Justicia por los genocidios en Colombia: una exigencia del movimiento social
El posicionamiento del término “genocidio político” en el marco de la reparación a las víctimas de violencias estatales, en especial a los grupos políticos, es uno de los objetivos más importantes de diversos sectores sociales en la actualidad. ¿Cuáles fueron los hechos que lo motivaron y cuál es la importancia de nombrar efectivamente estos sucesos? Aquí algunos de los detalles más importantes sobre los casos presentados en el Tribunal Permanente de los Pueblos por ¡A Luchar!, UNO, Frente Popular, Marcha Patriótica, Sinaltrainal y la Iglesia de los Pobres.
La sesión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que tuvo lugar en Colombia a finales de la semana pasada, constituyó un esfuerzo muy importante de distintos sectores sociales por continuar posicionando el concepto de “genocidio político” como un lente a través del cual comprender, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra movimientos y organizaciones sociales y políticas.
Aunque en su convención sobre genocidio Naciones Unidas no reconoció a los grupos políticos como víctimas de ese delito, desde distintos escenarios académicos e investigativos se ha venido reivindicado el concepto de “genocidio político”. En Colombia, el caso del partido Unión Patriótica ha sido calificado de ese modo por las víctimas sobrevivientes, que buscan justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace algunos años también se han venido aportando hallazgos para demostrar la ejecución de otros genocidios contra grupos y movimientos, que han presentado sus casos en esa clave ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los aportes de las organizaciones comparecientes ante el TPP, un reconocido tribunal internacional de opinión, continuaron engrosando ese acumulado de pruebas. Durante la sesión de tres días se presentaron casos de los sectores campesino, sindical, estudiantil, indígena, afrocolombiano, LGBTI, y de partidos y movimientos políticos, entre varios otros.
El jurado de esta sesión del TPP está compuesto por personas destacadas en el ámbito del derecho y la investigación. Entre ellos, el argentino Daniel Feierstein, un académico relevante en los estudios sobre genocidios que desarrolló el concepto de “prácticas sociales genocidas”; y Michel Forst, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras, que en 2018 entregó importantes conclusiones y recomendaciones sobre los riesgos que enfrentaban los líderes sociales en el país.
Como fiscales del TPP ofician Ángela María Buitrago, antigua fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, e Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de ese alto tribunal. Ambos son reconocidos por haber adelantado valientes investigaciones judiciales en casos como el de las desapariciones forzadas ejecutadas durante la retoma del Palacio de Justicia y la “parapolítica”.
De acuerdo con la fiscal Buitrago, los casos presentados ante el jurado durante los tres días en que sesionó el TPP demuestran “que la ideología, la discriminación y la política anticomunista generó una visión desde el siglo XX de la necesidad y prioridad de erradicar determinados sectores que se asociaban y se identificaban como simpatizantes del movimiento (comunista) y de otras ideologías”. Esos crímenes, según la fiscal, fueron fomentados “desde el poder hegemónico” con participación del Estado y “otros aparatos organizados”.
Los casos presentados dan cuenta de rigurosos procesos de investigación y construcción de memoria, sobre los cuales deberá fallar el jurado en mayo próximo. A continuación presentamos algunos de ellos con base en los datos entregados por las organizaciones comparecientes durante las tres jornadas de esta sesión del TPP, que se desarrollaron en Bucaramanga, Bogotá y Medellín: ¡A Luchar!, UNO, Frente Popular, Marcha Patriótica, Sinaltrainal e Iglesia de los Pobres.
¡A Luchar!
El Colectivo por la Recuperación de la Memoria de ¡A Luchar! compareció ante el TPP para presentar el genocidio cometido contra el movimiento político ¡A Luchar!, creado en 1984 como un escenario de articulación de sectores sociales y políticos de izquierda.
Según el Colectivo, el objetivo de ¡A Luchar! era liderar, “junto a otras expresiones políticas, una transformación radical desde la movilización directa y desde abajo de las estructuras políticas, económicas y sociales del país”.
Con el objetivo de exterminar ¡A Luchar!, integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares cometieron graves crímenes contra su militancia. El Colectivo ha documentado 260 asesinatos, 80 desapariciones forzadas, 58 casos de tortura, 26 lesiones físicas, 20 atentados, 14 hechos de desplazamiento forzado y un caso de violencia sexual, el 32 por ciento de los cuales se cometieron en el departamento de Santander. Algunos de estos crímenes se ejecutaron como parte de la represión contra dos movilizaciones sociales regionales: el Paro del Nororiente en 1987 y las marchas campesinas de mayo de 1988.
De acuerdo con el Colectivo, estos hechos constituyeron un genocidio político que culminó en 1993 con la desaparición del movimiento: “La sistematicidad de la violencia cometida contra ¡A Luchar! tuvo altos impactos personales y organizativos que fueron decisivos en la desaparición política del movimiento en razón de la importante pérdida de militantes y dinamizadores de su propuesta política”.
Unión Nacional de Oposición (UNO)
El Archivo Oral de Memoria de las Víctimas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) le presentó al TPP el caso de la UNO, un “proceso de articulación político electoral de fuerzas de izquierda y progresistas que entre los años de 1972 y 1982 impulsó un amplio movimiento social sustentado en el poder popular”. La UNO fue creada por iniciativa del Partido Comunista, y a ella se incorporaron un sector de la Alianza Nacional Popular (Anapo), el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario de Colombia (MOIR), liberales de izquierda y sectores del movimiento estudiantil y popular.
En las elecciones que se desarrollaron entre 1974 y 1982, esta confluencia de organizaciones políticas obtuvo curules en el Congreso de la República, asambleas departamentales y concejos municipales. Además, desarrolló una intensa actividad organizativa que incluyó el impulso de procesos de recuperación de tierras y la creación de barrios populares. Según el Archivo, la UNO “demandó condiciones de vida digna; denunció la corrupción, las políticas económicas y las acciones represivas del gobierno, la dependencia del imperialismo y el alto costo de servicios públicos”.
De acuerdo con este proyecto de la UIS, como retaliación al ascenso político de la UNO diversos aparatos, incluido el Estado, ejecutaron múltiples crímenes contra sus militantes: masacres, homicidios, intentos de homicidio, desplazamientos forzados, torturas, lesiones personales, violencia sexual e incendio de viviendas. Al menos 22 personas fueron desaparecidas forzadamente y 324 fueron asesinadas. Otras tantas fueron víctimas de montajes judiciales y la coalición en general fue víctima de “violencia electoral”.
En la perspectiva del Archivo, “los actos genocidas contra la UNO fueron solo una etapa del proceso de genocidio adelantado por las élites en el poder contra todos los movimientos sociales y políticos que han constituido plataformas capaces de oponerse a su proyecto hegemónico de nación”.
Frente Popular
El investigador Álvaro Villarraga compareció al TPP para presentar el caso del genocidio contra el Frente Popular, una organización política surgida del fallido proceso de paz entre el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el gobierno de Belisario Betancur, en 1985. El Frente estaba integrado por militantes del Partido Comunista Marxista Leninista y personas de izquierda cercanas a él, que hacían presencia en organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles.
Villarraga señaló que “la plataforma del Frente Popular demandó reformar el régimen político y lograr derechos fundamentales bajo presupuestos de democracia, soberanía, equidad social, defensa de los recursos naturales y el medio ambiente”, teniendo como propuesta central la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
Con la bandera de la paz y un amplio programa político, el Frente obtuvo en las elecciones de 1988 dos alcaldías, dos escaños en asambleas departamentales y 30 escaños en concejos municipales, según Villarraga. En las elecciones de 1990 consiguió elegir 13 concejales, un diputado y un representante a la Cámara por Córdoba.
En el contexto de sabotaje e incumplimiento de los acuerdos pactados durante las negociaciones entre el gobierno y el EPL, la militancia y la dirigencia del Frente Popular fueron víctimas de graves crímenes cometidos por organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares: atentados, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones forzadas, masacres, amenazas que condujeron a personas al exilio, y al menos 120 homicidios ejecutados entre 1987 y 1990.
Todo ello, según Villarraga, con “el señalamiento previo y permanente hacia las víctimas de supuesta pertenencia al EPL realizado por funcionarios gubernamentales, Fuerza Pública, sectores gremiales y medios de prensa, desvirtuando la participación ciudadana legítima en apoyo a la paz y la actuación política civilista del Frente Popular”.
La violencia sistemática desplegada produjo un grave debilitamiento del Frente Popular, que desapareció en 1991.
Marcha Patriótica
El movimiento social y político Marcha Patriótica compareció al TPP para denunciar el desarrollo de un “proceso genocida” en su contra que, desde antes de su creación formal y hasta febrero de 2021, produjo 260 homicidios de sus líderes y militantes, torturas, amenazas y desapariciones forzadas.
El movimiento surgió formalmente en 2012, al calor del naciente proceso de paz entre el gobierno y las FARC-EP, integrado por el Partido Comunista, organizaciones campesinas de base, estudiantiles e indígenas, y dirigentes de izquierda como la exsenadora Piedad Córdoba.
La propuesta política de Marcha, de acuerdo con su presentación ante el TPP, consistió en “la salida política y negociada al conflicto armado mediante la superación de las causas estructurales que lo originan, la búsqueda de la soberanía nacional, el debate agrario y la necesidad de una reforma rural integral, la solución al problema de las drogas ilícitas, las garantías para la participación política y las garantías integrales para el goce de los derechos humanos”.
Desde la fundación del movimiento, altos funcionarios del gobierno e instituciones del Estado lo señalaron de ser un instrumento de las FARC-EP. Para Marcha Patriótica, “este hostigamiento por motivaciones ideológicas y políticas a través de un discurso estigmatizador es parte de un entramado criminal que pretendió colocarnos ante la sociedad como una organización al margen de la ley para justificar y normalizar toda clase de ataques y crímenes cometidas en nuestra contra”.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal)
Al bloque de casos sobre violencia antisindical o genocidio contra el sindicalismo compareció Sinaltrainal, un sindicato de trabajadores de la industria de alimentos creado en 1982.
Sinaltrainal ha adelantado campañas y acciones de movilización para exigir garantías laborales para los trabajadores de grandes empresas y grupos empresariales como Coca Cola, Nestlé, Grupo Nutresa, Bavaria y Postobón. Dentro de su agenda política también ha elaborado propuestas de transformación del modelo de desarrollo a favor de la “democratización de la riqueza”.
Según Sinaltrainal, el Estado colombiano y las “corporaciones transnacionales” desplegaron una serie de acciones criminales contra las personas afiliadas al sindicato, que incluyeron destrucción de seccionales, asesinato de dirigentes, hostigamiento contra nuevos afiliados, despidos masivos, amenazas, montajes judiciales e interceptaciones telefónicas. Solo en la década de 1980 se cometieron 35 asesinatos de dirigentes y familiares.
A la par, denuncia el sindicato, el Estado desplegó una estrategia de estigmatización y judicialización que le apuntó a señalar a los sindicalistas como enemigos de las empresas y a tratar los conflictos laborales como alteraciones del “orden público”. Todo ello causó, según Sinaltrainal, un debilitamiento del sindicato que incluyó la desafiliación masiva y el desestímulo de las luchas de los trabajadores.
Iglesia de los Pobres
La Mesa Ecuménica por la Paz compareció ante el TPP para presentar el caso del genocidio contra la Iglesia de los Pobres, un movimiento social y eclesial inspirado en la Teología de la Liberación que surgió en América Latina en la década de 1970 y tuvo importantes desarrollos en Colombia.
Los sacerdotes, las religiosas y las personas laicas que integraban este proceso, señaló la Mesa, “además del trabajo explícitamente religioso acompañaron acciones directas de comunidades desde sus organizaciones propias”. Estas acciones incluyeron procesos de organización, movilización y autogestión que buscaban mejorar la calidad de vida de las comunidades empobrecidas de zonas urbanas y rurales teniendo como eje central el compromiso con un “enfoque cristiano liberador” a menudo desestimulado, perseguido y estigmatizado por la jerarquía de la Iglesia católica.
La Mesa Ecuménica afirma que, desde la década de 1980, Estados Unidos decidió contrarrestar la influencia de la Teología de la Liberación en América Latina, determinación que quedó consignada en los documentos Santa Fe I y II elaborados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA): “En el documento de Santa Fe I hay un claro señalamiento al movimiento de la Teología de la Liberación y a los movimientos eclesiales inspirados en ella (…) En el documento Santa Fe II se ubica la dimensión religiosa de los países latinoamericanos como subversión religiosa en el marco de los conflictos de baja intensidad asociándola a la subversión cultural como forma de lucha desestabilizadora”.
La decisión de “exterminar” a la Iglesia de los Pobres, argumenta la Mesa, se concretó en homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, judicializaciones y amenazas que obligaron al exilio, ejecutadas por organismos de seguridad del Estado y paramilitares. Como resultado de ello se produjo “la extinción forzosa del grupo ante la indiferencia de la sociedad y el Estado”.
