En medio de crecientes amenazas y asesinatos hacía líderes sociales, un crítico informe del Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Colombia acorrala al gobierno de Duque. A pesar de su intentona, el uribismo no puede tapar el sol con un dedo.
En días pasados, la Cancillería rechazó un informe elaborado por Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, que se discutirá en marzo próximo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Forst preparó ese documento con base en información recopilada durante una visita suya a Colombia en diciembre de 2018, cuando pudo evidenciar el riesgo que enfrentan los líderes sociales en el país. En ese entonces, el Relator expresó que la situación de violencia constituía un “riesgo verdaderamente terrible para las personas defensoras”. Además de alarmarse por el número creciente de asesinatos, denunció casos de judicialización, estigmatización y disputas por el modelo económico en los que han agredido a defensores de derechos humanos.
El informe del Relator es importante porque reconoce que “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina” y que existe una posible responsabilidad de actores estatales y no estatales, incluidas empresas nacionales e internacionales, en los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos.
Pero en vez de escuchar al Relator y de tomar medidas para garantizar la vida de los defensores, el gobierno prefirió cuestionar a Forst por privilegiar la información recopilada por organizaciones de la sociedad civil, así como asegurar que las conclusiones del informe están viciadas por posturas políticas y no contribuyen al fortalecimiento del Estado colombiano.
Los duros cuestionamientos al informe del Relator dan cuenta de que, en materia de agresiones contra líderes sociales, el gobierno Duque está dispuesto hasta a deslegitimar a los funcionarios de la ONU para minimizar ante la opinión pública y la comunidad internacional la dramática situación que vive el país. En esta tarea se ha embarcado el Estado colombiano incluso desde el gobierno anterior, cuando la Fiscalía empezó a contar como homicidios esclarecidos aquellos en que solo había capturas o imputaciones.
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El interés decidido del Estado por maquillar las cifras ha sido cuestionado por las organizaciones sociales que siguen de cerca las agresiones contra defensores. Por ejemplo, en agosto del año pasado, el abogado Rodrigo Uprimny señaló que el entonces Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y hoy Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, había cometido varios errores en la elaboración de un informe según el cual el gobierno Duque había logrado reducir en 35% los homicidios contra líderes sociales.
Con su incapacidad para garantizar la vida y su afán por encubrir la cruda realidad, el gobierno colombiano se hace cómplice de la masacre que está ocurriendo en el país. Pero más de 55 agresiones contra líderes sociales, comunitarios y políticos en lo que va corrido del 2020, y una realidad de zozobra en las regiones y ciudades, no dejan duda de la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en Colombia. Detener esta barbarie es la primera tarea de las movilizaciones populares, que ya han comenzado y seguirán tomando fuerza.
Quién
- Politólogo de la Universidad Nacional, vocero nacional de Cuidad en Movimiento y el Congreso de los Pueblos. Secretario General (E) del Polo Democrático Alternativo. Integrante La Fogata Editorial y estudiante de Especialización en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional en la Escuela Superior de Administración Pública.
