«Mientras se continúe el genocidio contra el movimiento social, será muy difícil que la gente crea» Una entrevista con Gloria Silva Tovar

En el marco del Acuerdo de paz con las FARC y los diálogos con el ELN, la acentuada falta de garantías para los actores del movimiento social es una de las preocupaciones más profundas. La perspectiva parcializada que construye una historia incompleta y la negación de los derechos de líderes y lideresas sociales, así como defensores de derechos humanos, son dos de los fenómenos más alarmantes.

A continuación un extracto de la entrevista con Gloria Amparo Silva Tovar publicada en el libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018), publicado por Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial.  [Imagen de portada: Puro Veneno]

El diseño de Justicia Especial para la Paz (JEP) surgido de La Habana fue cuestionado tanto por la derecha que se opone a los acuerdos como por sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga a responsables de crímenes de Estado ¿cuál es su valoración al respecto?

Gloria Amparo Silva Tovar*: Creo que es importante tener en cuenta en este aspecto varias cosas. En primer lugar, la necesidad de establecer que los marcos de referencia en este tipo de procesos no pueden ser única y exclusivamente aquellos que se encuentran consagrados en el catálogo normativo. Como se sabe, éste ha sido expedido únicamente por una de las partes, dentro de todo el diseño y concreción de una política criminal que ha estado direccionada y marcada, casi que rehén de la «seguridad». Por otro lado, justamente esta política criminal a nivel internacional, no solamente nacional, viene siendo construida bajo una lógica de los vencedores y los vencidos. Eso ya marca una desventaja total y una deslegitimación de quien está sentado al otro lado de la mesa negociando, de quien se esperaría que se reconociera su carácter beligerante, su carácter político, que está en el origen mismo de la insurgencia armada como tal, sus reivindicaciones, etc. (…) Estamos ante una construcción marcada por el derecho de una sola de las partes. Una legislación que es un arma de guerra supremamente potente. No pude desconocerse que la llamada «guerra global contra el terrorismo» fue convertida en una política que no solamente se traduce en esta normativa, sino que desconoce la condición política del adversario, echando en un solo saco y legitimando prácticamente su exterminio. (…) Nosotros hemos planteado que lo que ocurre con esto, no solamente en términos jurídicos sino principalmente políticos, es una institucionalización del negacionismo. Ese es el primer gran error, el gran problema que le encontramos a los acuerdos construidos en La Habana, convertidos luego en Ley. Otro aspecto crítico tiene que ver con lo que podríamos definir como la aplicación de una simetría asimétrica. Simetría, porque en últimas se adopta en cierta forma, el modelo de la Teoría de los Dos Demonios, que fue aplicada en Argentina, desde la cual se equipara la violencia insurgente con la violencia Estatal que generó graves violaciones a los derechos humanos, que nosotros hemos considerado como prácticas genocidas. Teoría que en nuestro criterio ha mutado en el caso colombiano hacia la demonización exclusiva del rebelde, en tanto se parte de la criminalización de su alzamiento en armas, mientras el Estado se blinda a través de las presunciones expuestas. Pero a la vez son asimétricas porque como ya se indicó, el marco de referencia legal sobre el cual se basó el Acuerdo de La Habana, es un marco normativo construido desde los Estados con total exclusión de otros actores, principalmente de los sujetos rebeldes inmersos en conflictos como este, en los que se disputan proyectos políticos diversos, diferentes. En esa perspectiva planteamos que hay un tratamiento desigual en ese aspecto, pero con pretensión de ser igual en el sentido de que echa todo en el mismo saco, tapa todo con la misma cobija, desconociendo el origen del conflicto en Colombia y envolviendo en el eufemismo del conflicto armado lo que han sido prácticas genocidas del Estado. Lo anterior conlleva por un lado, un grave problema para la construcción de memoria histórica y por el otro, desconoce, demoniza y rejudicializa la rebelión.

El ELN ha puesto sobre la mesa mayores exigencias y garantías, entre ellas, para el movimiento social, los presos, etc. ¿cree que una estrategia más dura por parte de esa guerrilla es un camino más acertado para lograr mejores resultados?

G. S. T.: En la medida en que se concrete el primer punto reclamado por el ELN, la participación amplia de sectores de la sociedad, sobre todo los sectores populares que han sido tradicionalmente excluidos, se podrá generar mayor nivel de garantías. Es decir, en la medida en que no se involucre única y exclusivamente el pensamiento y postura de uno o las dos partes que confluyen en la Mesa —como serían la insurgencia y el Estado colombiano— sino que se incorporen otras opiniones, otros pensamientos, es posible conllevar a un mayor nivel de exigencia de derechos pero sobre todo de reclamación. Ahora, lo cierto es que la historia de este país, y en particular del movimiento social, indica que el Estado colombiano y las clases dominantes son expertas en el incumplimiento de acuerdos. Yo creo que esta es una lectura que hace el ELN y que seguramente tendrán que seguir haciendo, en la medida en que hay un natural escepticismo en el conjunto de la sociedad, sobre la real voluntad del Estado y en general, los sectores en el poder, en cumplir los compromisos que asume frente a la población en general; en este sentido no hay nada que garantice que frente a este proceso no vaya a operar la lógica de firmemos para después incumplir como ya ha ocurrido y viene ocurriendo. (…) La cuestión es cómo se desarrolle eso, qué tan seriamente vaya a tomarse el Gobierno, las clases dominantes que han gobernado Colombia, el cumplimiento de esos acuerdos, hasta dónde quieren llegar o están dispuestos a negociar y cómo se va a involucrar de manera real y cierta a la sociedad en la Mesa. (…) Esta es una realidad a la que se debe hacer frente generando un ambiente de confianzas para propiciar la participación. Pero por otro lado hay un asunto de garantías: en la medida en que se dialogue con la insurgencia y a la vez se continúe una práctica genocida contra el movimiento social, será muy complicado que la gente crea, porque la sociedad en su conjunto, el movimiento social, no encuentran muestras de voluntad de las clases dominantes. Eso puede convertir la participación en un factor de riesgo para comunidades enteras. Otro aspecto que no puede descuidarse, es toda una política integral que ha sido diseñada a nivel mundial para exterminar la resistencia. Esa estrategia ha estado direccionada también al copamiento ideológico de los mismos sectores populares en favor de los intereses antipopulares. Una gran parte de la población ha sido derechizada, otro buen sector es apático o temeroso, no porque no le interese la suerte del país, sino porque ha habido una historia de incumplimientos tal, que prefieren no legitimar este sistema. Para que se involucren ampliamente los sectores sociales excluidos se requiere una campaña, una pedagogía que se contraponga a los efectos de tantos años de crear un enemigo interno en este país. De todos modos, esa situación no puede interpretarse como una derrota del pensamiento crítico, la inexistencia de inconformidad social o de la necesidad de transformar. Otra cuestión bien distinta es que esa conciencia no se haya logrado canalizar, pero no puede entenderse eso como una derrota de un proyecto político que tuvo y tiene razón de ser. Es verdad que existen —lamentablemente, cada vez más— actores sociales y políticos que asumen que la rebelión ha sido derrotada y entienden la participación como un medio para exigir el silenciamiento de los fusiles.

“No, la rebelión sigue siendo un derecho de los pueblos, sigue vigente el derecho del pueblo a reclamar y aspirar a un sistema que recoja sus propios intereses, los potencie y los desarrolle. En este sentido, la participación debe posibilitar la inclusión de quienes tienen y sueñan caminos distintos, aún cuando no se hayan levantado en armas”.

¿Cómo será recordado en la historia de Colombia este período que estamos analizando? ¿Más allá de las críticas que tienen a lo pactado en La Habana, piensa que hay aspectos positivos de esos acuerdos que sería bueno que no dieran marcha atrás?

G. S. T.: Los acuerdos están hechos y se están implementando, son una realidad; por lo que es importante poder trasladar este tipo de preguntas evaluativas con las comunidades donde están siendo implementados estos acuerdos, no solamente desde sus formas sino desde los contenidos mismos. En particular en relación al tema de la Justicia Especial para la Paz, que es el que más hemos estudiado, consideramos que deben ser replanteados muchos aspectos y que lamentablemente fueron desmejorados aún más con la reglamentación en el Congreso. En nuestro criterio, deberían revaluarse y replantearse seriamente todos los cimientos mismos de la JEP. Hemos evaluado esto desde la perspectiva de las víctimas de crímenes de Estado, y son aspectos que han sido compartidos y expresados como serias preocupaciones principalmente en los puntos de impunidad, construcción de verdad y memoria histórica. Frente a los demás aspectos del Acuerdo, son las comunidades las que deben realizar esta evaluación y por eso la importancia de la participación. En general no vemos que haya habido un cambio en los mecanismos de impunidad que ya estaban implementados con antelación al acuerdo; eso nos lleva a plantear que no hubo una conquista fundamental, en particular para las víctimas de crímenes de Estado. Como van las cosas, este período puede terminar convertido en un hecho más en la historia de este país. (…) Lamentablemente no existen suficientes espacios de discusión, estudio y análisis de estos temas al interior de las comunidades, de lo ocurrido y lo que ocurre actualmente, lo que impide confrontar la avanzada mediática, que tergiversa y distorsiona el sentido mismo de la realidad. Mientras esto ocurra, este capítulo de la historia, podría quedar cerrado con un informe de la comisión de la verdad, empolvado en unos anaqueles a los que pocos tendrán posibilidad de acceder. Por eso la importancia de las propuestas que han surgido de algunos sectores del movimiento social, de mantener los espacios de memoria histórica desde la perspectiva popular, de las víctimas. Mantener escenarios alternos más allá de los creados legalmente, o por acuerdos, para proponer la búsqueda de justicia, la construcción permanente de alternativas de resistencia. Todo esto ha generado la necesidad de seguir educando y formando conciencia crítica.

 

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* Gloria Amparo Silva Tovar (Caquetá, 1978) es abogada. Integra el Equipo Jurídico Pueblos, espacio desde el cual ha ejercido la defensa de presos políticos y la representación de víctimas de crímenes de Estado en el marco de una construcción colectiva y crítica de la defensa de los derechos humanos, concebida como parte de un proceso de resistencia popular.