La presión contra las compañías petroleras en Arauca la protagoniza el movimiento popular
Arauca es un departamento que concentra, como pocos, un sinnúmero de polos de conflictividad social. En sus fronteras se mezcla una agresiva economía extractiva, la cruel arremetida del paramilitarismo y una persistente crisis social que ataca las condiciones de vida del conjunto de su población. Sin embargo, la región conserva también un destacado ejercicio de organización popular que ha contribuido a repensar el departamento a través de la movilización y la construcción de nuevas formas de administración y poder. Una entrevista con el dirigente campesino Alexis Castro.
Alexis Castro es un campesino araucano oriundo del municipio de Fortul. Con los años se ha convertido en un destacado dirigente campesino del centro oriente colombiano. En sus palabras se acumula un amplio recorrido en las luchas por la preservación de la naturaleza y el desescalamiento del extractivismo en la región. Pertenece al Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, una plataforma de lucha, organización y articulación que, como pocas, ha logrado consolidar un claro horizonte de vida y una rigurosa fortaleza organizativa en la construcción del poder popular. A continuación, una entrevista realizada por Lanzas en el contexto de las jornadas de movilización que, en el mes de febrero, enfrentaron al movimiento popular araucano y a la petrolera canadiense Parex.
Desde hace algunos años la discusión acerca de la situación petrolera en el país se centra en la cuestión de las reservas y los métodos de extracción no convencionales como lo es el fracking. Si bien es clave discutir estos asuntos, queda por fuera el papel de comunidades, como la araucana, que lleva décadas soportando el peso de la economía petrolera en sus vidas diarias. ¿Podrías describir cuál es la situación y el debate con el petróleo en un departamento como Arauca?
El movimiento social en el departamento inició en 1972 de la mano de jornadas de exigencia ante el Estado. Principalmente se demandaba inversión en educación, salud, vías y energía. Desde esa época se empezó con un proceso de pliegos de exigencias y de plataformas. Hoy, ya con ese recorrido, se ha venido construyendo nuestro plan de equilibrio regional, nuestro plan de vida. Nosotros concebimos el territorio como un todo, y es a raíz de eso que lo defendemos. Ahí está la primera contradicción que tenemos con la forma extractivista que tiene el Estado colombiano. Ni tan siquiera decir que es contra la industria petrolera, es con el extractivismo, porque en un país como Colombia no tenemos industria petrolera porque aquí no se sacan todos los derivados del petróleo.
Ese extractivismo se ha venido agudizando. Tiene un elemento social en nuestro plan de vida. Nosotros concebimos el territorio en un equilibrio dinámico entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Nosotros concebimos que nuestro territorio es agua, es vida, es todo.
Y partiendo desde ahí, desde el inicio de la explotación petrolera Arauca, podríamos decir que los impactos ambientales han sido catastróficos. Acá el Estado ha tratado de poner el petróleo por encima de la agricultura. Nosotros lo que hemos venido planteando es que lo que caracteriza al departamento es la agricultura y la ganadería, mas no petrolero. Debido a esto, hemos tenido todas nuestras contradicciones con el Estado, porque nosotros decimos que Arauca es un departamento rico en agua y en biodiversidad. Si no preservamos el agua y no preservamos la vida, pensando en una futura generación, no tendremos nada que dejarle a los que van saliendo, a los que van llegando a este hermoso planeta. A ellos tenemos que dejarles algo.
Por eso evaluamos qué es lo que sacamos con tener petróleo, con tener esas riquezas, si en cincuenta o cuarenta años el territorio solo va a tener tierras improductivas. Estas son las razones que hemos tenido. Esas son nuestras fuertes contradicciones con las corporaciones transnacionales, porque nosotros tratamos de cultivar para la vida y de preservar los ecosistemas que tiene nuestra naturaleza.
El pasado 21 de febrero la mesa de concertación entre las comunidades movilizadas y la petrolera Parex arrojó unos acuerdos en materia social. Llama la atención que esta movilización y sus resultados no convocó únicamente a los trabajadores del petróleo, sino a distintos sectores sociales. A pesar de su importancia, pasó de agache en la prensa nacional. Acá lo que nos llama la atención es que en estas movilizaciones integraron, por ejemplo, al campesinado y a los estudiantes. Nos gustaría conversar estratégicamente en torno a los tiempos de esta movilización y a los factores que convocan a una cantidad tan diversa de sectores a levantarse contra el extractivismo.
Son muchas las cosas en común que convocan a una gran parte de los obreros, estudiantes y campesinos en Arauca. Lo primero es que Arauca ha aportado al país 40 años de saqueo de petróleo y ni siquiera en las zonas urbanas del departamento se accede a gas. Aquí sacan el gas y se lo llevan para otro lado. La gente que lo consume está comprándolo afuera. Se llevan el gas de Arauca y luego lo traen en bombona o en pipeta. Lo venden a precio de afuera y, entonces, llega mucho más caro.
Y segundo es que, luego de cuarenta años de explotación petrolera, un territorio como el nuestro no tiene una universidad pública, no hay garantías para la educación. De los bachilleres que se gradúan en el departamento de Arauca, solo el 20% o el 30% pueden acceder a la educación superior. No existen garantías para que los estudiantes se formen en una universidad pública.
Lo otro tiene que ver con el sistema de salud. En un departamento que es rico en todos los ámbitos no contamos con un hospital que preste servicios, por lo menos, de tercer nivel, de más complejidad. Se tienen que amarrar los familiares de los enfermos a las puertas de las EPS para que trasladen a los pacientes al interior del país y así sean atendidos.
En un departamento en el que el mismo campesino erradicó la coca y hoy le apuesta al tema agropecuario, se le ha planteado al Estado el pago de la deuda histórica que tiene con el departamento Arauca y, particularmente, con el movimiento social y el movimiento agrario. Se trata de la industrialización y de las plantas de transformación. Somos el segundo productor de plátano a nivel nacional y no hay una industria que le dé ese valor agregado al campesino que logró erradicar la coca y tuvo que aguantar hambre casi dos años mientras los cultivos de pancoger daban.
Ese es el camino que quiere hoy el departamento, y eso es gracias al movimiento campesino. Esta fue la razón que llevó a la movilización que detonó en febrero. Por ejemplo, en Saravena descubrieron un pozo con un alto porcentaje de producción de gas. Y bueno, decíamos: vamos a ver otra vez cómo pasa el gas por tubería hacia otras regiones del país, mientras nosotros no vamos a tener derecho ni siquiera a una planta para transformar el gas y hacer que la gente de Arauca, que ha vivido todos los vejámenes de la violencia, pueda por lo menos suplir esa necesidad. Esto hace parte de ayudar a preservar el ambiente, pues el campesino en pleno siglo XXI sigue cocinando con leña. Buscamos parar también, de este modo, la tala de los bosques.
Lo último es la precariedad con la que la industria petrolera estaba pagando a los obreros. La empresa petrolera ni siquiera le da la oportunidad a los pocos profesionales que tiene el territorio, si no que los trae de afuera. A lo sumo, se emplea a la mano de obra no calificada que es la única forma de incluir a las comunidades, y eso es muy poco.
Todas estas necesidades se juntaron y se creó ese pliego. Por eso se llevó a la movilización, para exigir al Estado, al gobierno del presidente Petro, eso que ha venido planteando de invertir en estos territorios, en esa Colombia olvidada. Los movimientos sociales decíamos que el Gobierno tiene que voltear los ojos hacia este territorio y tiene que invertir. Entonces, la movilización se llevó a cabo exigiendo esto, exigiendo la transformación de los productos agropecuarios, la salud y la educación para el territorio.
Todas las necesidades sentidas que tiene el departamento son materia de inversión social. El año pasado hubo una movilización de los estudiantes exigiendo transporte escolar y alimentación, denunciando la falta de maestros. Este año estamos casi en la misma situación. Muchos de esos puntos nunca se cumplieron y las compañías petroleras también han venido incumpliendo los acuerdos a los que han llegado con las comunidades. Por eso llegamos nuevamente a la movilización.
Al respecto nos gustaría que mencionaras los acuerdos alcanzados con la petrolera Parex y el Gobierno nacional. ¿Cuáles son las perspectivas mantiene el movimiento popular respecto al futuro de una región tan marcada por el extractivismo?
Se llegaron a algunos acuerdos en materia de educación y salud. En lo que respecta a la salud, por ejemplo, se llegó a acuerdos de inversión de unos 200 mil millones para los dos próximos años. También acordamos algunos asuntos frente a las plantas de transformación. En la región hemos venido planteando la necesidad de plantas para la transformación del plátano, de los productos lácteos, del cacao y de abono orgánico. Hay que cambiar ese modelo de producción basado en agrotóxicos, porque son los que nos han venido matando y enfermando a la gente. En eso se lograron unas inversiones considerables. Estamos en unas mesas de trabajo con el Gobierno nacional, tratando de que esta situación se materialice.
Con la compañía Parex llegamos a acuerdos, principalmente, para el tema del gas y la mano de obra del territorio. También establecimos compromisos en lo que tiene que ver con la inversión social de la empresa, un ejemplo es el proyecto de frigomatadero regional firmado con la corporación.
Esos son algunos de los compromisos adquiridos por la empresa. Porque Parex viene diciendo que desarrolla inversiones que resultan ser obras por impuestos, y son en realidad los impuestos que tienen que pagarle a la nación. Hacen las obras y con eso asumen que ya cumplieron con la inversión social. La cosa no es así. Tiene que haber una inversión real de las ganancias que tiene la empresa y no solo del pago de sus impuestos. Ese fue uno de los compromisos.
Logramos también un acuerdo con el Gobierno nacional para crear una comisión tripartita en la que esté la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el movimiento social y una universidad pública. Esta comisión debe hacerle seguimiento y monitoreo a todo lo que tiene que ver con los impactos ambientales derivados de la extracción petrolera en el departamento de Arauca. Sabemos que los impactos son grandísimos y hemos logrado que la Agencia Nacional de Hidrocarburos financie esta comisión y empiece con la tarea de cuantificar cuarenta años de daños ambientales.
¿De qué manera se le hará seguimiento y veeduría a los acuerdos logrados para evitar el reiterado incumplimiento de las petroleras a la comunidad?
Le hemos dicho al Gobierno nacional y a las empresas petroleras que la movilización no se levantó, se suspendió, lo cual es muy diferente. Es decir que si hay incumplimiento del pliego, pues nos sigue quedando la única herramienta que hemos tenido, que es legítima y legal de las comunidades: el derecho a la movilización social. Entonces por eso dejamos claro al Gobierno nacional, en cabeza de la viceministra del diálogo social, que la jornada de movilización no se ha levantado, sino que está suspendida. Una vez que los acuerdos se hayan materializado oficializaremos el levantamiento de la jornada de manifestación, presión y movilización social.
En las mesas quedamos trabajando técnicamente alrededor del compromiso con el Gobierno, en donde nos sentaremos cada dos meses para evaluar los avances, los cumplimientos y la consecuente materialización de lo acordado. A la viceministra también le hemos manifestado que como movimiento social y plataforma del movimiento político hemos venido recibiendo ataques, fuertes señalamientos y una reiterada brutalidad en contra de nuestras organizaciones. Yo, como presidente de la Federación, he sido denunciado penalmente y muchos de nosotros hemos sido amenazados y estigmatizados. Sabemos que es un plan que está diseñado para tratar de callarnos, como siempre lo han hecho, pero ahí seguimos, continuamos luchando por el compromiso que tenemos con las comunidades.
Es crítica la situación alrededor de la persecución y la estigmatización, pero aun así han sobrellevado estas amenazas por años. ¿Cómo se ha organizado el movimiento popular araucano para entablar esta contienda con la derecha, el Estado y las petroleras?
En 1972 inició el movimiento agrario en Arauca. Pero la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) surge a raíz de todas las necesidades nuestras, y así, muchas organizaciones nos unificamos en una sola plataforma política donde nos identificamos bajo un solo objetivo: la defensa del territorio. Todos coincidimos en cómo miramos el territorio y en cómo imaginamos el departamento.
En el 2010, cuando recreamos el plan de vida en el marco del Segundo Foro Social Humanitario realizado en el municipio de Saravena, posicionamos una visión del departamento y de nuestra plataforma política a cuarenta años. En esta plataforma de organizaciones participan los indígenas, los negros, los jóvenes, los maestros, los sindicalistas y un sinnúmero de organizaciones que componen la red política. Entendemos que si los maestros y los estudiantes se van solos en una exigencia, no va a ser tan efectiva como movilizarse todos, porque el derecho a la educación es de todos.
También coincidimos en temas como la salud, lo ambiental y la defensa del territorio. Hemos logrado unificarnos como movimiento social, eso sí, cada organización tiene su figura jurídica y sus proyectos individuales. Pero en términos de lo colectivo coincidimos en proyectos mucho más grandes para el departamento. Por ejemplo, la decisión de erradicar la coca por parte del movimiento campesino de todo el departamento, aun después de todas las fumigaciones con agrotóxicos y fungicidas, no fue fácil. Supuso enfrentarse con quienes manejan la economía ilícita, y eso desencadenó en la pérdida de muchos compañeros.
Así entonces, la construcción del proyecto de vida que tenemos en Arauca no ha sido sencilla, han sido años de trabajo permanente, de revisión y actualización porque los momentos cambian. Pero no perdemos de vista lo principal que es el territorio, la tierra y la vida.
Sabemos que, por lo general, la reacción de las empresas y del Estado ha sido violenta, y existe hoy el agravante de una presencia paramilitar agudizada en el territorio. ¿Cuál es el estado actual del paramilitarismo y cómo se ha venido persiguiendo al movimiento popular en Arauca?
El movimiento popular en Arauca hoy está enfrentando casi que la más brutal de las persecuciones en la última década. Hace dos años en el departamento iniciaron las confrontaciones armadas, y de ahí se desprendió una estrategia de agresión directa al movimiento social. Para no ir tan lejos, toda Colombia conoce el atentado con carro bomba a nuestra sede principal. Hemos sufrido alrededor de nueve ataques con explosivos a viviendas de líderes comunitarios en el departamento, el sicariato hacia muchos de nuestros líderes sociales y, además de todo esto, una estrategia de deslegitimación hacia el movimiento social por parte de los distintos medios de comunicación regionales y partidos de derecha, particularmente el Centro Democrático.
Todo esto configura una situación de altísima gravedad en contra del movimiento social y justifica los ataques en contra nuestra. De ahí que las disidencias de las FARC, que es un instrumento de sectores de la derecha en complicidad con algunos miembros de las fuerzas militares, han venido ejecutando un plan de exterminio en el departamento. Nosotros hemos visto todos los señalamientos que hace alias Antonio Medina a nuestros líderes, y encontramos una similitud con los procesos que viene adelantando la Fiscalía en contra de ellos en el territorio.
Entonces aquí hay un tema, como dice el dicho, de “matar con el cuchillo prestado”. Hay que recordar que alias Pescado, desmovilizado de las FARC, conformó una banda paramilitar en el Casanare y asesinaron al exalcalde del municipio de Cubará. Hoy aparece como uno de los cabecillas de este grupo paramilitar, no es algo que nos inventamos nosotros, es algo que ha investigado la misma Fiscalía y los documentos son públicos.
Nosotros hemos venido denunciando la situación en Tame y en los municipios altamente militarizados. Ya hay operaciones dentro de las zonas urbanas, actúan en contra de los líderes departamentales. Los avances acá en el territorio en materia de protección no han sido efectivos, ni siquiera avanzan las investigaciones alrededor de la muerte de los líderes. Se preocupan más por investigarnos y ver cómo nos judicializan, en lugar de investigar a los criminales que nos han venido asesinando. Entonces, todo esto resulta muy difícil porque hay un asunto que tiene que ver con el narcotráfico, los carteles de la droga y los grupos paramilitares al servicio del narcotráfico.
Quieren convertir a Arauca en ruta del narcotráfico y nos ven a nosotros como un estorbo, un obstáculo para conseguirlo. Es por eso que nos quieren sacar, nos amenazan, nos persiguen y nos estigmatizan. Afirmamos entonces que hay una estrategia para acabar con el movimiento social.
Uno se pregunta qué papel juega la prensa nacional con ese artículo que sacó Caracol Radio donde decía que el ELN estaba haciendo exigencias al Estado colombiano en materia de inversión social por medio del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano. No es algo que haya sido de hoy, siempre han existido señalamientos y estigmatizaciones para justificar la muerte de muchos de nosotros. El mismo día que sacaron ese artículo fue asesinado el compañero Josué Castellanos del municipio de Tame, dirigente social de Movimiento Político de Masas, un compañero muy reconocido en el departamento de Arauca.
Es muy grave lo que viene sucediendo en Arauca con el asesintato sistemático de destacados dirigentes populares. Frente a este panorama, ¿qué le depara al movimiento popular en Arauca?
Pues nosotros entendemos que no vendrán momentos fáciles para el movimiento social. Somos conscientes de que la totalidad del pliego no se va a cumplir, pero también valoramos positivamente que el actual Gobierno nacional ha sido el único que nos ha escuchado, ha atendido nuestras exigencias y, sobre todo, ha dado respuestas. Pero también sabemos que hay una situación crítica que pone en riesgo la vida y la permanencia en el territorio, y es el actuar paramilitar, en conjunto con sectores de la ultraderecha, para tratar de de aniquilar al movimiento social.
El devenir, decimos nosotros, es un poco incierto. Pero creo que nos mueve por encima de eso la conciencia y la razón, que es lo principal. Por eso en los escenarios en donde hemos hablado con nuestra gente resaltamos que lo hemos asumido consciente y voluntariamente, porque consideramos que la transformación es necesaria. Defendemos la idea de que sí tenemos que transformar los territorios y que este país es posible transformarlo.
Así entonces, lo que nos queda es seguir en la lucha y resistir hasta materializar nuestro plan de vida. Lo llamamos plan de vida porque es un plan para la vida, es el esfuerzo constante del movimiento social por mantener la vida en este planeta, en nuestro territorio y con nuestra naturaleza.
