Perú: tras la caída de Dina Boluarte se consolida la apuesta por un Estado policíaco
El ‘milagro peruano’ se convirtió en una pesadilla interminable para sus ciudadanxs. Con la destitución de Boluarte y el nombramiento interino de José Jerí se abre un escenario aun más violento con miras a la campaña electoral de 2026.
Por Olimpia Villalobos, especial para Lanzas y Letras
Desde hace casi una década, el país andino afronta una permanente inestabilidad política. Siete cambios de mandatos presidenciales, la disolución de su Congreso en una ocasión y las pugnas por la cooptación de poderes públicos grafican la deriva ‘democrática’ de un modelo impulsado por el neoliberalismo fujimorista de los noventa.
Entre gallos y medianoche del pasado 10 de octubre, la impopular Dina Boluarte fue destituida por el Congreso con 104 votos a favor, luego de haber sido salvada de la vacancia en varias ocasiones por las mismas bancadas que ahora la despedían. Resulta paradójico que el abogado de Boluarte reclamara los mismos derechos que la defensa de Pedro Castillo –el presidente electo en 2021, destituido y detenido un año después– demandó para sostener la inconstitucionalidad de su destitución. Sin embargo, Fuerza Popular (bancada fujimorista), Renovación Popular y Alianza Para el Progreso –facciones representativas de la extrema derecha– terminaron por soltar la mano de Boluarte, pero sobre todo intentar sacudirse de los pasivos que la imagen de Dina les generaba ad portas de la contienda electoral de 2026, suceso que ha marcado el ritmo de la campaña.
En abril del año próximo, Perú tiene programado el desarrollo de elecciones generales, presidenciales y congresales. Esta vez con la diferencia del retorno al sistema de bicameralidad, luego de más de veinte años. La última vez que el país contó con dos cámaras legislativas fue durante el inicio del gobierno de Alberto Fujimori, quien luego de su autogolpe en 1992, cerró el Congreso, modificó la Constitución y estableció un modelo unicameral. De modo que, varios de los actuales legisladores, sus bancadas y partidos políticos, quienes han agudizado las confrontaciones, piensan en la reelección y de continuar cogobernando a mansalva.
Pero este Congreso calificado por la ciudadanía en las calles como ‘mafioso’ tiene el 93% de desaprobación en su desempeño, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada en mayo de este año. Similar porcentaje presentaba Boluarte antes de haber sido echada de Palacio. Es decir, Ejecutivo y Legislativo, ambos poderes del Estado, mantienen una percepción ante la mirada ciudadana altamente negativa. Aunque esta realidad no llegó gratis. La desconfianza de la población se sustenta no sólo en las demandas insatisfechas de derechos básicos, sino también por la falta de eficiencia en las instituciones públicas, donde la corrupción es un problema estructural que circula de arriba a abajo. El índice de Riesgos de corrupción e Inconducta Funcional 2024, que publica la Contraloría, ubica a la Policía Nacional como la entidad pública con mayor riesgo de corrupción y le siguen en la evaluación desde ministerios, alcaldías, y otros. Lo que demuestra una profunda descomposición del sistema político peruano, sus instituciones y representantes.
Frente a esta situación, el Congreso no ha hecho más que convertirse en una institución parasitaria. Es decir, un lugar donde los grupos políticos que ingresan lo hacen para aumentar sus patrimonios, mantener el clientelismo y sostener a las élites económicas con privilegios tributarios, exoneraciones y las ansiadas concesiones. La acumulación de poder es tal que Perú se desenvuelve en la práctica como un régimen parlamentarista y no presidencialista como dice su Constitución. El asunto se agrava con el descontrol de la criminalidad a nivel nacional. Un problema que tiene raíces en la informalidad y que la ceguera de los gobiernos piensa que sólo con mano dura se puede resolver. De esto poco se habla y los especialistas serios en el tema lo vienen alertando hace buen tiempo. Pero la informalidad tiene su razón de ser en el modelo económico neoliberal capitalista que excluye a más del 70% de la población trabajadora, por dar un ejemplo.
Los niveles de criminalidad han puesto a la población en alerta. Después del atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina, ocurrido el miércoles 8 de octubre en un evento público que se realizaba en un terreno del Ejército en Lima, y que aceleró la salida de Boluarte, los asesinatos por sicariato continuaron, incluso en medio del escándalo con el nuevo gobierno. Un chofer de combi y su copiloto fueron acribillados en Lurín al sur de Lima, y el gremio de transportistas -uno de los sectores más afectados por el crimen organizado- ya anunció que realizará nuevamente una medida de protesta. En el país, las denuncias por sicariato y extorsión se acumulan a diario: cada cuatro horas son asesinados ciudadanos y ciudadanas. Choferes, comerciantes en mercados formales o informales, pequeñas o medianas empresas y otros trabajadores de la economía popular son los más golpeados.
En medio de todo este contexto, el Congreso no ha hecho más que agravar el problema de la inseguridad ciudadana. A las bancadas aliadas les ha importado más blindar a sus allegados como Boluarte, Keiko Fujimori y hasta el propio Jerí mientras aprobaban leyes que favorecen a bandas criminales. Obviamente, la realidad les ha pegado en la cara, porque la ciudadanía organizada -que se pensaba adormecida, después de las protestas por la destitución de Castillo y la brutalidad de la represión como respuesta- se ha reactivado, especialmente de los más jóvenes. Pero este descontento va más allá de etiquetas como ‘generación z’, quienes además rechazan la aprobación de un nuevo régimen previsional que beneficia a las AFP, no resuelve la mendicidad de las pensiones en lo público como privado, y les impide acceder a sus aportes, que serán obligatorios a partir de los 18 años. A ello, se suman los reclamos urgentes para resolver la inseguridad ciudadana y todos los pasivos que ha dejado la estancia de Boluarte en el poder: escándalos de corrupción y el asesinato de 50 ciudadanos a manos de la Policía y el Ejército a fines de 2022 y los primeros meses del 2023. El pueblo no olvida, menos los jóvenes. Y especialmente la zona sur de Perú, Puno, Cusco, Arequipa por ejemplo, son hervideros de descontento e indignación por las masacres perpetradas y las ofensas recibidas desde Lima por quienes gobiernan en la capital.
Más estado policíaco y menos derechos ciudadanos
A José Jerí, el actual presidente interino nombrado por la coalición mafiosa que gobierna desde el Parlamento, la banda le queda muy ancha y la moral corta. Días después de asumir, el Pleno discutía la censura contra la mesa directiva por la violencia policial desatada en la marcha nacional del 15 de octubre en Lima, que venía acompañada de un paro nacional. El resultado: un joven músico de hip hop asesinado por la policía vestida de civil (terna), otro joven músico herido de gravedad y en estado de coma, una menor de edad hospitalizada por el impacto de una bomba lacrimógena, decenas de personas lesionadas y detenidas que aún no han sido liberadas. 25 ataques a la prensa por la Policía, que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró durante la marcha, pese a estar identificados.
Por su parte, Jerí y su “gobierno fascista”, como lo ha calificado el medio Hildebrandt en sus Trece, ha anunciado a través de su premier Ernesto Álvarez -conocido simpatizante del fujimorismo, ultraderechista y conservador que tildaba como “violenta marcha subversiva” a la convocatoria de los jóvenes, la declaratoria de emergencia de Lima Metropolitana y un paquete de medidas que van a servir más para el abuso y la violación de derechos civiles y políticos que resolver la inseguridad. Los primeros meses de este año, Lima fue también declarada en emergencia y el problema no se contuvo. Aun así, siguen empecinados en fortalecer un estado policiaco. No es un hecho aislado, que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sea un exGEIN (Grupo Especial de Inteligencia Nacional), grupo creado con fines de contrainsurgencia en el régimen dictatorial de Fujimori. Tampoco que el Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, haya sido antes el Director de la Dirección contra el Terrorismo, nombrado a fines de septiembre por Boluarte. Todos ellos son feroces terruqueadores de las protestas ciudadanas.
Ahora el gobierno de Jerí está envuelto en un papelón porque no tiene cómo justificar el asesinato de civiles por parte de la Policía durante las manifestaciones o incluso fuera de las zonas de protesta. Eduardo Ruiz Saenz, el joven músico asesinado se encontraba en una plaza lejos de la manifestación y sin embargo fue alcanzado por una bala. Las contradicciones entre los informes emitidos a la prensa por Arriola y Tiburcio muestran la improvisación y desesperación por impedir salir de sus cargos, porque con ellos se hunde el gabinete -que aún no tiene la aprobación del Congreso- y el propio Jerí. Esta situación ha generado malestar al interior de la Policía tras ver que rápidamente, el comandante en jefe ofrecía a los medios, la cabeza de uno de los efectivos. Además, quieren impunidad -como ha sucedido con las muertes de otros ciudadanos en protestas – por lo que buscan imponer que este caso sea investigado por la Policía y no a cargo de la fiscalía de derechos humanos.
Entonces, el panorama y la perspectiva de Perú con la destitución de Boluarte y el ascenso de José Jerí, abre un escenario más violento y macartista con miras a la campaña electoral de 2026. La clase política que gobierna desde el Congreso no tiene ni visión y un proyecto nacional para la reconstrucción de un país ahogado por el sicariato, la extorsión, la impunidad de la fuerza pública, la corrupción enquistada en todas las instituciones estatales. Jerí dice liderar un gobierno de “reconciliación”, pero el sentido de su llamado es el mismo que usa el fujimorismo (Fuerza Popular) y sus aliados de las derechas (Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular) e incluso de Perú Libre, que de izquierda solo le ha quedado la nostalgia de otra época y cogobierna sin ascuas con la bancada de Keiko Fujimori en la mesa directiva del Parlamento.
Por si fuera poco, la trillada narrativa de la “memoria salvadora” -la más cohesionada de todas que convoca al fujimorismo, fuerzas armadas, grandes empresarios y fanáticos del libre mercado- a la que incluso las derechas liberales y supuestamente democráticas, o las izquierdas dogmáticas y progresistas han sido funcionales a ese marco discursivo para mantener la idea de un enemigo interno. Solo que ahora ese enemigo es difuso. Por ello, su manifestación, el “terruqueo”, resulta ser un instrumento político social, ideológico y legal exitoso, herencia del fujimorismo noventero. Herramienta que ha sido útil para los predecesores de Fujimori, quienes han gobernado, persiguiendo a quienes los critican o se oponen al modelo extractivista.
En las calles de Lima y regiones, la población expresa mucha bronca y hartazgo. Los candidatos -todos en el espectro de las derechas más rancias- con mayor intención de voto, según las encuestas, no pasan del 10%. La suma de los votos nulos/blancos y el ausentismo alcanza más del sesenta por ciento, de acuerdo al IEP. Así, los representantes del modelo económico y el sistema político que se desmorona, con el agravante de la criminalidad y corrupción, no tienen qué ofrecer a la población. ¿Más desenfreno del extractivismo mientras la minería ilegal se expande y las grandes mineras mantienen sus exoneraciones? Las élites celebran cada vez que se amplían los privilegios tributarios, pero el país pierde más de S/. 252.OOO millones en recaudación, según el Grupo de Justicia Fiscal de Oxfam. Habrá que seguir cómo continúa la protesta popular y su organización en el movimiento de masas, especialmente de los más jóvenes, y de otro, las medidas que va a imponer el gobierno de Jerí, direccionado por la coalición congresal, para resolver los problemas inmediatos que ellos mismos ayudaron a agravarlos, antes que el desgobierno sea incontrolable y toquen las puertas de los cuarteles.
