«Decía Chávez que ‘Colombia para nosotros es un amor desenfrenado de Patria Grande’»: Ambar García Márquez

Hablamos con Ambar García Márquez de ALBA TV, quien nos contó sobre las relaciones entre el Proceso de paz colombiano y la Revolución Bolivariana, cómo se ha estigmatizado mutuamente a la figura del migrante, y cuáles fueron las posiciones de Chávez al respecto de las guerrillas colombianas y los diálogos de paz.

Esta entrevista hace parte del libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018), publicado por Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial. [Foto de portada: Alba TV]

Hugo Chávez dijo que las guerrillas colombianas eran «fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político bolivariano que aquí es respetado» ¿qué opinión tiene la sociedad venezolana de las FARC y el ELN, por otro lado, del presidente Santos?

Ambar García Márquez*: Habían pasado ya cerca de 24 horas de que se ejecutara con éxito la operación humanitaria en la que las FARC hicieran la entrega a los cuerpos mediadores de la abogada Clara Rojas, la ciudadana Consuelo González de Perdomo y el pequeño hijo de la abogada de quien la operación tomó su nombre, Emmanuel, cuando el presidente Hugo Chávez irrumpió en el escenario mediático con un planteamiento controversial: el de reconocer a las insurgencias armadas como actores políticos en disputa de un proyecto nacional para Colombia y los sacara, al menos en Venezuela, de la categoría de terroristas.

El 11 de enero de 2008, a un día de esa operación y en el marco de su mensaje anual a la nación ante la Asamblea Nacional de la República (AN), Chávez expresó claramente varias premisas que han orientado la política internacional de Venezuela a nivel regional, que han quedado expresadas como objetivos en los programas y planes del Gobierno nacional, y que de manera particularizada han orientado la política de frontera de Venezuela hacia Colombia, aún en gestión del presidente Nicolás Maduro. Entre esas premisas, está la de ubicar siempre en la justa perspectiva histórica la construcción de la identidad latinoamericana y caribeña, y la necesaria consolidación de la paz regional para recomponerla tras años de atomización cultural.

Volviendo sobre el hecho, la operación Emmanuel, en la cual el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tuvo un papel importante para su concreción, nos atrevemos a decir que rompió el velo informativo hacia la opinión pública venezolana y sensibilizó a la colectividad sobre la profunda raíz política del conflicto social y armado en Colombia, que hasta este momento sólo tenía relato social en la migración masiva de colombianos y colombianas hacia Venezuela en condiciones de indefensión jurídica, sin documentación y como factor dinamizador de una creciente economía de subsistencia, que alimentó la representación nefasta de un sentimiento nacionalista xenófobo hacia la diáspora colombiana desplazada por la violencia.

Acompañada de una capacidad pedagógica de masas en palabra del presidente Chávez, desde 2008 se puso en un primerísimo plano la caracterización del conflicto colombiano, de los actores beligerantes, de la condición de desplazados y desplazadas de quienes llegaron durante más de 30 años huyendo del conflicto a Venezuela, pero, sobre todo, permitió el acercamiento a la historia común, hermanada e interdependiente de los procesos políticos regionales. Sobre todo, de Venezuela y Colombia que, en pleno momento de consolidación del proyecto bolivariano, la definición de la construcción del socialismo del siglo XXI, el desarrollo del Plan Nacional Simón Bolívar y el crecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se volvía fundamental tras años de conflicto de frontera.

Decía el presidente Hugo Chávez en su presentación, tras un sucinto recorrido sobre los últimos dos siglos de historia regional, que «hay en este mundo a quienes no les interesa la paz. Hay quienes pretenden llevar al mundo por los caminos de la guerra […] y es sobre la división interna en nuestras naciones y repúblicas […] que se ha logrado instalar un imperio». Refiriéndose a esta realidad en el contexto geopolítico de América Latina y el Caribe, afirmando que se expresa esta lógica en la insistencia del imperio norteamericano en incidir en el sur del continente y que pretende «seguir dominando al mundo a través de la guerra». Explicitó también, sin cortapisa, una voluntad dialogante y de avanzar a partir de una acertada lectura geopolítica en disponer todos los esfuerzos nacionales para consolidar la paz en Colombia. Decía que «desde Castillete allá en la alta Guajira, hasta la Piedra del Cocuy, en esos varios miles de kilómetros de nuestra frontera común» con Colombia, «Venezuela tiene los brazos abiertos como zona humanitaria, como zona de paz y seguiremos haciendo los esfuerzos que haya que hacer».

Sin embargo, el ojo editorial se posicionó en otro foco. Los titulares de los principales medios digitales, televisivos e impresos ardieron ante la controversial expresión de Hugo Chávez, a partir de la cual se generó toda una estrategia narrativa que apuntó desde la fecha, sin descanso y hasta hoy, a profundizar el conflicto entre ambos países y desarrollar el perfil de la Revolución Bolivariana y la insurgencia colombiana como los enemigos públicos de Colombia, o de querer tomar el cielo por asalto en yunta con la guerrilla para instalar un gobierno foráneo en suelo colombiano. Desde Alba TV creemos que en este tiempo decir la verdad y narrar los hechos en contexto, es un acto heroico. Y en este caso, la masa mediática dista del heroísmo en lo que a la relación colombo-venezolana se refiere.

Dijo el presidente Chávez de manera textual, que las guerrillas colombianas (FARC y ELN) eran «fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político bolivariano que aquí es respetado»; y que pedía a los organismos multilaterales, fueran excluidas de la lista de grupos terroristas, como de inmediato lo había hecho Venezuela.

Si bien estas declaraciones aún incomodan a los sectores más conservadores de Colombia, el avance que ha tenido el proceso de diálogo en sus diversas fases por más de una década y la voluntad inquebrantable de las FARC y el ELN por dinamizar un proceso de diálogo nacional, dan cuenta de lo acertado de este planteamiento hecho desde Venezuela.

Esto ha posicionado dentro de la opinión pública venezolana a las FARC y al ELN como actores políticos insurgentes dentro de la realidad social colombiana. Al profundizar en esta primera caracterización de la mirada global sobre las guerrillas como actores, las opiniones o valoraciones pasan por el nivel de aproximación, politización y comprensión, o no, que sectores y actores sociales mantienen con los temas de la geopolítica venezolana y regional, o bien por el nivel de movilización que la agenda binacional genera dentro de la realidad del país.

Sin duda, dentro de los sectores sociales afines a la revolución bolivariana, se asume como fundamental la acción constante de las fuerzas beligerantes, en señalar el modelo de exclusión social que los sectores conservadores han instalado como programa de Gobierno, la injerencia en la política de seguridad y defensa de los EE.UU. en Colombia y la denuncia sobre la persecución criminal a la oposición política que desencadenó una guerra con una marcada impronta de lucha de clases, y que hoy continúa en marcha para detener el proceso de acuerdo por la paz. De igual forma, estos sectores, en los que podemos incluir a los partidos políticos del Gran Polo Patriótico (GPP), hoy Frente Amplio de la Patria, coalición que apoya a la Revolución Bolivariana, a movimientos sociales de diferentes sectores e incluso a individualidades de la vida académica, periodística y social del país, apoyan de manera indiscutible el avance del proceso de paz desde una premisa ideológica del bolivarianismo: la conquista de la paz y la integración regional.

Sin embargo, como nota de advertencia a la opinión pública nacional, estos sectores señalan permanentemente el peligro que representa para el país el hostigamiento del Gobierno colombiano sobre la democracia venezolana y su estabilidad, otrora en gestión de Álvaro Uribe Vélez y actualmente en gestión de Juan Manuel Santos, ambos, aliados de los planes de desestabilización que sectores de oposición al proyecto bolivariano bien por la ejecución de políticas de frontera que atentan contra la estabilidad económica del país, o por hacer de sede logística de los sectores golpistas de Venezuela encarnados en la oposición.

Particularmente, en lo que se refiere a la figura de Juan Manuel Santos, como actor político incursionó en el campo informativo en este lado de la frontera como el Ministro de Defensa de Uribe con la tristemente célebre injerencia militar en territorio ecuatoriano, que cobró la vida del líder de las FARC Raúl Reyes, y luego alimentó este perfil como ejecutor de la instalación de las siete bases militares estadounidenses en frontera con Venezuela, lo cual desarrolló una importante iniciativa ciudadana de defensa de la soberanía nacional en rechazo de esta acción, asumida como una abierta amenaza en contra de la institucionalidad venezolana a todo nivel, o bien por la permanencia de su Gobierno en el proceso de diálogo por la paz en Colombia, incluso el premio Nobel de Paz que le fue otorgado, aún hoy, Santos es para los sectores de la oposición en Venezuela, y para la opinión pública nacional, un aliado regional en contra de la Revolución Bolivariana.

A la vez que las FARC iniciaban su paso a la actividad política legal, la derecha política y comunicacional incrementó la agitación en torno a la amenaza del «castrochavismo». ¿por qué cree que la Revolución Bolivariana quedó con mala imagen entre los colombianos?

A.G.M.: Podría parecer un lugar común en los planteamientos sobre Álvaro Uribe Vélez, decir que el expresidente representa un riesgo para la región. También podría no ser suficiente para caracterizar su rol desestabilizador en el proceso de recomposición de la unidad latinoamericana y caribeña, esgrimir los argumentos jurídicos, testimoniales y prácticos que lo posicionan como actor vinculado al narcotráfico, el paramilitarismo y el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, así como su patrocinio de diferentes componentes de la desestabilización del Gobierno Bolivariano en Venezuela, todo lo cual ha sido comprobado por investigaciones de origen público y privado, en ambos países.

De forma sumaria hemos reseñado previamente su vinculación con la oposición al Gobierno de Venezuela. Sin embargo, esto no termina de posicionarlo en el imaginario colectivo como uno de los personajes de la historia contemporánea regional, de mayor alcance y proyección en el apoyo a la injerencia militar de los EE.UU. en el continente. Se han realizado, eso sí, importantes investigaciones y análisis sobre el retorno de la doctrina Monroe en la región, en medio de un estancamiento del proceso de recomposición de la unidad regional; y a escala global, análisis basados en hechos que dan cuenta de la reinstalación del imaginario de la guerra fría que coloca al comunismo como un enemigo global, ahora de forma abierta en gestión de Donald Trump. Todo esto, con el apoyo de la maquinaria mediática a lo interno de Colombia y de las corporaciones a escala regional.

El «castrochavismo», entonces, asociado a la figura de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, la cual ha jugado también un papel fundamental en el proceso de diálogo y acuerdos entre las FARC y el Gobierno colombiano, y a Hugo Chávez, ambos impulsores de un nuevo paradigma de integración regional basado en la complementariedad y en una abierta postura antiimperialista, es finalmente un neologismo que las organizaciones de derecha y ultraderecha, a modo peyorativo, han usado para estigmatizar y satanizar el proceso de integración regional que ha hecho frente a siglos de injerencia.

Este imaginario ha sido potenciado de manera importante para polarizar a la opinión pública colombiana, sobre todo, en contextos electorales y para antagonizar con el proceso de paz, llegando incluso a calificar a Juan Manuel Santos como artífice del llamado fantasma del comunismo… Vaya.

Uno de los análisis más simples, y aunque resulte incomprensible, cercanos al relato instalado en la sociedad colombiana, lo leímos hace dos años, en el 2016, en el portal digital del diario El Tiempo, de Colombia. En una publicación de la redacción de ese medio del mes de octubre del mismo año sobre la categoría acuñada por Uribe, decía que «para la mayoría, la operación es muy sencilla: Chávez era de izquierda, la guerrilla es de izquierda, Venezuela está en crisis, por lo tanto, la guerrilla nos llevará a la crisis». El manejo complejo, recurrente y sostenido de esta simpleza como premisa, acompañado de una presencia informativa detractora de la Revolución Bolivariana que omite las causas estructurales de la situación del país en los últimos cinco años donde el aparato económico ha sido sometido a presiones del sistema financiero internacional sin precedentes, sin duda, termina generando un sentido común en la población colombiana.

La imagen de Venezuela como un fantasma, un monstruo, un espanto de camino que acecha a Colombia, si bien no tiene correlato en el desarrollo de la política internacional de Venezuela, ha sido el experimento efectivo del falso positivo mediático más eficientemente editorializado, al menos, desde el año 2007 cuando el Gobierno venezolano de la mano del presidente Chávez, azotado por los coletazos del conflicto hace pública y expresa su voluntad de apoyar, en fiel apego a la doctrina bolivariana, a la construcción de una paz irreversible en Colombia.

Así pues, si la apariencia se evalúa como resultado de la percepción del otro o la otra, la Revolución Bolivariana tienen entonces grandes retos para hacer comunicación de la verdad y desmantelar al imaginario de rechazo que por años se ha sembrado en sectores de la colectividad colombiana. Decía Hugo Chávez en su alocución de aquel 11 de enero del año 2008, que «Colombia para nosotros es un amor desenfrenado de Patria Grande». Tocará hacer del camino amoroso, un camino de vuelta.

La frontera entre ambos países es motivo de permanente tensión; por un lado, miles de venezolanos salen buscando mejor destino en Colombia y por otro, cada tanto se esbozan amenazas de injerencia contra la Revolución Bolivariana ¿Qué piensa de cada una de esas situaciones?

A.G.M.: A comienzos del mes de marzo, en Alba TV tuvimos la oportunidad de entrevistar a Yldefonso Finol, quien se desempeñó al frente de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, siendo responsable de brindar protección a todos los ciudadanos y las ciudadanas que sean perseguidos en su país de origen y que entran a territorio venezolano solicitando amparo como medida humanitaria.

A lo largo de su paso por esta responsabilidad, Finol logró sistematizar importantes datos sobre la migración de colombianos y colombianas desplazados por la violencia, que compartió con nuestro medio. Entre ellos, nos refería que el 98% de los certificados otorgados para el año 2016, fueron para colombianos y colombianas, arribando en esa fecha a cerca de 6.000 personas de origen neogranadino en situación de refugio en territorio venezolano. Profundizando en esta información, identificamos que en su mayoría estas personas habían sido desplazadas de las comunidades asediadas por grupos paramilitares, huyendo de ser una cifra de las más de 7 millones de vidas que ha cobrado la guerra. Recordemos que en Venezuela se registran cerca de 5 600 millones de colombianos y colombianas que gozan de la condición de nacionalizados, con acceso a todos los derechos sociales y económicos que las políticas públicas venezolanas posibilitan.

Finol afirma que las causas del movimiento migratorio en frontera se debe a que, lamentablemente, desde territorio colombiano

«se han confabulado todos estos intereses que van desde permitir el saqueo y contrabando de extracción, destruir nuestro ciclo monetario y ahora estigmatizar […] a la persona venezolana en carne viva a través de nuestros migrantes, que no son más que una parte importante de los colombianos que ya estaban en Venezuela desde hace tres décadas y que algunos están retornando a Colombia, como es normal en momentos en los que se vive una crisis económica severa y la gente tiene derecho a migrar y sobre todo a regresar a su país de origen»,

sobre todo, cuando la estrategia de pulverización de la moneda venezolana con respecto al dólar estadounidense, redunda en una devaluación brutal del Bolívar con respecto al Peso Colombiano ha tenido un impacto efectivo es un incremento violento de la inflación y la debacle del poder adquisitivo de los venezolanas y venezolanos, a productos de la cesta básica.

Pascualina Curcio, economista venezolana, asegura que «lo que explica y origina el aumento de los precios en Venezuela es el tipo de cambio en el mercado ilegal. Se trata de un comportamiento histórico. Dicho tipo de cambio sirve como marcador de los precios internos de la economía, es la referencia para realizar la conversión del valor de los bienes importados de dólares o cualquier otra divisa, a bolívares, lo que a su vez incide sobre las estructuras de costos de producción». Resalta la economista que «no solo es el hecho de que la inflación depende del tipo de cambio ilegal, sino el hecho de que desde el año 2006, el tipo de cambio en los mercados ilegales ha estado siendo manipulado mediante publicaciones diarias en portales web».

A modo de referencia del proceso histórico del cambio paralelo, dice Curcio que «desde el año 2012, el tipo de cambio ilegal ha variado 296.196%. No hay teoría económica que logre explicar tal incremento, ni siquiera la monetarista, la cual relaciona la cantidad de dinero que circula en la economía con la cantidad de reservas internacionales. Al comparar las tres variables desde 1980 observamos que desde 2012 no existe ninguna correspondencia entre los niveles de variación de la liquidez monetaria, los de la reserva internacional y los del tipo de cambio ilegal».

Las dimensiones de esta crisis inducida, que arriba en este 2018 a 5 años de ofensiva, sin duda, han desencadenado la migración, y en lo referido específicamente a la llamada diáspora venezolana en Colombia, afirma Yldefonso Finol que, en la caracterización del fenómeno migratorio hacia Colombia, el factor de masividad se vincula a otro factor central. Afirma, que «el Gobierno colombiano no lo reconoce [pero] nosotros lo sabemos porque tenemos las estadísticas, que indican que el gran número de personas que ha atravesado la frontera para quedarse en Colombia que son cerca de unos 440 000, el 90% de esas personas son de nacionalidad colombiana. Son víctimas que fueron expatriados de su país y están retornando; y el Gobierno colombiano no lo reconoce para no darle su estatus de víctimas, de repatriados y reconocerle sus derechos». Esta lectura, constituye un eslabón fundamental en la compresión integral del proceso por el cual atraviesa Venezuela, las dimensiones reales del escándalo tejido en torno a la migración y la llamada crisis humanitaria sobre la cual se ha especulado de manera extenuante.

Venezuela atraviesa una reconfiguración de la estrategia de tensión en la relación colombo-venezolana y que tiene hoy implicaciones migratorias. Pese a que el debate sobre la relación fronteriza entre ambos países ha sido siempre un tema instalado en la opinión pública venezolana, bien por la masiva diáspora que el conflicto colombiano ha movilizado a este territorio, por el clima delictivo que el contrabando imprime al territorio de frontera, por la recurrente controversia que en la última década ha tensionado el clima regional o bien por la trama de crisis humanitaria que busca la intervención militar de fuerzas de ocupación en Venezuela y que pone el foco sobre el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, realmente pone la pelota en la cancha del Gobierno colombiano y en el reconocimiento de los derechos ciudadanos, como bien explica Finol.

Ubicar en perspectiva histórica el conflicto, las tensiones, la raíz de las conspiraciones y traiciones que han socavado una relación de respeto del Gobierno colombiano hacia Venezuela, aportan elementos fundamentales para comprender el fenómeno migratorio actual y que hoy, la injerencia de la oligarquía colombiana sobre Venezuela es una realidad y se disputa en el escenario económico–financiero, sin haber soltado jamás el brazo militar.

Mirar sobre casi una década del proceso, nos ha permitido rescatar la justa perspectiva histórica y la importancia que inviste para la región, alcanzar una fase de implementación efectiva de lo alcanzado. La influencia de los grupos paramilitares en la cultura delictiva venezolana que disparó las cifras del hallazgo de cuerpos descuartizados en espacios públicos, el sicariato y los crímenes violentos en contra de líderes políticos de la revolución bolivariana en lo nacional y local, combinado con el recrudecimiento del asedio diplomático, financiero, militar y mediático en contra de la República Bolivariana de Venezuela, hacen fundamental el avance de la paz en Colombia, pues el asedio y el peligro de injerencia, serán siempre un escenario posible de no consolidar este proceso de manera irreversible.

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con las insurgencias llevados a cabo durante los últimos ocho años?

A.G.M.: El proceso de negociación entre las insurgencias y el Gobierno colombiano se constituye, desde la lectura crítica de sus avances y estancamientos diferenciados en cada uno de los casos, como una materia de estudio en la dimensión política, metodológica, jurídica y geopolítica sobre la resolución de conflictos en América Latina y el Caribe.

En el año 2012, hacia el 4 de septiembre de ese año cuando el presidente Santos informó la firma de una hoja de ruta, luego de seis meses de conversaciones exploratorias con las FARC, se marcó el inicio de un proceso que copó la expectativa de la región sobre su continuidad y la capacidad política de los actores, la guerrilla y el Gobierno, de alcanzar la fase de la instrumentalización de los acuerdos y de alcanzar la paz en Colombia. De sepultar la guerra como industria enraizada en el campo simbólico, económico y ciudadano en todo el continente.

Lo incierto del camino de una paz negociada, impone siempre un proceso subyacente de masificación y de disputa del imaginario colectivo por conquistar la transformación social y de trazar rutas que vuelvan permanentemente sobre el peso histórico del conflicto y su necesaria resolución. Tal y como nombraron los uruguayos la muestra fotográfica en conmemoración de los 250 años del natalicio de José Artigas y que consideramos en este caso resume el tamaño de la apuesta: La historia está llena de futuro. Porque si no es el diálogo, a la luz de 50 años de confrontación armada, entonces ¿cuál es el camino para la paz? Si no se avanza en resolver las causas estructurales de la beligerancia ¿podemos consolidar la paz? Y justamente estas incertidumbres fueron aclarando los alcances en la medida en que fue avanzando la negociación, en el caso de las FARC, de los puntos de la agenda de diálogo y negociaciones; y los términos del proceso.

En esta misma perspectiva, el inicio del diálogo entre las FARC y el Gobierno se vio favorecido por un contexto de fortaleza del proceso de integración regional y de posicionamiento de América Latina y el Caribe como zona de paz, lo cual se refrendará en los acuerdos de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fijados en la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de Paz dos años más tarde, donde 33 Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del continente, suscribieran el «compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide una Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el Derecho Internacional».

Sin embargo, esta fortaleza regional que sufrió duros golpes desde el año 2013 en el entramado de alianzas de las fuerzas progresistas de la región en gestión de estados y gobiernos, vimos con preocupación no aportara más y mejores condiciones de contexto en la instalación del proceso de diálogo entre el ELN y el Gobierno de Santos.

En 2016, cuando en Venezuela se anunció el inicio de los Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, se instaló la misma incertidumbre que en el proceso con las FARC y se vieron correspondidas cuando ese mismo año se suspendieron las negociaciones, hasta retomarlas en 2017, cuando el 7 de febrero se anunció la fase pública las mesas de diálogo desde la ciudad de Quito, Ecuador.

Hoy, tras un periodo de paralización, estos 8 años nos convocan a la necesaria evaluación del incremento de las cifras de asesinato de líderes y lideresas sociales, 23 sólo en el mes de enero del presente año, tras la dejación de armas por parte de las FARC – EP; hoy partido FARC, de la necesaria participación política de la sociedad colombiana a lo largo de todo el proceso, e insistimos, en el desarrollo de una estrategia comunicacional de masas que dispute el imaginario colectivo en función de la identidad ciudadana con la necesidad de la paz, sobre todo, al estar de nuevo en marcha por acuerdo bilateral el proceso de negociación.

Ante esto, podríamos hacer un ejercicio de retrospección, tal vez en vano, sobre cuál sería el avance de la instrumentalización de la paz si ambas guerrillas hubieran iniciado el proceso de diálogo con el Gobierno en un mismo momento, como estrategia unitaria de contrapeso ante el Gobierno colombiano y los factores desestabilizadores que por la vía de la violencia física y simbólica, nos hace volver sobre la poderosa herramienta política de la unidad.

Sin embargo, es en el devenir del proceso tal y como se configura en el momento actual, en su avance o frustración, reposa la posibilidad de consolidar un elemento central del programa político de las fuerzas sociales que apuestan por modelos sociales y políticos más justos; y es precisamente el del repunte del modelo de integración y la soberanía y estabilidad regional que acompasó en las primeras fases, los diálogos. En este sentido, nos preguntamos ante un nuevo escenario electoral presidencial en Colombia ¿se consolidará la paz? Haremos todos los esfuerzos. Ahora es tiempo.

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*Ambar García Márquez (Caracas, 1987) es feminista, coordinadora del Consejo Político–Editorial de Alba TV, medio de comunicación web y televisivo de corte participativo y popular de la República Bolivariana de Venezuela. Responsable operativa del componente de Programación de Contenidos Audiovisuales de Alba TV en su plataforma de Televisión Digital Abierta y TV Satelital.