Oiga señora Ley ¡Están derrumbando el Estado de Derecho en Perú!

Acerca del uso de códigos legales como espadas en el sistema jurídico burgués peruano. Por Roxana Loarte* [Foto de portada: Peru.com]

Esta es la historia de una guerra política de los grupos de poder hegemónicos en Perú, una contienda principalmente en el seno de la ultraderecha por el poder político y económico. Hace una semana se revelaron una serie de audios que fueron difundidos por dos medios de comunicación peruanos (IDL – Reporteros y Panorama[1]), donde se aprecia a jueces y funcionarios con los más altos cargos en el sistema jurídico, negociando puestos, absolución de sentencias y favores para beneficios personales como políticos. Esto colocó la cereza al pastel en la aguda pugna que existe entre la ultraderecha autoritaria y populista del fujimorismo y la ultraderecha tecnocrática que gobierna en el Ejecutivo.

El vórtice de esta pelea puso en la mira el sistema de justicia y develó lo que muchos peruanos, desde hace décadas, sabemos que existe y vive como un parásito que destruye el Estado de derecho: la corrupción. No es una sorpresa que el uso de la ley sea un modo de operar en la política de este tipo de regímenes. Todo Estado se funda sobre las leyes para preservar el poder político de una determinada clase o grupo económico, por lo tanto, el sistema burgués se alimenta de esa podredumbre que somete a funcionarios, jueces, fiscales, abogados para modificar u orientar las sentencias en procesos judiciales según la conveniencia política o del capital privado.

Tampoco es algo nuevo que la ley se convierta en una espada de Damocles. El abogado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Orde Kittrie, sostiene que el uso de la ley como arma de guerra data desde el siglo XVII. Lo que está sucediendo en el Perú es la aplicación de lo que denominan lawfare o “guerra legal”; un abuso de las leyes y el sistema de justicia para fines políticos como sucede, también, con el derecho penal del enemigo. En otros países del mundo, se emplea, además, con fines militares, como sucede en Irán, Afganistán y según Kittrie en el conflicto palestino – israelí.

La purga en el sistema de justicia peruano de los malos funcionarios, las prácticas y vínculos del fujimontesinismo[2] no se consiguió ni siquiera con la caída del segundo gobierno de Alberto Fujimori en el 2000. Ha permanecido en sus estamentos porque tiene el respaldo de grupos con intereses económicos y lidia con la de otros sectores de la derecha peruana. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, a inicios de su gobierno, propuso reformar el Consejo Nacional de la Magistratura[3]; hoy Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia después de la renuncia de PPK, logró imponerle a la mayoría fujimorista en el Legislativo el proyecto que la ultraderecha tecnocrática necesita. En el fondo, este proyecto[4] responde a preservar las gollerías, pero la de otros intereses económicos ligados a esta facción, mientras que el fujimorismo no quiere una tajada, sino todo; es decir, una dictadura abierta que nos llevaría a un Estado policiaco. El Perú no se merece retroceder a épocas oscuras o peores, como las que vivimos con los gobiernos de Sánchez Cerro, Benavides o de Odría. Más, si el problema principal que enfrenta es el desempleo y como consecuencia el aumento de la pobreza, la anemia y la muerte de niños y ancianos en el ande a causa del friaje. Para dar un ejemplo; solo en Lima, la capital, el desempleo alcanzó el 8 %, su más alta tasa desde el 2012.

Hace unos días, el ex presidente del Poder Judicial, el juez Villa Stein, cuestionado por sus simpatías con el fujimorismo, advirtió a través de sus redes sociales sobre un posible levantamiento cívico-militar en el país. Este comentario no es un desliz o exabrupto que se debería dejar pasar por agua tibia; es cosa seria que un golpe se está cocinando y podría darse desde el lado de la ultraderecha más rancia como es la del fujimorismo. Muchos intereses están en juego. No solo por todo lo que arrastra Odebrecht a su paso, sino también por las investigaciones relacionadas a lavados de activos, financiamientos por fuera de la ley y otros casos más suscitados en los gobiernos de Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la candidata Keiko Fujimori. Cada quien está buscando cómo cuidarse las espaldas, aún más, si existe la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales.

Hace tiempo que el imperio de la ley en el Perú se convirtió en el del hampa, la extorsión y de la venganza política. ¿Llegamos a un punto donde podríamos poner en duda todos los procesos y sentencias que están en marcha dentro del sistema jurídico?, ¿con qué moral y ética se legisla para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado? A esta encrucijada devino la jurisprudencia burguesa en Perú, y ninguna reforma o simple remoción de jueces puede lavarle la cara. El Estado de derecho es denostado por el propio sistema que lo generó. Prácticamente cualquier ciudadano de a pie corre peligro porque ninguna garantía se sostiene con una Constitución que sobrevive por simple formalidad y se la ultraja a diestra y siniestra. Los juicios a dirigentes populares y presos políticos son un buen ejemplo de la manipulación y persecución que se hace con las leyes. Se abren procesos o se inventan otros sobre la cosa juzgada; una farsa de juicios que pone en cuestión al sistema democrático y el Estado de derecho en el Perú.

Entonces, ¿cómo podríamos defendernos? La historia muchas veces nos lo demostró: cuando la nación está en riesgo, el pueblo siempre salió a defenderla. Ante la farsa de un sistema democrático en el Perú lo que se necesita es defender el Estado de Derecho, una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente y democratizar la sociedad peruana de la posguerra. Como escribía Gramsci en uno de sus cuadernos de la cárcel acerca de “el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad” para estimular en sus compañeros la moral revolucionaria, porque habían caído en la apatía, frente a la dictadura fascista mussoliniana en Italia. Es decir; aunque la realidad sea compleja, jamás debemos caer en el escepticismo o perder el espíritu y la energía hacia el porvenir. Eso necesitamos hoy más que nunca en el Perú; esparcir de voluntades y sembrar conciencia política para restablecer los derechos conculcados, las libertades democráticas y la paz social hacia una verdadera reconciliación nacional.

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* Roxana Loarte es periodista, comunicadora y editora peruana. Publica en distintos medios de Perú y Argentina.

 

[1] Estos audios fueron grabados por agentes del grupo Constelación, un sistema de escucha telefónica de la Dirección Antidrogras de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) que recibe asesoramiento de la DEA. Se pueden revisar las entregas de los informes periodísticos en las páginas del Instituto de Defensa Legal (IDL Reporteros): https://idl-reporteros.pe/ y del programa periodístico Panorama que se transmite por Panamericana Televisión en el Perú https://panamericana.pe/panorama/locales/248783-asi-inicio-investigacion-destapo-audios.

[2] El fujimontesinismo es un término acuñado en el Perú que se refiere a la aplicación de maniobras corruptas y criminales desarrolladas tanto por Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y el propio Alberto Fujimori, durante sus dos gobiernos.

[3] El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional y autónomo del sistema de justicia en el Perú. Se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales a nivel nacional, además de los jefes de instituciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

[4] El proyecto de Ley N.° 1720/2017-PE fue presentado por el Ejecutivo, encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, en ese momento presidente de la República, el 28 de julio de 2017 y dirigido al presidente del Congreso, Luis Galarreta. Se titula Proyecto de ley de reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Perú sobre la conformación y requisitos para ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.