Una mirada latinoamericana a la Comisión de la Verdad

El señalamiento a los distintos actores del conflicto y el carácter aún abierto de la violencia política distinguen al caso colombiano. La posibilidad de tomar el trabajo de la Comisión como palanca para transformaciones audaces le da al nuevo gobierno mejores condiciones que al resto de los “progresismos latinoamericanos”.

Gran parte de los países de América Latina tuvieron, durante las últimas décadas, sus comisiones investigadoras en busca de clarificar hechos de violencia política o genocidios. Por lo general, esos trabajos se realizaron después de procesos dictatoriales. La búsqueda de la verdad se centró en señalar el Terrorismo de Estado. Así sucedió en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay o Brasil.

Lo sucedido en Argentina es emblemático: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) apuntó a dilucidar los crímenes cometidos por la dictadura militar, específicamente la desaparición sistemática de personas. Sus detractores elaboraron la “teoría de los dos demonios”, que buscó poner en el mismo plano a los agentes del Estado que cometieron violaciones de derechos humanos y a quienes participaron de la violencia política como forma de resistir al autoritarismo y la falta de libertades. Pero los organismos de derechos humanos resistieron esa maniobra. Con las Madres de Plaza de Mayo a la cabeza, se logró que se pusiera el foco en quienes instrumentalizaron las armas del Estado en perjuicio de su pueblo. Los delitos que pudieron haber cometido los actores no estatales del conflicto no debían ser equiparados al accionar ilegal del propio aparato estatal.

En Colombia, en cambio, cuando se habla de víctimas se incluye a quienes fueron agredidos por el Estado y los paramilitares, pero también a quienes padecieron distintas formas de violencia por la acción de los grupos insurgentes.

La dinámica del conflicto interno en este país resulta distintiva respecto a lo que sucedió en América Latina por varios factores. Uno, su carácter prolongado y sostenido, que se arrastra por décadas y aún perdura. Otro, la multiplicidad de actores armados y sus responsabilidades en distintas formas de victimización de sectores de la sociedad.

La dimensión de la violencia en la que las guerrillas se vieron envueltas torna inevitable esquivar esos señalamientos. El reconocimiento que días atrás hizo Rodrigo Londoño, Timochenko, es muestra de ello. “Hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas FARC y en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aun cuando los resultados de la Comisión de la Verdad muestran que los principales responsables de la violencia política fueron los paramilitares que accionaron –y aún lo hacen– en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado y tras las directivas del poder político y económico que siempre dirigió al país, son sólidos los señalamientos a las FARC, y en menor medida al ELN, en lo que refiere a otras formas de victimización que afectaron a la sociedad, como el secuestro y el reclutamiento de menores de edad.

Por este motivo el caso colombiano se asemeja más al de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, que funcionó durante los años 2001 y 2003 con el fin de sistematizar los crímenes cometidos por la represión estatal pero también por el accionar de los grupos rebeldes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en otros países, donde los informes apuntaron a echar luz sobre hechos pasados, en Colombia la violencia política aún es un desafío a superar. Los resultados de esta investigación se dan en un momento particular del país.

Las recomendaciones que emanan del informe final en temas nodales como seguridad y reforma agraria reflejan políticas que Petro y Márquez tienen previstas, pero que no serán sencillas de implementar.

Una consigna acompañó la presentación del informe final: “Hay futuro si hay verdad”. El desafío para el nuevo gobierno será aún mayor: demostrar que habrá futuro si esa verdad se logra materializar en cambios que garanticen que no se pueda volver atrás. Para ello, el trabajo y la legitimidad de esta Comisión de la Verdad resultan un buen envión para avanzar.