«Mientras no se logre una nueva realidad política es necesario mantener la insurgencia guerrillera»: Habla Isabel Torres (ELN)

Después de las pocas garantías de implementación de los acuerdos con las FARC, queda la duda de si el gobierno le apuesta a una verdadera paz o busca más bien un simple desarme de la insurgencia. Isabel Torres afirma que es fundamental cambiar de raíz las condiciones que llevaron al levantamiento en armas en busca de justicia social y vida digna, y explica por qué es necesario mantener la insurgencia guerrillera hasta no contar con una nueva y  transformada realidad social y política. 

Esta entrevista hace parte del libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018), publicado por Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial. [Foto de portada: ELNPazResponde]

¿Cómo evalúa el ELN la dejación de armas por parte de las FARC?

Isabel Torres* : Antes de abordar el tema es pertinente aclarar que, si bien el contexto es el mismo, todos los procesos de diálogos de paz son diferentes, cada uno obedece a dinámicas propias. En varias ocasiones y documentos hemos mencionado nuestras diferencias con la negociación concluida en La Habana, sin embargo, somos respetuosos de los acuerdos y el camino adoptado por las FARC.

En un país como Colombia, que lleva más de 50 años sumergido en un conflicto social y armado, el cual comprende múltiples características políticas y militares, la terminación del conflicto no se puede reducir al silenciamiento de los fusiles y al desarme de la insurgencia. Para que se lleve a cabo la construcción de paz con equidad y justicia, se hacen necesarias transformaciones básicas urgentes, que resuelvan los problemas sociales y políticos que dieron origen al conflicto colombiano.

Durante estas últimas décadas se han realizado varias negociaciones de paz que han terminado con el desarme de algunos grupos insurgentes, sin que hayan cambiado las condiciones políticas de violencia e injusticia social. Al no realizar cambios trascendentales en los factores estructurales que generan el conflicto, las cosas siguen igual o peor. Por un lado, la sociedad no ve cambios y transformaciones que favorezcan su participación política y su calidad de vida; por otro lado, la insurgencia ve que los objetivos que generaron e incentivaron su lucha revolucionaria, no se alcanzan y que sus ideales quedan reducidos a una interminable lista de acuerdos incumplidos por parte del Estado. Lo cual podría llevar al descontento de la sociedad y al resurgimiento de la insurgencia armada.

El ELN es consciente de que tanto el Estado como el régimen no tienen una completa voluntad política de paz que les permita realizar acciones en pro de resolver el conflicto por medio de la solución política. Las élites aspiran a pacificar el país, sometiendo al movimiento insurgente y destruyendo las organizaciones políticas y sociales transformadoras, para continuar con sus políticas de servilismo a los poderes extranjeros y de esta manera justifican la injerencia, en particular de los Estados Unidos, para que sigan interviniendo en las decisiones políticas del país, para continuar con el saqueo y la destrucción de los recursos de nuestro país.

Resolver de fondo el conflicto que aqueja a Colombia desde hace más de cinco décadas implica al Gobierno, ya sea el actual o el entrante, saldar con los colombianos la gran deuda social que tiene desde que el país se constituyó como nación. Vale la pena recalcar que esta deuda social es parte de las causas que originaron el actual conflicto armado colombiano y el surgimiento de las guerrillas en la década de los sesenta.

Según el más reciente informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región, a su vez el 1% más rico de la población concentra el 20% del ingreso. En ese mismo informe, se muestra que el gasto social por habitante que hace el Estado colombiano es menos de la cuarta parte de lo que se invierte en el resto de Latinoamérica, dicho gasto en Colombia equivale a cerca del 13% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en toda la región alcanza el 19,5% de la producción total de la economía.

Cada día la situación social de la población colombiana es más difícil, la salud es deficiente en cobertura y en oportunidad del servicio, la educación no es gratuita, ni de calidad; el trabajo es precario y la mayoría son marginadas económicamente, causando la desnutrición y muerte de miles de niño(a)s, en suma, estos derechos fundamentales, dejaron de ser una obligación del Estado, para convertirse en un lujo.

Por otro lado, la corrupción carcome todas las esferas del Estado. Según la Contraloría General de la Nación, en el 2017 se perdieron 9 669 960 000 000 de pesos por corrupción. Mientras esto ocurre, continúa la exclusión social de los colombianos y colombianas en los territorios más apartados, a los campesinos no se les ha devuelto las tierras que fueron despojadas; por el contrario, la propiedad de la tierra sigue concentrándose en pocos dueños, las oportunidades de inversión para los campesinos desaparecen.

En detrimento de la soberanía nacional, los últimos Gobiernos entregaron grandes concesiones mineras a empresas transnacionales, en zonas que deben ser protegidas ambientalmente como son los páramos, reservas forestales, humedales, cuencas hidrográficas y de suelo útil para agricultura; esto es un hecho que ocasiona deterioro ambiental y social, que ha generado nuevos conflictos que el Estado y grandes intereses privados los está tratando con violencia.

La violencia y la exclusión política es otra de las causas que originaron el conflicto, lo cual no se ha se ha solucionado y por el contrario ha aumentado la persecución a los movimientos sociales, a sus líderes, lideresas, y la criminalización de la protesta social.

Sin embargo, nuestro país debería ser una nación independiente, soberana y libre, como está plasmado en la carta magna, que define a Colombia como un Estado Social de Derecho; pero en la práctica podríamos preguntarnos ¿derecho de quién? o ¿derechos para quiénes? en el actual contexto del país, resulta contradictorio asegurar que somos un estado de derechos, partiendo de que los colombianos no tenemos una democracia participativa, ni libertad para ejercer sin restricciones los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

Las contiendas electorales se convirtieron en una feria de compras de votos, los cargos de elección popular no son elegidos por los colombianos libremente, sino presionados por los narcotraficantes, los paramilitares y los monopolios económicos; el pueblo simplemente se convirtió en una masa inerme que cambia su voto por unas pocas prebendas; cuando esta fórmula no funciona, entra el brazo armado ilegal del Estado a constreñir al electorado que no se ajusta a su sistema, a asesinar candidatos y a la dirigencia alternativa al régimen.

A más de un año de la firma del Acuerdo de la Habana, suscrito entre el Gobierno y las FARC, según cifras oficiales de la ONU, tan solo se ha logrado la implementación plena del 17% de las disposiciones pactadas, de igual forma: «solo el 45% de los compromisos consignados en el Acuerdo se han implementado de forma mínima, intermedia o completa, mientras que del 55% no se han iniciado actividades de implementación» (Revista Semana, 2017). En el mismo informe se advierte que el 55% de los combatientes de FARC han abandonado las zonas de concentración por incumplimiento. En ese contexto está reflejada la escasa voluntad y capacidad de paz del Gobierno y el Estado colombiano.

En conclusión, la presión popular sobre las élites y su régimen para lograr la democratización del país no es aún suficiente, por lo cual es necesario seguir ampliando la participación de las mayorías en movilización social y luchas políticas por transformar esta realidad de violencia y exclusión. Mientras no se logre una nueva realidad política es necesario mantener activada la insurgencia guerrillera y popular para garantizar un proceso transformador y de paz con justicia social y ambiental.

El Gobierno de Santos termina con un proceso exitoso de desmovilización de las FARC y, en cambio, sin resultados en las negociaciones con el ELN. ¿Qué responsabilidades cree que le cabe a su organización en el estancamiento de la Mesa de Quito?

I.T.: No es la primera vez que el ELN le apuesta una solución política y negociada del conflicto. El primer intento de negociación se produjo en 1974, bajo el Gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen, de igual manera se intentó en los Gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y, ahora con el presidente Juan Manuel Santos.

Los diálogos de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se han realizado en dos fases, una fase confidencial que inicio en el 2012 y culminó el 30 de marzo de 2016 con la firma del Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, nos llevó cuatro años pactar la agenda de 6 puntos, la cual es la hoja de ruta de este proceso. La segunda fase, es la pública que se inició el 7 de febrero de 2017, de la que a la fecha las partes lograron abordar, parcialmente, el punto 1 Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz, con la realización de las audiencias preparatorias y el subpunto 5F, «Dinámicas y acciones humanitarias» con la firma del acuerdo del Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional (Cfbtn) implementado entre el 1 de octubre de 2017 y 9 de enero de 2018.

Durante el desarrollo de los 4 ciclos de negociación hemos realizado varios acuerdos para el funcionamiento interno de la mesa, para la constitución del Equipo de Pedagogía y Comunicaciones para la Paz (Epecop), del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación (Gpaac), sobre el Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional y el acuerdo político del programa puntual de desminado humanitario.

Durante este primer año de negociaciones, la lentitud de la marcha de las mismas se produjo por los condicionantes que ha puesto el Gobierno, y por las grandes diferencias entre los modelos de negociación, ya que el Gobierno exige el sometimiento de la guerrilla a sus criterios prestablecidos, mientras el ELN le apuesta a una salida negociada que incluya transformaciones y cambios básicos urgentes, a fin de construir una paz con justicia y equidad social.

La Mesa fue suspendida desde el 29 de enero por orden del presidente Santos, aduciendo que no hay coherencia entre las palabras y los hechos del ELN, afirmación que pretende señalar al ELN de incumplimiento de acuerdos, lo cual nos es verídico puesto que el ELN se había comprometido, a través del acuerdo de Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional a suspender las acciones militares ofensivas hasta el 9 de enero, que fue cumplido cabalmente.

Es importante señalar que en el transcurso del Cfbtn, se presentó crisis en el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) conformado para garantizar el cumplimiento del acuerdo y sus protocolos, debido a que el Gobierno aduciendo el cumplimiento de la constitución y la ley, realizó operaciones ofensivas contra el ELN y no facilitó que en el MV&V, se verificaran los casos en que la fuerza pública estuvieron comprometidos en muertes de personas civiles. Además, desde el mes de diciembre el Gobierno, con vocería de su ministro de defensa anunció grandes operaciones contra las estructuras del ELN una vez culminado el cese al fuego, a la par aumentó el pie de fuerza en Nariño, Chocó, Arauca y Catatumbo, con el respectivo copamiento ofensivo de territorios donde opera el ELN, esto conllevó a que una vez culminado el Cese al Fuego, nuestras estructuras retomaron su accionar ofensivo en todo el territorio nacional.

Desde que empezó la crisis que originó el Gobierno, al suspender la mesa sin justificación valida, el ELN mantiene la disposición de diálogo y la voluntad de iniciar el 5° ciclo de inmediato y sin requisitos previos, con el propósito de buscar la reactivación de la Mesa la delegación viene realizando reuniones con diferentes estamentos de la sociedad y de la comunidad internacional.

Para nuestra delegación esta crisis no es fortuita, es una presión sistemática como parte del diseño de negociación del Gobierno con el fin de buscar el desarme y la desmovilización sin cambios. Por el contrario, el ELN busca a través del diálogo en la Mesa y con la más amplia participación de la sociedad trazar los cambios necesarios para superar la violencia política y las demás causas que llevaron al surgimiento de la insurgencia y el levantamiento del pueblo. Nos atrevemos a decir, de acuerdo a lo planteado, que nuestra responsabilidad en el estancamiento de la Mesa de conversaciones es mínima.

Usted proviene de una de las regiones donde el conflicto fue más intenso, el Catatumbo. ¿ve que con el desarme de las FARC y los intentos de negociación del ELN la región recuperó la paz? ¿la situación allí sería más calma si el ELN también concretara la entrega de armas?

I.T.: El Catatumbo es una zona estratégica, tanto a nivel económico en tanto es rica en variedades de climas, suelos, agua y minerales, entre otros interesantes recursos; como también es de importancia geopolítica por tener frontera con Venezuela. Por lo tanto, bastante apetecida por las élites nacionales y por las transnacionales, quienes para proteger sus intereses despojar a las comunidades, en asociación con el paramilitarismo y organismos del Estado ligados al aparato militar, mediante hechos de terrorismo, han causado según cifras oficiales aproximadamente 11 200 muertos, 110 000 desplazados y más de 700 desaparecidos.

La violencia contra las comunidades originarias ha sido histórica, como sucedió en el siglo XX cuando el Catatumbo se vio realmente invadido. El General Rafael Reyes, presidente de Colombia, concedió al General Virgilio Barco Martínez las tierras del Catatumbo que eran territorios nacionales pertenecientes a los Barí que para poderlos invadir los llamaron Baldíos Nacionales bajo la figura que luego se conoció como Concesión Barco. Esa concesión no llegó con flores y regalos, o sí, algunos regalaron bombas y bala a los indígenas Barí que resistían con flechas y dardos, mientras sus poblados y comunidades eran bombardeadas y ametralladas por los aviones del progreso. Esta concesión, en vez de traer bienestar a la región, trajo violencia, miseria y represión a las luchas de los trabajadores petroleros que buscaban mejores condiciones salariales de los campesinos, reclamando el territorio e inversión social. Ante la falta de inversión social por parte del Estado, las carencias infraestructurales para comercializar los productos agropecuarios y las medidas de aperturas económicas adoptadas por los Gobiernos a partir de la década de los ochenta, abocó a los campesinos a recurrir a los cultivos de coca para poder sobrevivir.

La expansión de los cultivos y por lo tanto el incremento de la producción de cocaína llevo a que las grandes mafias de narcotráfico avanzaran en la región, ocasionando violencia y destrucción del tejido social de las comunidades. En su ambición por controlar el territorio y en asocio con las transnacionales —que también tenían intereses en la región— invadieron con paramilitares despojando a centenares de campesinos de sus tierras.

En los últimos años, en 80.000 hectáreas de la región del Catatumbo, el Gobierno adoptó la política de promoción del monocultivo de palma aceitera, aprovechando una gran parte de las tierras expropiadas a los campesinos por parte de los paramilitares e incluyendo a otros campesinos que posteriormente perdieron la propiedad de la tierra, debido al endeudamiento adquirido con las grandes empresas palmicultoras, y ocasionando de esta manera la concentración de la tierra.

En los acuerdos de La Habana se pactó la sustitución concertada con las comunidades de los cultivos de coca, pero nada de esto se ha cumplido, el Gobierno sigue empecinado en la erradicación forzada.

Además, los campesinos del Catatumbo exigen con fuerza al Gobierno nacional y departamental la creación de un programa estructural que incluya asuntos sociales, económicos, ambientales, a la vez que se haga un programa gradual y concertado para la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo. Igualmente le reiteran la exigencia al Estado para que genere garantías, a la vida y seguridad desmontando efectivamente el aparato paramilitar que actúa en la región.

Al día de hoy en el Catatumbo se está implementando la explotación petrolera por fracking, de minas de carbón, hay monocultivos de palma aceitera y de la hoja coca, tal como ha ocurrido en las demás regiones, a la comunidad le está quedando solo contaminación ambiental, precaria infraestructura vial, ausencia total de la inversión social, militarización y paramilitarismo entre otros problemas.

Las mujeres del Catatumbo en su día a día, crían a sus hijos e hijas para el futuro, con la esperanza de que no sean analfabetas, queriendo que no mueran la población infantil en las puertas de los hospitales, que nuestras hijas no se vean obligadas a prostituirse y que la descomposición social de las drogas y el alcohol no consuman a los jóvenes de la región.

Es de resaltar, que, dentro de las características propias de las comunidades del Catatumbo, tienen virtud de liderazgo natural, su modelo organizativo, es heredado del pueblo Barí, que a través del tiempo se ha fortalecido transmitiendo estos saberes de generación en generación. También es una de las regiones del país, donde la intensificación del conflicto ha generado múltiples escenarios de lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes, luchas soberanas de las comunidades que se han venido trasmitiendo de generación en generación como herencia de resistencia, dignidad e identidad.

Por lo anterior podemos decir que en las comunidades después de la desmovilización y desarme de las FARC, hay incertidumbre, porque temen que el aparato legal del régimen continúe la represión de la protesta social y que el aparato ilegal del régimen, desplace y asesine a la dirigencia social y a las y los excombatientes de las FARC, tal como ocurrió con el genocidio de la Unión Patriótica (UP).

La situación de violencia cambiará cuando el Estado reemplace la política guerrerista y salde la deuda social que tiene con las comunidades catatumberas, cuando los derechos de su población estén por encima del interés del capital, cuando las víctimas de los crímenes de Estado sean reconocidas, reparadas y se establezcan mecanismos para garantizar la no repetición; el día que esto suceda podemos decir que hay caminos abiertos para la construcción de paz en el Catatumbo, de lo contrario, seguiríamos en un círculo vicioso, donde se desmoviliza una guerrilla y nace otra. Para sintetizar retomamos las palabras del comandante Camilo Torres Restrepo «El pueblo está cansado y dispuesto a jugarse la vida, con tal que de la próxima generación de colombianos no sea de esclavos».

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?

I.T.: Partimos de que las verdaderas negociaciones deben ser donde los objetivos de las partes queden cumplidos o por lo menos lleguen a un punto medio de acuerdos. En este caso podemos decir que el Gobierno con las FARC logró el objetivo principal, desarmar la insurgencia, mientras los objetivos de las FARC no se ven reflejados en la misma proporción.

Uno de los objetivos de las FARC es transcender de fuerza armada a fuerza política, para ello una vez culminadas las negociaciones fundaron el movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), sin embargo, la realidad muestra que el Estado y las élites en vez de brindar garantías les han limitado el ejercicio político.

Como ELN, consideramos que la solución política al conflicto consiste en pactar los cambios básicos urgentes que requiere el país, como inicio de un proceso de cambios estructurales para construir la paz. Estos cambios no se logran fácilmente, se requiere de la participación de la sociedad.

El poder del Estado está a favor de las clases poseedoras y para mantener el poder ha aplicado la violencia en contra de los movimientos alternativos que están a favor de los desposeídos y excluidos. El proceso de paz debe llevar a que los movimientos alternativos tengan opción de acceder al poder por las vías legales y pacíficas para abordar las necesidades y exigencias del pueblo.

Por otro lado, encontramos que la mayor oposición a los diálogos de paz es ejercida por parte de la élite dominante más ligada a los capitales mafiosos que rechazan la vía negociada al conflicto, y que optan por la vía guerrerista aumentando más la situación de violencia que se vive en el país.

Desde mi punto de vista, veo que después de ocho años de negociaciones, estos procesos de paz están en alto riesgo, tanto la mesa de diálogos en Quito, como los acuerdos de La Habana; esto se debe a los continuos incumplimientos del Estado, que no solo deslegitiman el proceso adelantado con las FARC, también generan incertidumbre, ¿realmente el Gobierno es capaz de cumplir los acuerdos de paz? ¿realmente el Gobierno busca la paz o solo le interesa el desarme de la insurgencia?

__________________________________________

*(Norte de Santander, 1987) es integrante del Frente de Guerra Nororiental “Manuel Pérez Martínez” del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Proveniente de la región del Catatumbo, se sumó a la Delegación de Diálogos del ELN con sede en Quito, Ecuador, en el transcurso del cuarto ciclo de negociaciones, en julio de 2017. Actualmente es una de las 16 personas integrantes de dicha delegación.