«No hay voluntad política del Estado para superar las causas que crearon el conflicto armado» Entrevista con Sonia López Tuta

“Sobre la valoración general de estos últimos ocho años, podemos resumir que no hay una real voluntad política del Estado para avanzar en un proceso que atienda el origen político del conflicto y se determine a superar las causas estructurales que lo crearon.”

Entrevista con Sonia López Tuta publicada en el libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018).

Arauca ha sido históricamente una de las regiones con mayor presencia de las insurgencias, mayor militarización por parte del Estado y, a la vez, importante desarrollo del movimiento social. Desde una mirada regional, ¿qué aspectos estructurales debería resolver un proceso de paz? ¿los acuerdos de La Habana y las negociaciones en Quito dieron respuesta a esas necesidades?

Sonia López Tuta*: Considerando que la paz es una bandera histórica de los movimientos sociales y populares, en su contenido y alcance están presentes las aspiraciones históricas de justicia social y vida digna de los sectores populares.

La paz es la realización plena de las condiciones materiales de existencia que posibilitan una vida en condiciones de dignidad y relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, la cual no es viable en un régimen que depreda y se basa en la explotación del hombre por el hombre, sojuzga y convierte cuanto existe en mercancía desequilibrando la armonía natural, bilógica y ambiental.

En nuestro país, las mayorías han sido históricamente excluidas de la toma de decisiones, lo cual ha relegado la soberanía nacional y los intereses del pueblo colombiano en beneficio de los intereses del capital nacional y trasnacional, en detrimento de las condiciones de justicia social y vida digna.

Esta condición de segregación política y explotación económica, a la cual ha sido sometida la nación colombiana, ha ahondado las brechas sociales y económicas, permitiendo el saqueo indiscriminado de nuestros medios de vida y territorios, y utilizando la violencia política como mecanismo de retaliación y forma de opresión a las clases populares. Esto, ha generado una hecatombe social, política, económica, ambiental y cultural que hoy amenaza la existencia de las especies.

Entonces, la paz debe alcanzarse mediante un proceso amplio de participación de los diferentes sectores sociales, populares, institucionales y de los sectores empresariales, que permita superar las causas estructurales del conflicto social, político, económico, ambiental y armado.

Para hacer viable una paz con justicia social es necesario superar las condiciones de dependencia y subordinación de nuestra nación a los intereses extranjeros, recuperando la soberanía nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo.

“La paz debe construirse sobre la base de garantías a la integridad y la vida de los líderes sociales y de las organizaciones sociales y populares. Por ende, no es aceptable que se hable de paz mientras se sigue asesinado al pueblo colombiano.”

Así las cosas, está claro que los acuerdos de La Habana no lograron solucionar de fondo el conflicto pues no se encaminaron a abordar y remover sus causas estructurales.

En relación con los diálogos en Quito, a pesar que se ha hablado de la participación de la sociedad en la discusión sobre las causas del conflicto y las soluciones, en la práctica no ha habido avances.

Muchas propuestas de las regiones y de la agenda de país no han sido tenidas en cuenta. Como las que venimos planteando desde la región del Centro Oriente, condensadas en el Plan de Equilibrio Regional nuestro Plan de Vida, que busca avanzar en la superación de las causas estructurales como sería otro tipo de relaciones sociales y económicas en nuestro espacio cultural, donde se pueda establecer una práctica planificada, sobre proyectos concretos, y que abarque una posición armonizada de la economía en íntima relación con las diferentes actividades de la región.

Si la producción obedece a las necesidades concretas de la población, se podrá regularizar los derechos de las personas a la salud, educación, trabajo, la vivienda, vías, etc., en torno a los excedentes que genere el proceso. En realidad, cuando la planificación social mira las necesidades de las personas por encima de cualquier interés mezquino, las soluciones a las necesidades sociales están aseguradas, y las relaciones establecidas entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza, son de equilibrio dinámico.

Este tipo de apuestas, que van en contraposición al modo de producción actual, el modelo neoliberal, a pesar de ser conocidas por el régimen y las organizaciones rebeldes pues las hemos expresado públicamente en todos los escenarios de interlocución e incidencia política, no han sido tenidas en cuenta en esos procesos por cuanto esos escenarios no se crearon para solucionar de fondo el conflicto.

Expresamente no se presentaron en La Habana por cuanto la participación de la sociedad fue escasa y selectiva, y en los diálogos de Quito, si algún día se hace realidad el primer punto de la agenda, relativo a la participación de la sociedad y tenemos la oportunidad, allí estaremos aportando.

Sin desconocer la valoración crítica que organismos de DDHH como el que usted dirige tienen sobre los acuerdos de La Habana ¿qué aspectos positivos de esos acuerdos le parece que sería bueno que no dieran marcha atrás?

S.L.T.: Pese a las inquietudes que hemos planteado de no haberse avanzado en el fondo del problema para superar el conflicto, se pueden rescatar algunos aspectos que, dependiendo de cómo avance su implementación, pueden ayudar a la participación social, al esclarecimiento de la verdad y a darle un tratamiento diferente al tema de los cultivos de uso ilícito.

En efecto, el hecho de la participación en política y que se reconozca ahora a las FARC como un nuevo partido y el otorgamiento de diez curules en el Congreso de la República, que en teoría tendrán las posibilidades de participar directamente en las discusiones y en los espacios de elección popular, en fin, en la vida política del país, creemos que ayudará a que sea escuchado ese sector del pueblo, en sus propuestas y apuestas de cambio.

Por otro lado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que se crea en el punto 5.1, si se actúa de manera seria, imparcial y responsable, y si en efecto cuenta con el apoyo y el respaldo del Estado colombiano para desarrollar sus funciones, sin duda, ayudará a avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han guiado esta estela de violencia vivida en Colombia en las últimas décadas, poniendo de relieve no solo las características de los mismos sino también los actores y las causas políticas y económicas que subyacen en este conflicto.

Otro aspecto es el de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que puede llevar a que muchas personas terminen el calvario que significa el no saber de la suerte de sus seres queridos y permitir que culminen el proceso de duelo y continúen su proyecto de vida.

En lo referente a los cultivos de uso ilícito, uno de los principales logros en los acuerdos es que se reconoce los cultivos de esa forma, como de uso ilícito, y eso quiere decir que no se considera a los campesinos como narcotraficantes, la judicialización se enfoca hacia los transformadores y comercializadores. De igual manera, se reconoce el consumo como un problema de salud pública y se crea un sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

El ELN, de fuerte presencia en el Oriente colombiano, estuvo tres meses sosteniendo un cese al fuego bilateral. ¿Se notaron positivamente en la región los efectos de esa inactividad militar insurgente?

S.L.T.: El proceso de diálogos compromete a las dos partes, el Estado y la organización rebelde del ELN; por tanto, el análisis que se ha hecho desde esta y otras organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales, hace referencia a lo acontecido en ese periodo de los tres meses de cese bilateral evaluando a ambas partes en confrontación.

En este sentido, la percepción es que se evidencia la voluntad de paz del ELN, de avanzar en un proceso de diálogo con perspectiva de aportar a una solución política que lleve a mejorar las condiciones de vida digna para las grandes mayorías. Así se percibió el cumplimiento del cese de acciones bélicas y hostilidades en la región, incluida la ausencia de ataques contra la infraestructura petrolera.

Desafortunadamente, por parte del otro actor, es decir, el Estado colombiano, la respuesta no fue la misma. Al contrario, se causaron dos ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública contra civiles, se vio aumentada la militarización del territorio, y con ello la invasión de la vida cotidiana de los pobladores. A eso se suma al acrecentamiento de hechos relacionados con delincuencia común, hurtos a mano armada en las calles y en los establecimientos públicos, venta de alucinógenos, entre otros.

En fin, ese lapso puso de relieve que la capacidad del Estado frente a la seguridad y orden público no está encaminada a la convivencia de las comunidades y a posibilitar el ejercicio de sus derechos y desarrollo de sus proyectos de vida.

Sería importante que en la evaluación del cese bilateral para posibles prórrogas se tuviera en cuenta que ese mecanismo esté en función de paliar la crisis humanitaria y mejorar las condiciones de vida de la gente en sus territorios.

En el plebiscito de 2016, aunque se impuso el No a nivel nacional, en muchas zonas de afectación histórica del conflicto armado ganó el Sí. En Arauca, sin embargo, eso no sucedió. ¿Cómo interpretan esa falta de apoyo a los procesos de diálogos? ¿Por otra parte, cómo valora, en términos generales, los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos ocho años?

S.L.T.: Respecto al plebiscito de 2016 podemos identificar varias causas de ese resultado. Unas, relacionadas con la campaña mediática de amenazas y amedrentamiento sobre las consecuencias que la implementación de los acuerdos pudiera tener sobre las comunidades, sobre la vida en el país, tales como el castrochavismo, que las FARC iban a gobernar, que no se iba a respetar la propiedad privada, que se impondría la ideología de género y de diversidad sexual, entre otras cosas que los medios masivos de comunicación posicionaron en la opinión pública. A eso se suman algunos errores militares y políticos cometidos por las extintas FARC en el territorio que generaron daños en las personas y sus proyectos de vida, lo que llevó a cierto resentimiento de la población. Por otra parte, es claro que en Arauca y en el país no ganó el No, sino la abstención, motivada por la consciencia de las personas de que el acuerdo no resolvería los problemas reales del país.

Sobre la valoración general de estos últimos ocho años, podemos resumir que no hay una real voluntad política del Estado para avanzar en un proceso que atienda el origen político del conflicto y se determine a superar las causas estructurales que lo crearon.

Lo que se ha visto en estos últimos tiempos no es diferente a lo que ha pasado en otros momentos de la historia donde se dialoga y negocia para posibilitar o lograr un sometimiento y desmovilización de las organizaciones rebeldes, pero como no se ataca la raíz de esta guerra no internacional, las causas siguen generando inequidades, desigualdades, el sometimiento y explotación de las mayorías por una minoría que detenta el poder y está arrodillada al poder imperial y al capital de las corporaciones transnacionales.

Esto genera el incumplimiento de la mayor parte de lo acordado, la radicalización de la violencia contra los desmovilizados y los sectores sociales, en fin, el recrudecimiento de la espiral de violencia, y nada frente a la vigencia de los derechos de las comunidades.

En este caso, estos últimos ocho años han mostrado que mientras se habla de paz y se afirma que ha llegado el fin de la guerra, se sigue profundizando la crisis social, ambiental y humanitaria, pues los intereses de la oligarquía y de los imperios en nuestro país siguen siendo el saqueo y la expoliación de los recursos de la naturaleza. En el afán de proteger y expandir esos intereses se desplaza, asesina, se despoja a los campesinos de sus tierras, se estigmatiza, persigue y judicializa el movimiento social y sus dirigentes, se degrada el ambiente, las fuentes hídricas, se contaminan los suelos, el aire, etc.

Sumado a que la apuesta del régimen, en materia social y económica, se encamina a la privatización y mercantilización de derechos fundamentales y bienes de consumo colectivo como la educación, salud, vivienda, deporte, servicios públicos, entre otros; la pauperización del salario y del poder adquisitivo de las inmensas masas; reformas tributarias, ley Zidres, planes de desarrollo, encaminadas todas a favorecer y legitimar todas esas políticas contrarias a las apuestas de vida digna, permanencia en el territorio y planes de vida de las comunidades.

Sin embargo, como defensores de derechos humanos, continuamos insistiendo con que hay que seguir avanzando en una solución política a este conflicto, pero reiteramos que ello se hace con el grueso de la población y removiendo las causas estructurales que constituyen su base.

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* Sonia López Tuta (Arauca, 1983) es defensora de derechos humanos. Preside la Fundación Joel Sierra, que asume la representación legal de víctimas del conflicto armado, de líderes sociales y presos políticos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Integra el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia.