Noche de brujas en el Palacio Presidencial: Pacto antidemocrático de rectores del SUE y Duque

“Toda falsedad es una máscara, y por bien hecha que esté la máscara, siempre se llega, con un poco de atención, a distinguirla del rostro”.
Alejandro Dumas

“Una máscara nos dice más que una cara”.
Oscar Wilde

“¿Dulce o truco?”, parece la fórmula con la que el Gobierno pretende acabar con la movilización estudiantil a nivel nacional. Los primeros en saborear el caramelo envenenado de Duque han sido las y los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) al aceptar un pésimo y antidemocrático pacto disfrazado de “histórico acuerdo” por la educación. ¿Cómo acabará esta historia de terror? Escribe Renán Vega Cantor. 

Por: Renán Vega Cantor.* En Colombia es una costumbre celebrar el día de las brujas el 31 de octubre, fecha en la que los niños se disfrazan y salen a las calles a pedir dulces. Este año hubo un festejo anticipado en la Casa Presidencial el viernes 26, cuando Iván Duque y los Rectores de las universidades públicas, agrupados en el SUE (Sistema Universitario Estatal), se reunieron y simularon resolver los graves problemas de las universidades. Como acto supremo de la simulación se firmó un acuerdo a puerta cerrada entre el inquilino de la Casa Presidencial y los rectores. Duque, jugando a aprendiz de brujo, les repartió unos cuantos caramelos a los rectores, la mayor parte de los cuales se limitó a colocar sumisamente sus manos para recibir la limosna ofrecida, con lo que, de contera, se satisfizo su apetito de figuración, como quedó registrado en una foto en la que las sonrisas fingidas pretendieron rubricar la mascarada. Pero los dulces estaban envenenados porque, como nada es gratis, Duque comprometió, velada o abiertamente, a los rectores a efectuar dos tareas: terminar de manera rápida con la movilización estudiantil y defender los “nuevos” programas de financiación de la demanda que acentúan la destrucción de la universidad pública. Con bombos y platillos se anunció el “histórico acuerdo”, que mantiene el problema financiero de tipo estructural que afecta a nuestras universidades. Fue como El Parto de los Montes, ya que en lugar de un temible monstruo (el gran arreglo de los problemas de la Universidad), se parió un inofensivo ratoncillo (mantener a las universidades en estado agónico) y después de tanto ruido quedó sólo viento.

LAS RAZONES DE LA PROTESTA DE LOS ESTUDIANTES

La universidad pública colombiana soporta diversos problemas estructurales, que se han agudizado en los últimos 25 años, entre los cuales se encuentran el déficit democrático, la falta de autonomía y una crónica desfinanciación. Esta última se ha venido agravando año tras año, hasta hacer inviable la propia existencia de la universidad pública. Unos cuantos datos confirman la gravedad del problema. Según estudios del SUE ―encabezado por los rectores que se reunieron con Duque― el déficit total alcanza la cifra de 18 billones de pesos. El origen se encuentra en la Ley 30 de 1992, en la que se determinó que los ingresos presupuestales de las universidades públicas se incrementarían cada año a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como los gastos anuales de las universidades superan ese IPC se acumuló un déficit enorme, que se hizo aún más notorio por el aumento de la cobertura sin la respectiva contrapartida presupuestal. La cobertura aumentó en 284% entre 1993 y 2016 (de 159.218 estudiantes a 611.800), pero el presupuesto creció solamente en un 70% (de 1.72 a 2.93 billones). Como resultado cayó en forma drástica la inversión por estudiante, al pasar de 10.800.000 pesos en 1992 a 4.700.000 en 2014. Otro dato global que confirma la desfinanciación de la Universidad Pública es su baja participación en el presupuesto de educación (de 41.4 billones de pesos para 2019), del cual recibe 4,4 billones de pesos, es decir, solo el 10.6%.

Para que las universidades sigan funcionando el Estado ha propuesto la generación de “ingresos propios”, eufemismo empleado para decir que el dinero que no gira el Estado debe ser compensando con los recursos que consiga cada universidad. En 1993, de cada 100 pesos que tenían las universidades 84 provenían del Estado, y en la actualidad la suma apenas llega a 49 pesos. Este cambio presupuestal ha generado la mercantilización y privatización interna en las universidades, que se manifiesta en diversos aspectos: creación de dos universidades paralelas y privadas en su interior (la de Posgrados y la de Extensión); la segmentación de los profesores, una minoría de planta y con derechos laborales (que solo constituye el 30%) y una mayoría precarizada y flexibilizada, con salarios y contratos basura; restricciones internas en investigación, prácticas, laboratorios, bibliotecas y lo que se requiere para estudiar en condiciones dignas.

Al mismo tiempo, las universidades se caen a pedazos, literalmente hablando, por la falta de dinero para preservar su infraestructura y para construir nuevas instalaciones que alojen a los estudiantes, que soportan una condición de hacinamiento, causada por el aumento forzoso de la cobertura.

Para completar, el programa de “Ser Pilo Paga”, promovido por la administración de Juan Manuel Santos, agravó los problemas financieros de las universidades públicas al transferirles a las privadas, vía subsidio a la demanda, 900 mil millones de pesos para financiar 40 mil estudiantes, una cifra con la que se hubiera podido costear a 500 mil estudiantes en establecimientos públicos. La situación se ha tornado insoportable en el seno de las universidades públicas, lo que ha llevado a que los estudiantes organicen un paro y se movilicen activamente desde el 10 de octubre, siendo acompañados por un grupo de profesores y trabajadores. Desde esa fecha se han realizado varias marchas en diversas ciudades del país, incluyendo una del Día de Brujas, con una gran dosis de creatividad e ingenio, que han movilizado a miles de estudiantes y han puesto en la palestra pública los agudos problemas de nuestras universidades.

Las solicitudes de los estudiantes, sintetizadas en un pliego de exigencias de 10 puntos, se centran en solucionar esos problemas estructurales, empezando con el déficit acumulado de 18 billones de pesos.

Esta movilización ha sido uno de los primeros retos del gobierno de Iván Duque, que ha hecho todo lo posible para desmontarla, privilegiando por ahora los anuncios demagógicos sobre nuevos recursos para las universidades, encubiertos con sofismas y desinformación. Hasta el momento ha hecho tres anuncios: el primero, cuando se iniciaron las marchas, de entregar 500 mil millones de pesos, que finalmente, no eran tales, sino que se redujeron a 55 mil millones, una cifra ridícula frente a las carencias de las universidades; el segundo, la promesa de conseguir un billón de pesos por regalías (mediante gestiones con los gobernadores, alcaldes y el Congreso); y el tercero, al que más publicidad se le ha dado, el pacto con los rectores del 26 de octubre en la noche, que ha sido presentado como la panacea salvadora y milagrosa que arregla la crisis de la universidad pública.

LOS DULCES Y CARAMELOS QUE REPARTIÓ DUQUE

La movilización de los estudiantes, cuyo objetivo principal apunta a conseguir una financiación que garantice el funcionamiento de la universidad pública en condiciones dignas, ha impactado al gobierno de Duque y ha sido vista como una oportunidad para el SUE de obtener réditos inmediatos, que beneficien a la mayor parte de los rectores de turno.

Hay que tener en cuenta que el movimiento universitario reclama democratización, lo cual supone que las soluciones se deben acordar con la participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, trabajadores, directivos administrativos). Esto no lo ve así el SUE, que se ha aprovechado de la movilización como forma de presionar al gobierno de Duque, y llegar a un acuerdo por debajo de cuerda, desconociendo las reivindicaciones de los estudiantes y de los profesores, sobre todo de los vinculados por contratos a término fijo (mal llamados “ocasionales” y “catedráticos”). En forma inconsulta, antidemocrática, y en contra de los intereses comunes del movimiento de protesta universitario, los rectores firmaron un acuerdo con Duque, que no modifica los problemas estructurales, como se constata con los puntos básicos del pacto señalado:

• En el 2019 se va a transferir a las instituciones públicas de educación superior el IPC más tres puntos, y en los tres años siguientes (de 2020 a 2022) esos recursos serán del IPC más cuatro puntos. Queda en evidencia que las transferencias derivadas de la Ley 30 son las causantes del déficit crónico, pero esto no viene acompañado de una reforma estructural, sino de un paliativo coyuntural, limitado al periodo de gobierno de Duque. Pero ese paliativo no reconoce que entre 2010 y 2017, el faltante histórico promedio rebasó al IPC en un 4.65%, lo que quiere decir que ni siquiera compensa para los próximos cuatro años lo que se dejó de recibir en los ocho años anteriores. Esto demuestra, entre otras cosas, que quienes llegan a la presidencia de este país no son estadistas ni mucho menos, son en el mejor de los casos meros gobernantes, que actúan sujetos a intereses inmediatos, mezquinos y coyunturales. Los rectores también asumen ese mismo comportamiento cortoplacista y aceptan las golosinas que ofrece el gobernante de turno.
• “Los recursos para inversión con cargo al presupuesto Nacional llegarán a $300 mil millones anuales para las instituciones de educación superior públicas, sumando $1,2 billones adicionales para los 4 años de gobierno”. Una cifra muy por debajo de las necesidades reales de las universidades, que alcanzan la descomunal cifra de 18 billones de pesos. Es decir, que se está entregando menos del 7% de lo que se nos debe y necesitamos para funcionar adecuadamente.
• “A partir del año 2019, el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública”. Acá, simplemente se está cumpliendo con algo ya acordado por Ley, por lo que no resulta nada extraordinario comprometerse a entregar lo que ya estaba aprobado desde hace dos años.
• “El Presidente le ha pedido al equipo de Gobierno impulsar, con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco del Presupuesto Bienal de Regalías la destinación de $1 billón de pesos que permitirá en los años 2019 y 2020 contar con recursos que fomenten la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior públicas”. Aunque la prensa anunció el 2 de noviembre que los gobernadores habían aceptado conceder esas regalías, eso sigue siendo incierto, porque queda sometido a la mermelada y el clientelismo imperante en las regiones.

En general, el acuerdo es puramente coyuntural, puesto que en ninguna parte quedó establecido que se va a impulsar alguna reforma sustancial a la Ley 30 en materia de financiación y, en consecuencia, ni siquiera se esboza una solución de fondo al problema del déficit acumulado. Aparte de eso, en el acuerdo de la noche de brujas ni se nombra a los profesores ni a los estudiantes, lo que deja la impresión que en las universidades trabajan y estudian robots y no seres humanos que debieran disfrutar de condiciones laborales y profesionales dignas, algo muy difícil de encontrar por la precarización existente. Esto demuestra el carácter antidemocrático del acuerdo, que ni siquiera menciona a los estamentos de la comunidad universitaria. Los profesores quedan abandonados a su propia suerte, con el agravante que con los cierres de las universidades, que se está produciendo o se avecinan, los mal llamados docentes ocasionales y catedráticos van a ser los primeros perjudicados en términos de contratos y vinculación.

DULCES ENVENENADOS

Los dulces que recibieron los rectores están envenenados porque fueron otorgados a cambio de reconocer “el esfuerzo del Gobierno Nacional en buscar la solución estructural de presupuesto de funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior públicas”. Lo peor radica en que “se comprometen a conducir un proceso pedagógico con las comunidades académicas y demás sectores de la sociedad para explicar los alcances de este acuerdo, así como en apoyar la agenda de acceso gratuito gradual a la educación superior pública para la población más vulnerable”.

De esta forma, los rectores aceptan de manera implícita los programas de financiación a la demanda (que sustituyen a Ser Pilo Paga) que son una fuente de desangre de la universidad pública y de fortalecimiento paralelo de la universidad privada con dineros de origen público. Asumen como alternativa válida el programa Generación E, que se sigue sustentando en la lógica perversa de financiar la demanda, aunque se presente con el eslogan de que impulsa la gratuidad y al que el gobierno de Duque ha anunciado que le va a destinar unos tres billones de pesos. Aún más grave, es que los rectores se hayan comprometido a hacer “pedagogía” de las propuestas gubernamentales, de la Generación E, sí de Engaño. Es a esto a lo que se han prestado la mayor parte de los rectores del SUE a mediano plazo, mientras que en el corto plazo tienen la tarea de desmontar el paro estudiantil y la protesta de la comunidad universitaria, para lo cual harán una “labor pedagógica” para explicar las “bondades” del acuerdo, es decir, convencernos de la dulzura de los caramelos envenenados que recibieron.

Con esto se demuestra que el SUE y sus rectores no representan a las comunidades universitarias, sino que actúan como si fueran funcionarios del gobierno de turno, y se deben a los Consejos Superiores que los han elegido, el principal engranaje de control gubernamental en cada universidad. De ahí que no sorprenda su proceder antidemocrático en la firma del acuerdo con Duque, que no soluciona las demandas de la comunidad universitarias y ni siquiera se acerca a las peticiones hechas por el propio SUE, reafirmadas el 22 de octubre por Jairo Torres, (presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba), en declaraciones a El Espectador. Dichos puntos eran:

garantizar a las IES públicas, los recursos que fueron incluidos en la reforma tributaria […] de 2016; ajustar las transferencias del gobierno a las universidades oficiales, incluyendo un crecimiento real, mínimo de 4 puntos porcentuales adicionales al IPC; expedir una ley que precise el reconocimiento a las universidades públicas de los costos asociados a las disposiciones del legislativo que afecten su sostenibilidad financiera; revisar los programas de gobierno […] promoviendo aquellos que impacten la oferta educativa y no solo la demanda; analizar el alcance y financiación del sistema salarial y prestacional docente, el cual impacta el presupuesto de las universidades oficiales […]; establecer las leyes requeridas para que las entidades territoriales aporten a la educación pública en todos sus niveles (básica, media y superior); y, construir una política de estado en la que se generen recursos adicionales para cierre de brechas a fin de mejorar el indicador de gasto en educación superior en relación con el PIB del Sistema y de la institucionalidad nacional.

De estos puntos, solo el referido a las cooperativas aparece en el acuerdo del Palacio de Nariño, incluso muchos de ellos ni se mencionan. Lo más preocupante, empero, radica en hacerle el juego
al subsidio a la demanda, el elemento central de la política neoliberal, cuyo objetivo supremo es liquidar lo poco que queda de la universidad pública. Por eso mismo, aparece como un saludo a la
bandera esta conclusión: “Este acuerdo del 26 de octubre del 2018 es el primer paso para avanzar en un nuevo modelo de construcción de políticas de largo plazo para la educación superior”. Todo lo contrario, dicho pacto se hace contra las necesidades de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores) y desconociendo el carácter de la movilización en curso, que ha puesto el dedo en la llaga sobre el origen del problema de financiación de la universidad púbica en Colombia. Ese pacto es una bofetada a los estudiantes, la fuerza motriz de la protesta, sin cuya movilización y paro de actividades Duque no les hubieran entregado caramelos a los rectores el 26 de octubre.

LA UNIVERSIDAD EN LUCHA 

Después de recibir caramelos, la mayor parte de rectores están empezando a cumplir su tarea de desmovilizar a los estudiantes, haciendo un llamado a retomar clases, en el mejor de los casos, y, en otros, cerrando las universidades y cancelando semestres en forma unilateral, como se ha hecho en la UPTC (desde antes de la firma del pacto de rectores), en la Universidad Distrital, en la Universidad del Atlántico…

Lo significativo es que hasta el momento el paro se mantiene y esa movilización se ha convertido en una fuerza activa que condujo a la creación de una mesa de dialogo con el gobierno, en la cual están los estudiantes y profesores. Con su instalación no se ha logrado mucho, si se tienen en cuenta otras experiencias (empezando por la Mesa de la Habana), en las que imperan los incumplimientos. Por ello, en estos momentos convendría no aflojar. Antes por el contrario, se hace necesario mantener la presión en las calles, y la denuncia e información entre diversos sectores de la ciudadanía, en el entendido que esta es una oportunidad que no puede ser desaprovechada, si queremos de verdad que la universidad pública siga existiendo. Los estudiantes y gran parte del profesorado deben entender que si esta batalla se pierde, que si no se alcanzan logros significativos en materia de financiación educativa, incluyendo modificaciones en la Ley 30, la universidad pública no tendrá futuro y con ello se cerrarán las puertas para una gran parte de colombianos, de aquellos que no tienen como pagar una universidad privada.

Los miedos nos invaden y nos atemorizan con la amenaza de que se puede perder el semestre, como si fuera una espada de Damocles, que pende sobre todos nosotros. Esto se ha convertido en una obsesión casi patológica que no deja actuar ni pensar. Pero es el momento de superar ese pánico y mantener la protesta más allá y por encima de las amenazas y chantajes, en primer lugar, porque hasta el momento no es mucho lo que se ha logrado y, en segundo lugar, porque si se pierde esta oportunidad es difícil pensar que pueda emerger otra coyuntura similar en poco tiempo.

Es con respecto a la idea de preservar ese espíritu de lucha que se debe innovar y no para arriar las banderas, como lo pretenden los rectores y el gobierno de Duque, con el objetivo de aumentar la presión sobre la mesa de dialogo, para que se sienta respaldada en sus exigencias. Que en el seno de las universidades se pretenda sin más regresar a clases, como si nada estuviera pasando, o es una muestra de cinismo o de analfabetismo político y de esto último, debe decirse con pena, están llenas las universidades. Recordemos que según el gran Bertolt Brecht, “el peor analfabeto es el analfabeto político”, porque

No oye, no habla,
ni participa en los acontecimientos políticos.
No sabe que el costo de la vida,
el precio del pan, del pescado, de la harina,
del alquiler, de los zapatos o las medicinas
dependen de las decisiones políticas.

El analfabeto político universitario no sabe, o no quiere darse por informado, que la situación actual es resultado de decisiones políticas, la principal de ella el interés de las clases dominantes y el Estado en Colombia por liquidar la educación pública a todos los niveles, incluyendo a las universidades.

Ya quisiéramos todos nosotros retornar a nuestras cátedras y actividades académicas, pero en condiciones dignas y de sostenibilidad hacia el futuro inmediato. Que sacamos con volver a las clases “normales” en este momento, si no existe la seguridad de que vaya a seguir existiendo la universidad pública mañana.

Además, recordemos que la mejor universidad es la de la vida y la de la lucha, y esta se despliega ante nosotros en momentos de movilización como el que estamos viviendo. En ese breve espacio de tiempo, el de un paro, de una huelga, de una marcha, se puede aprender mucho más que en cientos de clases. Se aprende el espíritu de la rebelión, de la independencia, de la crítica. Allí, en esos momentos en que la historia se acelera, palpitan las palabras de Paulo Freire: “No sólo soy objeto de la Historia, sino también su sujeto. En el mundo de la Historia, de la cultura, de la política, no constato para adaptarme sino para cambiar”. Y también, como sujetos conscientes hacemos nuestro este otro precepto freiriano: “Como presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica. Y mi lucha no es en vano”.

CONCLUSIÓN: ¿LIBROS O BALAS?

Una cosa ha dejado clara la movilización de los estudiantes de las últimas semanas: sí existen recursos para financiar a la universidad, pese a que el gobierno y sus voceros se hayan desgañitado en decir que no hay ni un peso. El asunto son las prioridades políticas en las que la educación pública es lo menos importante, como se expresa en el hecho que se habla de una partida de 1,1 billones de pesos para comprar misiles anti-aéreos, en un país que oficialmente no está en guerra, tras las desmovilización de las Farc o en las cuantiosas inversiones que se hacen en nuevos batallones, como en el Catatumbo, donde han sido activados seis, que involucran un total de seis mil militares ¿Cuál es el costo diario de mantener esa tropa? ¿Si ese dinero se transfiriera a la universidad pública cuantos colombianos pobres podrían estudiar en la educación superior? Además, va siendo de hora de analizar el impacto negativo del Plan Colombia y su extravagante costo de 120 mil millones de dólares, según lo confesara el último ministro de defensa de Juan Manuel Santos, dinero que salió de los impuestos internos a la guerra que se cobraron durante cerca de quince años. ¿Por qué los mismos que dieron ese dinero para las balas y la guerra, no están dispuestos a concederlo para los libros y la educación?

A eso se le debe agregar el dinero robado por obra y gracia de la corrupción política, que solo en obras como la Refinería de Cartagena (Reficar) alcanza la cifra demencial de 4.500 millones de dólares, como lo denunció la Contraloría General de la República, y eso hablando por lo bajo. ¿Cuántas universidades se habrían podido construir con ese dinero, cuántas bibliotecas y laboratorios? ¿A qué se va a destinar el dinero que se recaude según la próxima reforma tributaria (denominada Ley de Financiación), en el que se va a generalizar el IVA y se van a reducir los impuestos a los capitalistas y a las multinacionales y cuyo monto se calcula en unos 14 billones para el primer año de recaudo? ¿La generalización de los impuestos a los más pobres, ni siquiera va a servir para financiar la educación pública, sino que será despilfarrada en beneficio de los ricos y para los ricos?

De estos temas poco se habla cuando se trata el asunto de la financiación de la educación de la universidad, como si no estuviera relacionada con la desigual distribución del presupuesto nacional en las últimas décadas, con un régimen impositivo terriblemente injusto que tasa a los más pobres y exonera a los ricos (uno de los más desiguales del continente y del mundo) y con el mantenimiento y fortalecimiento de un costoso equipo de guerra (con unas fuerzas armadas y de policía compuesta por medio millón de personas). De estas cuestiones hay que hablar en este momento, máxime que tanto se habla de paz… o será de la paz de los sepulcros, para la que son más importantes las balas que los libros.

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* Renán Vega Cantor es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.