Los dilemas del progresismo en la CELAC

A finales del mes pasado se desarrolló la séptima cumbre de la CELAC, evento que arrojó titulares de todo tipo en los grandes medios de la región. Pero el balance de esta reunión deja más dilemas que certezas. Una integración socavada por los TLC, el silencio de los progresismos frente a las relaciones asimétricas establecidas con China en la región, y una ensombrecida incidencia del movimiento popular en la llamada CELAC Social.  

La Cumbre de Buenos Aires confirmó la nueva primacía del progresismo en América Latina. Esa vertiente apadrinó en el 2010 a un organismo, que por primera vez integran los 33 países de la región, con la presencia de Cuba y la exclusión de Estados Unidos.

A este evento de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) concurrieron los presidentes de centroizquierda recientemente electos (Lula, Petro), junto a otros de la oleada previa (Arce, Boric, Xiomara Castro) o sus delegados (López Obrador). El anfitrión (Fernández) sumó además al exponente de un proceso revolucionario (Diaz Canel) y a voceros del mandatario más impugnado por los medios de comunicación (Maduro). Las críticas al golpismo y las denuncias de la derecha —que prevalecieron en la reunión— confirmaron la tónica progresista del encuentro.

Los pocos presidentes del bando opuesto optaron por el ausentismo (Lasso) o un incómodo aislamiento (Abdo, Lacalle). En su disonante intervención el mandatario uruguayo lamentó el sesgo ideológico de la CELAC, como si los organismos que enaltece la derecha fueran entes imparciales y ajenos a cualquier alineamiento.

Pero la queja del presidente oriental simplemente ilustró el retroceso de su sector. Ese declive ya salió a flote el año pasado, en el primer relanzamiento de CELAC que motorizó López Obrador. En esa ocasión, Duque, Bolsonaro y Piñera optaron por el faltazo y dejaron a Lacalle y Abdo pataleando en soledad.

El resurgimiento de CELAC es particularmente doloroso para los exponentes de la restauración conservadora. En la década pasada congelaron a esa institución junto a UNASUR. Este último organismo perdió siete de sus doce integrantes originales y estuvo al borde la clausura, cuando el presidente de Ecuador auspició el cierre de su sede en Quito.

Para disimular este repliegue los medios hegemónicos optaron por descalificar la Cumbre de Buenos Aires, subrayando su inoperancia y sus discordancias internas (Pagni, 2023). Pero omitieron reconocer la crisis muy superior que afrontan los rivales de la OEA y el Grupo de Lima. La parálisis del primer organismo y la disolución del segundo evidencian ese repliegue.

La derecha enmascaró su pérdida de posiciones con un escándalo contra Maduro. Bullrich llegó a demandar la detención de un mandatario extranjero y presentó como una gran victoria el desistimiento de ese viaje.

Maduro fue objeto de incontables atentados y hace pocos meses Cristina lidió con un fallido asesinato. Son por lo tanto muy atendibles las justificaciones de seguridad, que expuso el presidente venezolano para ausentarse. Hay que recordar además la retención de un avión de ese país por los jueces macristas, frente a la total inacción del gobierno de Fernández.

La derecha no exhibió igualmente ninguna capacidad para obstruir la presencia de Maduro. Su nivel de convocatoria fue irrisorio, en comparación a los manifestantes que rodearon el evento con demandas democráticas y antiimperialistas. Los grupos reaccionarios simplemente fueron inflados por los medios y pasaron desapercibidos en las calles. Maduro no decidió el faltazo por temor a la confrontación con esas bandas. Estimó conveniente ausentarse, para no interferir en el curso político de la reunión.

¿Se recompondrá el MERCOSUR?

La centralidad que tuvo López Obrador el año pasado fue sustituida por el estrellato de Lula en Buenos Aires. Esa gravitación no obedeció sólo al inicio de su tercer mandato con una victoria sobre el fallido golpe bolsonarista. Lula inauguró una estrategia de mediano plazo, para recuperar el protagonismo regional de Brasil estrechando lazos con Argentina. Por eso desplegó tantos elogios al anfitrión de la Cumbre.

El motor de ese relanzamiento es la reconstitución del MERCOSUR. Lula suscribió con Fernández un ambicioso acuerdo para recrear la integración de ambas economías en 15 áreas, complementadas por 14 ejes de convergencias políticas. Por esa vía el mandatario brasileño aspira a reposicionar a su país al frente de la región, en las negociaciones con las grandes potencias.

Esa revitalización del MERCOSUR, exige recomponer previamente el equilibrio interno en Brasil entre dos sectores capitalistas muy disimiles: los agroexportadores y los industriales. Lula apuntala al primer segmento con el reinicio de las negociaciones para concretar el acuerdo de libre comercio del MERCOSUR con la Unión Europea. Macri y Bolsonaro estuvieron a punto de firmar ese convenio en el 2019, pero no lograron vencer las prevenciones del protegido agro europeo (especialmente francés), contra el potencial aluvión de exportaciones competitivas desde Sudamérica.

Lula buscó el acompañamiento de Fernández (y del agronegocio de Argentina) para llegar a un arreglo en el próximo semestre. Propone cláusulas ambientales que resguarden a los socios del Viejo Continente de una inundación de mercancías provenientes del Nuevo Mundo. Esas normas prohibirían exportar alimentos generados en las zonas deforestadas, lo que introduciría una auto restricción a los volúmenes de productos embarcados.

La gran campaña de Lula contra los latifundistas —que expanden la soja y la ganadería mediante la devastación de la Amazonia— combina la protección del medio ambiente, con una limitación de las exportaciones a Europa. Ya logró el desbloqueo de fondos internacionales para el resguardo ambiental y promete conectar cualquier incremento de las ventas externas a la mayor productividad del sector (y no a la extensión de la frontera agropecuaria).

Los industriales de Sao Paulo son reacios a un convenio que no abre nuevos mercados e involucra el riesgo de adversas importaciones. Han obtenido en cambio enormes beneficios del MERCOSUR, que ahora Lula relanza con varias iniciativas. Los fabricantes paulistas han lucrado con esa unión aduanera en el sector automotriz y son los candidatos a obtener mayores ganancias con las actividades que serían incentivadas en las próximas negociaciones (naval, textil, calzado).

Brasil es el cuarto mayor inversor extranjero en Argentina y los capitalistas de su industria usufructúan del déficit comercial que afronta su socio fronterizo. Por el momento hay una secuencia de remociones en la cúpula del empresariado paulista que discute el tema, mientras avanza la incorporación de nuevas líneas exportación (aprovisionamiento bélico) a los acuerdos del MERCOSUR.

Lula también incentivó el uso de un mecanismo de financiación del comercio interregional, a través de una unidad de cuenta que ya existe, pero hiberna desde el 2008. Ese instrumento permite acotar el uso de dólares para el intercambio entre los dos países, mediante créditos otorgados y compensados por los Bancos Centrales utilizando un medio de pago propio.

El promocionado signo común (Sur) cumpliría en los hechos esa función y complementaría los mayores créditos que proveería Brasil a su cliente argentino, para financiar las consiguientes exportaciones.

Este esquema es muy corriente en la actividad comercial de otras regiones y tuvo un esbozo en los países del ALBA con el Sucre. Pero se encuentra muy lejos de la moneda común o el fondo de estabilización compartido que cimentaría una Nueva Arquitectura Financiera (Gambina, 2023). Favorece por ahora un gran incremento de las ventas del empresariado brasileño.

Debilidades estructurales

Las propuestas financieras de Brasil aportan un desahogo inmediato, a la falta de divisas que padece Argentina para la provisión corriente de sus importaciones. Esta carencia es consecuencia de la asfixiante supervisión que ejerce el FMI sobre las menguantes reservas.

Pero nadie sabe cómo garantizaría el Banco Central del país los compromisos que entraña ese convenio. Otro interrogante son los efectos del mayor déficit en el comercio industrial que anticipa ese acuerdo. Ciertamente existe una correlación positiva entre el crecimiento de Brasil y el PBI de Argentina. Pero la locomotora paulista opera mediante la subordinación de su vecino del Sur.

Esa sujeción económica se afianzará con el financiamiento brasileño de la ampliación del gasoducto que distribuye el combustible generado en Vaca Muerta. Ese abastecimiento energético —que llegaría a Porto Alegre a precios competitivos— es el principal atractivo inmediato de la renovación del MERCOSUR para los industriales brasileros. Esos fabricantes afrontan la declinante oferta del gas boliviano, que está muy afectado por el previsible agotamiento de sus reservas.

En un plazo muy breve Argentina podría triplicar sus exportaciones gasíferas, pero afianzando el perfil extractivista de una economía definitivamente encarrilada hacia la primarización.

La recreación del MERCOSUR también requiere la permanencia de Uruguay, que tantea un tratado de libre comercio con China. El establishment de ese país pretende multiplicar sus exportaciones de alimentos y no cuenta con ninguna industria amenazada por el esperable aluvión de importaciones asiáticas. Paraguay no ha definido hasta ahora si ensayará un rumbo de ese tipo.

Lula buscó disuadir a Lacalle de ese paso con el atractivo exportador que ofrece el prometido convenio con la Unión Europea. También sugirió un posterior arreglo con China bajo su propio liderazgo. Con ese mismo propósito de conducción brasileña propicia introducir a Bolivia y reincorporar a Venezuela al MERCOSUR.

Pero la reactivación de ese organismo presupone una vitalidad que no se avizora de la economía brasileña. El PBI per cápita de ese país se encuentra virtualmente congelado desde hace más de una década y el empleo no crece (Villalobos, 2022). Ese estancamiento desborda la coyuntura y no es una mera consecuencia del escenario internacional adverso generado por la pandemia y la guerra.

Brasil arrastra un serio retroceso desde hace muchos años, que obedece a las debilidades estructurales de una economía semiperiférica, muy afectada por la reorganización del capitalismo mundial. Por ese declive no cumple en la región un papel equivalente a Alemania en la Unión Europea y no exhibe la vitalidad productiva requerida para reencauzar el MERCOSUR.

Esa endeblez explica por qué razón la derrota del ALCA (y el consiguiente freno del proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos), no derivó en un despunte de la unión aduanera sudamericana. Al contrario, ese convenio languideció, mientras sus socios menores exploraban alternativas de enlace con otros referentes de peso (Malamud, 2022).

Además, en su propia gestión anterior Lula socavó la iniciativa de forjar un organismo financiero regional (Banco del Sur), para privilegiar los negocios de las empresas brasileñas a través de una entidad propia (BNDES) (Marchini, 2022).

El MERCOSUR afronta, por lo tanto, serias dificultades internas para transformar a la CELAC en un gran motor de la integración latinoamericana. Este segundo organismo incuba, además, una fuerza disgregante en su propio entorno.

Fractura desde adentro

El principal obstáculo que afronta la CELAC para reactivar la integración regional es la preeminencia de tratados de libre comercio de sus miembros con el resto del mundo. Esos convenios son convalidados por los gobiernos de la nueva oleada progresista. Nadie discute su continuidad.

En los países donde esos acuerdos están consolidados tampoco se evalúa su revisión. Se los considera como un dato natural de la economía y por eso prosperan las iniciativas de ampliación a otros rincones del planeta. La consiguiente fractura de la región —que siempre propició el neoliberalismo— es aceptada de hecho por sus rivales de centroizquierda.

Este escenario es muy visible en los cuatro integrantes de la Alianza del Pacífico, cuyas nuevas administraciones progresistas han ratificado los TLC vigentes. La meta del arancel cero es enaltecida, avalando la ampliación del comercio sin restricciones con la región asiática (Gwendoplyn, 2022).

En Chile se verifica el mayor apego a esos convenios. El gobierno de Boric no sólo bendijo su vigencia, sino que dio luz verde a la incorporación del país al TPP-11 con las principales economías de Asia-Pacifico (Acuña Asenjo, 2022). Ese tratado abre las aduanas a todo tipo de importaciones y apuntala la apropiación foránea de los recursos naturales. El gobierno liberó incluso las trabas que afrontaba ese pacto desde el 2019 en el Congreso.

Tampoco la frustrada Convención Constituyente examinó cambios en los mecanismos comerciales del modelo neoliberal (Cabieses, 2022). Sus leves sugerencias de revisión quedaron tan archivadas como la reconsideración de la gestión del cobre, la modificación de las regalías mineras, la reformulación del impuesto a la renta o la remodelación del sistema privado de pensiones.

El mismo amoldamiento auspició el caótico gobierno peruano de Castillo. Ese mandatario había propuesto revertir el brutal extractivismo imperante en la minería, pero esa promesa fue olvidada. La irracional apertura comercial que consumó Perú ha llevado a ese país a exportar papas recién cosechadas, que vuelven congeladas y empaquetadas al mercado local (Ghiotto, 2022).

Petro ha subrayado que las prioridades de Colombia se ubican en el terreno político de concertar la paz. Sus economistas evalúan igualmente una reforma tributaria para incrementar la recaudación y otorgar ciertas mejoras sociales. En esa agenda los tratados de libre comercio son intocables, a pesar de la destrucción que han provocado en ciertas ramas de la producción, como la actividad lechera. También el énfasis del nuevo presidente en la protección del medio ambiente choca con la vigencia de esos convenios.

La gestión de López Obrador comenzó con la ratificación del renovado acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ese tratado consolida la permanencia de México en el área del dólar y explica la reticencia que exhibe AMLO a cualquier proyecto futuro de moneda común latinoamericana.

Sus voceros defienden igualmente la continuidad del entrelazamiento con Washington y Ottawa con argumentos distanciados del neoliberalismo. Afirman que la proximidad con el Norte permitirá acrecentar la autonomía de México, al facilitar un desarrollo que ampliará la soberanía del país. Proponen “estar más cerca de Estados Unidos, para ser más autónomos del gigante”.

Pero hasta ahora no se ha corroborado ninguna expansión significativa de la economía por derrame del T-MEC. Al contrario, ese tratado recrea los incontables desequilibrios de la producción y el consumo. México arrastra un bajo crecimiento con alta desigualdad, éxodo rural e informalidad laboral, que explican la dramática envergadura del narcotráfico. El convenio con Estados Unidos no genera un perfil diferenciado de México del regresivo estándar latinoamericano.

La expectativa de “mayor autonomía por mayor cercanía” presenta además serias contradicciones conceptuales. Supone un afianzamiento de los vínculos con Estados Unidos, que siempre indujeron a rumbos contrapuestos con la soberanía. Salta a la vista la contundente tensión de ese curso con la proclamada meta de la unidad latinoamericana.

Todas las variedades de TLC vigentes en la región favorecen los negocios de los grupos exportadores, en desmedro del crecimiento interno. Esos sectores priorizan los réditos inmediatos de las ventas externas, al desenvolvimiento articulado que pavimenta la integración.

La CELAC responde a esta contradicción con ambigüedades. En sus eventos se repiten los discursos de la hermandad latinoamericana, pero sin transitar por ninguno de los pasos requeridos para consolidar esa familiaridad.

Algunos participantes de la Cumbre de Buenos Aires como Petro, reconocieron esa impotencia (“hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente”). El balance general del encuentro corroboró ese diagnóstico (Szalkowicz, 2023). El gran problema radica en que las grandes iniciativas de soberanía regional —en el plano alimenticio, energético o financiero— exigen una firmeza frente al imperialismo estadounidense, que el nuevo progresismo no exhibe.

Inconsistencias frente a Estados Unidos

Estados Unidos es el enemigo histórico de la unidad latinoamericana. Ha saboteado en la última centuria todas las iniciativas de gestación de un bloque regional, que amenazaría su dominio del Patio Trasero. Ejerce ese control a través de entes digitados (OEA) e impulsa alineamientos derechistas (Grupo de Río), para socavar los organismos autónomos de América Latina.

La institucionalización de la CELAC —sugerida pero no concretada en la Cumbre de Buenos Aires— es frontalmente rechazada por Washington, que teme perder la tradicional gravitación de la OEA. Esa institución apadrinó todos los golpes militares, judiciales, mediáticos y parlamentarios de los últimos años y es habitualmente convocada como árbitro para dirimir los conflictos internos. Cumple un rol particularmente activo en la inspección de las elecciones, como entidad legitimadora de la validez de los comicios. Maduro propuso que la CELAC reemplace a la OEA en esas funciones y obtuvo ciertos guiños, pero no el sostén efectivo de los restantes mandatarios.

Estados Unidos observa además con gran disgusto, la eventualidad de acciones económicas coordinadas de América Latina. No sólo rechaza la presencia en la región de los competidores europeos o asiáticos, sino también las iniciativas de los rivales de capital local.

Siempre ha promovido la asociación subordinada de las clases dominantes de la zona y obstruye cualquier coordinación estatal fuera de su control. Resiste especialmente las propuestas auspiciadas por alguno de los tres países medianos de la región.

Desde el fracasado intento de forjar un tratado panamericano bajo su directa supervisión (ALCA), Estados Unidos optó por la suscripción de acuerdos bilaterales. Pero el único convenio significativo que logró consumar se desenvuelve en el hemisferio norte. Desde allí motoriza proyectos para todo el continente. El T-MEC con Canadá y México es su único instrumento económico efectivo para contrarrestar los intentos latinoamericanos de integración.

Su apuesta más reciente es la extensión del T-MEC, a los países predispuestos a suscribir nuevos TLC con el gigante del Norte. Ya promueve el inicio de esas negociaciones con Ecuador, Uruguay, Paraguay y República Dominicana. Con estas iniciativas espera lanzar un proyecto más abarcador de competencia regional con China (Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica).

Washington promociona la conveniencia de unir negocios bajo su padrinazgo, en lugar de explorar el incierto camino de la convergencia regional (Oppenheimer, 2023). Pero esa publicidad olvida las nefastas consecuencias de la ponderada protección yanqui. Un siglo de dependencia, subdesarrollo y pobreza aportan suficientes pruebas de las secuelas de cualquier modelo acordado con el Norte.

La primera potencia no está igualmente en condiciones de ofrecer propuestas significativas de mediano plazo a sus tradicionales socios del Sur. Para obstruir la integración está empeñada por lo pronto, en disuadir cualquier iniciativa que recorte la primacía del dólar.

Por eso intentará bloquear la desdolarización de las transacciones interregionales, en el marco actual de gran crisis de la dolarización ecuatoriana y de la aventura salvadoreña del bitcoin como reserva de valor. El Departamento de Estado nunca vio con buenos ojos los swaps que ofrece China para alentar sus exportaciones y tampoco le satisface la existencia de esos créditos en la moneda brasileña. Convalidaría en última instancia los proyectos financieros regionales, si están nominado en dólares.

El lobby estadounidense contra las nuevas iniciativas de autonomía monetaria ya se activó a pleno. Muchos “expertos” han encontrado eco mediático para subrayar la inconsistencia, inviabilidad o imposibilidad de cualquier distanciamiento del dólar (Financial Times, 2023).

Ocultan que la unidad de cuenta para el comercio interregional podría instrumentarse sin muchos inconvenientes en un breve plazo (Páez, 2023). Los obstáculos para su efectivización son políticos y se ubican en la esfera de conflictos con el Departamento de Estado.

Divergencias y evasiones

Los funcionarios y embajadores de Washington cuentan con gran experiencia en el saboteo de iniciativas de integración regional. Efectivizan esa obstrucción exigiendo mayor alineamiento geopolítico con Occidente.

En la restauración conservadora de la última década se verificó cómo los gobiernos derechistas simplemente acatan esas exigencias. En la nueva oleada progresista no impera una postura común. La conducta a seguir frente a la administración de Biden ha dado lugar a conductas disimiles. 

Los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua han mantenido una actitud de persistente crítica a la agresividad del imperialismo estadounidense, tanto en la versión brutal de Trump como en la vertiente hipócrita de Biden. En Buenos Aires reafirmaron esas posturas.

Maduro fue categórico en la denuncia del golpismo que apaña Washington y convocó a unir esfuerzos contra la complicidad imperial con las asonadas derechistas. Probablemente prefirió exponer ese llamado a la distancia y soslayando su presencia, para evitar disidencias con el clima conciliatorio que impusieron Lula y Fernández. La intervención acotada de Diaz Canel y limitada de Arce afianzaron ese marco.

Desde su asunción, Boric se ha ubicado en el polo opuesto de actitudes receptivas a las presiones estadounidenses, tanto en el cuestionamiento de Venezuela como en el alineamiento contra Rusia. En ambos casos, acompañó el libreto sugerido por el Departamento de Estado, que silencia el acoso golpista sufrido por el chavismo y rechaza la invasión de Putin a Ucrania, sin mencionar las agresiones de la OTAN. En Buenos Aires mantuvo ese guión con un tono más distante de Washington.

Fernández optó por un discurso más latinoamericanista para disimular la inconsistente ambivalencia de sus intervenciones. Ha superado todos los récords de imprevisibilidad acomodaticia. Mantuvo al principio una estrecha relación con Rusia de aprovisionamiento de vacunas y condena del expansionismo estadounidense. Pero luego sumó el voto de su país a las sanciones contra Moscú en los organismos internacionales. Ese viraje fue consecuencia directa del acuerdo suscripto con el FMI. Para hacer buena letra con el acreedor, distanció a la Argentina de la tradicional postura de abstención en temas internacionales controvertidos, que solía compartir con México y Brasil.

López Obrador ratificó su actitud de renovada autonomía. Lideró con su propia ausencia en la Cumbre de las Américas el rechazó a las exclusiones implementadas por Biden. Convocó luego a forjar un organismo alternativo a la OEA, con mensajes de reivindicación de Bolívar y denuncias de las operaciones encubiertas del Pentágono. Reclamó, además, la exoneración del periodista Julián Assange y alabó la “indómita defensa de la soberanía cubana”.

AMLO coincide con Lula en desenvolver una política de mayor soberanía, pero con estrategias económicas muy distintas frente a Estados Unidos. Su ausencia de Buenos Aires confirmó que no sólo disputa liderazgos con el mandatario brasileño.

Finalmente, la postura de Lula frente a Washington incluye ciertos interrogantes. Durante la campaña electoral fue muy comentado el sostén que obtuvo de Biden, en contraposición al apoyo de Trump a Bolsonaro. Pero ese aval no implica una retribución equivalente, ni anticipa una sumisión al Norte. Itamaraty siempre ha jugado su propia partida y hasta el propio Bolsonaro debió cambiar su libreto de distanciamiento con China, bajo la presión del lobby agroexportador local.

El Departamento de Estado teme la profundización de ese curso autónomo de Brasil. Ese rumbo fue visible en la década pasada en la relación con Venezuela, Irán o Palestina y en la mayor aproximación a China y Rusia desde el bloque de los BRICS (Ellner, 2022). Además, Lula se ha manifestado (al igual que López Obrador) a favor de una solución negociada del conflicto ucraniano, con una mirada distante de la presión militar contra Moscú que propugna Washington.

Perú y Haití

Las divergencias de posturas dentro del progresismo se verificaron también en el tema más revulsivo de la Cumbre: el golpe y la resistencia popular en Perú. En el cenit de las deliberaciones ya se acumulaban 62 asesinatos de manifestantes por gendarmes que disparan a matar. Boluarte no concurrió al evento, pero envió a su canciller para negociar la contención del repudio a las matanzas que perpetra un gobierno criminal.

El tema sobrevoló directamente a todo el encuentro por la magnitud de un levantamiento masivo y nacional (Cabrera, 2023). Las propias marchas de solidaridad con Perú en las puertas de la Cumbre reforzaron esa gravitación del problema. Pero al cabo de varias deliberaciones no hubo pronunciamiento colectivo. La reunión omitió el repudio a la brutal represión militar, en contraste con los rechazos que se emitieron en el pasado en encuentros semejantes contra los intentos de golpe en Ecuador o las atrocidades en Colombia.

Este silencio obedeció a las disidencias sobre el tema. Maduro, Díaz Canel, Petro y López Obrador enunciaron contundentes repudios, que incluyeron la exigencia de inmediata libertad al expresidente Castillo. También Boric expuso un rechazo alejado de su habitual moderación.

Pero Fernández y Lula bajaron el tono a esos cuestionamientos, con genéricos llamados a la conciliación. El presidente argentino denunció enfáticamente al golpismo regional, pero se olvidó de Perú. El canciller de Brasil anudó vínculos con un gobierno manchado en sangre.

Una conducta semejante adoptó la Cumbre frente al presidente de Haití, que actúa como un tirano frente a una población sublevada y sometida al terror de las bandas paramilitares. La indiferencia del evento frente a esa situación fue muy llamativa, en un momento de grandes presiones diplomáticas para reiniciar la ocupación externa del país.

El silencio de CELAC frente a esa amenaza fue particularmente bochornoso, luego de elegir a un líder del Caribe para la nueva presidencia del organismo. El representante de San Vicente y Granadinas participa del ALBA y ha sido un tradicional aliado de Cuba y Venezuela, en una zona muy custodiada por el Pentágono. Deberá lidiar con las presiones de Estados Unidos, que tradicionalmente hizo valer sus opiniones con el envío de marines. La CELAC seleccionó a un individuo de esa región como su máximo exponente, pero soslayando posturas sobre lo que ocurre en ese conflictivo lugar.

Pasividad frente a China

La nueva centralidad de China en la región fue corroborada por la invitación que cursó Fernández a Xi Jinping, para participar en la Cumbre de Buenos Aires. Ese privilegio solo fue extendido a Estados Unidos e ilustra la gravitación del gigante asiático.

China se ha transformado en gran protagonista de la economía latinoamericana. La explosiva multiplicación de los intercambios con la región ha generado enormes beneficios para la nueva potencia y pocos réditos para el grueso de la zona.

Beijing tiene una estrategia muy definida, que ha codificado en la fórmula “1+3+6”. Esa enumeración sintetiza un plan, tres fuerzas (comercio, inversión, finanzas) y seis campos prioritarios (energía, recursos, infraestructura, manufacturas, ciencia y tecnología) (Dussel Peters, 2021). En todas las actividades con Sudamérica, jerarquiza el abastecimiento de bienes primarios y la colocación productos industrializados, afianzando las modalidades tradicionales de la dependencia. Con Centroamérica concibe también procesos de integración industrial, a fin de ingresar al redituable mercado estadounidense Entre 2010 y 2015 China enfatizó la relación comercial, y a partir de esa fecha apostó también a las inversiones en infraestructura. Busca asegurar la baratura de su aprovisionamiento, con rutas y puertos amoldados a la traza de un gran adquiriente de insumos básicos. En el Libro Blanco difundido en 2008, Beijing precisó los montos, productos y mercados más perentorios de la relación entre ambas regiones y en la Primera Cumbre CELAC-China (2015) subió la apuesta, con metas de inversión para la década de 250.000 millones de dólares.

El gigante asiático espera garantizar gran parte de su seguridad energética y alimentaria con los recursos obtenidos de América Latina. Con ese objetivo extendió su desembarco comercial a inversiones y préstamos, a fin de capturar porciones de los mercados domésticos.

Esa definida estrategia de China contrasta con la ausencia de algún plan de la contraparte latinoamericana. Esa orfandad fue imperceptible durante el primer ciclo progresista por la embrionaria incidencia de la nueva potencia en la región. En esos años todas las miradas estaban centradas en precisar estrategias frente a Estados Unidos (o Europa).

La carencia de una brújula latinoamericana frente a China se tornó más visible durante la restauración conservadora. La presencia de Beijing se intensificó, a través de convenios con los gobiernos neoliberales de ese período. China no distingue el perfil político de su interlocutor y expande negocios con los clientes de cualquier filiación partidaria.

Los derechistas de la región recibieron fuertes presiones de Washington para recortar esos lazos, pero desoyeron las peticiones que afectaban las rentables operaciones de las clases dominantes. Sus sucesores progresistas mantienen ese mismo patrón de conducta que irrita a Estados Unidos, pero favorece a los grandes capitalistas de la zona. El gran problema de esta continuidad radica en la evidente conveniencia de la relación actual para Beijing. No existe ningún esbozo de “ganadores conjuntos” en la actual profundización del nexo actual entre ambas regiones.

El progresismo sólo renovó hasta el momento el diálogo en los Foros CELAC-China. Ese organismo reúne periódicamente a partidos, organizaciones y think-tanks, que ponderan las conocidas potencialidades de la relación entre ambas regiones. De esas alabanzas nunca surge un plan latinoamericano de negociación conjunta con el socio asiático. Es evidente que China usufructúa con la división de su contraparte en una treintena de países. Los convenios suscriptos convalidan la diferencia que separa a Beijing de sus interlocutores.

Para los balcanizados gobiernos neoliberales esa distancia no constituye ningún inconveniente. Simplemente priorizan los negocios parcializados del grupo dominante de cada nación. El progresismo realza en cambio la integración y sugiere apuntalar la capacidad negociadora de toda la región. Pero no traduce ese mensaje en acciones. Tan sólo recicla convocatorias retóricas o anuncios diplomáticos, sin efectivizar un bloque de negociación conjunta con China.

La sobreabundancia de teorías para exponer las ventajas de una mayor autonomía regional, no compensa esa ausencia de iniciativas concretas. En los últimos años se han expuesto muchas tesis sobre la conveniencia de una “inserción económica triangular” de América Latina, que aproveche la equidistancia con Estados Unidos y China. Otras versiones remarcan la utilidad de “colaboraciones selectivas” y estrategias de “multipertenencia internacional” (Quia y Vaca Narvaja, 2021). Pero sin correlatos prácticos, la pertinencia de esas conceptualizaciones es un misterio.

También el conocimiento de China se ha expandido con significativos aprendizajes en varios terrenos. Pero ese entendimiento no ha modificado la pasividad de la región frente a un socio que fija la agenda, los términos de los negocios y el usufructo de los beneficios. La nueva oleada de centroizquierda no alteró hasta ahora ese adverso escenario.

Los grises de la CELAC social

Las reuniones de presidentes, funcionarios y hombres de negocios en Buenos Aires fueron completadas con otro encuentro de movimientos sociales, organizaciones sindicales y agrupaciones de izquierda.

Esa actividad retomó la tradición de las “Cumbres de los Pueblos”, que en la década pasada se realizaban en coincidencia con los grandes eventos del progresismo. En las acciones contra el ALCA, los Foros Sociales Alterglobalistas, las confluencias de UNASUR y las reuniones del ALBA se gestaron esas dinámicas alternativas.

Allí comenzó la elaboración de propuestas de unidad latinoamericana con perfiles radicales, sentidos antimperialistas y aspectos anticapitalistas. El resurgimiento de eventos regionales ha reabierto la posibilidad de retomar esa trayectoria. La concreción de una actividad con el emblema de la CELAC Social fue un auspicioso reinicio de ese rumbo.

Pero el encuentro tuvo una incidencia muy pálida en comparación al legado de esos eventos. La asamblea y la marcha callejera no suscitaron el impacto de esos antecedentes. El entusiasmo que generaban los líderes de la primera oleada progresista —en convocatorias masivas en distintas urbes de la región— no ha reaparecido en esta segunda secuencia.

En Buenos Aires no resurgió la ebullición experimentada en La Habana, Mar del Plata, Caracas o Porto Alegre durante la década pasada. Los dirigentes del progresismo actual reúnen multitudes en sus países, pero no extienden esa incidencia fuera de sus fronteras. Esta carencia obedece a la heterogeneidad de los proyectos en curso y al debilitamiento de una referencia política radical.

La CELAC Social quedó también ensombrecida en su debut por la aguda crisis local del peronismo. El presidente Fernández encabezó varios actos oficiales sin visitar siquiera la Cumbre Alternativa. Su política de ajuste resulta incompatible con todos los enunciados de ese encuentro. Desplegó un discurso demagógico en el Sheraton, pero no tenía forma de justificar el deterioro de los salarios en un mitin de las organizaciones populares.

Más inconcebible habría sido la presencia de Massa en esa actividad. No solo es el ejecutor de la cirugía fondomonetarista, sino que es un afamado vocero de la derecha venezolana. Un explícito simpatizante de Guaidó no sintoniza con el ambiente antiimperialista de la CELAC Social.

Pero tampoco participó de esa actividad, una figura tan compatible con ese encuentro como Cristina. En el convulsivo marco creado por su renuncia a cualquier candidatura, se limitó a desenvolver una agenda propia de reuniones con mandatarios. La gran dependencia de los organizadores argentinos de la CELAC Social de esas tensiones del peronismo desdibujó el evento que auspiciaron.

Propuestas y perspectivas 

El texto de convocatoria de la CELAC Social sintetiza varios ejes de un planteo de unidad latinoamericana. Resalta ante todo el agravamiento de la desigualad, en la región más inequitativa del mundo (Encuentro, 2023).

Los datos más recientes corroboran ese dramático escenario. Desde el 2020 la riqueza de los 91.000 millonarios de la región creció un 21% (cinco veces más rápido que el PBI), en frontal contraposición a los sufrimientos padecidos por 200 millones de pobres. En la región se reproduce lo ocurrido a nivel global, donde dos tercios de la riqueza fue apropiada en ese periodo por el 1% más rico de los habitantes del planeta.

El documento subrayó la necesidad de una política tributaria progresiva para afrontar ese flagelo, pero sin detallar los instrumentos de esa acción. Una reciente iniciativa de OXFAM propone recaudar en América Latina 50.000 millones de dólares en forma acelerada, mediante gravámenes al minoritario segmento de los enriquecidos (Pedrazzoli, 2023).

Con esos fondos se podría comenzar a implementar el incremento de los salarios mínimos y el establecimiento de un piso común de esos ingresos para toda la región. Con el cambio impositivo se podrían también efectivizar los proyectos de generación de trabajo productivo que han elaborado los movimientos sociales.

Ese piso de recaudación facilitaría además la concreción de otras propuestas, como la eliminación del trabajo infantil, la protección de las personas migrantes, las mejoras de las jubilaciones y la reducción de la jornada de trabajo.

Pero ese sendero exige un nivel básico de soberanía financiera, socavado por el endeudamiento y el control que ejerce el FMI sobre la política económica de numerosas naciones. Sin la auditoría general de esos pasivos y la suspensión de pagos en los países más comprometidos, no hay forma de revertir el estancamiento y empobrecimiento de la región. Una convergencia zonal en torno de esos lineamientos, permitiría retomar la gestación del Banco del Sur para sentar las bases de una Nueva Arquitectura Financiera.

La soberanía energética que necesita América Latina no será alcanzada ampliando gasoductos, si las grandes compañías extranjeras (y sus socios locales) se apropian de los beneficios. Solo la constitución de grandes entes interestatales permitiría generar los anillos concebidos en la década pasada, para complementar los recursos de los distintos países, protegiendo el medio ambiente y priorizando el uso productivo regional de los bienes comunes.

Esta agenda de soberanía social, energética y financiera es propiciada por la CELAC Social, pero no por su homónimo oficial. Los gobiernos progresistas solo han avanzado en algunas iniciativas puntuales, como la producción y la distribución de vacunas, para contrarrestar las dramáticas consecuencias del monopolio de las patentes que controlan los laboratorios de Estados Unidos y Europa.

Los grandes temas siguen ausentes, pero podrían cobrar relevancia si el litio ingresa en la agenda. Este insumo involucra un recurso escaso y esencial para la fabricación de baterías, que es muy demandado por las compañías de alta tecnología. Basta recordar la estrecha vinculación del multimillonario Elon Musk con el golpismo derechista de Bolivia, para notar cuán relevante es la disputa por su manejo. Estados Unidos batalla frontalmente contra China por la captura de los contratos en danza.

López Obrador decidió declarar en México la utilidad pública de la exploración y procesamiento del apreciado mineral. Esa medida choca con las concesiones que su antecesor Peña Nieto había otorgado a las empresas foráneas. El intervencionismo estatal que auspicia México sintoniza con iniciativas semejantes en Bolivia, pero contrasta con la gestión neoliberal del recurso que mantiene el gobierno argentino. Fernández ha convalidado esa explotación como un atributo de cada provincia, bajo un régimen privatizado que induce a la exportación en bruto sin procesamiento local, ni preservación del medio ambiente (Galmes Aguzzi, 2022). También en Chile hay distintas iniciativas en juego. 

La creación de una empresa estatal latinoamericana del litio podría ser el punto de partida de un proyecto transformador. Permitiría regular la oferta (“OPEP del Litio”) y desenvolver iniciativas conjuntas de explotación, comercialización e industrialización local.

El progresismo no adopta las medidas que América Latina requiere para forjar su unidad, porque pretende soslayar los conflictos con los capitalistas extranjeros y locales. La CELAC Social se desenvuelve en otro campo de resistencia popular, postulando un programa básico para gestar la unidad latinoamericana. Ya constituyó un espacio de articulación para desenvolver esa estrategia, pero esa política regional requiere debatir el curso que siguen las nuevas experiencias progresistas en cada país. Abordaremos este análisis en nuestro próximo texto.

Referencias

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