El movimiento popular debe seguir siendo una fuerza real

El pasado 26 de enero el Gobierno nacional reconoció la existencia del paramilitarismo y el genocidio en marcha contra el movimiento popular en la gran región de los dos ríos. Fue necesario, sin embargo, que las comunidades y liderazgos populares ocuparan por varios días el punto de La Lizama. Una entrevista con Pilar Lizcano, vocera de este paro regional por el desmonte del paramilitarismo.

Desde la madrugada del pasado 23 de enero, y hasta las horas de la noche del día 26, más de 800 personas ocuparon la Ruta del Sol en la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja. Se trata del punto conocido como La Lizama. En su mayoría, eran comunidades provenientes de la gran región de los dos ríos, que cubre el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño, el Centro y Sur del Cesar, el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Es un territorio repleto de riquezas, donde campean el extractivismo, la ganadería de gamonales y el paramilitarismo. Entre los dos principales ríos del país se está desarrollando un genocidio contra el movimiento popular que se resiste a un modelo de acumulación basado en el despojo de la economía campesina, y que recurre para ello a ejércitos paramilitares que, solo por hablar los últimos años, ya han asesinado a decenas de militantes de las organizaciones, incluyendo históricos voceros como Teófilo Acuña y Jorge Tafur.

La que sigue es una entrevista a Pilar Lizcano, vocera de este Paro Regional por la Vida y la Permanencia en el Territorio, y militante de Ciudad en Movimiento y el Congreso de los Pueblos. Creemos que en estas líneas no solo se resalta el valor político de un paro que logró tensionar los limites de lo posible en el contexto de un gobierno de corte progresista, también se registra el detrás de cámaras de una movilización que obligó al gobierno a reconocer un genocidio en marcha y unas estructuras paramilitares que, aún hoy, sostienen una guerra declarada contra los sectores populares.

El momento político del país ha cambiado, y los repertorios de muchas organizaciones populares parecen haber dado un drástico giro hacia la participación dentro del gobierno de Gustavo Petro. Frente a este contexto, la ocupación de la Ruta del Sol en la zona de la Lizama nos despierta de los restos de ese tufo de victoria que sucedió al cambio de gobierno. ¿Cómo interpretar esta acción? ¿Cuáles son los motivos que llevaron a las comunidades organizadas a iniciar este paro regional en la macroregión del Magdalena Medio? ¿Cómo se desarrolló el día a día de una movilización de esta envergadura en medio de un gobierno de corte progresista?

El motivo que impulsó al movimiento popular a iniciar este paro en la macroregión del Magdalena Medio es la grave situación de derechos humanos que vienen atravesando en el último tiempo las comunidades. Esta situación se profundizó desde el año 2022 debido a la alta presencia de estructuras paramilitares con capacidad de actuación nacional. Este paramilitarismo ha venido desarrollando otras formas de actuación basadas en la inserción dentro del tejido social. Son estructuras que logran garantizar algunas cosas que son obligación del Estado colombiano, y dada la poca presencia y la nula respuesta a las necesidades de la gente, es el mismo Estado el que termina abriendo las puertas para que el paramilitarismo se fortalezca.

Esto ha hecho que la macroregión del Magdalena Medio empiece a plantear que está atravesando una crisis humanitaria, y por tanto, se hizo urgente declarar una emergencia humanitaria. Este paro se desarrolló en la Lizama, que fue declarado un corredor humanitario desde el día 23 de enero. En términos generales, el paro transcurrió con tranquilidad, en medio de la tensa situación que estábamos atravesando. Y digo tensa por la alta presencia de estructuras paramilitares en ese punto, en la troncal del Magdalena Medio. El paramilitarismo desarrolló una presencia más que evidente durante los días de la movilización. Salieron varias denuncias que hacían referencia a que los paramilitares estaban en la zona, estaban mirando cómo se organizaban para atacar nuestra movilización.

Igual de tensionante era no saber cuál sería la reacción de la fuerza pública después de que el 23 de enero dieran un ultimátum de 48 horas. Según ellos, después de 48 horas intervendrían para acabar con el punto de movilización. Tensa también fue la relación con algunos camioneros que estaban ahí en el punto de movilización, pues al restringir la movilidad era obvio que se generarían largas filas de camiones, y algunos de ellos empezaron a actuar con violencia. Todo esto se vio reflejado, por ejemplo, en el bloqueo que ellos mismos hicieron al carril humanitario que teníamos en la movilización. Siempre intentamos garantizar el paso de ambulancias, el paso de automóviles con niños, de personas enfermas, de mujeres en estado de embarazo, buses que indicaron que tenían emergencia. Pero los camioneros optaron por bloquear completamente esta vía, impidiendo el paso humanitario.

Ahora bien, ¿a qué acuerdos llegó la movilización con el gobierno, y qué significado tienen para la emergencia humanitaria que actualmente vive la región?

La movilización llega a varios acuerdos con el gobierno nacional. Pero lo primero que hay que hacer es aclarar que no hubo presencia de alto gobierno, esto para plantear justamente una crítica al gobierno nacional. El día miércoles 25 de enero llega al punto de movilización una avanzada del gobierno en altas horas de la noche. Hizo presencia una delegada del Ministerio de Defensa, una delegada del Ministerio del Interior, y también llegaron la Procuraduría regional, la Defensoría regional, el delegado de Alcaldía y Gobernación. Cuando nosotros planteamos que fuera una reunión con alto gobierno, decíamos que tenía que ser una persona del ministerio que tuviera la posibilidad de tomar decisiones. Esto no pasó. Ya en la reunión con el Gobierno nacional estuvo la viceministra Lilia Solano, delegados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Allí lo que se hizo fue leer la agenda que se había propuesto desde las vocerías del paro regional, esta consistía en tres puntos.

Primero, que el gobierno nacional debía reconocer que la macroregión está atravesando una crisis humanitaria. Luego de haber adquirido este compromiso, el primer acto fue una rueda de prensa en la que se reconoce y se lee explícitamente que el Magdalena Medio está atravesando una crisis humanitaria debido a las prácticas genocidas y a la acción del paramilitarismo. Lo segundo era la garantía de retorno de las delegaciones que estaban en la movilización. Pero este punto se vio afectado cuando algunas delegaciones se vieron retenidas por la policía nacional. El acuerdo era que esto no iba pasar, pero empadronaron a las delegaciones, les pidieron sus documentos y buscaron identificar quiénes estaban en la movilización.

Lo tercero que se acordó fue la instalación de una comisión de soluciones a la emergencia humanitaria. Esta comisión será instalada formalmente el 13 de febrero en Bogotá. Contará con participación de alto gobierno, se espera al presidente de la república o su delegado, al ministro del interior y al de defensa, al Alto Comisionado para la Paz, a la oficina de derechos humanos del congreso, a la comunidad internacional y a otros garantes que exigimos en el proceso de negociación. En un cuarto punto se acordó que el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la república, realizará una vista a la macroregión del Magdalena Medio para conocer de primera mano la situación de derechos humanos que se está enfrentando allí. Y finalmente, se concluyó con que no todos los encuentros de la comisión se realizarán en Bogotá, sino que habrán otras regiones del país que recibirán la comisión que se va a conformar.

¿Cuál es la valoración que se tiene del paro regional y de los acuerdos alcanzados con el gobierno? Teniendo en cuenta que esta fue, quizá, la primera movilización de envergadura que el movimiento popular desarrolló en medio del gobierno de Gustavo Petro.

Yo creo que la valoración es positiva. Lanzarse a realizar este paro regional en un contexto como el de Colombia es un salto al vacío, aun reconociendo que estamos en un gobierno que permite el dialogo, que permite plantear cosas. Pero en el fondo persisten unos problemas estructurales que, entendiendo el Estado colombiano, complejizan todo. Parte de las exigencias de reconocer la crisis humanitaria es justamente reconocer que es el resultado del abandono estatal en muchos territorios del país. Esto no depende de Gustavo Petro, pero sí era necesario que el presidente de la república, y en este caso el Ministerio del Interior, reconocieran qué es lo que está pasando en varios territorios del país. Creo que esto es una victoria de la gente que se movilizó, que estaba esperando hace mucho tiempo que en Colombia se comenzara hablar de la emergencia humanitaria y del genocidio social y político.

Estamos ante un escenario muy complejo para las organizaciones y liderazgos sociales, nos quieren exterminar por pensar un país diferente, y me parece un contexto como el que marca el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez abre la posibilidad de encontrar en la movilización un mecanismo de respaldar al gobierno, pero también de exigir derechos. Nosotros dejamos claro al inicio que esta no era una movilización en contra de Gustavo Petro, esta fue una movilización que pretendía denunciar la actuación criminal que tiene el paramilitarismo, y que es una actuación de carácter nacional. Yo creo que para el gobierno del cambio esto representara un reto, teniendo en cuenta que la derecha está convocando movilización para este mes de febrero. Si se espera que el movimiento social siga respaldando, se tendrán que buscar mecanismos para que el movimiento social sí sea un actor real y que mantenga contundencia y voz en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Detrás de todo esto se encuentra uno de las grandes banderas del gobierno: la paz total. Y resulta diciente que, mientras se abren puertas de diálogo político con las estructuras paramilitares, las comunidades organizadas se vean en la obligación de ser tenidas en cuenta por el gobierno a través de la ocupación de rutas nacionales. ¿Cómo crees que el reconocimiento de la emergencia humanitaria derivada del repunte paramilitar va afectar la política de paz total del gobierno?

Yo creo que el reconocimiento de la emergencia humanitaria, en un contexto de repunte paramilitar, va a implicar que la política de paz total se replantee y se rediscuta. Porque a partir de este momento se reconoce que el paramilitarismo actúa de manera violenta en los territorios de Colombia y que eso es lo que justamente acarrea la emergencia humanitaria. Esto implicará mirar cómo se negocia con ese actor, si se le da el estatus de actor político o no. La verdad es que hasta este momento ni el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ni la ministra del interior, ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado sobre el tema. Puede ser que entonces que los resultados de esta movilización estén en función de esta política de paz total.

Algo que nosotros y nosotras también planteábamos cuando llegó la avanzada del gobierno, es que la política de paz total no se puede hacer si no se llega a las raíces del conflicto en Colombia. Y parte de la emergencia humanitaria consiste en identificar que la crisis que se está atravesando en varios territorios del país pasa por no haber trabajado alrededor de las raíces del paramilitarismo en nuestro país. Es inconcebible que en Colombia se haya realizado un paro armado por parte de los paramilitares que frenó la mitad del país, y aun así, el gobierno nacional no actúe sobre eso. Y con esto no se trata de sentar a los paramilitares en una mesa, negociar y darles un estatus político sin buscar la manera en que se resuelva la situación que se vive en los territorios.

Lo peor es que la emergencia, en materia de derechos humanos, se va a mantener. La realidad es que las lideresas y los líderes sociales no pueden permanecer en sus territorios por la violencia y la persecución que permanece. Por eso, en el punto de garantías tuvimos que exigir la no criminalización y la no judicialización de quienes estuvieron en este paro regional. Nosotros y nosotras sabemos que una de las consecuencias que se presentan luego de exigir nuestros derechos es la persecución que también inician los aparatos del Estado, en este caso la Fiscalía General de la Nación.

Dicho esto, queda esperar los planteamientos del Alto Comisionado para la Paz. Por eso estamos esperando que él participe en la comisión que se va a instalar por la declaratoria y solución de la emergencia humanitaria, y que esto nos permita poner en tensión el tema de la paz total, sobre todo en perspectiva de comprender que el conflicto en Colombia va más allá de instalar unas mesas de negociación.

Finalmente, ¿de qué manera lo urbano y lo rural pueden crear pactos y alianzas para avanzar en esta compleja tarea de desmontar el paramilitarismo?

Yo creo que existe una estrecha relación y una convivencia permanente entre lo urbano y lo rural. Ahora toca pensar en planes conjuntos que permitan desmantelar las estructuras paramilitares partiendo de lo que realmente son. Es decir, unas estructuras que tienen determinadas formas de actuar, que tienen unas cabezas que piensan esa política paramilitar, que tienen capacidad de actuación nacional, financiación, y que responden a unos intereses económicos, políticos y culturales del Estado colombiano. Después, se trata de mirar cómo será la apuesta por el desmonte del paramilitarismo. Porque creo que es un actor que tenemos en común en los territorios urbanos y rurales, un actor que afecta las posibilidades de pensar en un proyecto de país que garantice derechos para todos y todas. Y creo, sobre todo, que la capacidad de desmontar el paramilitarismo se logrará medir en la movilización y en la denuncia permanente sobre lo que sigue pasando en Colombia. Pues lastimosamente, no es como que al haber ganado Gustavo Petro la actuación paramilitar baje. No. Lo que hemos visto, por el contrario, es que esta se ha profundizado y cada vez es mucho más evidente. Hoy el paramilitarismo está teniendo otras características que se tendrán que estudiar para ver de qué forma se avanza en una propuesta nacional de desmonte.