Reforma tributaria, IVA y salario mínimo: ¿paz solamente para los ricos?

La economía colombiana profundizó sus problemas cuando disminuyeron los ingresos por exportación de petróleo, explica Jorge Ovalle, estudiante de economía; en este artículo expone sus respuestas a la pregunta: ¿Quién –y cómo– pagará esa crisis? Reforma tributaria, IVA y salario mínimo.

Por Jorge Ovalle*. En la actualidad la economía colombiana se caracteriza como una economía dependiente de las materias primas o del denominado sector primario de la economía, más específicamente del sector minero energético; una evidencia de esta dependencia constituye el hecho de que, para el 2015, el 58% de las exportaciones[1] en Colombia pertenecieron este sector.

“El sector minero energético jugará un papel clave en garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo. Su tarea será, por un lado, asegurar que la economía tenga fuentes de energía competitivas que le permitan a la economía crecer… Por otro lado, el sector generará importantes recursos para financiar las inversiones que van a requerir la construcción de la paz, la educación y las políticas sociales.” Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

Esta dependencia al sector minero energético queda explicita en el plan nacional de desarrollo del gobierno Juan Manuel Santos, desde este enfoque ha orientado la política económica del país.

La economía en Colombia empieza a tener grandes problemas cuando los ingresos (producto de las exportaciones del petróleo) empiezan a disminuir drásticamente, lo que genera un choque económico y provoca un aumento del déficit fiscal. Una pregunta obligada es ¿Qué genera esta situación? ¿Quién paga la crisis? Y ¿Cómo la paga?

Caída de los precios del petróleo

En el año 2014 – 2015 el mundo evidenció la caída traumática de los precios del petróleo, situación que afectó considerablemente a los países productores de petróleo, el Banco Mundial en el informe Global Economic Prospects January 2015[2] propone 4 causas de la caída de los precios del Petróleo: “1) el exceso de oferta en un momento de debilitamiento de la demanda, 2) un cambio en los objetivos de la OPEP, 3) la disminución de las preocupación en torno a las interrupciones de suministro por causas geopolíticas, y 4) la apreciación del dólar estadounidense.” (FUNSEAM 2015). Otra causa de la caída de los precios del petróleo se encuentra en la generalización del uso de las tecnologías hidráulicas para la fracturación de la tierra, FRACKING que extrae petróleo del subsuelo, desperdiciando agua y trayendo graves problemas ambientales y de salud.

Producto de esta situación internacional la caída de los precios del Petróleo significó un choque macroeconómico en Colombia ya que el petróleo paso de estar de $ 150 dólares en 2003-2014[3] a $97 dólares en 2015 y a $53.6 dólares al día de hoy; esto se tradujo en una reducción en los ingresos de 10  billones de dólares[4] y una pérdida de 24 billones de dólares.

¿Por qué esto afectó tanto a la economía colombiana?

Resulta que los principales ingresos hoy en Colombia los proporciona la venta de petróleo y de otras mercancías provenientes de la minería como el carbono, el cobalto etc…  Si la principal fuente de recursos para el país se afecta (declive del sector minero-energético), en consecuencia se afectaran las áreas a donde iban destinados estos recursos, por ejemplo los gastos del Estado en salud, vivienda, educación y defensa.

En el 2012 el petróleo sobrepasaba la mitad de las exportaciones del país, representando el 53.3% de las exportaciones, con el choque de la caída de los precios del petróleo, las exportaciones decrecieron, un ejemplo claro se dio en el periodo enero-agosto del 2016 en comparación al mismo periodo para el 2015, lo que muestra una variación neta de $ – 1.006 millones de dólares.

Las exportaciones en Colombia se han reducido en un -50%, producto de esta dependencia al sector minero energético y de la caída de los precios del petróleo, para el 2012 por concepto de exportaciones el país registro ingresos de US $ 60.000 millones[5] (16% del PIB) y para el 2016 solo se registraron ingresos cercanos a los US $30.000 millones (12% del PIB).  Esta situación generó para el 2015 un déficit en la balanza comercial de -4.8% y en cuenta corriente de -6.5% y para el 2016 un aumento del déficit fiscal nacional, del 3.9% del PIB, monto que llega a los 33.04 billones de pesos.

En la actualidad Colombia tiene un déficit fiscal cercano a los 33.04 billones de pesos, es decir, el déficit para el 2016 fue del 3.9% del PIB, contrario a lo que el ministro de hacienda Cárdenas y el gobierno de Santos habían proyectado con su plan de choque denominado regla fiscal[6], que proyectaba un déficit para el 2016 del 1.9% del PIB. A pesar de que el gobierno y el ministro Cárdenas digan que se ha venido cumpliendo la regla fiscal y por lo tanto sus objetivos: la sostenibilidad de la deuda pública y la disminución del déficit. Todos los hechos lo desmienten, en la realidad la deuda pública ha venido creciendo; para septiembre del 2016 la deuda pública[7] neta (interna y externa) para Colombia fue de $403.126 millones de pesos, el cual registro un aumento del 6% respecto a la deuda adquirida en el 2015 ($382.680 millones de pesos). Y frente al déficit fiscal tampoco se ha venido reduciendo, en el 2014 fue del 2.05% del PIB, para el 2015 fue de 3.7% del PIB y para el 2016 fue del 3.9%.

Como colombianos tenemos que preguntarnos acerca de quién es la culpa del aumento del déficit fiscal y del aumento progresivo del endeudamiento del país (vía deuda pública, interna y externa) para suplir los ingresos que se dejan de percibir por culpa del déficit fiscal.

Los pobres pagan los platos rotos de la política económica del gobierno

La grave situación económica que hoy tiene el país fue propiciada por el gobierno nacional y sus intereses de proteger el capital privado y la inversión extranjera a toda costa, existen 3 motivos que sustentan esta tesis:

• Se desechó la bonanza petrolera: El gobierno nacional lejos de aprovechar los grandes recursos que ingresaron al país producto de los altos precios del petróleo, derrochó los ingresos en la guerra, la corrupción y la inversión de infraestructura para que las multinacionales saquearan nuestros recursos, multinacionales que no retornaron la inversión o el capital para impulsar el desarrollo del país. En conclusión no se aprovechó la época de grandes ingresos producto de esta bonanza petrolera y en cambio sí, la bonanza sirvió para que los grandes emporios económicos nacionales e internacionales acumularan y saquearan capital.

• Destruyó el aparato productivo nacional: cual enfermedad holandesa una vez dada esta bonanza petrolera los gobiernos continuistas de turno colocaron al sector minero energético como el bastión del crecimiento económico y perjudicaron el resto de las áreas productivas, además orientados claramente por el imperialismo a través de órganos multilaterales como la OCDE, el BM, el FMI, entre otros… un claro ejemplo de esto, es como la industria colombiana quedo afectada por los 9 TLC’s que tiene Colombia, que además de cobrar aranceles muy bajos a los grandes competidores internacionales, no protege la producción nacional; esta situación se sintió con fuerza en el campo, en el cual la producción agropecuaria quedo casi destruida por la inequidad de competencia en los precios de los productos y los insumos agrícolas nacionales en comparación a los internacionales; se cambia entonces la vocación productiva del país, se destruye el agro y demás áreas de la industria nacional para concentrarse en el mercado extractivista minero-energético.

• Grandes exenciones y beneficios a las multinacionales: El Estado colombiano ha ordenado la política económica de tal manera que se les cobren pocos impuestos a las multinacionales, han sido alrededor de 1.7 billones de pesos[8] en descuentos a las multinacionales, el régimen tributario es tan flexible para los capitalistas que de cada 100 pesos que pagan en regalías[9] se les eximen 200 pesos de impuestos. El gobierno nacional además de darles grandes descuentos en impuestos saca de sus recursos grandes montos para aportes en infraestructura y seguridad, para el 2014 el gobierno había gastado más de $7 mil millones de dólares en oleoductos, gaseoductos, modernización de refinerías, red ferroviaria, puertos fluviales, para su desarrollo productivo, además de tener cerca del 30% del ejército (unos 800.000 soldados) cuidando los oleoductos y los puntos de extracción minero-energética. Pero la cosa no queda allí, no estando contentas las multinacionales con todos estos beneficios que les da este gobierno, buscan maneras para evadir los pocos impuestos que tienen que pagar, el gobierno a través de la DIAN calcula que la evasión de impuestos de algunas multinacionales en paraísos fiscales pueden llegar a los 2 billones de pesos anuales[10].

Guillermo Rudas (master en economía ambiental), explica la cuestión de las exenciones tributarias en Colombia en comparación con los aportes vía regalías de las multinacionales:

“Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de 6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de 6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de 3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta”. Guillermo Rudas[11].

En síntesis el gobierno nacional y el Estado son responsables de que la crisis económica que hoy tiene Colombia, por seguir las orientaciones del imperialismo estadounidense, por ser tan laxos con las multinacionales y por desincentivar la producción nacional. Hoy el escenario económico para el país es desfavorable, pues llegamos a un gran déficit fiscal y en cuenta corriente, pero lejos de cobrar a las multinacionales y al capital foráneo por su culpa en esta crisis, se protegen más y además se formulan soluciones en contra de la clase popular, es así como la crisis la tienen que pagar los  trabajadores, las capas medias y la clase popular por medio de la Reforma Tributaria, el aumento del IVA, y la disminución del Salario Real.

La reforma tributaria 2016

El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el gobierno de Juan Manuel Santos acaban de sancionar una reforma tributaria estructural que busca como principal objetivo atacar el déficit fiscal que hoy tiene el país, sin desincentivar la inversión privada y extranjera. Lo que significa seguir gobernando para las multinacionales a pesar de que estas sean las causantes de este déficit, la culpa es del gobierno por no ser previsor y lograr ahorrar e industrializar el país.

El gobierno nacional dice que con la Reforma Tributaria el déficit fiscal se reduciría para el 2020 a  un 1.5% del PIB, argumentan que si esta no se hiciera, este déficit sería del 6.2% del PIB para el mismo año.

Además de esto alegan que la forma en cómo se deben suplir los ingresos que hoy faltan por la caída de los precios del petróleo, es con más impuestos, pero ellos y sus economistas neoliberales exponen que para la creación de impuestos se tiene que tener en cuenta que en Colombia existe inequidad horizontal, es decir un tratamiento diferenciado a las personas naturales y a las empresas, esto lo alegan para argumentar que las empresas son cargadas con muchos más impuestos y que esto desincentiva la generación de empleo, por lo tanto ellos tan bondadosos y preocupados de los desempleados y los pobres, proponen gravar impuestos a las personas naturales, vía impuestos indirectos (al consumo) como el IVA, esto para no presionar más a las empresas y que estas puedan generar más empleo.

Otros objetivos de la reforma tributaria es atacar la ineficiencia administrativa de la DIAN, aunque no se planteen algo concreto sobre el cómo atacar la corrupción, un caso específico es que para la fijación de las regalías a las multinacionales, existen 105 auditores[12] de la DIAN que les corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta, en donde la información que cada auditor presente sobre la producción bruta de la multinacional, es la base para fijar las regalías; muchas veces se ha comprobado casos explícitos de corrupción y sobornos.

Algunas de las propuestas contra la clase trabajadora son:

• Aumentar la base gravable a las personas naturales: La reforma avizora aumentar los ingresos por concepto de declaración de renta, el gobierno quiere aumentar en 3 millones de personas quienes declaren renta, anteriormente quienes ganaban más de $ 3’200.000 pesos empezaban a declarar renta, hoy la reforma tributaria propone que declaren quienes ganan más de $ 2,479.000 mensualmente[13]. Adicionalmente la reforma plantea que paguen impuestos por concepto de retención en la fuente quienes ganen más de $1’486.000 pesos[14], lo que implica claramente un golpe a las capas medias de la sociedad.

• Aumento del impuesto a los combustibles: La reforma tributaria plantea aumentar el impuesto a los combustibles, se propone un aumento adicional a la gasolina de $135 pesos en el “impuesto al carbono”, adicionales a los más de 1.000 pesos de impuestos que hoy tiene el galón de gasolina y por el mismo concepto se propone aumentar en $152 pesos el ACPM. Además la reforma tributaria propone crear una nueva contribución parafiscal al combustible (aumentar el impuesto a parafiscales) para financiar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC.

A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos argumente que este aumento en los precios de los combustibles afectara a la clase rica, pues “son los ricos los que tienen carro”, solo es una gran mentira. En Colombia el 92.7% de los vehículos[15] le pertenecen a personas de estratos 1, 2, 3 y 4 y el 78,6% a personas de estratos 1, 2 y 3; en conclusión es mentira que el alza de los combustibles afecta a los más ricos, pues la mayoría de vehículos pertenecen a la clase trabajadora, además de que un aumento en los precios de los combustibles de manera clara genera un alza en los precios del transporte público que evidentemente es el medio de transporte de la clase popular.

[16]

• MONOTRIBUTO: El gobierno nacional en su diagnóstico tributario para Colombia, expone que existe inequidad en el cobro de impuestos, pues a las empresas grandes se les cobran impuestos y a las pequeñas empresas o negocios (tiendas de barrio, peluquerías, panaderías) se dejan exentas de impuestos, lo que para el gobierno es una desigualdad e injusticia. Por eso plantean crear un nuevo impuesto denominado MONOTRIBUTO dirigido para los pequeños negocios de barrio. Esto constituye una preferencia para las grandes empresas, por un lado argumentan que no se debe cobrar de manera directa a las empresas y por otro lado dicen que si se deben cobrar pero a las pequeñas empresas y negocios.

 El gobierno dice que el objetivo de este impuesto es recaudar información tributaria de los pequeños negocios y empezar a cobrar un impuesto en el cual exista un monto que se vaya ahorrando para la jubilación por el concepto de pensión, pero de manera mentirosa menos del 20% de lo que le cobren a los pequeños negocios ira para la pensión, el restante irá para la DIAN, como lo veremos a continuación:

Para el primer rango de negocios que ganen entre 41 y 62 millones darán de la tarifa total el 13% al aporte en la pensión y el 87% al estado vía DIAN, al segundo rango entre 62 y 83 millones  de la tarifa mensual se dará el 17% al aporte a la pensión y el 83% a la Dian, para el tercer rango entre 83 y 104 millones de la tarifa mensual el 19% a pensión y 81% a Dian.

Este nuevo impuesto que atenta contra la clase trabajadora es injusto, pues para sus dueños es por medio de sus negocios que sacan los pocos ingresos para sobrevivir en un sistema de muerte. Lo que el gobierno no dice pero que claramente hará, es aumentar este impuesto de manera progresiva, lo que implica que habrá nuevas reformas que aumentaran este impuesto a los pequeños negocios.

• Impuestos sobre las Utilidades empresariales: Beneficios para los más ricos, el gobierno de Santos propone un nuevo impuesto a las utilidades empresariales que buscaría eliminar el impuesto a la riqueza y fusionar el impuesto al CREE y la sobre tasa del CREE, en un impuesto que gravaría las utilidades. Estudios de Justicia Tributaria exponen que esta propuesta haría que para el 2017 se le perdonaran 1.9 billones de pesos en el impuesto a la renta a los empresarios y para el 2018 se dejarían de recibir 1.2 billones de pesos. 

• Impuesto a los Libros. Los libros en Colombia han estados protegidos por la ley del libro que da beneficios fiscales a las editoriales en el país, el gobierno ha argumentado que para aumentar la competitividad se debe eliminar dicha ley para no tener preferencias tributarias con algún sector de la economía. Esta medida de la reforma tributaria, haría que se gravarán a los libros con un IVA del 5%, más el impuesto a la renta sumeria un total de un aumento del 14% a las publicaciones de las editoriales[17]. Esta medida desincentivaría la lectura en un país con gran analfabetismo, afectaría los hábitos de lectura y llevaría a mayores capas sociales con menos capacidad adquisitiva a inhibirse de la lectura y la educación.

La reforma tributaria no es más que una serie de medidas que toma el gobierno neoliberal Juan Manuel Santos, para hacer que la economía colombiana (inestable y en crisis) se recupere y no decrezca, el decrecimiento económico significa una disminución de la tasa de ganancia para los capitalistas. Medidas que tendrán que cargar los trabajadores colombianos, para subsanar un gran déficit fiscal que pudo ser prevenido si el gobierno no diera tantas prebendas a las multinacionales. Una reforma a favor de la clase económica del país y en contra de la clase popular, no hay paz en este medio, hoy la riqueza sigue concentrada en pocas personas y el poder político se usa para cuidar los negocios familiares de quienes detentan el poder, esta es una verdad objetiva en Colombia.

Además esta reforma tributaria hace parte de la sumisión del gobierno colombiano al imperialismo estadounidense, como lo veremos a continuación en una recomendación de la OCDE:

Gráfico: Estudios económicos de la OCDE Colombia, Enero 2015

Aumento del IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto que grava el consumo (impuesto indirecto) y por lo tanto no tiene en cuenta si a quien se le cobra este valor es rico o pobre, algún despistado podría decir que eso lo hace un impuesto igualitario y equitativo, pero no lo es, pues se cobra el mismo porcentaje y mientras para una persona de bajos ingresos este impuesto representa dejar de consumir productos necesarios de la canasta familiar, para una persona de muy altos ingresos este porcentaje es casi invisible en su stock de riqueza.

El objetivo del gobierno nacional es generar ingresos para la nación vía impuestos, por lo tanto con el aumento del IVA del 16% al 19% el gobierno de Juan Manuel Santos pretende recaudar adicionales 12 billones para el 2020. Una de las pruebas de que el gobierno de Juan Manuel Santos está orientado claramente por el Imperialismo Estadounidense que dirige claramente organismos multilaterales como la OCDE y el BM es que estos organismos recomendaron subir el IVA.

“Colombia cuenta con una base impositiva del IVA muy reducida. Muchas actividades están excluidas del régimen de este impuesto —entre las que se incluyen la construcción, la electricidad, el transporte, los servicios financieros y otros servicios.- […]En caso de que sea necesario aumentar los ingresos, podría incrementarse la tasa general del IVA del 16%, ya que resulta baja en comparación con los países de la OCDE (un promedio del 19,1%) o con Chile (19%).” OCDE, enero 2015[18].

El aumento ya fue aprobado en el congreso de la república y este ya entrará en vigor el próximo 30 de enero del 2016, el gobierno de Santos dice que no se gravó la canasta básica familiar, pero esto es mentira, cerca del 60% de la canasta familiar[19] ha sido gravada algunos productos por primera vez con el 5% del IVA, otros con el 16% y otros con el 19%.

La reforma tributaria propone gravar al 5% productos como la avena, la harina, el azúcar, el chocolate de mesa, el aceite (girasol, soya, palma, algodón, etc…), el maíz, el salchichón, la mortadela, compresas y tampones higiénicos[20]; e impuestará al 19% productos como el papel higiénico, el jabón de baño, las salchichas, las hojuelas, la crema dental y las toallas higiénicas (no consideradas productos básicos), entre otros productos. Por si fuera poco dentro de los productos que la reforma tributaria propone no impuestar (mantener exentos de impuestos), se encuentran las armas de guerra de uso privativo de las fuerzas armadas[21], ese es el mensaje del nobel de paz en Colombia con su política económica: impuestar el pan y proteger la guerra.

Por lo tanto el argumento que usa el gobierno Santos para tranquilizar a los trabajadores, de no impuestar la canasta familiar es una gran mentira y solo es un invento generalizado para contener la justa rebelión popular.

Justicia Tributaria realizó un estudio sobre el impacto del aumento del IVA al 19% en el salario de un trabajador de clase media que gana mensualmente $1.500.000, en comparación con un ministro que gana mensualmente un promedio de $16.000.000, en su canasta familiar y en su capacidad adquisitiva; dicho estudio muestra que con el aumento del IVA al 19% el trabajador asalariado destinará más de 8% de sus ingresos para adquirir los anteriores 15 productos, mientras que un ministro de ingresos altos solo destina el 0,72% de sus ingresos para conseguir estos 15 productos. Lo que pone en evidencia que esta medida es injusta pues afectará a las capas medias y bajas de la clase popular y constituye un impacto insignificante para la clase burguesa, como lo muestra el siguiente cuadro.

Lo que parece insólito es la destinación específica del IVA, es decir lo que se hará con el dinero recaudado por este impuesto, según el artículo 468 del estatuto tributario “tarifa general del impuesto sobre las ventas”, modificado por la reforma tributaria del 2017, explica que para el 2017 del aumento del IVA al 19%  solo se destinara un 1% en salud y educación pública, así:

1. 0.5 puntos se destinarán a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El cuarenta por ciento (40%) de este recaudo se destinará a la financiación de la Educación Superior Pública.

Lo que queda en evidencia es que de 19 puntos porcentuales del IVA solo se destinaran 0.5 puntos porcentuales para salud y educación respectivamente, por lo que uno de los argumentos del gobierno nacional de realizar esta reforma tributaria para aumentar la equidad social queda desmentido, los fines del gobierno con esta reforma y con el aumento del IVA nada tiene que ver con mejorar las condiciones sociales de los y las trabajadoras.

¿Y el salario mínimo?

La negociación del Salario Mínimo para el 2017 repitió el mismo circo de todos los años, una mesa de concertación donde el gobierno posa con su supuesta neutralidad a mediar entre empresarios y trabajadores, en una lucha por aumentar el salario real de los trabajadores o disminuirlo.

Para este año los empresarios llegaron a la mesa de negociación con la propuesta inicial de que el salario mínimo de los trabajadores aumentara en 6.5%, su argumento es que la inflación (alza generalizada de los precios de la economía) en el 2016 fue de 5.9% y estiman que para el 2017 sería de un 5.5%, lo que dejaría un 1% de salario real[22], lo que no nombran los empresarios es que para el 2016 de mayo a agosto la inflación estuvo por encima del 8%, muy por encima del aumento del salario mínimo para el 2016 que fue del 7%, lo que implicó un salario real negativo, es decir nula capacidad adquisitiva o de compra por parte de los trabajadores.

La propuesta de los empresarios de aumentar en 6.5% el salario de los trabajadores, constituía un aumento de  $689.455 a $734.269, un mísero aumento de $44.814 pesos; propuesta a la que fácilmente declinaron para ofrecer un 6.7% del aumento en el salario mínimo, es decir aumentar mil pesos a su propuesta inicial. Por otro lado se encontraban los trabajadores en una de las centrales obreras (la más coherente y no entregada a Santos), la Central Obrera de Trabajadores CUT, que pedían un aumento del 14% del salario, como argumento colocaban en la mesa que la inflación esperada en el 2017 podría ser mayor teniendo en cuenta el impacto de la reforma tributaria y el aumento del IVA, claras razones que afectaran la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Sin embargo el gobierno de Santos fijo por decreto el salario inclinando la balanza hacia el sector que representan: los empresarios y fijando un aumento del salario mínimo en 7% lo que significa un aumento de $45.104 pesos quedando en $737.717 pesos.

En  Colombia cerca de 2 millones de trabajadores devengan un Salario mínimo y lo que es más alarmante la encuesta integrada de Hogares del Dane para el 2014 muestra que el 23.2% de los ocupados[23] ganan la mitad de un salario mínimo. Lo que evidencia una terrible realidad, existe una gran cantidad de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo en Colombia, estos y los que ganan exactamente un salario mínimo o un poquito más, serán los que pagarán los platos rotos de una economía hostil a los trabajadores, de un gobierno que les lanza una reforma tributaria, un aumento del IVA y una reducción del salario real de los trabajadores.

La capacidad adquisitiva de los trabajadores para el 2017 será no solamente nula, sino negativa, es decir, a los trabajadores y las capas medias del país no les alcanzara el dinero que reciben de sus ingresos para poder sobrevivir y pagar todos los impuestos que tienen encima, por lo que recurrirán al crédito, con el fin de financiar ya no solamente la tecnología, viajes o estudios sino lo más esencial de los gastos cotidianos: hacer mercado, pagar arriendo, servicios etc… un escenario perfecto para los bancos que esperan el desespero de la gente y casi regalan las tarjetas de créditos con el fin de bancarizar la vida de los sectores populares. Con la vida endeudada, los trabajadores tendrán que entender que tienen empeñada su fuerza de trabajo y que deben su trabajo asalariado futuro, su plusvalor.

Pero esta gran trama de terror no termina aquí, como si fuera poco el cerco económico contra los trabajadores esta completado para el 2017, la superintendencia financiera aumento la tasa de usura[24] de los créditos ordinarios en 33.51% para el primer trimestre del 2017, los microcréditos quedaran con una tasa de interés de 55.10% y el interés bancario corriente en 22.34%; lo que se traduce en que adquirir un crédito en estas condiciones y con tan alta tasa de referencia para fijar las tasas de interés como lo es la tasa de usura, es un suicidio económico en un contexto de nula capacidad adquisitiva para un trabajador promedio.

Nuestro deber

Organizar una resistencia anticapitalista a estas medidas es una necesidad histórica y cotidiana para la clase popular, organizar esta resistencia pasa por organizar la clase vanguardia de la revolución socialista, la clase trabajadora entendida como los obreros industriales, el campesinado, los y las trabajadoras informales, las trabajadoras domésticas, los profesores y toda la diversidad de trabajo explotado y asalariado.

Esta importante y fundamental tarea de la organización de los trabajadores se dificulta en gran medida porque la diversidad capitalista ha roto los lazos productivos, ya la explotación se encuentra tan diversificada y descentralizada que no podremos encontrar claramente a los obreros en zonas o cordones industriales; la mejor forma de organización de la clase trabajadora es la organización barrial en las ciudades que hoy concentran el mayor porcentaje de población en el mundo y por ende de trabajadores/as.

Un paro de la producción nacional con un componente cívico y barrial sería un excelente escenario para luchar por conquistas concretas de la clase trabajadora, atadas a luchas políticas de mayor envergadura. Es fundamental la unidad de la izquierda colombiana por la lucha institucional solo con la lucha electoral y callejera, podremos avanzar en la construcción del socialismo en Colombia.

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* Jorge Ovalle es estudiante de Economía de la Universidad del Valle, integrante del Congreso de los Pueblos – Cali.

Notas:

[1] Procolombia. (2016). Análisis de las exportaciones colombianas. 2016, de Procolombia Sitio web: http://www.procolombia.co/publicaciones/informe-turismo-inversion-y-exportaciones

[2] citado de  FUNSEAM 2015.

[3] Referencia WTI

[4] http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/desafios-enfrentara-colombia-por-caida-petroleo

[5] La crisis exportadora de Colombia 2013-2016, informes semanales ANIF. Julio 2016.

[6] La regla fiscal establece una disciplina fiscal que fija metas puntuales a ser logradas por el gobierno nacional a la hora de proyectar sus gastos estructurales con base a los ingresos que tiene el país. Esto con el fin de garantizar una estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.

 [7] Boletín 60 de Deuda Pública a Septiembre del 2016 del Banco de la Republica.

[8] Informe de Justicia tributaria.

[9] Impuestos a la extracción de recursos naturales

[10] http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/dian-controlara-evasion-impuestos-las-multinacionales

[11] Entrevista para salud hernandez, la republica 18 de julio del 2011.

[12] https://notiagen.wordpress.com/2011/11/23/el-senador-jorge-robledo-muestra-como-las-transnacionales-minero-energeticas-evaden-impuestos-al-pais/

[13] Justicia Tributaria, estructura tributaria será más regresiva si se aprueba la reforma, noviembre de 2016.

[14] Propuesta de Reforma Tributaria, pagina 11, 2016.

[15] Dario Arena Villegas, Una reforma contra el 90% de los colombianos, La Patria.2016.

[16] Fuente Reforma Tributaria.

[17] La tributaria haría que leer sea más caro, El Espectador. Octubre 2016.

[18] Estudios económicos de la OCDE Colombia, Enero 2015.

[19] Justicia Tributaria Colombia, noviembre del 2016.

[20] Artículo 468-1 del estatuto tributario, modificado por reforma tributaria 2017.

[21] Reforma Tributaria 2017.

[22] El salario real se estima como el salario nominal menos la inflación, 6.5%-5.5%=1%.

[23] Colombia, el segundo país con ingresos más bajos en América Latina, el Tiempo agosto 2016.

[24] Tasa de referencia con la que los bancos comerciales fijan sus tasas de intereses en los créditos.