[Análisis] "América Latina y la solución política al conflicto armado"
¿Quién es Sebastián Quiroga, el vocero nacional del Congreso de los Pueblos recientemente amenazado? Entre otras cosas, un destacado politólogo de la Universidad Nacional. Con la publicación de este artículo de su autoría sumamos nuestro pequeño aporte solidario al reclamo para que, en Colombia, ni el pensamiento crítico ni los liderazgos sociales sean criminalizados. #SerLíderSocialNoEsDelito
Mucho se ha hablado sobre el “fin de ciclo progresista”, en relación a las dificultades que atraviesan distintos gobiernos que se propusieron políticas posneoliberales en la última década y media en América Latina. Sin embargo, más allá de los gobiernos, es posible identificar un ciclo largo de luchas que abarca los últimos treinta años, que constituyó un nuevo ensayo por construir caminos de emancipación y justicia, y del cual estos gobiernos fueron sólo una de sus formas de expresión. Considerando ese análisis, los movimientos populares nos encontramos con desafíos similares en toda Nuestra América, más allá de haber contado con gobiernos afines o de haber enfrentado políticas neoliberales.
El ciclo largo de luchas antineoliberales
La emergencia de los gobiernos alternativos en América Latina no es un fenómeno aislado o azaroso. Aunque vienen cumpliendo un rol central en la generación de dinámicas políticas transformadoras, es necesario analizar sus posibilidades y limitaciones en los contextos históricos que los vieron surgir.
Este largo ciclo de luchas se origina a mediados de 1990 a partir de las resistencias al modelo neoliberal (ya había sucedido el Caracazo en 1989, pero es a mediados / fines de 1990 cuando coinciden la irrupción pública de los zapatistas en México, las luchas masivas de los Sin Tierra de Brasil y el surgimiento de los piqueteros en Argentina, entre otras formas notorias de resistencia). Algunos de esos procesos, en su desarrollo, van adquiriendo las características de un difuso proyecto continental, que con los años (centralmente a partir del impulso de Hugo Chávez) se expresará en espacios de articulación como el ALBA, UNASUR o la CELAC, y de coordinación de organizaciones populares como la Articulación Continental ALBA Movimientos.
Estos gobiernos alternativos, en su diversidad, constituyeron la expresión de mayor contundencia de ese largo ciclo, el instrumento que mejor logró perfilar proyectos de nueva nación e incidir en la realidad de manera más profunda. Sin embargo, la potente resistencia de los movimientos sociales al neoliberalismo (previa y en experiencias aún por fuera de los países donde sí se dieron estos gobiernos) fue lo que transformó las condiciones políticas, permitiendo nuevas configuraciones de fuerza sobre las cuales se apoyaron estas nuevas expresiones gubernamentales.
Esto no quiere decir que en todos los casos haya una relación directa de causa-efecto entre las luchas y la llegada de los gobiernos alternativos, ni tampoco que quienes hayan sido protagonistas de las luchas hayan asumido el gobierno. Aun por fuera de las resistencias que sí derivaron en gobiernos posneoliberales, otros ejercicios y actores importantes en la movilización continental no tuvieron ese correlato, como las movilizaciones estudiantiles, campesinas o de pueblos indígenas principalmente en México, Colombia o Chile.
Los movimientos populares y la perspectiva “progresista” en los países sin gobiernos progresistas
En Colombia, la ciudad capital tuvo su gobierno progresista con las gestiones del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de Gustavo Petro, exguerrillero del M19, al frente de la alcaldía de Bogotá (al igual que sucede ahora con la intendencia de Valparaíso en Chile, donde a nivel local se da una experiencia alternativa de gestión mientras el gobierno central se mantiene en manos de fuerzas conservadoras).
Esas gestiones nos han permitido ver que la relación entre movimientos sociales y gobiernos progresistas arrojan lecciones que es necesario racionalizar. A pesar de las múltiples dificultades en los ejercicios de gobierno y los problemas que se presentaron, estas experiencias continentales o locales ratifican la importancia y la necesidad –pero a la vez la insuficiencia– de ser gobierno para los sectores populares.
Ser gobierno es fundamental para transformar, pero no es suficiente. Es fundamental porque el gobierno y la administración del Estado permiten acceder a factores de poder que pueden potenciar la capacidad de transformación de las relaciones económicas y sociales; son la posibilidad de destinar recursos para políticas y programas, la posibilidad de generar la agenda política, entre otras potencialidades.
Sin embargo, es insuficiente porque el Estado está inmerso y desbordado por las relaciones económicas, sociales y políticas dispuestas por el sistema capitalista que lo define. Construir un gobierno alternativo implica luchar, por un lado, contra las leyes y disposiciones institucionales que reglamentan y norman su funcionamiento, en la búsqueda de ir construyendo nuevas institucionalidades. Los grandes poderes económicos y sus empresas de comunicación constituyen otra de las adversidades a las cuales se deben enfrentar estos gobiernos alternativos, como pudo verse en Venezuela, Argentina o Ecuador, pero también durante las gestiones progresistas de Bogotá, donde la avalancha de descrédito y desprestigio propalada por los medios de comunicación hegemónicos lograron hacer un notorio daño e incidir en resultados electorales adversos que impidieron su continuidad.
Esa disputa contra la vieja institucionalidad y por la construcción de una nueva, así como la lucha contra los grandes poderes económicos, necesita de un papel activo, dinámico y propositivo de los movimientos populares y la sociedad organizada. La construcción de contrahegemonía no puede reducirse al ejercicio de la institucionalidad, sino que necesita complementarse con la organización, la movilización y la construcción de propuestas de la sociedad en su conjunto. La continuidad de los gobiernos alternativos allí donde hay un movimiento social y popular respaldándolo ratifica la necesidad de un diálogo crítico y autónomo, pero constructivo, entre movimientos y partidos/ gobiernos.
Las gestiones progresistas de Bogotá nos demostraron que la corrupción se constituye como un fenómeno extendido en la institucionalidad política estatal, que ha permeado también a los gobiernos alternativos, y frente a los cuales los movimientos sociales deben jugar un papel de veeduría que permita fortalecer la búsqueda de una nueva institucionalidad, y purgarla de los costos éticos, políticos y económicos que significa la corrupción.
Las contradicciones posibles entre algunas políticas de gobiernos alternativos y los intereses expresados por los movimientos sociales se convierten en otro nudo a desenredar. El caso del extractivismo, en países con tanta riqueza en sus bienes comunes como es el caso de América Latina, tal vez haya sido el ejemplo más evidente de esta tensión. La profundización de un modelo económico basado en la explotación de la tierra, y las movilizaciones de sectores populares en contra de estos modelos y sus políticas, indica un punto central donde se evidencian las discusiones del modelo económico en relación a un proyecto alternativo de nación.
A la vez, la dinámica de los movimientos sociales tiene sus particularidades en cada país. La dispersión y la fragmentación, sin embargo, se constituyen en la principal dificultad, tanto en las experiencias nacionales donde se dieron gobiernos progresistas como en países donde debimos continuar en resistencia a una sostenida ofensiva neoliberal. Tal vez aún nos esté faltando una lectura más profunda de los gobiernos posneoliberales y sus enseñanzas, que nos permita estar mejor prevenidos sobre la gran limitación que implica un intento de gobierno (nacional o local) a contravía de los intereses hegemónicos, pero a la vez atravesado por divisiones en el campo popular y sin un fuerte proceso de movilización que lo sostenga ante los embates de las élites conservadoras de siempre.
Solución Política al conflicto armado: la influencia del ciclo progresista
Desde hace algunos años, la búsqueda de una salida negociada al conflicto social y armado en Colombia ocupa un lugar central en las agendas populares, y también en ese plano la prioridad de la participación social cobra una importancia vital, ante una reacción conservadora que boicotea cualquier paso de avance a favor del pueblo. Por caso, el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana (octubre de 2016) sufrió un revés alarmante: no logró involucrar a las mayorías populares. La exclusión de las organizaciones y comunidades, y la falta de trabajo de base más sólido y extendido de parte de la izquierda, sólo producen una ciudadanía escéptica que se aleja en millones de las convocatorias y llamados desde la política, aun los que proponen consolidar un proceso de paz.
Aun así, para la izquierda y el movimiento popular, una motivación importante para la insistencia en la solución política tras décadas de conflicto armado es el ejemplo que propusieron los gobiernos alternativos de América Latina. La posibilidad certera de llevar a cabo un gobierno transformador aún en los límites de la institucionalidad dominante fue leída por la insurgencia colombiana como un aliento para explorar, una vez más y a pesar de genocidios políticos padecidos décadas atrás, la vía legal para el ejercicio político. Sin embargo, los gobiernos progresistas hoy parecen estar dando un paso atrás, especialmente donde la participación popular se aquietó; por eso es imposible pensar que el proceso de solución política al conflicto pueda arrojar una posibilidad de transición en Colombia si no cuenta con la participación activa y cada vez más protagónica de la sociedad.
Ampliando las miradas más allá de los gobiernos, contemplando realidades como las que anteceden, las clasificaciones que impone la lectura regional en función del tipo de gobiernos se diluye: las lecciones que deben tomar nota los movimientos populares, en gran medida, son similares para los que tuvieron la oportunidad de contar con gobiernos aliados o favorables y los que tuvimos que reforzar la resistencia ante la sostenida ofensiva neoliberal. En Colombia, el contexto actual nos permite reafirmar una conclusión que también se impone en el balance de los movimientos que contaron con gobiernos progresistas: un proceso protagónico y decisorio de participación popular, especialmente de los sectores excluidos y empobrecidos del país, es la base para cualquier proceso de cambio. Cuando se trata de resistir y también cuando se trate de gobernar.
