¡Presupuesto, presupuesto, para la educación!
Inicia la cuarta semana del paro indefinido del magisterio y presupuesto, presupuesto para la educación, parece ser la consigna que se ha puesto en la escena del dialogo nacional; las calles de los municipios, ciudades y grandes capitales se han visto atiborradas de maestros y maestras que en esta nueva jornada le exigen al gobierno nacional que detenga el proceso de desfinanciación que asiste hoy al sistema educativo y sea consecuente con la política de “Colombia la más educada”. A pesar de lo contundente de las movilizaciones los grandes medios las reducen a un simple problema de movilidad.
Por Luis Eduardo Pérez*. En las caras de los maestros y maestras, en la alegría de los cantos y la creatividad de las manifestaciones se evidencia la problemática de la educación colombiana, la cual no puede reducirse a la idea un tanto facilista de la necesidad del incremento salarial. El magisterio colombiano al igual que los demás trabajadores y trabajadoras del Estado, aunque vaya corriendo el sexto mes del año, no ha podido ver aumentado su salario, pero no se moviliza solo por acceder a este derecho que tiene cualquier trabajador, sino porque busca sacar de la crisis en la que se encuentra hundida la educación en nuestro país. Es pertinente hablar de crisis, esta se puede ver en la falta de recursos que el Estado gira a los municipios para entre otras cosas la educación, por medio del Sistema General de Participaciones, el cual en palabras de los ministros de hacienda y educación, se encuentra quebrado.
Es en el Sistema General de Participaciones donde se encuentra el centro del asunto, creado a partir del acto legislativo 01 de 2001 y más específicamente la Ley 715 del mismo año conocida por el magisterio como la ley de la contrarreforma educativa, ya que a partir de ella se inició el desmonte de la Ley General de Educación, expresión y punto cumbre del movimiento pedagógico de la década de los ochenta y noventa del siglo pasado. Mediante este sistema es que el gobierno define las transferencias presupuestales a los municipios destinados principalmente para la salud y la educación, que en los 16 años de existencia le ha quitado a estos derechos fundamentales la suma de varios billones de pesos y de allí la crisis, no hay forma de que la educación en Colombia persista sin la existencia de recursos.
No obstante, la contrarreforma educativa no solo se manifestó en el recorte presupuestal, los primeros años del nuevo milenio vieron la generación de un sinnúmero de decretos que intervinieron directamente en la cotidianidad de la escuela llevando a la practica la política neoliberal de los economistas proclives al sistema económico preponderante, bajo el ideal de la eficiencia o hacer más con menos recursos, se reguló la relación técnica o parámetro estudiante – docente, Decreto 3020 (más estudiantes menos docentes), se promovió la promoción automática, Decreto 230 (nivel de reprobación del 5% aun sin el nivel académico necesario) y la saturación de actividades y responsabilidades al cuerpo docente, Decreto 1850, para hablar de algunos casos que ponen de manifiesto cómo ha sido política de Estado la desfinanciación de la educación. Parece ser que es cierto lo que en las redes sociales se expresa: “Se ha ahorrado tanto en educación que ahora abunda la ignorancia”.
Bajo la falacia de la educación de calidad, las leyes del mercado han permeado la escuela, en 2002 aparece un nuevo estatuto docente por medio del Decreto 1278 el cual cumple una doble función, por un lado dividir el magisterio y por otro eliminar su estabilidad, condicionándolo a la evaluación sanción para permanecer en el cargo así como para mejorar sus condiciones de vida. En este sentido los maestros y maestras no se oponen a que los evalúen sino a las evaluaciones subjetivas en el caso de las evaluaciones anuales de desempeño o a evaluaciones condicionadas a la regla fiscal (solo el 20% de los que se presentan pasan según presupuesto) o evaluación de competencias para ascender o reubicarse en el escalafón.
Antes de hablar de los gobiernos de Santos cabe expresar que en 2007 se profundiza el recorte a las trasferencias mediante reforma al sistema general de participaciones disminuyendo aún más el presupuesto destinado a la salud y a la educación.
En este sentido, bajo la dirección de Gina Parody primera ministra de educación del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, el accionar del ministerio se enfila hacia dos fundamentos, por un lado la continuación de la pauperización de la condición docente a través del Decreto 915 y 490 y por otro, hacer demagogia pretendiendo maquillar la realidad de la educación por medio del tan sonado Día “E” Excelencia educativa que más tiene que ver con E de Engaño y el Decreto 501 donde se establece la imposición de la jornada única pero sin presupuesto, lo que no pasa de ser una mentira más con la que se pretende embaucar la opinión publica dado que el discurso nada tiene que ver con la realidad de la educación, la infraestructura y la profesión docente.
Esta es la situación que soporta el magisterio, han sido varias décadas en que se ha usurpado el dinero que le corresponde a la educación y en las que se ha pauperizado la profesión docente y es precisamente en ese cuadro en que se enmarcan las luchas del profesorado en nuestro país, una lucha que va por la financiación de la educación. De allí que, en el marco del pliego que se discute hoy entre FECODE y el gobierno nacional, se exija el 7,5% del Producto Interno Bruto de la nación para reparar el daño que gobierno tras gobierno le han hecho al sistema educativo al desfinaciarlo y por otro se exija la dignificación de la profesión docente, a través de la derogación de Decretos que han sido bastante lesivos y la reclamación de un estatuto que realmente permita poner en el lugar a esta bella profesión.
Es por eso, que en las calles los maestros y maestras seguirán gritando presupuesto, presupuesto para la educación, si realmente es la educación un pilar como el mismo gobierno la define, pues se necesitan recursos para desarrollarla en condiciones de dignidad; no es admisible escuchar la expresión tajante del gobierno de “No hay Plata” más cuando se ha iniciado una reforma tributaria, se ha elevado el IVA del 16% al 19%, se han descubierto recursos minero energéticos, se proyecta la repatriación de capitales y se está ahorrando billones que estaban destinados para la guerra. La educación no puede ser el soporte de la crisis fiscal en que la corrupción tiene las finanzas del país.
La Fuerza Nacional Magisterial – FUNAMA corriente política perteneciente al Congreso de los Pueblos como actor político al interior de FECODE, ha orientado la participación en todas y cada una de las actividades proyectadas para el éxito de las diferentes jornadas en el marco de la presente movilización, si bien, se ha tomado distancia en temas como mantener la intermediación en la prestación del servicio de salud y la continuidad de la Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa ECDF, se siente identificada en la necesidad de salir a la lucha por presupuesto para el sistema educativo. En este sentido ha exhortado al comité ejecutivo de FECODE a enmendar los errores del pasado cuando sin considerar la opinión de los maestros y maestras del país ha levantado las movilizaciones a partir de acuerdos con beneficios pírricos para la educación y el magisterio restándose legitimidad ante sus bases; debe considerar el ejecutivo de FECODE que en estos momentos se tiene una oportunidad histórica para construir un sistema educativo para un país con vida digna, hacia eso le caminamos, para allá vamos con el grito y el tambor entonando la consiga de “¡Presupuesto, presupuesto, para la educación, no más armas y dinero para la represión!”
—
*Luis Eduardo Pérez es docente de Ciencias Sociales en la localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá. Hace parte de la Fuerza Nacional Magisterial – FUNAMA y el Congreso de los Pueblos.