Urge rodear a quienes buscan justicia por los “falsos positivos”
En la trastienda de la lucha por la verdad están los defensores y defensoras de derechos humanos, la mayor parte de la veces desarrollando su labor en medio de amenazas, persecución e increíbles costos personales. Rodear a los colectivos y organizaciones que buscan justicia es combatir el crimen y la impunidad.
La dolorosa cifra preliminar de 6.402 colombianos asesinados por el Ejército que dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es, como se ha dicho, un avance muy importante en el reconocimiento de la masividad y la sistematicidad de estos crímenes, conocidos como “falsos positivos”. El argumento, repetido hasta el cansancio por sectores del poder político y castrense, de que estos casos obedecen a errores individuales o “manzanas podridas”, es insostenible tras el pronunciamiento de la JEP. Pronunciamiento que abre una puerta de esperanza en medio de la impunidad y el subregistro en los que la justicia ordinaria ha mantenido estos casos.
El anuncio produjo, como era de esperarse, una arremetida de influyentes figuras del Centro Democrático y de las Fuerzas Militares contra la JEP y las organizaciones defensoras de derechos humanos que durante muchos años, en un escenario político abiertamente adverso, han investigado estos casos en distintas regiones del país. Estas figuras públicas son las mismas que, desde que empezaron a conocerse estos casos, han estigmatizado a las víctimas directas catalogándolas como “delincuentes”, revictimizando así a las familias que buscan justicia por los crímenes cometidos por agentes del Estado.
En ese escenario, el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos ha cobrado especial importancia, porque han sido ellas quienes han acompañado a las víctimas en los procesos de defensa jurídica que la institucionalidad pública no ha querido asumir.
La propia base de datos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), una plataforma de organizaciones de derechos humanos, fue seleccionada por la JEP como una de las cuatro fuentes de información a partir de las cuales determinaría la dimensión de los “falsos positivos”. El resultado de 6.402 víctimas al que llegó la Jurisdicción es una cifra similar a la que la Coordinación venía manejando desde tiempo atrás con base en los datos de su Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Su labor ha sido fundamental para empezar a conocer la verdad sobre estos hechos, cuya cifra podría incluso aumentar a medida que avanzan las investigaciones en la justicia transicional.
Algunos de los integrantes de la CCEEUU han asumido un alto costo personal por su compromiso con la denuncia de estos crímenes. En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Estado colombiano que protegiera al abogado Alberto Yepes, coordinador del Observatorio, de las amenazas y los hostigamientos de los que venía siendo víctima como retaliación por sus investigaciones sobre “el contexto de violencia en Colombia y específicamente sobre ejecuciones extrajudiciales”.
La persecución contra los abogados que trabajan en estos casos ha continuado aún en el periodo de funcionamiento de la JEP. En el primer semestre del año pasado, 14 abogadas y abogados que representan a familiares de víctimas de “falsos positivos” le solicitaron a la Jurisdicción que les otorgara medidas de protección ante una serie de seguimientos de los que venían siendo objeto. Estos abogados pertenecen a organizaciones defensoras de derechos humanos con una larga trayectoria en el país: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Jurídica Yira Castro, Humanidad Vigente, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Asociación Minga, Corporación Jurídica Libertad y CCEEUU.
La descalificación pública de las víctimas y las organizaciones defensoras por parte de líderes políticos contribuye a la profundización de los escenarios de riesgo. Señalarlas como enemigas de las instituciones del Estado no solo es abiertamente peligroso para ellas, sino también contrario a la verdad: estas organizaciones han luchado legal y legítimamente para que se produzcan reformas de fondo que garanticen instituciones transparentes, respetuosas de los derechos humanos y comprometidas con la reparación integral de las víctimas. Investigaciones, litigios en Colombia y el exterior, procesos de memoria y muchas otras acciones dan cuenta de ese compromiso.
En momentos como este es fundamental que distintos sectores las respalden públicamente. El éxito del caso 03 o de “falsos positivos” en la JEP también depende de que las personas defensoras de las víctimas cuenten con un entorno social e institucional favorable a su labor. Si la verdad y la memoria son patrimonios públicos, es necesario rodear colectivamente a quienes trabajan para conseguirlas. El país necesita llegar al fondo de estos graves crímenes que hoy se pretenden ocultar bajo el manto de la estigmatización.
