Del 10 de octubre a la Matrícula Cero: la Universidad Nacional ante el COVID-19

Los últimos años han demostrado la capacidad de convocatoria y movilización que persiste en el estudiantado de la mayor parte de universidades públicas del país. A pesar de todo, desde aquella masiva marcha del 10 de octubre del 2018 hasta hoy, el gobierno ha permanecido sordo y ha incumplido los acuerdos a los que ha llegado con el movimiento estudiantil. En medio de una pandemia que afecta principalmente a los sectores populares, el estudiantado se levanta por una Matrícula Cero Universal. [foto de portada: Rubén Torres, @merbencho].

Por: Juliana Ramírez y Esteban Romero.* La pandemia no ha tenido una sola cara. A decir verdad, ha tenido varias, y aunque en el discurso de las élites se esté diciendo que de esta crisis “salimos todos”, lo cierto es que a “todos” no nos ha interpelado la pandemia de la misma manera, y posiblemente no “todos” salgamos tan bien librados de ella. A nosotras, las clases populares, nos ha tocado vivir la otra cara de la pandemia, una cara surcada por la agudización de las desigualdades y la incertidumbre por el futuro. De esto, por supuesto, no hemos estado exentos las y los universitarios, que de forma estruendosa nos hemos dado cuenta lo lejos que estamos aún de conquistar la educación como un derecho.

Por eso, esa gran consigna que nos legó la Reforma Universitaria de Córdoba hace cien años: “los dolores que quedan son las libertades que faltan”, parece más vigente que nunca. Y como toda crisis puede ser también oportunidad para que las clases populares obtengamos victorias que, paso a paso, vayan prefigurando nuestra apuesta de país para la vida digna, la actual coyuntura que se levanta alrededor de la educación superior no puede pasar desapercibida.

Y es que no es posible ocultar la manera en que la pandemia ha profundizado las asimetrías sociales que caracterizan el acceso y el paso por la educación superior pública. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, renombrada como la “mejor” y más grande universidad del país, ha sido evidente cómo los y las estudiantes han caído en una situación de vulnerabilidad por cuenta del tránsito, en todo caso improvisado, de la presencialidad a la virtualidad.

El hecho de que una gran porción del estudiantado no tenga acceso a los medios tecnológicos para acceder a la virtualidad, demuestra los arraigados privilegios que dividen a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional. “¿Comer o estudiar?” Ese es el gran dilema de miles de estudiantes que han tenido que escoger entre rebuscar el sustento de sus familias o acceder a una clase virtual que, por lo demás, reproduce con más rigor las falencias pedagógicas de la universidad tradicional.

Sumado a esto, bastante revuelo mediático generó hace unos meses la disposición que la Rectora Dolly Montoya profirió, en sus infinitos poderes, para cambiar los criterios de admisión a la Universidad Nacional. Pues ante la crisis al Consejo Superior Universitario solo se le ocurre verticalizar, aún más, las instancias administrativas y de dirección expidiendo el acuerdo 325 de 2020, donde queda consignada la autorización para que la rectora tome medidas excepcionales en materia académica, presupuestal y administrativa. Es así como surgen las nuevas condiciones y criterios para la admisión al semestre 2020-2. Esta decisión más que demostrar la miopía técnica y política de la Rectora —en tanto los nuevos criterios no son para nada equitativos y acotados a las amplias brechas que separan a los aspirantes a la Universidad Nacional—, sí puso de lleno que los y las estudiantes de esta universidad hemos perdido en la batalla de ideas, en la disputa por el sentido común, y que por lo general somos hablados por la hegemonía en lo que se refiere a qué entendemos por la educación como derecho.

Un debate en todo sentido patético e incoherente se preguntó si a la Nacional se debería entrar con el tradicional examen de admisión o con el ICFES. Valga decir que ambos métodos son herramientas de exclusión en tanto salen beneficiados solo aquellos estudiantes que han transitado por la mejor educación media y han tenido acceso a una amplia baraja de posibilidades educativas para acumular capital cultural. Las y los demás estudiantes, que son la mayoría, quedarán desechados a su suerte por una condición eminentemente estructural en el acceso a la educación superior pública.

Esto último, el hecho de que la condición estructural de la educación superior sea la de ser un privilegio y no un derecho, un bien común, ha sido una crítica y una bandera de lucha del movimiento estudiantil desde hace décadas. Pero a pesar de la persistencia de esta bandera, mucho nos falta aún por caminar y aprender de las derrotas sucesivas que nos ha dejado la lucha por arrancarle la educación al capital.

En su momento la MANE, como expresión de ese gran movimiento estudiantil que se levantó en 2011, puso el debate no solo en el problema estructural de la financiación de la educación superior, sino también grandes temas alrededor del acceso de los sectores populares a la universidad, o la necesidad de una reforma académica e investigativa que, de manera crítica, situara la academia en las problemáticas de las clases populares.

De manera reciente, los intentos sucesivos de los gobiernos, en su afán de desmontar las IES públicas, han apuntado a subsidiar la demanda y no la oferta en el acceso a la educación superior, profundizando así la crisis presupuestal. En el paro nacional estudiantil del 2018 se retomó este análisis para construir el pliego de mínimos para la Mesa Amplia por la Educación. Vale recordar ese 10 de octubre de 2018 cuando con una movilización masiva y realmente nacional desempolvamos el debate y la esperanza de una educación pública, digna, gratuita y de calidad; una educación para todos y todas, una educación que fuera realmente financiada por el Estado, que no tuviera que vender su investigación al mejor postor y una educación con compromiso social.

A pesar de estos grandes escenarios de movilización, y como bien apunta el profesor Leopoldo Múnera (2020), a través de pequeñas reformas sucesivas se han promulgado en los primeros 18 años del presente siglo al menos 74 leyes y 12 decretos frente a la educación superior. Cabe aclarar que todas estas leyes y decretos van en contravía de lo que históricamente el movimiento estudiantil colombiano y latinoamericano ha concebido y defendido como derecho.

A su vez, el incumplimiento del gobierno de los acuerdos a los que se llega en el marco de la movilización es recurrente y táctico a fin de mantener las pésimas condiciones presupuestales de las IES públicas. Lo sucedido con el gobierno Duque y las ganancias del paro del 2018 son un ejemplo de esto. El 14 de diciembre de 2018, días después de una movilización fuertemente reprimida por la fuerza pública, el Frente Amplio por la Educación Superior junto con el gobierno nacional, firman un acta donde se estipula la ruta de la mesa diálogo que construiría acuerdos para la educación superior pública. Como era de esperarse, un año después de “consensuado” este acuerdo, el estudiantado denunciaba que el gobierno nacional estaba incumpliendo. Las mesas de diálogo dispuestas no se reunían y, si lo hacían, se tomaban posiciones tan distantes que no se escuchaban ni con megáfonos. Además, ese anhelado punto siete del acuerdo donde el gobierno se comprometía a destinar 1.35 billones para inversión, saneamiento de pasivos de las IES públicas y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se iba por la borda. Duque, junto a sus Ministerios de Educación y Hacienda, se atrevía a afirmar que el 20% de recursos apropiados y no comprometidos para la educación superior pública no eran posibles, en tanto este dinero sería una estocada fatal para la salud fiscal de Colombia. Sin embargo, ya estaba en marcha el programa Generación E, becas para que estudiantes accedan a las universidades (públicas y privadas).

Todo esto para preguntarnos, ¿qué posición y de qué manera vamos a articularnos los y las estudiantes frente a la coyuntura que se levanta? Los efectos de la pandemia avecinan una aguda crisis económica que afectará sobre todo a las familias de los sectores empobrecidos y de clase media del país, justamente aquellos que engrosan las universidades públicas. Con una tasa de desempleo nacional que para mayo asciende al 21,4% (DANE, 2020a) y una proporción de la población que trabaja informalmente que supera el 47,9% para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas (DANE, 2020b), lo que les espera a las familias de los estudiantes de Colombia no es poca cosa.

¿Cómo se pagarán las matrículas de los próximos semestres por el tiempo que dure esta crisis sanitaria y económica? ¿Cómo se va a garantizar las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de los y las estudiantes? ¿Cómo se va a tramitar el déficit presupuestal que tienen las IES por cuenta de la crisis? Hasta ahora el gobierno de Iván Duque, en clara astucia neoliberal, lo único que ha hecho para atender a las necesidades presupuestales de las IES y del estudiantado es dar créditos; ejemplo de esto es el decreto 662 con el que el gobierno nacional abrió una línea de crédito por 1,5 billones para que las IES suplan el déficit presupuestal que tienen.

Y es así como un día despertamos y se anuncia que a la Universidad Nacional de Colombia le faltan 77.466 millones para el cierre presupuestal del 2020 (Universidad Nacional de Colombia, 2020). En peor situación nos encontramos hoy que en 2018, cuando el estudiantado y los docentes alzaron la voz y pararon las aulas, porque las clases se daban en las calles exigiendo recursos a las bases presupuestales de las IES y una democracia institucional mucho más horizontal. Hay quienes defienden de manera errada que la penosa situación en la que nos encontramos es resultado directo del impacto que han tenido las medidas de contingencia contra el COVID-19 en la vida económica. ¿No será más bien un problema estructuralmente arraigado?

Es evidente que las universidades en su conjunto han dejado de percibir un sin número de recursos que van desde las matrículas hasta lo recaudado de proyectos y procesos de extensión. En el caso de la Universidad Nacional, se proyecta una reducción del 42% de ingresos obtenidos por las matriculas de pregrado y posgrado (Universidad Nacional de Colombia, 2020). Y es que más allá de la cifra, nos encontramos con que en algún lugar hay una joven que ya no tiene las condiciones materiales para continuar estudiando, que no tiene acceso a conectividad porque vive en una vereda donde el Estado se encarna únicamente en la fuerza pública, y esta joven no puede volver a la ciudad donde estudiaba porque los beneficios de bienestar se han suspendido; o es una joven de una familia que subsiste de las ventas del día a día y desde el 24 de marzo no ha habido un día para vender. Este 42% se traduce, por un lado, en la realidad desigual del estudiantado de la Universidad Nacional que no podrá acceder a estudiar el próximo semestre por no poder costear su matrícula; y por el otro, la expresión fehaciente del modelo neoliberal que ha condenado a la educación pública a la autofinanciación.

Es en estas condiciones donde se configura la exigencia de Matricula Cero Universal financiada directamente por el Estado en cabeza del gobierno nacional. Esta consigna, enarbolada desde marzo por diferentes IES, busca que la educación se ejerza como un derecho; a fin de cuentas, esto no significa mucho más que todos y todas tengamos acceso y permanecía en la educación superior pública. Aun así, en una muestra irónica del gobierno nacional por apoyar la educación, destinó 97.500 millones para ser distribuidos entre 33 universidades públicas del país.

De este dinero, a la Universidad Nacional de Colombia, con 4 sedes andinas y otras tantas de presencia nacional, le correspondieron 5.194 millones para garantizar la Matricula Cero. Dinero que tan solo alcanzó para garantizar Matricula Cero para el estrato 0 (minoría en la universidad) y “beneficiar” con descuentos a los estratos 1, 2 y 3 en relación con el PBM (Puntaje Básico de Matrícula). Quedan así claras las prioridades del gobierno nacional que, en medio de una crisis económica, social y sanitaria, decide gastar 7.900 millones en tanquetas para el ESMAD (Colombia Informa, 08 de abril de 2020) y solo invertir 5 mil millones en la Universidad Nacional de Colombia; más aún cuando además de la Matricula Cero la Universidad necesita un inyección presupuestal para paliar el déficit acumulado históricamente y que la pandemia ha agudizado. Tal parece que la austeridad de este gobierno solo se manifiesta en lo referente a la inversión social.

Que en las demandas presentes esté contenida la crítica del pasado es fundamental para el movimiento estudiantil. Debemos cualificar las exigencias y debates colectivos, por un lado, entendiendo que la educación superior pública está debilitada y estructuralmente desfinanciada y endeudada, que nuestra labor actual y futura es transformar la manera en que se perciben los recursos para subsanar los rubros de funcionamiento de las IES, para que no tengan que autofinanciarse y encontrarse a la deriva ante una contingencia como la actual. Y, por otro lado, es necesario profundizar la concepción de cogobierno y autonomía universitaria, hacer más horizontales e independientes del gobierno nacional los espacios decisorios de las IES, pues solo así podremos brindar garantías para la construcción de pensamiento crítico.

Por todo lo anterior, hoy con todo el compromiso académico y práctico que implica defender la educación pública, digna y de calidad alzamos la voz y nos tomamos los espacios para decir colectivamente: ¡A estudiar, luchar y transformar!

Notas

* Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y miembros de la Oficina Estudiantil UN.

Referencias

• DANE. (2020a). Principales indicadores del mercado laboral. Mayo de 2020. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_may_20.pdf
• DANE. (2020b). Medición de empleo informal y seguridad social. Mayo de 2020. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_may20.pdf
• En medio de la pandemia Duque gasta 8 mil millones en tanquetas para el ESMAD. (08de abril de 2020). Colombia informa. Recuperado de: www.colombiainforma.info/en-medio-de-la-pandemia-duque-gasta-8-mil-millones-en-tanquetas-para-el-esmad/.com
• Múnera, L. (2020). El absolutismo de la Realidad (Universidad, sociedad y pandemia). Pensar la pandemia. Recuperado de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/clacso.orgEl%20Absolutismo%20de%20la%20Realidad%20Universidad%20sociedad%20y%20pandemia.pdf
• Universidad Nacional de Colombia. (2020). Análisis de sensibilidad para el cierre presupuestal 2020 por efectos del COVID-19.