¡Matricula cero permanente para todas las universidades del país!

La emergencia desatada por el COVID-19 ha introducido, una vez más, el debate alrededor de la financiación de la educación pública en el país. El movimiento estudiantil vuelve poco a poco a las calles, y los debates de forma y contenido se ponen al orden del día. ¿Matricula cero o gratuidad? ¿Qué es lo que está en cuestión?

Se supone…

Se supone que los derechos fundamentales deben ser garantizados, protegidos y materializados por el Estado.

Por otro lado, se supone que los derechos fundamentales son el resultado de grandes pactos para garantizar la vida digna, integral y propender por una igualdad de condiciones para comunidades e individuos de muy distintas sociedades.

Se supone también que Colombia es un “Estado social de derecho”. Un proyecto muy cuestionable por su materialización a 29 años de la Constitución del 91, y muy lejos de lo que se ha conceptualizado del mismo.

El Estado social de derecho se sustentan en el avance y reconocimiento de los derechos fundamentales, los derechos colectivos y los derechos individuales. El acceso a la educación de calidad es uno de esos derechos fundamentales, que están en letra muerta.

Una vez más nos confundieron, pues Estado social de derecho en Colombia no hubo ni hay.

¿Servicio público o derecho fundamental?

La constituyente de 1991 asumía unos retos importantes que traía consigo el contexto en la que se desarrolló, en donde encontramos algunos elementos como: el conflicto armado interno (especialmente con el M-19) y la necesidad de superar la constitución confesional de 1886. Sin embargo, el proyecto neoliberal que emerge con fuerza desde finales de 1960 y comienzos de 1970 encontró en el proceso constituyente de Colombia un abono fértil para sembrar en el Estado y en la sociedad en general un proyecto empresarial, de falsa libertad y privatizador: la nueva mutación del capitalismo. Allí, en la constituyente se gestó el piso político y jurídico del neoliberalismo en nuestro país.

A la par se avanzaba con mucha claridad una ideologización hacia este proyecto, gracias a los medios masivos como la radio, la televisión y la prensa se logró imponer la lógica de la competencia, la eficiencia y eficacia. Pero la educación sería el nicho de socialización más importante para materializar este proyecto ideológico.

En el proceso constituyente de 1991 también se evidenció una disputa política e ideológica bastante fuerte y marcada. Por un lado, un sector socialdemócrata y, por el otro, uno neoliberal; en el marco de ese híbrido se elabora esta constitución. Ahora bien, la Ley 30 es fiel resultado de la contundente victoria que tuvo la ideología empresarial y mercantil frente a los derechos y la vida social en el caso concreto de la educación. En esta disputa se impuso alguno que otro elemento social, pero en esencia, era el modelo neoliberal.

Si revisamos los primeros párrafos de la Ley 30 encontraremos que la educación superior se concibe como un “servicio público”. Aquí me surge una pregunta, ¿es compatible que un derecho fundamental sea convertido en un servicio público? Vagamente puedo concluir que es aquí donde se logra desligar la responsabilidad púbica frente a un derecho como es acceder a la educación de calidad.

La ideología neoliberal plantea y naturaliza el hecho de que es imposible vivir sin que el sector empresarial o privado atraviese nuestras vidas. El mercado y las ganancias por encima de nuestras vidas. Es por ello que hay una disputa por lo público y lo común y la misma noción de estos, en lo cual ahora es la empresa privada y el mercado quienes empiezan a ser los responsables de asumir y garantizar nuestros derechos, algo sumamente nocivo e ilógico ya que las empresas surgen para hacerse con ganancias económicas, no tienen ni idea de lo que, humanamente, necesita la sociedad.

Por ejemplo, esto lo vemos con más claridad en el sistema de salud con la amplitud y fortalecimiento del sector privado en la prestación de dicho “servicio” (esto es, la Ley 100). Mientras se fortalece el sector privado el sistema de salud público se debilita, es por eso que los hospitales públicos hoy no cuentan con las garantías para prestar su función de manera amplia y con calidad, así mismo, son pocas las garantías laborales que se existen hoy en el sector salud como consecuencia de dicho modelo.

Esta privatización y mercantilización la encontramos hoy en las universidades, un desprendimiento del carácter de lo público y del bien común en las universidades, desligando la responsabilidad directa del Estado y las comunidades y el fortalecimiento de la lógica de prestación y venta de servicios en los centros académicos para poder sostenerse presupuestalmente. Además de ello, lo que resulta más preocupante para mí, es que muchas investigaciones y aportes de las universidades están siendo destinadas a las empresas, multinacionales y sectores con intereses monetarios, y no a las clases populares que realmente necesitan de la universidad y del conocimiento que se construye allí.

Las palabras y la caracterización de un “servicio público” llega a ser confuso y debatible para muchas, pero hay que ser claro con ello y estudiarlo cuidadosamente, ya que debemos identificar el piso jurídico en el que se sustenta la privatización y comprender que esta nace y se sostiene desde el lenguaje y el mismo enfoque de la norma.

Entonces, frente al debate entre derecho fundamental y servicio público, arrojo otra pregunta: ¿se puede hablar de derecho fundamental a la educación cuando para ingresar a ella cada semestre se tiene que pagar un millón de pesos colombianos? Si se supone que es un derecho, no tendría que limitarse su acceso en razón de los ingresos de cada estudiante. Es por eso mismo un derecho y no puede ser negado ni limitarse al dinero.

Para empezar a transformar las universidades y la sociedad colombiana necesitamos, por un lado, erradicar y combatir la visión neoliberal en nuestras vidas y, por otro lado, tomar decisiones individuales y colectivas que permitan el buen vivir, la vida digna y la justicia. Cuando empecemos a desmentir el mito de que, sin la competencia, la ganancia (acumulación) y la empresa privada no somos nada, podremos cimentar transformaciones reales en todos los ámbitos sociales. Debemos fortalecer lo público y los bienes comunes como por ejemplo lo es el conocimiento.

A modo de conclusión, debemos volver la educación realmente un derecho fundamental que el Estado, que se alimenta de nuestros impuestos y nuestro trabajo, debe garantizar. Superar la percepción de la educación como “servicio público”, y de ahí en adelante trazar todas las reformas y transformaciones pertinentes frente a financiación, cobertura, contenido y calidad de la educación superior, y con la misma relevancia seguir alzando las banderas desde la universidad sobre la necesidad de avanzar hacia las transformaciones sociales y culturales. Así mismo, tenemos que hacer esta misma revisión hacia los demás derechos que están siendo postergados. Esto solo se logra con organización y acción popular.

¡Algo importante! Necesitamos pelear que se inyecte menos recursos al sector defensa (es decir, a la guerra) y destinarle más al sector de educación. Se supone que estamos en momentos de posacuerdo, ahí está el dinero que necesita la educación en Colombia, tenemos que transformar el enfoque guerrerista de la política colombiana y caminar a un enfoque realmente social y de trasformación profunda de lo establecido.

El movimiento estudiantil y la pandemia

Posterior a lo que fue la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) con sus logros y sus derrotas en los periodos de 2011-2012, se construye en el 2018 la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). Ambas, plataformas que han permitido la cohesión y la disputa unificada del estudiantado colombiano desde la horizontalidad, el reconocimiento de la diversidad y de cara a las transformaciones contundentes de la educación en Colombia. Cada una hija de su propio contexto.

Así como la MANE, la UNEES tuvo logros y derrotas. Sin embargo, la apuesta de la UNEES no fue enfática en la necesidad de los cambios profundos en el sistema de educación superior y caminar hacia una nueva ley. Hoy debemos volver a esa discusión, porque si bien la UNEES ganó algunos recursos económicos para las Instituciones de Educación Superior de Colombia, no debemos abandonar la apuesta por transformar radicalmente la Ley 30, que como lo decíamos anteriormente, brinda el piso jurídico y político para la materialización del proyecto privatizador.

Hoy, en medio de la pandemia generada por el COVID-19, la desigualdad social se agudiza y se reabre la fuerte pelea sobre el camino que asumirán las sociedades y los Estados. Es por ello que en esta coyuntura se gesta un espacio gris que hay que llenar y pelearse. De un lado, o se fortalece la visión mercantil de la sociedad o, del otro, transitamos hacia una política de la vida digna y la justicia social.

Más que nunca están en disputa los sentidos (de la colectividad y del bienestar común, contra el egoísmo y la competencia) y por otro lado se juegan las decisiones alrededor de nuestras vidas, la materialización real de un nuevo tipo de sociedad.

Por esto, desde el Movimiento Estudiantil tenemos que jugar un papel importante en esa lucha política. Debemos fortalecer la consigna unificada del estudiantado a nivel nacional con apuestas como la matricula cero, avanzar fuertemente en reconocer las particularidades de cada territorio (universidad) y fortalecer aquellas agendas locales. Todo esto encaminado a que las particularidades, como las generalidades, contribuyan a transformar todo el sistema de educación.

Necesitamos fortalecer los procesos locales y adelantar agendas desde nuestras propias características, pero también seguir buscando puntos concretos de encuentro y de acción a nivel nacional: la educación superior gratuita debe ser permanente y garantizada, ¡vamos pa’ esa!

Recomendados: es importante empaparnos más del tema y recoger elementos que ya antes se han planteado alrededor de esta discusión. Me gustaría recomendar dos textos. El primero, Exposición de motivos de una nueva ley de educación superior para un país con soberanía, democracia y paz, elaborado por la MANE en el 2012. Y el segundo, La universidad de la ignorancia, del profesor Renán Vega Cantor.

La ganancia más grande es que desde el año 2020 en adelante las matriculas en las universidades del país sean de $0. Debemos ser creativos y organizados como movimiento estudiantil y profesoral para generar las condiciones que permitan mantener esa gratuidad para siempre. Construyamos esa ruta que es posible.

¡Educación para la transformación!