En pandemia las mujeres seguimos abortando: Una entrevista a Maria Antonieta Alcalde
El actual contexto de pandemia ha recrudecido el drama de acceder a un aborto para muchas mujeres. Los países latinoamericanos son protagonistas de la legislación más cruel en materia de aborto a nivel mundial, y como si esto fuera poco, algunas congresistas se desgastan en irrisorios proyectos de ley que representan un serio retroceso en las luchas conquistadas. ¿Qué pasa con el aborto en casa con medicamentos durante esta cuarentena? ¿Cuál es la importancia de que los gobiernos declaren a los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales? Juliana Marín de Lanzas y Letras conversó con Maria Antonieta Alcalde, feminista mexicana, directora de Ipas en México y Centro América, y esto le dijo.
¿Quién es Maria Antonieta Alcalde, qué es el Ipas y cuál es su importancia en América Latina?
Soy feminista, mexicana, con una larga trayectoria como activista a favor de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres y de las y los jóvenes. También soy orgullosa directora de Ipas Centroamérica y México. Ipas es una organización que trabaja para que las mujeres y niñas puedan decidir sobre su futuro, especialmente sobre su reproducción, y asegurar que cuando lo necesiten tengan acceso a servicios de aborto seguro. Ipas realiza investigación y genera información basada en evidencia científica para que las mujeres puedan ejercer con libertad y con seguridad sus derechos sexuales y reproductivos, previniendo y evitando riesgos para su salud y para su vida.
En los últimos años, pero sobre todo en estos últimos meses, los materiales y publicaciones educativas desarrollados por nuestra organización han tenido un crecimiento en el uso y número de consultas, que es lo que vemos en las redes sociales, provenientes de todos los países de América Latina. Por ejemplo, nuestro video de aborto seguro con misoprostol en Youtube ha sido visto por casi 1 millón de personas en total, pero por más de 200 mil en México, 70 mil en Perú, 40 mil en Colombia y 38 mil en Argentina. Estos números nos hablan de una necesidad latente de este tipo de servicios de salud para la población, y es este precisamente el trabajo de Ipas, donde nos enfocamos: asegurar que el ecosistema o el medio donde viva la mujer sea un medio que le permita tomar decisiones sobre su sexualidad, sobre su reproducción y sobre su vida en general.
¿Cuál es el estado actual de la legislación del aborto en los países latinoamericanos y qué es el Consenso de Montevideo?
Hablar de la legislación sobre aborto en América Latina es en algunas ocasiones, podría decirse, doloroso. La situación es muy desigual, pero en América Latina se encuentran tres de los cinco países en el mundo que penalizan el aborto por completo, es decir, no hay excepción. Se penaliza en cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo es totalmente inviable como es el caso de un embarazo molar, o en el caso donde la mujer embarazada va a morir si continúa con ese embarazo. Esos son los casos de El Salvador, Nicaragua y Honduras. El resto de los países de la región, a excepción de Uruguay, permiten el aborto únicamente de manera parcial, contrario a las recomendaciones internacionales en materia de salud y derechos humanos. Los países que permiten acceder al aborto pero solamente en ciertas circunstancias muchas veces ponen requisitos que son francamente inalcanzables para las mujeres, o que promueven restricciones que incitan el estigma y la discriminación a quienes proveen o acceden a abortos.
Según estimaciones de organizaciones como el Centro por los Derechos Reproductivos o el Instituto Alan Guttmacher, más del 97% de mujeres en edad reproductiva en América Latina viven en lugares donde hay restricciones para acceder al aborto o donde está totalmente prohibido. En la mayoría de los países de la región no se termina de reconocer que el aborto es un tema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. De salud pública porque los procedimientos actuales de aborto son altamente seguros, pero es cuando la mujer se ve obligada a buscar servicios inseguros, ilegales, cuando se ven casos muy serios. Esto tiene un alto impacto en la mortalidad de las mujeres, especialmente en la mortalidad materna, lo que impacta necesariamente el resto de la sociedad. De justicia social sin duda porque sólo las mujeres que viven en territorios donde el aborto es legal pueden acceder a estos abortos seguros, o aquellas que tienen recursos para viajar o pagarse un procedimiento con un proveedor privado que esté dispuesto a hacerlo.
A pesar de que existen estas restricciones en materia de aborto, en América Latina y el Caribe tenemos el documento intergubernamental negociado más progresista en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos. El Consenso de Montevideo fue un documento que se firmó precisamente en Montevideo en el año 2013 en lo que fue la primera sesión de la Conferencia regional de Población y Desarrollo, que es un organismo de la CEPAL. Elementos centrales del CDM son precisamente que por primera vez se reconoce en un documento intergubernamental la definición de derechos sexuales, habla de educación integral en sexualidad y también de la necesidad de que los Estados revisen su legislación sobre aborto.
El CDM nos da muchas luces no solamente sobre qué tenemos que hacer para legislar en materia de aborto, pero también cuáles son las deudas pendientes de aquellos países que tienen causales permitidas pero donde las mujeres siguen sin tener acceso. Este el caso de algunos países centroamericanos donde existe el aborto terapéutico (para salvaguardar la salud y la vida de las mujeres) pero donde no se garantiza el acceso. Entonces el CDM es un instrumento sumamente importante para el avance de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos y de la agenda de población y desarrollo en general, incluyendo la agenda de aborto.
Sabemos que las mujeres siguen abortando durante la pandemia, ¿cuáles son las dificultades y retos para acceder a un aborto en la coyuntura actual?, ¿qué medidas de protección y mitigación han desarrollado las distintas organizaciones que protegen la salud sexual y reproductiva de las mujeres?
Sin duda la situación de pandemia ha venido a agravar la situación ya de por sí compleja que vivíamos las mujeres en la búsqueda del acceso a un aborto legal y seguro. Y digo que lo ha venido incrementando porque muchos gobiernos en la región no han declarado —como es recomendación de la OMS— a los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales en esta pandemia.
Pero incluso aquellos que lo han hecho no necesariamente han hecho lo suficiente para asegurar las condiciones necesarias de acceso a los servicios de interrupción del embarazo, porque los sistemas de salud están colapsados o totalmente enfocados al COVID. Además, esto se aplica no solamente para servicios de aborto, sino también servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de atención durante el parto, el puerperio y en general los servicios de salud.
En América Latina tenemos una gama de realidades muy amplia. No es lo mismo la situación de las mujeres que viven en Ciudad de México donde el aborto es legal hasta las 12 semanas, igual que en el Uruguay, y donde ya existían servicios que hay que modificar pero que ya existían algunos servicios de interrupción del embarazo, a aquellas mujeres que viven en Nicaragua, Honduras o El Salvador, donde el aborto es altamente perseguido y penalizado. O en países como Colombia donde si bien hay acceso a servicios de aborto vía tres causales que permiten un acceso amplio, hay mucho desconocimiento. Entonces hay una gama muy amplia pero sin duda la pandemia, el colapso de los servicios de salud en las políticas y las recomendaciones de confinamiento, hacen que sea todavía más difícil para las mujeres acceder.
También hay un alto estigma. No es lo mismo decir “tengo un dolor de muelas y voy a ir al dentista para que me revise”, a “tengo un embarazo no planeado o no deseado y voy a hacerme un aborto”. Entonces las mujeres, incluso en países como Colombia donde hay servicios que siguen funcionando, se ven muchas veces atrapadas en estas políticas de confinamiento sin poder salir de su casa, precisamente por el alto estigma en el aborto. Se combinan una serie de factores que lo que hacen es dificultar y presentar barreras en esta situación de pandemia.
El movimiento feminista se ha organizado fuertemente alrededor de tratar de mitigar el impacto de la pandemia y de las políticas alrededor de esta. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos multiplicado y fortalecido nuestros sistemas virtuales de atención, información y acompañamiento a mujeres en situación de aborto, pero también a mujeres que viven violencia. Uno de los grandes dramas de esta situación es que muchas mujeres y niñas están atrapadas con sus agresores, y eso eventualmente puede llevarlas a necesitar interrumpir un embarazo no planeado, no deseado. Entonces las mujeres también estamos trabajando en prevención y acompañamiento en temas de violencia, en temas de anticoncepción y planificación. Sin duda vamos a ver un incremento amplio en las necesidades de interrupción del embarazo porque las mujeres no están teniendo acceso a métodos anticonceptivos, así que también hemos acercado estos servicios y varios servicios de salud reproductiva. Desde el movimiento de mujeres seguimos demandando al Estado que asegure la declaración de los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales, lo que son. Y no solo esenciales sino que no pueden esperar.
El aborto en casa con medicamentos parece ser la opción más viable para muchas mujeres en estos momentos. No obstante, factores como vivir en entornos inseguros para realizar el procedimiento, la tremenda dificultad para conseguir los medicamentos o el desconocimiento de su uso seguro parece entorpecer o incluso imposibilitar el proceso. ¿Cómo hacer cara a esta situación desde la virtualidad? ¿cuáles son las exigencias a los Estados y cuál es el papel de nosotras como feministas y nuestros colectivos en esta problemática?
A pesar de lo dramático de la situación y de la crisis tendríamos que decir que esta es una oportunidad de dar más información y acercarnos a los Estados sobre el aborto con medicamentos, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Sabemos, está comprobado científicamente, que el uso de misoprostol y mifepristona —cuando está disponible— asegura un procedimiento altamente seguro, sobre todo si se hace en las primeras 12 semanas de gestación, y que incluso se puede hacer sin ningún problema en casa, sin supervisión médica, en las primeras 10 semanas de gestación. Entonces, me parece que en esto coincido en la valoración que se hace sobre que esta parece ser la opción más viable para muchas mujeres, pero el problema son las barreras. Las mujeres no tienen la información y necesitamos asegurar que la tengan, disminuir las barreras para el acceso a los medicamentos, quitar cualquier restricción, sobre todo para el uso de misoprostol que está registrado en prácticamente todos los países de la región, y avanzar en el registro de mifepristona.
¿Cómo hacer cara a esta situación desde la virtualidad? Por un lado, creo que las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista ya se han posicionado en ese sentido. Me parece sumamente importante el trabajo que hacen las redes de acompañantes, y para nosotras desde Ipas es una prioridad fortalecer las alianzas y el trabajo en estas redes. Utilizar los medios virtuales cotidianos como los chats, las llamadas telefónicas o las teleconferencias para acercar la información y el acompañamiento, favorecer la atención a distancia y reducir los riesgos de contagio tanto para las mujeres como para los profesionales de la salud. Ahí creo que estamos haciendo este trabajo, fortaleciendo nuestra presencia virtual.
Me parece que la exigencia es precisamente declarar esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los servicios de aborto. Además, explorar formas de facilitar el acceso, y ahí quisiera hacer hincapié en la telemedicina. La telemedicina es una gran oportunidad para hacer llegar estos servicios a todas las regiones y a todos los espacios, la evidencia internacional muestra que es muy positiva. Incluso en temas de costo-beneficio es mucho menos costoso, y sobre todo ahora que vamos a necesitar reconstruir nuestros sistemas de salud. Creo que apuntar a medidas y modalidades como la telemedicina es sumamente importante y reduce sin duda el riesgo de contagios. Entonces parte de la exigencia al Estado también es explorar medidas como la telemedicina y eliminar las barreras de acceso a los medicamentos.
Creo que nuestro papel como feministas y como colectivos en esta problemática es el de siempre. Por un lado demandar y denunciar, exigir rendición de cuentas. En México, en conjunto más de 20 organizaciones, hemos desarrollado por ejemplo un sitio web que se llama Observatorio Nacional de Género y COVID-19, desde donde estamos evaluando y estamos visibilizando la urgencia y los faltantes en distintos temas como son aborto, anticoncepción, muerte materna, violencia obstétrica, discapacidad y VIH. Además, las necesidades de grupos específicos como son indígenas, afrodescendientes, migrantes, no heterosexuales, personas que viven en situación de calle o privadas de la libertad, trabajadoras del hogar, etc. Parte de nuestro trabajo (y sabemos que hay este tipo de observatorios en otros países también) es estar monitoreando y estar exigiendo a los Estados que pongan atención no solamente a las necesidades generales de las mujeres sino también de estos grupos específicos.
Desde el movimiento feminista aminoramos el impacto con el trabajo que, por ejemplo en el caso de Ipas, estamos haciendo acompañamiento al gobierno de la ciudad de México para que implemente servicios de telemedicina. O el trabajo que hacen las organizaciones que acompañan a las mujeres, de ser la fuente directa para que puedan tener acceso a estos servicios. Me parece que es esencial en la mitigación del impacto y para que menos mujeres sufran por no poder interrumpir un embarazo no planeado y/o no deseado en estas circunstancias.
En Colombia, por ejemplo, muchas mujeres no tienen claro que siempre pueden abortar con la causal de riesgo en la salud psicológica, o que la objeción de conciencia no puede ser en ningún momento una excusa para la prestación del servicio. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de que las mujeres conozcan ampliamente sus derechos en salud sexual y reproductiva y cómo la desinformación es una barrera para acceder a los servicios de aborto en América Latina?
El tema de información es central, incluso en países como Uruguay que es donde se despenalizó el aborto, en Ciudad de México donde el aborto también está despenalizado hasta las 12 semanas o en Colombia donde vía causales —especialmente en la causal salud— hay una amplia posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo, en esa visión de salud amplia. Pero las mujeres no sabemos, y yo creo que esto no es casualidad.
Creo que uno de los problemas centrales en el aborto es que hay mucho estigma, entonces no se habla o se habla en lo oscurito de estos temas, y ahí me parece sumamente importante recalcar la responsabilidad de los Estados de informar a su población sobre sus derechos. Así como se hacen campañas sobre el derecho que tienen las niñas y los niños de vivir una vida libre de violencia o el derecho a la educación, como se hacen campañas sobre los derechos civiles, el derecho al voto y se llama la población a ejercer su derecho al voto, lo mismo tendría que pasar con el derecho a interrumpir un embarazo.
En el seguimiento al CDM hay una iniciativa que se llama Mira que te miro, y desde un análisis profundo de los compromisos en salud sexual y reproductiva, se encontró que uno de los elementos centrales en materia de aborto que hacen falta en la región es precisamente la promoción de campañas para que las mujeres puedan conocer sus derechos. Además, que los prestadores de servicios de salud puedan conocer cuáles son sus obligaciones y no utilicen como excusa la objeción de conciencia para negar el servicio. Ahí tenemos una brecha incluso en los países que han legalizado, y esto nos llama también a darnos cuenta de que la legalización o la no criminalización es solamente un paso, pero que después de que logramos incluir y ampliar los marcos legales de la interrupción del embarazo es fundamental seguir trabajando en la calidad de los servicios. Un elemento central es informar a las mujeres y asegurar que sea una política de Estado dar información sobre este que es un derecho central, porque marca el futuro de muchas mujeres.
El 20 de julio la senadora uribista María del Rosario Guerra presentó el proyecto de ley “Ley Juanse” que busca hacer obligatorio pedir permiso al hombre para abortar, incluso en las tres causales en que el aborto es legal en nuestro país. ¿Cuáles crees que son las implicaciones de este proyecto?
Las implicaciones me parecen graves, primeramente porque es una ley chantajista. En un principio tendríamos que buscar un nombre diferente. Es un proyecto que pretende obstaculizar el derecho de la mujer, es chantajista y además apunta —y esto me parece grave— a crear una tensión entre hombres y mujeres, cuando claramente la protagonista de la experiencia del embarazo es la mujer.
Lo mismo ocurre con el aborto. Es su experiencia, es ella quien vive el embarazo en su cuerpo, es ella quien se expone directamente a las consecuencias, las implicaciones de salud, las afectaciones físicas, psicológicas y también ella es quién enfrentará el impacto de las dificultades sociales, económicas, institucionales y de proyecto de vida; incluyendo los estereotipos sobre la maternidad, el estigma y las diferentes barreras que esto implique.
Por más involucrado y presente que esté el hombre el componente biológico de la experiencia es intransferible. Es una experiencia que únicamente vive la mujer en carne propia, y en este sentido, siendo ella la protagonista, tiene que ser ella necesariamente quien tome la decisión. Sería francamente grave en materia de aborto, pero también pensando en otros temas, que un tercero pudiera decidir en contra de tu propia voluntad qué va a pasar dentro de tu cuerpo. Que la voz de ese tercero, que no es quien está viviendo el fenómeno en cuerpo propio, sea quien decida, me parece una afectación fundamentalmente grave. Si esta iniciativa de ley fuese aprobada afectaría muchos temas que tienen que ver con autonomía del cuerpo, porque es la mujer la que tiene que decidir involucrar o no al hombre en esa decisión.
Por otro lado, me parece que no capta la complejidad de las relaciones humanas, como por qué algunas mujeres deciden o no involucrar al hombre en estas decisiones. La decisión final sobre el aborto es siempre de la mujer. En todos los casos donde la interrupción del embarazo es permitida por la legislación en el mundo el procedimiento sólo se realiza con pleno consentimiento de la mujer. Así como todos los códigos penales tipifican como delito realizar un procedimiento de interrupción del embarazo en contra de la voluntad de la mujer o presionarla para que lo haga, lo mismo cuando la ley lo permite, presionar a la mujer para que no lo haga o negarle el servicio, es francamente una aberración.
Como decía, esta ley pretende poner en tensión a hombres y mujeres, y me parece que del mismo modo en que no se puede forzar a un hombre a embarazar a una mujer sólo porque ella desea ser madre sin que él lo quiera, ninguna mujer debe ser obligada a embarazarse o a llevar a término un embarazo para cumplir con los deseos de paternidad de los hombres. En últimas, esta es una iniciativa muy preocupante por dos elementos: es chantajista, abre una posibilidad de que un tercero decida sobre el cuerpo del otro contra su voluntad, y afecta esta idea de la decisión reproductiva; nadie te puede forzar a embarazar a alguien o a embarazarte si tú no lo deseas, así como ninguna mujer debería ser forzada a continuar con un embarazo que no puede o no quiere tener, especialmente en los lugares donde la legislación así se lo permite.
*Fotos en esta publicación: Campaña por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Colombia