Los acuerdos de La Habana han sido el hecho político más importante en mucho tiempo

Iván Cepeda Castro nos cuenta por qué los acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC (ahora la FARC),  son un hecho político fundamental para la historia del país. Ante las mil trabas que han tenido que sortear, es vital para los acuerdos reafirmar la necesidad de exigir garantías y encaminar una lucha social potente hacia ese fin. 

Esta entrevista hace parte del libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018), publicado por Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial. [Foto de portada: El Tiempo]

Después de los acuerdos de La Habana se incrementó el asesinato de líderes sociales, ¿cree que se van a cumplir las garantías y condiciones para que las insurgencias entren a la disputa política legal? ¿cuáles cree que fueron las principales limitaciones de lo pactado con las FARC?

Iván Cepeda Castro*: El asesinato de los líderes sociales y las defensoras y defensores de Derechos Humanos en los territorios es precisamente un ataque al proceso de Paz. Es la búsqueda para impedir que se desarrolle ese proceso y sobre todo para impedir que se desarrollen los cambios políticos, sociales y económicos que él encarna. Por eso hay que interpretar este ataque como un ataque a la Paz.

Hay que exigir y perseverar en que existan garantías. Esas garantías hay que lucharlas mediante la movilización, mediante el apelar a las instancias internacionales, desarrollar las formas de resistencia y defensa de las propias comunidades. Esos asesinatos no son hechos nuevos, lo nuevo en esta fase es que, como decía, son un ataque de sectores de extrema derecha y de distintos factores de violencia para evitar que se abra paso el proceso de paz.

Limitaciones de los acuerdos, por supuesto que hay muchas; las negociaciones implicaron una reducción temática de un campo de problemas sociales y de necesidades que hay en el país. Cuando llegaron a La Habana las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla, pues el Gobierno quería que los puntos de la agenda fueran solamente dos: desmovilización y desarme. Y la guerrilla quería que se discutieran los 12 puntos de la Plataforma Bolivariana para una Nueva Colombia, que es un programa de las FARC que abarca todos los problemas esenciales, socioeconómicos, culturales, políticos. Un camino intermedio al que se llegó fue el de los seis puntos de la agenda.

Ahora, dicho esto, dicho que hay limitaciones, lo obtenido en La Habana es fundamental. Son conquistas sociales y políticas en materia de un acuerdo de paz que es fundamental, es el primer acuerdo de paz que tiene incorporados una serie de asuntos que son fundamentales: una reforma rural que podría poner la base de unos cambios fundamentales en el campo colombiano; un enfoque distinto del problema del narcotráfico, que es un flagelo que tiene Colombia y que tiene raíces no criminales sino sociales y económicas, el enfoque que hay en el acuerdo es precisamente ese; también una reforma política y una reforma en materia de justicia que permiten ambas acceso a las víctimas de Vedad, Justicia, Reparación y también la terminación del conflicto.

Esos logros han suscitado un inmenso debate en Colombia. Yo quisiera aprovechar para hacerle una crítica a la posición que los subestima, que cree que esos acuerdos fueron simplemente unas concesiones bastante triviales que le hizo el establecimiento a lo que era en ese entonces la guerrilla de las FARC. No, nada de eso, si se tratara de asuntos mínimos, superficiales, intrascendentes, no hubiéramos tenido la formidable oposición de un sector del establecimiento a que se apliquen esos acuerdos.

La profundidad y los alcances que tienen esos acuerdos se mide en la oposición y la resistencia de un sector del establecimiento político a que esos acuerdos se reclamen en decisiones administrativas, legislativas, y eso lo hemos visto en el Congreso de la República, lo hemos visto en el debate público, en la inmensa campaña que hubo de sectores poderosos para evitar que en el plebiscito que se hizo el 2 de octubre de 2016 se pudiera aprobar de una manera mayoritaria esos acuerdos.

La pregunta es por qué acuerdos que son liberales, que tienen que ver con reformas que son fundamentales, pero todavía mínimas en un contexto como el colombiano, suscitan tanta oposición. Bueno, porque sí tocan intereses, pueden abrir paso a cambios democráticos en Colombia. Se ha ahondado mucho en lo que le falta al acuerdo, le faltan muchos temas, ojalá en una mesa de conversaciones se pudieran tocar todos los temas, pero eso no depende de la voluntad y del querer de alguien, sino de la realidad política, eso es un hecho que hay que tomar en cuenta siempre.

El cumplimiento del acuerdo no depende simplemente de la voluntad de quienes lo firman, es un problema social y político, depende de la movilización de los sectores sociales y de la apropiación de los acuerdos por parte de esos sectores. Pensar que bastaba con una firma para que se cumplieran, es algo un poco iluso, que desconoce la realidad de los acuerdos políticos en Colombia y en el mundo.

Ningún acuerdo de paz entre una fuerza insurgente y un gobierno se ha cumplido de manera automática, lo que se ha logrado implementar siempre ha sido el resultado de una lucha política, por eso digo que eso tiene una concreción social y política, en el plano de las contradicciones y de las luchas sociales.

Eso es lo que le espera al acuerdo de paz en Colombia. Se han cumplido algunas cosas, los organismos que están verificando los acuerdos hablan de un 20%, pero las reformas esenciales están por ser cumplidas. El lapso de implementación de los acuerdos la Corte Constitucional lo ha fijado entre 12 y 15 años; en la próxima década viene una lucha muy fuerte para que se cumplan los acuerdos. Ahora, ya hay base para el cumplimiento de algunos. Por ejemplo, se ha creado el sistema de Verdad, Justicia y Reparación. Ahí hay un formidable terreno de lucha social entre las víctimas que han sufrido la violencia, entre quienes reclaman la verdad, la reparación colectiva e individual, por un lado, y los sectores que han vivido cómodamente en la impunidad en este país, que son sectores muy encumbrados de la política, por el otro.

Por eso estos acuerdos no hay que verlos simplemente como el hecho de la voluntad o no de cumplir lo firmado, acá hay una lucha profunda por que haya verdad, para que quienes han cometido millares de crímenes de lesa humanidad, incluso genocidio en Colombia, pues sean debidamente llevados ante un tribunal que se ha creado para cumplir con el deber de verdad y de justicia.

Se han sentado algunas bases para la reforma agraria, para reformas políticas, pero todo eso está realmente por desarrollarse. En Colombia estaremos ante un nuevo gobierno, que puede ser un gobierno que ataque los acuerdos. O sea que aquí tendremos que hacer la doble tarea ante el gobierno que venga: defender y al mismo tiempo tratar de avanzar en la implementación del acuerdo.

El ELN insiste en la participación protagónica de la sociedad para que las negociaciones de paz sean sólidas, pero ese protagonismo parece no haberse dado ¿qué cree que falló? ¿están dadas las condiciones democráticas, cree que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha hecho los esfuerzos necesarios por revertir la falta de democracia característica en el país?

I.C.C.: En todo proceso hay problemas que tienen que ver con la planificación y las estrategias de cómo se hacen las cosas, pero aquí no se trata de un problema de diseño, de pensar que la participación vaya a ser más o menos exitosa porque se diseña bien o mal. El problema es mucho más de fondo, es un problema de la falta de democracia en Colombia. Por supuesto que ésta es una lucha que hay que seguir dando y profundizando. Yo creo que se logró un cierto nivel de participación en el proceso de paz que se dio durante años en La Habana, pero ese proceso de participación fue insuficiente. Ahora se intenta dar en el proceso que tienen de diálogos entre el ELN y el Gobierno en Quito, y yo espero que eso se logre.

Insisto en mi tesis de que la paz, eso que llamamos la paz, la construcción de una terminación del conflicto a partir de unos cambios sociales, es una lucha social y política. Ya no por la vía de las armas, sino por la vía de la utilización de todos los mecanismos y los medios de la lucha social y política, en un estado que debiera ser democrático, o por lo menos que se intenta que lo sea.

Colombia es una sociedad con un sistema político esencialmente antidemocrático, y eso no ha cambiado en el Gobierno actual, aquí se mantienen los rasgos estructurales del vacío y de la ausencia democrática que tienen que ver con fallas estructurales en el diseño de la participación política, en el sistema de los partidos que tienen acceso al espectro político, en la representación en las instituciones, en el equilibrio ante los poderes públicos, en la ausencia de derechos políticos para una franja muy importante de la población.

Por ejemplo, la población rural en Colombia no tiene posibilidades de participar en política. La participación política de las mujeres, de los sectores más pobres de la sociedad, esos son problemas graves a los cuales se añade un ingrediente que es muy propio de la vida política colombiana: la violencia política, el hecho de que quien no está de acuerdo con el establecimiento, con el orden social y político, sencillamente es eliminado, como sigue ocurriendo. Todo esto son asuntos que hay que tener en cuenta.

Alguna visión bastante simple de lo que ha ocurrido en este proceso de paz pretende atribuir la falta de participación de la gente a un problema de diseño del proceso, como si no se les hubiera ocurrido a quienes están sentados negociando que la participación de la gente sería una cosa buena, pero ese no es el problema. El problema es que hay fuerzas políticas muy poderosas que quieren restringir, sino eliminar esa participación.

En La Habana esa participación se pudo dar de manera restringida, limitada. Hubo canales a través de los cuales las propuestas, los planes, las iniciativas de sectores sociales llegaron a convertirse en parte del acuerdo, pero eso es insuficiente, por supuesto. Y es un problema que también tiene hoy el proceso de paz en Quito, que se está intentando superar.

El ELN y sectores sociales han planteado con mucha fuerza que el corazón de esta negociaciones y conversaciones de paz debe ser la participación de la gente. Pero, por supuesto, aquí hay que ver eso con una mirada objetiva, eso no basta con la voluntad de que se quiera que la participación se dé, hay que dar una lucha social muy intensa para lograr ese propósito.

¿Le ve futuro a la entrada de las FARC a la política legal en un sistema político amañado por el poder económico, la corrupción y el descreimiento institucional? El ELN parece poner como condición firme que el Estado garantice el cese de asesinatos de líderes sociales ¿ve eso como una posición intransigente?

I.C.C.: Por un lado, yo creo que el hecho de que las FARC se hayan convertido en la FARC, es decir que se haya producido ese cambio de una organización armada insurgente en una organización política legal, es un gran paso en la historia de la vida política colombiana, porque eso ha sido lo que han buscado impedir durante tanto tiempo los sectores reacios a ponerle punto final al conflicto armado.

Por supuesto que no es un proceso fácil y automático, requiere perseverancia y transformaciones del sistema político. Pero yo creo que el hecho de que la nueva formación en la que se ha convertido hoy la antigua guerrilla llegue con sus representantes al Congreso de la República es sin lugar a dudas una conquista democrática del proceso de paz. Y creo que poco a poco en este proceso se va a lograr que esa formación explique sus tesis, gane adhesiones y se convierta en una fuerza política importante en ese país.

Por otra parte, el reclamo de garantías ante el asesinato de líderes sociales es un tema sustancial, no creo que esté en la intención de nadie subestimarlo o dejarlo a un lado, no veo que ese sea el escenario. Por el contrario, creo que ese es un tema que va a seguir siendo parte de la discusión en la Mesa de Quito, no solo por el cese bilateral de fuegos y hostilidades, sino en general de las conversaciones.

No puede haber democracia en una sociedad donde matan personas por su convicción política, esa sería la democracia más extraña del mundo, una democracia con genocidio, con miles de crímenes de lesa humanidad. Eso no es concebible, a pesar de que pueda tener rasgos formales de democracia representativa como la realización de elecciones periódicas o el hecho de que formalmente se anuncia la libertad de prensa.

Todo eso está muy bien, pero es simplemente una formalidad que, si no está acompañada de hechos reales y sustanciales como el hecho de que se respete al opositor, de que se respete la vida y la acción del opositor político, esas terminan siendo simplemente frases de saludo a la bandera, como decimos aquí en Colombia.

Por supuesto ese va a seguir siendo un tema de discusión en Quito, y creo que es una de las tareas que está pendiente de ser resuelta a partir de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, el estatuto de la oposición, que no existía en Colombia. El acuerdo de paz entre lo que era la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano incluye la creación de un estatuto exclusivamente dedicado a los derechos de la oposición. Ese es un asunto que se conquistó y que se ha convertido en una ley. Esperemos que esa ley traiga resultados.

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?

I.C.C.: Yo creo que, sin lugar a duda, en el caso de las FARC, el proceso de acuerdos y de desarrollo de distintas fases de lo que puede ser la construcción de la paz es el hecho político más importante que se ha dado en mucho tiempo en Colombia. Es el hecho que puede abrir la posibilidad de que en Colombia se produzcan transformaciones políticas de fondo. Y creo que una manera de corroborar eso es entender la hostilidad, la virulencia de los ataques y la agresividad de los sectores más retardatarios y retrógrados de la sociedad colombiana con relación a ese proceso.

Esa animadversión lo único que demuestra es que, precisamente, esos procesos de diálogo, de acuerdos y de implementación de acuerdos afectan directamente a los intereses y las estructuras de poder que se han enquistado en la sociedad colombiana.

Por eso hay que perseverar, a pesar de las dificultades, en lograr que se abra paso el proceso de paz integral, completo, con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y también con el Ejército de Liberación Nacional.

____________________________________________

*(Bogotá, 1962) es político y defensor de Derechos Humanos, con maestría en Derecho Internacional Humanitario (Universidad de Lyon, Francia). Fue fundador en el 2005 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Representante a la Cámara (2010) y actualmente Senador (2014, reelecto 2018). Impulsó las Mesas Regionales de Paz para alentar la participación en torno a los acuerdos de La Habana; ha sido facilitador en las negociaciones con las FARC, y más recientemente con el ELN en Quito.