos, puede enfermar a quién, aún, crea en el Estado Social de Derecho y en el derecho.
Sin necesidad de ir a tan encumbradas alturas fíjense cómo tardó más de un año confirmar la absolución de Mateo Gutiérrez, solo eso, mientras la absolución de los hermanos Uribe Noguera fue casi inmediata y rodeada de clamorosos aplausos, como debe ser: los Uribe Noguera son “gente divinamente”, tan distinta, por ejemplo, a esos nueve campesinos reclamantes de tierras, desplazados y despojados que, ahora, al intentar volver a su tierra son capturados, encarcelados y acusados de despojadores por una fiscalía experta en montajes y en cuidar los intereses de empresarios.
Todo normal en un país en el que un oficial de la policía asesina con alevosía a un joven manifestante, todo queda grabado en muchos vídeos, pero los grandes medios explican que no fue homicidio porque el arma que mató al muchacho era “no letal” e instituciones como fiscalía y policía se enfocan en limpiar el nombre del asesino, que hoy ni siquiera tiene una acusación formal. Todo un montaje al revés para tapar lo que millones de ojos vieron: todo lo contrario, a la operación de inculpar inocentes por un crimen que cometió la derecha en el Centro Comercial Andino.
Todo va como tiene que ir en un país en el que las fuerzas de seguridad del Estado persiguen a políticos opositores, a magistrados y jueces incómodos para el gobierno y su partido y hasta periodistas de medios, decididamente caracterizados por chupamedias, criminalizadores o afectos al “status quo”, pero que se “descachan” destapando escándalos inocultables de unas fuerzas de seguridad que contratan con oficinas de sicarios, ya no solo para perseguir o matar líderes sociales, gente del común o líderes opositores, sino ahora a periodistas de Semana y, ahí sí, no se vale.
“La Máquina” funciona: el asesinato de líderes sociales continúa, los encarcelamientos arbitrarios y todo tipo de montajes siguen siendo una práctica cotidiana. El comportamiento mafioso de las instituciones y sus movidas son parte de la realidad colombiana. Y ese accionar real de “La Máquina” se aceita también con aportes de sectores “alternativos”, que legitiman ese funcionamiento con la idea de que cualquier movilización, oposición y manifestación de la gente, “es darle motivos a la derecha para actuar así”. Como si los neofachos criollos necesitarán excusas para defender sus negocios y privilegios.
Mucho se ha repetido que el proceso contra Mateo Gutiérrez dio origen, ilegal, por cierto, al montaje judicial del caso andino y su catálogo de falacias, mentiras e irregularidades, (a cargo de los mismos fiscales, los mismos policías, los mismos carceleros) incluyendo que la fiscalía quiso vincular directamente a Gutiérrez solicitando la conexidad de procesos.
También se ha denunciado, con más vehemencia que efectividad, la ausencia de pruebas que vinculen a los detenidos con el acto criminal del Centro Andino y cómo, por esa razón, aún no entra a etapa de juicio. Ya vencidos todos los términos legales, situación que obligó a la fiscalía a elaborar un segundo montaje con el que impidió la libertad de los acusados y que se construyó, fraudulentamente, con la intención de imponer la teoría de la corresponsabilidad penal, de moda entre los operadores jurídicos afectos al fascismo criollo. En esta teoría se presume la culpabilidad, se obvia la necesidad de probar delitos o conductas específicas, se aplica el derecho penal de enemigo de manera que basta con definir que una persona pertenece a un grupo para inculparlo de todo lo que supuestamente haga ese grupo.
Ese es el sentido del segundo montaje, el de rebelión, pues con este pretenden definir que pertenecen a un grupo, ya definido eso, pueden ser culpables de cualquier cosa: legalizando una mentira refuerzan y afirman otra.
En el colmo de la perversidad, ya vencidos todos los términos también en el segundo montaje, nos mantienen en la cárcel con una ley inaplicable, pero que un juez sin ética ni escrúpulos decidió aplicarnos, la ley GAOS 1908, pues, según él, cometimos el delito de rebelión en la época de aprobación de esa ley y porque pertenecemos al MRP y al ELN. Este juez sinvergüenza, apoyado por el Ministerio Público y, naturalmente, por la fiscalía, deja de lado que:
- Para la época del delito de rebelión y de vigencia de la ley GAOS, estábamos presos por el montaje del Andino, de modo que no pudimos cometer delito alguno.
- Que pertenezcamos a un grupo, MRP O ELN es un dicho de la fiscalía. No se ha probado, no se puede violar la presunción de inocencia afirmando esa bestialidad sin investigación y menos sin juicio, pero el juez descarado afirma ambas cosas.
Entre tanto, siguen las amenazas y persecuciones contra familiares y abogados, a varios de ellos les han robado los computadores con el material de las audiencias preparatorias. Siguen los prejuzgamientos y la violación de garantías, la fiscalía, impunemente, ha presionado y llevado a aceptar mentiras a una de las detenidas con promesas de beneficios.
Goza pues de excelente “salud mecánica”, mantenimiento permanente y garantía de uso, una máquina diseñada para la guerra y el abuso de poder, que funciona en todos los niveles institucionales con la aprobación entusiasta y un regocijo, que colinda con lo lúbrico (las máquinas requieren aceite) de los funcionarios públicos que la operan, repitiendo la letanía vacía: “democracia, ley, constitución”.
“La Máquina” funciona sincronizada, sigue devorando carne humana y a los devorados solo nos queda el alegre consuelo de pensar que: “lo importante, es que te pasen cosas”.
Notas
* Preso por el montaje judicial del centro comercial Andino.