Colombia y COVID-19: De la emergencia social y económica a la crisis política, social y humanitaria
La expansión del COVID-19 por la geografía nacional ha revelado a un país marcado por unas elites violentas y un gobierno negligente, permisivo e inoperante. De la emergencia a la crisis, así se vive la pandemia en Colombia. [Foto de portada: Voces en lucha].
Este artículo fue escrito a varias manos por Ana Erazo Ruíz, Natalia Salas Herrera, Andrea del Mar Gómez Carvajal y Maria Alejandra Ramírez Galvis. La llegada del COVID-19 a Colombia ha profundizado las problemáticas sociales y económicas del país, evidenciando su profunda crueldad. Pese a la anticipación con que se registraron las experiencias de países inicialmente afectados por el virus, el primer caso (importado, por una joven que llegó desde Italia) sembró una inacabada zozobra en la sociedad colombiana. Zozobra acrecentada por la inoperancia y negligente actuar del gobierno de Iván Duque.
En efecto, el gobierno nacional desoyó sistemáticamente las recomendaciones de epidemiólogos nacionales y extranjeros que instaban a cerrar fronteras terrestres y aéreas en aras de restringir el contacto social con personas provenientes de los países foco de la pandemia. Apenas hasta el 11 de marzo se instalaron los primeros controles preventivos para viajeros provenientes de países asiáticos y europeos. Una tibia determinación que nunca se implementó debidamente —con abundantes denuncias documentando la entrada sin ningún control de pasajeros— aun cuando el gobierno pretendió después endurecer la disposición para permitir el ingreso únicamente a nacionales y extranjeros con residencia. En definitiva, el ejecutivo solo vino a escuchar el clamor popular del cierre total de la operación aérea internacional hasta el pasado 20 de marzo, cuando decretó la cuarentena de 19 días. Inclusive en ese momento otorgó algunos días adicionales para la llegada de más viajeros desde el exterior. A manera de comparación, el presidente salvadoreño Nayib Bukele había decretado el cierre total de fronteras con efectos inmediatos desde el 10 de marzo.
En un país que cuenta con cifras socioeconómicas desalentadoras y una precaria cobertura en salud, se tornaría urgente priorizar asistencia social para hacer frente a la crisis en ciernes. Según el DANE, se considera que las personas que ganen más de $257.433 mensuales (alrededor de 63 USD) ya no son pobres, independientemente de las condiciones de su vivienda y la cantidad de personas dependientes. La informalidad en el empleo es de un 47% y el desempleo representa un 13%, es decir 3’216.000 desempleados en el país. La Ley 100 en salud, cuyo ponente fue el entonces senador y hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez (actualmente senador y director del partido de gobierno), fue promulgada al amparo de las reformas neoliberales de los años noventa en la región. Dicha reforma se orientó a privatizar el acceso a salud de los colombianos, desfinanciando y posteriormente liquidando al prestador público, al tiempo que creaba incentivos para el lucro de los operadores privados con el sistema. Como resultado de todo esto, la ciudadanía debe padecer incontables traumatismos para acceder a prestaciones muy deficientes.
Adicionalmente, la declaratoria del estado de emergencia social y económica trae serias implicaciones en materia de limitación a derechos fundamentales y restricción de ciertas libertades constitucionales. Esto opera en virtud del artículo 212 de la constitución política que autoriza al presidente de la república a tomar todas las medidas necesarias que lleven a superar una situación excepcional. Ejemplo de ello es el privar a la ciudadanía de su derecho a la locomoción. Muy a pesar de que el artículo 214 de la carta política aclare que “no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales”, con estas medidas se protegen el derecho a la vida y la integridad de los y las colombianas.
La declaratoria, no obstante, resulta inquietante en la medida que la gestión de Iván Duque es abiertamente impopular. Su desaprobación, según la encuesta de Gallup Poll de 2020, asciende al 71%. Sin importar que cuente con el beneplácito de los grandes conglomerados financieros y mediáticos, la ciudadanía se ha dado cuenta de los impactos económicos y sociales desfavorables de su gobierno, caracterizado este por la incompetencia y unos aires de tiranía al tomar decisiones evidentemente favorables a las élites.
Una muestra de la nefasta alianza entre el gobierno y el sistema financiero es el Decreto 444 de 2020, donde expresamente se busca trasladar los recursos de Fondo del Ahorro y Estabilización (FAE) y Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), pertenecientes a los municipios y departamentos, para destinarlos al Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) con motivo de la atención de la crisis. Aquí uno de los postulados es el “apoyo a la liquidez del sistema financiero”; es decir, auxiliar a los bancos aprovechando la crisis, a pesar de que las necesidades de la población se traducen en: salud, alimentación y alivios económicos. Esta determinación se enmarca en el demostrado interés por debilitar administrativamente las medidas de contención establecidas por los departamentos y los municipios para hacer frente a la emergencia. De esto último da cuenta también el Decreto 418 del 18 de marzo que pretendía restringir la autonomía de los mandatarios para dictar medidas como el toque de queda.
Es de resaltar que la medida de aislamiento físico ha demostrado ser la más extrema pero efectiva a la hora de reducir el número de contagios y víctimas mortales del COVID-19. Por eso es que la misma se venía demandando ampliamente por parte de diferentes sectores de la opinión pública nacional. Lo que todavía preocupa, no obstante, es el rezago y la baja confiabilidad en la realización de las pruebas individuales que comprobarían la presencia del virus. Hay que recordar que el primer caso verificado de fallecimiento por coronavirus en el país dio negativo en dos oportunidades. Además, hay reiteradas quejas de que las entidades privadas que operan la salud no están brindando los tests para quien manifiesta los síntomas asociados al COVID-19. Según sabemos, el éxito de los países que han logrado contener la pandemia se ha basado en la realización masiva de pruebas que permitan una detección temprana y el consecuente freno del contacto social de personas infectadas.
Ahora bien, resulta muy inquietante que en las actuales circunstancias el gobierno recurra nuevamente al uso abusivo de la fuerza, tan propio este de su forma de relacionarse con los sectores que demandan justicia social. Ya el pasado 21 de marzo, en el contexto de los reclamos de población privada de la libertad debido a las agravadas condiciones de hacinamiento en las cárceles del país, se registró una violenta respuesta que dio un saldo de 23 muertos y 90 heridos. También ha emergido la posibilidad de militarizar al país para garantizar el cumplimiento de la medida de aislamiento físico. Valga recordar que precisamente el actual comandante, general Luis Fernando Navarro Jiménez, ha sido un insistente negacionista de la responsabilidad estatal ante los numerosos casos de falsos positivos ejecutados por excomandantes de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, Navarro se ha mostrado débil e incapaz de brindar resultados relevantes frente al asesinato de liderazgos sociales y defensores de los derechos humanos, fenómeno que viene en ascenso desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC (en el momento en que se escribió este artículo, se calculaban 275 asesinatos). Mientras todo esto sucede, la esposa del presidente insta a los colombianos a encarar la crisis ondeando el pabellón nacional.
En conclusión, el gobierno Uribe/Duque ha privilegiado —aun en el contexto de esta difícil crisis— al capital por encima de las personas. Ha ignorado las numerosas advertencias y, fiel a su dogma de la “confianza inversionista”, se abstuvo durante un periodo valioso de impedir el ingreso de viajeros provenientes de países del norte global que se habían convertido en focos visibles de la pandemia. Antes que fortalecer el sistema de salud y reparar económicamente a los sectores populares y medios afectados, su gestión se ha orientado a socavar financiera y administrativamente los entes territoriales con el fin de favorecer a la banca. Su docilidad para recurrir a la fuerza hace temer a los colombianos que la crisis depare en escenarios más difíciles de los que ya conoce la violenta historia del país.
