Instrucciones para construir un enemigo

El caso Lebrija revela con claridad un catálogo de siniestras prácticas empleadas por los servicios de inteligencia estatal para infiltrar, entrampar y encarcelar militantes del movimiento popular. En este caso, el estudiantado universitario encaja en el encuadre de aquel “enemigo interno” construido como pivote para sostener una intensa persecución contra el pensamiento crítico en el país.

En la guerra, el conocimiento del enemigo es fundamental. La posibilidad de siquiera pensar en la victoria requiere primero adentrarse en el modo de vida de quien se nos opone; saber qué piensa, qué sueña, qué hace y de qué manera lo hace. Pero más importante aún, en la guerra la tarea primordial es saber la debilidad del enemigo: dónde sus fuerzas son más frágiles, sus miembros más indecisos y sus recursos más escasos. Solo este conocimiento define la oportunidad de asestar un golpe al enemigo que lo desmoralice, lo reduzca o lo aniquile definitivamente. La guerra más que un simple cruce de balas es un estado mental, una guerra se gana con mentalidad de guerra. 

Esa es, queramos o no, la lógica bajo la cual ha operado el Estado colombiano y sus sistemas de inteligencia en los últimos sesenta años respecto al actor social quizá más dinámico y movilizado del país: el estudiantado de las universidades públicas. Y no es para menos, los diferentes hitos de protesta del movimiento universitario, así como sus demandas y repertorios han confrontado decididamente a los gobiernos y las instituciones del Estado, sea por su represión contra cualquier brote de protesta o por sus tendencias a la privatización y la mercantilización de la educación superior. El estudiantado se ha convertido en uno de los enemigos internos ante el cual hay que proteger el orden y la institucionalidad a cualquier precio.

Este proceso de construcción del enemigo interno se gestó en el marco de la guerra fría y a partir de la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, y está bien diagnosticado en la variedad de informes y balances sobre las causas y dinámicas de persistencia del conflicto armado interno en Colombia. No ha sido solo el estudiantado, sino los sindicalistas, los partidos y movimientos de izquierda, las organizaciones campesinas e indígenas las que han tenido que resistir a las diversas formas de persecución del Estado por su oposición y lucha para la consecución de mayores derechos.

Es cierto e importante reconocer que históricamente las y los estudiantes se han vinculado a los proyectos insurgentes —en gran medida porque las causas del conflicto social y armado siguen vigentes— y las universidades se han convertido en otro escenario de la guerra. Sin embargo, que esto sea cierto no legitima el accionar estatal, por el contrario, lo refuta. Que los estudiantes se articulen a cualquier proyecto insurgente no corresponde a una pulsión guerrerista, sino a la condición de un sistema político cerrado y unas instituciones que se contraen ante el cambio y amenazan y aniquilan las apuestas de transformación.

La lógica de guerra entonces con la que el Estado colombiano y sus sistemas de inteligencia han dado tratamiento a la inconformidad del movimiento universitario para desarticularlo, desmoralizarlo y hasta diezmarlo han sido diversas, pero entre ellas aparece de manera notable los “montajes judiciales”.

Y es este el tema de la más reciente publicación del profesor y expreso político Miguel Ángel Beltrán, de la defensora de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos Gloria Amparo Silva y de Luisa Natalia Caruso, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Su libro titulado Infiltrar, judicializar y encarcelar. Montajes judiciales en las universidades públicas colombianas: el caso Lebrija es una obra hecha desde la militancia y la solidaridad con un grupo de jóvenes estudiantes que en el año 2012 fueron capturados y presentados ante los medios de comunicación como “peligrosos terroristas”.

Este libro recupera las memorias de estos jóvenes que durante diez años pelearon tras las rejas para demostrar su inocencia, describe la ignominia del sistema carcelario en Colombia y además nos recuerda una verdad que por obvia a veces perdemos de vista: en las universidades públicas hay estudiantes infiltrados, informantes, que vigilan los movimientos de profesores y estudiantes que militan en alguna causa u organización dentro o fuera de la universidad. Contrario a la imagen del infiltrado con gorra, lentes oscuros y “aspecto de tombo” que los estudiantes buscan en las marchas, este libro nos devela un infiltrado que va a las mismas clases, lee los mismos libros, conversa sobre los mismos temas, va a todas las asambleas, se sienta con nosotros a almorzar y conoce nuestro hogar. Lo que se nos presenta es la imagen de un infiltrado que espera pacientemente a que la debilidad que confiere la confianza personal le permita asestar un golpe a su enemigo.

Por la potencialidad de esta publicación el día de ayer 8 de junio, día del estudiante combativo y revolucionario, la Revista Lanzas y Letras junto con la Cátedra Estudiantil: Universidad, Participación y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, realizamos la presentación y conversación alrededor del libro con sus autoras. Hoy 9 de junio les compartimos el prólogo y la introducción del libro para seguir afilando las lanzas y puliendo las letras.

La infiltración en las universidades: estudiante detective-estudiante soplón

Rosembert Ariza Santamaría

El presente libro Infiltrar, judicializar y encarcelar. Montajes judiciales en las universidades públicas colombianas: —El caso de Lebrija— es un trabajo de investigación, reflexión, compromiso, dolor y redes de afectos; pero, sobre todo, de militancia. Quienes nos acerquemos a este libro tenemos una excelente oportunidad para identificar los repertorios de entrampamiento, neutralización y judicialización del pensamiento crítico en las universidades por parte de la denominada inteligencia del Estado.

Este texto demuestra cómo desde los años cincuenta —para no ir más lejos— el Sistema de Inteligencia Colombiano (SIC) creó expedientes a todas aquellas personas que simpatizaban con ideas comunistas, razón por la cual centenares de estudiantes universitarios tenían sendos prontuarios en donde eran acusados de agenciar planes revolucionarios en el país. Sumado a esto, se promovió ampliamente la infiltración en las universidades con los llamados “estudiantes detectives” cuya labor estaba dirigida a desarrollar tareas de inteligencia en los claustros indagando, por todos los medios, la vida privada de personas señaladas por el SIC, a las cuales se consideraba necesario rastrear sus actividades, conversaciones, reuniones sociales, amistades, correspondencias y demás aspectos, esto con el fin de recopilar datos que reafirmaran los preconceptos construidos por esta institución.

En Colombia los conceptos tradicionales de seguridad nacional y defensa anticomunista pasaron a enfocarse en señalar a los grupos guerrilleros como terroristas. Así, en palabras de Tocora “se suprimió prácticamente el status de delincuente político” (Vélez, 1999) (Citado en Vélez, 1999, p. 83) lo que trajo consigo la supresión del delito político. De este modo, el concepto de terrorismo se ha utilizado para estigmatizar “a los grupos que trabajan en la promoción de los Derechos Humanos o en la participación política de oposición” (Vargas, 2006, p. 213). Es decir: la guerra “contra el terrorismo” se convirtió en la guerra contra los movimientos sociales y el pensamiento crítico.

A buena cuenta este trabajo recupera parte de la historia de la inteligencia estatal analizando el llamado SIC, pasa por los tiempos del funesto DAS, y se extiende hasta nuestros días, para relatar la dinámica histórica de la represión y persecución estatal estableciendo en el caso concreto un análisis desde múltiples voces —las y los estudiantes judicializados, el equipo jurídico y las familiares— sobre el accionar de un infiltrado de inteligencia policial que intenta acallar el pensamiento crítico en las universidades colombianas.

Así entonces, es importante para la reflexión a la que nos invita esta investigación no olvidar el precedente jurídico de la Corte Constitucional en la Sentencia C-540 de 2012 donde declaró la exequibilidad de una Ley Estatutaria que se enfoca en regular las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano. En consecuencia, los organismos de inteligencia buscan con esta normatividad legitimar, modernizar y visibilizar las actividades orientadas a la obtención de información que permita generar conocimiento especializado, desde una óptica preventiva y anticipativa, ante los diferentes actores, factores y fenómenos que pueden incidir en la seguridad nacional, los cuales según esta ley son producto de la actividad criminal de las organizaciones al margen de la ley.

Pero no es de olvidar que los únicos organismos que se encuentran autorizados para desarrollar tareas de inteligencia, según el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, son las instituciones pertenecientes al sector defensa, presidencia de la república y un grupo específico del ministerio de hacienda y crédito público, es decir que existe una legitimación tácita de la ley en las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Unidad de Información y análisis financiero UIAF (perteneciente al Ministerio de Hacienda) que abre la posibilidad de otorgar estas funciones a los demás organismos a los que faculte la Ley, y es allí donde se encuentra el Departamento Administrativo de la “Dirección Nacional de Inteligencia” que fue creado por medio del Decreto Presidencial No. 4179 de 2011, y que una vez desaparecido y suprimido el antiguo DAS es facultado como organismo civil de seguridad para el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia estratégica.

Es entonces pertinente preguntarnos de cara a los actuales tiempos de cambio si ¿el aparato de inteligencia estatal y toda la normativa que lo justifica se ajustará o seguirá operando con los mismos alcances, abusos y repertorios de represión?

Destaco de este texto en concreto el acápite de caracterización de los montajes judiciales, pues aporta sin duda al cuidado y autocuidado de la comunidad académica en diferentes escenarios políticos, investigativos y de extensión académica, donde es absolutamente evidente que se cuenta con estudiantes infiltrados e informantes. Vale por ello la pena detenernos un momento y mirar algunas de las modalidades de acción de estos infiltrados e infiltradas, de los informantes, de sus lógicas operacionales para obtener información, y de su accionar para neutralizar estudiantes y profesorxs críticxs.

En la doctrina de infiltración contraterrorista se diferencian dos técnicas de obtención de información a través de fuentes humanas: la utilización de informadores dentro de una organización o escenario antiestatal, por un lado; y la infiltración de agentes de una organización de seguridad en un grupo, organización o espacio político, por el otro.

Para que se emplee el recurso de informantes, que no son agentes de inteligencia, se requiere que estos tengan acceso a conocimiento sobre la existencia, entidad, naturaleza y operaciones de una persona o grupo de personas; lo que supone, la aplicación de técnicas de aproximación a una persona por parte de una institución de inteligencia con el fin de captarla para que ejerza de informante sobre un grupo terrorista. Este procedimiento se conoce en algunos países como penetración del grupo criminal.

Según explica Montero Gómez (2007), los llamados informantes con acceso al interior de un grupo perfilado o a sus actividades pueden asumir dicho rol por aspectos meramente de índole económica, de contraprestación, o de otro cariz (amenaza legal). Los informantes no suelen tener vinculación estatutaria con una agencia de inteligencia del Estado, sino que por lo general son supervisados en su actividad de obtención de información por un controlador que sí pertenece a un órgano de seguridad nacional.

Por su parte, los agentes infiltrados sí tienen una relación contractual con una agencia de seguridad pública (funcionarios) a la que están adscritos profesionalmente. Disponen de respaldo institucional para llevar a cabo acciones que suelen estar reglamentadas, autorizadas y, se supone, supervisadas judicialmente. A consecuencia de esta praxis reglamentada, el abanico de sus acciones suele tener restricciones cuanto menos éticas y en la mayoría de los casos, legales. Aspectos como este se pondrán en cuestión dentro de esta investigación, en específico respecto del agente “encubierto” o infiltrado Cooper Diomedes Díaz.

La estigmatización-neutralización de los pensadores críticos es parte de los repertorios de acción que actualmente realizan los infiltrados e infiltradas respecto a estudiantes y profesorxs que asumen papeles protagónicos o liderazgos dentro o fuera de la comunidad académica. Hacer uso del escarmiento político y público se convirtió, entonces, en una estrategia para silenciar, marginar y neutralizar tanto a estos liderazgos como a sus espacios y procesos de organización política.

Para esto también se ha apelado al uso de nuevos recursos como lo han sido las redes sociales donde se propician escenarios de persecución y hostigamiento, o también, se ha echado mano de la apertura de procesos disciplinarios por razones “anti-institucionales” contra los profesores y las profesoras comprometidos y con trayectorias reconocidas en materia de defensa de derechos humanos o defensa de procesos sociales y populares.

La comunidad académica en general tiene en este trabajo un estudio sólido y profundo de un proceso de infiltración en un escenario universitario, constituyéndose por ello en un material muy valioso para motivar ejercicios de autocrítica frente a ciertas acciones de tipo político de muchas organizaciones estudiantiles o profesorales que se funcionalizan a las tareas de las agencias de inteligencia dentro de las universidades de silenciar o judicializar el pensamiento crítico.

Los estudiantes soplones o informantes y los estudiantes detectives o infiltrados son el sustento de las graves violaciones de derechos políticos cometidas por las agencias de inteligencia del Estado contra el pensamiento crítico en las universidades colombianas.

Estos, entre otros aportes y temas, son rigurosamente trabajados y analizados en el presente libro, que es testimonio y memoria de una década de activismo contra los montajes judiciales, la persecución del pensamiento crítico y la estigmatización de la comunidad universitaria. Espero de corazón que la comunidad académica y la sociedad de una buena vez reconozcan el daño y alcance de este perverso fenómeno de la infiltración. Pero, sobre todo, que junto con esto, sea reconocida también la valía del esfuerzo personal e intelectual que muy bien han sabido plasmar en estas páginas sus autoras y autor.

Introducción

Luisa Natalia Caruso, Gloria Amparo Silva Tovar y Miguel Ángel Beltrán Villegas

Una parte de este texto comienza en un día triste, en el que la mayoría de nosotros y nosotras nos vimos a través de los ojos de varios estudiantes presentados en los medios de comunicación como peligrosxs terroristas; vimos sus caras jóvenes, su desconcierto, sentimos impotencia y rabia. Los días que siguieron, a pesar de la zozobra, estuvieron marcados por la esperanza, la organización y la denuncia; cuestiones que fueron cultivándose junto a otras manos, que permitió el acercamiento el espacio Interuniversitario de la Red Anticarcelaria. Estábamos juntos y juntas, porque nos unía esa indignación y, sin quererlo, cada vez éramos más, porque los montajes judiciales no pararon, ni la criminalización de los y las jóvenes por ejercer su derecho a la protesta.

Poco a poco nos fuimos juntando, inicialmente desde la academia, y después con organizaciones defensoras de derechos humanos como el Equipo Jurídico Pueblos; con familiares organizados en distintas redes como la de Objetivo Libertad, y con otras organizaciones sociales y políticas diversas, mencionarlas a todas seguro sería omitir alguna. Plantones, foros, intervenciones artísticas, programas radiales, cátedras de derechos humanos en las cárceles, cartillas, encuentros de familiares, han sido parte de este camino colectivo que no acaba.

En este encuentro, nos reconocimos y comprendimos que los montajes judiciales son una práctica sistemática usada por el Estado colombiano para obligar a la ignominia de la cárcel a quienes cometieron el delito de pensar diferente. Por eso, este libro tiene muchas conversaciones colectivas previas que lo alimentaron. Vimos importante desentrañar: cómo el terror y la estigmatización han sido usados como mecanismos estratégicos, por los organismos de seguridad, investigación y judicialización que operan los montajes contra la comunidad universitaria.

Mientras esta elaboración colectiva se daba, teníamos como estudiantes y compañeras a Erika, Xiomara y Cristian, que hacían parte de lo que se ha llamado el caso Lebrija ya en libertad. Las y los vimos participando en la Red Interuniversitaria, en el movimiento estudiantil, a pesar de la incertidumbre de una judicialización, y una persecución que no acababa. Conociendo el caso, y siendo cercanos a la realidad de la cárcel —por nuestras propias experiencias personales de persecución y por convertirse, inevitablemente, en parte de nuestros intereses investigativos y de trabajo— empezamos las entrevistas con ellas y él. En principio, fueron realizadas más por un impulso para que esas memorias individuales y colectivas no se perdieran, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de la necesidad de llevar estas experiencias hacia el análisis de una realidad que afecta profundamente los escenarios de participación política de los movimientos sociales y en especial del movimiento estudiantil.

En el camino fuimos encontrando experiencias comunes que nos señalaron que, a través de los montajes judiciales y la cárcel, el Estado no castiga solamente a los y las que manifiestan una opinión crítica en las universidades, sino que todas y todos los miembros de la comunidad universitaria, organizados o no, dentro de la lógica del enemigo interno, somos susceptibles de este castigo. A través del caso, llegamos a lo que ha significado la infiltración policial para los y las jóvenes, para sus familiares más cercanos y para la misma comunidad universitaria. Por eso quisimos acercarnos a las formas en que estos montajes judiciales se han realizado, deteniendo la mirada en casos que son resultado de la infiltración policial.

En ese sentido, lo que se plantea es un acercamiento a esta problemática desde las universidades públicas. Para lo cual se hace un recorrido por las formas de criminalización, que han operado dentro de los montajes en las últimas décadas, señalando el aumento cualitativo que ha tenido esta práctica.

En cuanto al análisis de las formas en las cuales se estructuran y operan los montajes judiciales, hemos querido traer las voces de las y los involucrados en el caso Lebrija como una forma de dejar registro testimonial de lo que han significado. Porque, detrás de cada caso —en los que la mayor parte de las y los procesados fueron sometidos a la privación de su libertad—, detrás de cada persona involucrada injustamente en un montaje hay un mundo de historia, de dolores, de experiencias, de vidas que se truncan, de frustraciones, pero también de luchas, de esperanzas que no cesan y que, en casos como este, dan frutos.

En definitiva, no se puede pensar en un caso como el que van a conocer a través de estas páginas, sin pensar en que detrás de los nombres hay personas concretas que han sufrido estas realidades, y por lo tanto, no se puede dejar de cuestionar, ya no sólo las prácticas mediante las que se criminaliza a quienes piensan diferente, sino las mismas formas del castigo: ¿cuál es el lugar de la cárcel en nuestras sociedades?

¿Qué es lo que ellas expresan sobre las realidades del país? Y, es que a raíz de esta investigación fuimos con la Cátedra interuniversitaria a la cárcel de Chimitá, en Bucaramanga, donde Erika y Xiomara estuvieron privadas injustamente de la libertad.

Allí nos encontramos con muchas mujeres, en situaciones dramáticas, conscientes de la injusticia que suponen lugares como ese para cualquier persona, diciendo que la cárcel no tiene sentido, que lo que se busca con ella es castigar, sin ningún real objetivo de resocialización, ni reeducación.

Entre ellas, nos encontramos una joven de 19 años, con una hija a la que cuida su familia, llegaba de tener una visita conyugal, y a pesar de que las restricciones de pandemia empezaban a desmontarse y las visitas volvieron a entrar a los establecimientos carcelarios, fue sometida al encierro en un calabozo oscuro equipado apenas con una colchoneta, por siete días, durante los cuales solo fue abierto para pasarle la comida. De acuerdo con la administración, esta medida se aplicaba a las internas por haber tenido una visita conyugal de dos horas, como si reviviera el medioevo y el COVID se convirtiera en un virus de transmisión sexual. A pesar de que las internas siguen teniendo las visitas de sus familiares, son castigadas en esta cárcel por tener una relación íntima. Sanción que sólo se aplica a estas mujeres, pues a los hombres no se les somete a semejante régimen de aislamiento. Situaciones como esta, evidencian el grado de impunidad y autonomía que tiene el INPEC para disponer de los castigos, convirtiendo el espacio carcelario ya no en un dispositivo de castigo sobre una conducta que se considera punible, sino una herramienta para castigar hasta el placer.

Desde el tiempo en el que Xiomara y Erika estuvieron en esta cárcel las condiciones de las mujeres no solo no cambiaron, sino que se deterioraron, y las violaciones de derechos humanos fueron en aumento; la represión de las guardianas que, de manera injusta, presentan informes de mala conducta para que no se les incorporen los descuentos; la entrega de alimentos en estado de descomposición; la imposibilidad de acceder a programas de educación superior, y el encarcelamiento de los niños constituyen el diario vivir de las personas privadas de la libertad. A la cárcel se suma la arbitrariedad de la justicia con casos en los que a las acusadas se les obliga a aceptar preacuerdos sin pruebas, a los que las mujeres se acogen como última salida frente a un sistema judicial excluyente por principio.

Ángela Davis (2017) en su cuestionamiento a la lógica del castigo plantea que:

Entender el significado social de la cárcel hoy, en el contexto de un complejo industrial carcelario en desarrollo, implica que el castigo debe ser conceptualmente separado de su aparentemente indisoluble vínculo con el crimen. ¿Cuán a menudo encontramos la frase “crimen y castigo”? ¿Hasta qué punto la permanente repetición de la frase “crimen y castigo” en la literatura, en los títulos de programas de televisión (tanto de ficción como documentales) y en la conversación diaria hace que resulte sumamente difícil pensar sobre el castigo, más allá de esta conexión? ¿Cómo es que estas representaciones han colocado a la prisión en relación causal con el crimen, como un efecto natural, necesario y permanente, inhibiendo así el debate serio sobre la viabilidad de la prisión en la actualidad? (p. 100).

Lo que veremos en las páginas que siguen es, justamente, cómo la noción de castigo incorpora su misma justificación, aplicando la idea de que es legítimo castigar incluso a los que piensan distinto y, por tanto, a los que hacen parte de la universidad pública. Pero este castigo, como veremos, va más allá de las fronteras personales y se extiende hacia las vidas de las familias, de las comunidades y de los espacios en los que aquellos que piensan diferente apuestan por la construcción de un mundo distinto.

Con la larga historia de montajes judiciales de los que han sido víctimas líderes y lideresas sociales en Colombia, y con el aumento de los mismos en el último tiempo contra las comunidades universitarias, el caso Lebrija, como se ha llamado hasta ahora, es la posibilidad de ver esta práctica de persecución y castigo a las universidades públicas; este proceso, orquestado mediante la infiltración policial por parte del Estado duró 10 años en su primera etapa, empezando el 26 de septiembre de 2012, para que al final salieran absueltas el 27 de julio de 2022, después de haber sido injustamente perseguidas, estigmatizadas y encarceladas.