¿Saber neutro? Cómo se fabrica una lengua: reflexiones en torno a los diccionarios

Los diccionarios monolingües han tenido como efecto de sentido el de un saber neutro, legitimado socialmente y estable, analiza la doctora en linguística Daniela Lauria*, autora del libro de reciente aparición Lengua y política. Historia crítica de los diccionarios del español de la Argentina. Sin embargo, hay una dimensión ideológica vinculada con las condiciones sociohistóricas de producción en las cuales se elaboran.

Políticas de la lengua: algunas reflexiones en torno a los diccionarios

En Occidente, el diccionario monolingüe surgió a partir del siglo XVI en el marco del proceso de formación de los Estados nacionales europeos modernos. Esas entidades políticas requirieron, para su consolidación material y simbólica, fijar e imponer una determinada variedad lingüística (de alguna de las lenguas vernáculas propagadas en el continente) que creara un patrón de referencia común, una lengua legítima, en palabras de Pierre Bourdieu (2008), con el fin de regular las prácticas verbales vinculadas con la centralización administrativa y jurídica (una de las bases de la conformación estatal), la incipiente creación de un sistema educativo, la expansión de la cultura escrita (literaria y científico-técnica) gracias al desarrollo de la imprenta, y la implementación de un mercado económico interno como efecto del avance del capitalismo. Los diccionarios bilingües y plurilingües, cuya aparición es temporalmente anterior a la de las obras lexicográficas monolingües, tienen, por su parte, además del carácter simbólico, una clara función práctica e instrumental de traducción y/o de aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras, que satisface la resolución de intercambios comunicativos por cuestiones políticas, comerciales, religiosas, diplomáticas y militares entre pueblos alófonos.

La elaboración y publicación de diccionarios monolingües se profundizó en el siglo XIX tanto en Europa en el contexto de construcción de la nación y de la nacionalidad en varios Estados multiétnicos y multilingües, como en América con motivo del movimiento emancipatorio y de la progresiva conformación de las nuevas unidades políticas soberanas. De acuerdo con Benedict Anderson (2007), la codificación de las lenguas contribuyó al estallido de la conciencia nacional basada en las ecuaciones propias y distintivas del nacionalismo lingüístico: “lengua = territorio”, por un lado, y la fórmula clásica y bien conocida “lengua = Estado = Nación”, por otro. Así, su célebre ensayo en torno a la nación como una comunidad imaginada y al origen y difusión del pensamiento nacionalista sentó las bases de la idea que sustenta la relación íntima que se entabla en el fenómeno por él denominado “revolución lexicográfica” entre el diccionario (es decir, la lengua), la historia y la política.

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Desde la política y la planificación lingüísticas se distinguen tres dimensiones de intervención sobre la lengua estrechamente imbricadas entre sí. Por un lado, sobre el corpus, que da cuenta de las decisiones que afectan a la materia lingüística, es decir, al código, a la forma de la lengua (léxico, gramática, ortografía) mediante la elaboración de diccionarios, gramáticas y compendios ortográficos. Por otro, sobre el estatus, que atiende a la distribución de las funciones que cumplen las lenguas en una sociedad (asignación de estatuto jurídico como, por ejemplo, la declaración de oficialización). Finalmente, las políticas dirigidas a la adquisición, que son medidas relacionadas con la enseñanza de la(s) lengua(s) (maternas, adicionales, extranjeras) dentro de una comunidad. De este modo, la elección de una determinada variedad para el establecimiento de la norma lingüística se torna central en la ejecución de un programa de política lingüística, que se pueda extender a los diferentes niveles del aparato burocrático del Estado, particularmente al sistema escolar, la justicia, la salud, los medios de comunicación y el entorno gráfico (publicidad, señalización).

Sin embargo, circulan también posiciones críticas acerca de las distintas instancias que componen el proceso de estandarización lingüística. En ese sentido, desde esas perspectivas, asumen que se trata menos de una cuestión técnica y más de una construcción discursiva e histórica atenta y funcional a intereses específicos de determinados agentes e instituciones en coyunturas delimitadas. Que los dispositivos normativos como las gramáticas y los diccionarios contengan zonas discursivas claramente prescriptivas o zonas más proclives a la descripción contribuye siempre a definir una “lengua legítima” sobre la base del uso de un determinado sector de la sociedad. Esto produce, en todos los casos, una estratificación de la sociedad al proporcionar formas consideradas estándares asociadas con las empleadas por ciertos grupos de hablantes y, por extensión, descartar otras calificadas como no estándares, desviadas o directamente como errores. Esto redunda en un acceso diferencial a los recursos simbólicos y materiales, y, por consiguiente, favorece la reproducción de esquemas de desigualdad lingüística y, en definitiva, social. Dicho en otras palabras, los hablantes que manejen variedades no prestigiosas tienen serias dificultades para acceder a servicios de información, comunicación oficial, salud y justicia, así como se restringen sus oportunidades laborales.

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La norma estándar se erige como un intento de fijar las formas consideradas convenientes, entre todos los usos posibles, de una variedad dada: de modo muy general, se determina porque son las que emplea cierto grupo social, habitualmente reconocido como culto o dirigente y, en la mayoría de los casos, como el que detenta el poder político y/o económico. Esas reglas se fijan en el tiempo y se difunden en el espacio a través de gramáticas, diccionarios, ortografías, manuales de estilo, libros de textos, columnas del “bien hablar” en la prensa escrita y en otros medios de comunicación, y se usan en distintos ámbitos (justicia, educación, legislación, salud, administración, medios de comunicación, política, ciencia, literatura). Dichas normas indican, así, qué formas deben respetarse y cuáles deben desecharse ya que se escapan de los parámetros concebidos como correctos o legítimos, siempre desde una determinada vara que opera como pauta de referencia. Su determinación implica siempre una selección arbitraria y basada en fenómenos extralingüísticos (históricos, políticos, sociales, económicos) más que en factores propiamente lingüísticos. El estándar representa, así, un ideal abstracto de unidad que permite (con los fines que lo asistan, cualesquiera sean) homogeneizar una realidad lingüística siempre diversa (geográfica, social y situacionalmente), lo que implica necesariamente jerarquización, discriminación y marginalización de unos usos lingüísticos sobre otros y, en consecuencia, de unxs hablantes sobre otrxs.

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En el caso de la lengua española, la institución que se arroga, desde hace mucho tiempo, más de tres siglos, la propiedad (en las dos acepciones de la palabra, es decir, en tanto posesión y en tanto corrección) sobre la lengua en la medida en que se instituye como el agente legítimo de intervención sobre ella es la Real Academia Española (en adelante, RAE). Esta institución, fundada en Madrid en 1713 por el miembro de la nobleza Juan Manuel Fernández Pacheco, estableció que una de las principales tareas de la nueva corporación sería: “… fijar las voces y vocablos del español en su mayor propiedad, elegancia y pureza”. La RAE velaría, así, por la lengua y dirigiría un proceso de estandarización que fuera el reflejo del proceso político, económico y cultural emprendido por la dinastía Borbón para todo su imperio trasatlántico. La RAE fue una entidad ligada desde sus orígenes al Estado español. En efecto, unos meses después de su fundación, en octubre de 1714, el rey Felipe V aprobó, mediante una cédula real, su acta de constitución y sus estatutos, y la colocó bajo su “amparo y Real Protección”, manifestando, así, el reconocimiento y la importancia concedida a la cuestión de la lengua por la máxima autoridad política. Este respaldo oficial (auxiliado, por supuesto, de apoyo financiero) la convirtió tempranamente en una institución de carácter (para)estatal al servicio de un determinado proyecto político que debía custodiar la unidad y la uniformidad de la lengua (recordemos su lema: “Limpia, fija y da esplendor”) mediante una fuerte centralización que impactó tanto en la Península como en los territorios coloniales ultramarinos. Es, por ello que, a lo largo de su primer siglo de historia, la Academia elaboró los tres códigos normativos canónicos: el Diccionario de Autoridades (1726-1739), que pasó a tener un solo tomo y denominarse Diccionario de la Lengua Castellana a partir de 1780 (hoy el diccionario usual, titulado Diccionario de la Lengua Española, tiene 23 ediciones a cuestas, la última del año 2014), la Ortographía Española (1741) y la Gramática de la Lengua Castellana (1771).

La lengua se convirtió, así, en un medio crucial de unificación del imperio. La variedad que sirvió como base para la construcción del estándar que se deseaba promover y propagar como norma patrón de referencia de las prácticas lingüísticas en el mundo hispanohablante fue la castellana del centro-norte de la Península Ibérica, desde el punto vista geográfico, y el uso considerado culto (sobre la base de los textos literarios de algunos escritores del llamado Siglo de Oro español), desde el punto de vista social. Se impuso, así, un modelo monocéntrico en el que dicha modalidad se convirtió en el único foco legítimo de irradiación normativa (ortográfica, morfosintáctica y léxica). Esa pauta de corrección resultó útil a los fines de elevar, en términos de prestigio, esa variedad y, a la vez, estigmatizar como desvíos o formas impuras otras variantes lingüísticas sociales (populares, jergales, mixtas o híbridas) y geográficas (americanas, de otras regiones de España, de frontera).

A partir del último tercio del siglo XIX, España inició un proceso de acercamiento, luego de las cruentas guerras de la independencia, con sus antiguas colonias. A medida que iba reconociendo la soberanía política de las nuevas naciones americanas, comenzó un plan sistemático, sobre todo desde 1870, no solo por designar académicos de la lengua en América, sino principalmente por establecer una red de academias que respondieran al programa cultural y lingüístico de la matriz central. La primera que se creó fue la Academia Colombiana de la Lengua en 1871. Gran parte de las corporaciones americanas se fundaron entre el último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX. Sin embargo, hubo países que se mostraron más reacios a esa iniciativa como es el caso de la Argentina en donde la tradición intelectual hispanófoba y, por extensión, antiacademicista que había teñido los debates sobre la lengua nacional desde la década siguiente a la proclamación de la independencia (Glozman y Lauria, 2012) tenía, incluso entrado el siglo XX, cierta vigencia.

En 1951, con casi todas las academias fundadas y a instancias del presidente mexicano Miguel Alemán que convocó a un plenario para dar lugar al I Congreso de las Academias de la Lengua Española, se constituyó, no sin tensiones, la Asociación de Academias de la Lengua Española (en adelante, ASALE). Decimos “no sin tensiones” porque las discrepancias políticas entre las autoridades mexicanas y las españolas en torno al reconocimiento del gobierno republicano en el exilio por parte de las primeras provocaron la ausencia de la RAE. Esta situación dio lugar, a su vez, a que se presentaran algunas mociones de índole rupturista respecto de la primacía de la RAE a petición de ciertos sectores minoritarios de los académicos americanos que no logró imponerse, pese a que consiguió obtener algunos votos afirmativos.

La Asociación, que encuentra entre sus integrantes a la RAE desde el segundo congreso de 1956, declaró iniciar una nueva etapa de labor coordinada que superara las actividades de mera asistencia y colaboración a la academia española como era lo habitual hasta ese momento. En la actualidad, la ASALE tiene su única sede en Madrid y presenta una estructura organizativa que evoca la jerarquía colonial por la estructura piramidal que adopta: el cargo de presidente lo ocupa siempre el director de turno de la RAE. Y el tesorero es también un académico de la entidad española. De la Comisión Permanente, el puesto de secretario general electo queda a disposición de un académico no español, al que se suman dos cargos de vocales destinados también a miembros de academias distintas de la española. A pesar de las sucesivas reformas de los estatutos, la composición de la junta directiva se mantuvo intacta debido a que las reglamentaciones fueron siempre refrendadas por los delegados americanos, que son ampliamente mayoría, aun a costa de su perjuicio en términos de representatividad y, por consiguiente, de poder de decisión.

La orientación de la política lingüística en torno al español tomó un rumbo diferente a partir de 1990 puesto que se dieron las condiciones de posibilidad para el surgimiento en España de un nuevo programa de acción sobre la lengua, que, unos pocos años más tarde, se denominaría “nueva política lingüística panhispánica”. Las condiciones históricas de emergencia de esta política fueron la creciente participación de España en los principales foros internacionales y la entrada en la lucha por los tesoros del mercado económico global. A principios de los ochenta, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a cargo del gobierno, se enfrentó al reto de conducir a España hacia la modernidad después de una fuerte dictadura y de un aislamiento internacional prolongado. En 1986, el país ingresó a la organización que hoy es la Unión Europea, agrupamiento económico y político que adquiriría una creciente magnitud en la escena mundial. Una década más tarde, se asistió al despegue de empresas transnacionales con capital español que, como avanzada de la Unión Europea, aterrizaron con sus inversiones en Latinoamérica, que se perfilaba, en los neoliberales años noventa, como un mercado muy promisorio. En ese marco, el gobierno español, como parte de una campaña de Estado, empezó a propiciar y financiar, con el apoyo de un conjunto de organizaciones públicas y empresas privadas transnacionales, ONGs y fundaciones, una serie de medidas de política lingüística expansionistas y asimilacionistas para fomentar y difundir el idioma español. Al proyecto se sumó y, en gran medida, lo lideró técnicamente la histórica RAE, que, luego de algunas modificaciones estatutarias y de la asignación de mayor presupuesto por parte del erario español, renovó su misión y montó una política de corte panhispánico tanto hacia la descripción de la lengua cuanto hacia su forma de gestión.

El documento de la NPLP se presentó oficialmente en el III Congreso Internacional de la Lengua Española “Identidad lingüística y globalización” en Rosario (Argentina) en 2004 y fue firmado conjuntamente por la RAE y la ASALE. La NPLP expresa las principales líneas de acción en torno a la renovada labor de las academias, y los parámetros de intervención sobre el corpus, con el fin de actualizar, siguiendo el ritmo de la globalización, los instrumentos lingüísticos canónicos y, de este modo, configurar el estatus del español como lengua internacional. La RAE, con el afán de conservar el papel de primordial agente estandarizador en el ámbito hispánico, se convirtió en una institución más moderna que no solo trataba de organizar un soporte técnico con prestigio histórico para el proyecto de España, sino que preparaba la consolidación de un dispositivo institucional que sirviera de base a la reactivación del ya antiguo movimiento (pan)hispanista. La RAE fortalecía la red de academias correspondientes, apostaba por desarrollar los proyectos junto con sus pares y declaraba abrazar una supranorma en la que las variedades regionales de América valieran tanto como las peninsulares. Las academias americanas y la filipina, por su parte, respondieron al llamado pasivamente y acomodándose sin reclamos en el nuevo dispositivo con un supuesto papel más protagónico. El siguiente fragmento de la NPLP condensa sus lineamientos:

Las funciones atribuidas tradicionalmente a las Academias de la Lengua consistían en la elaboración, difusión y actualización de los tres grandes códigos normativos en los que se concentra la esencia y el funcionamiento de cualquier lengua y que aseguran su unidad: la Ortografía, el Diccionario y la Gramática. Hasta hace algunos años, el modo de alcanzar esos objetivos se planteaba desde el deseo de mantener una lengua “pura”, basada en los hábitos lingüísticos de una parte reducida de sus hablantes, una lengua no contaminada por los extranjerismos ni alterada por el resultado de la propia evolución interna. En nuestros días, las Academias, en una orientación más adecuada y también más realista, se han fijado como tarea común la de garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es, en definitiva, lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante, haciendo compatible la unidad del idioma con el reconocimiento de sus variedades internas y de su evolución (NPLP: 3).

Este documento que coloca a las “Academias” en plural como agente a cargo de la política lingüística consagró la fórmula “Unidad en la diversidad” como reemplazo del histórico “Limpia, fija y da esplendor”, que preservaba una lengua “pura” y castiza, y acotada a las prácticas lingüísticas de una porción minoritaria de hablantes. El texto, una suerte de manifiesto, se pronuncia tajantemente a favor de un nuevo modo de intervenir que asume “una orientación más adecuada y también más realista” y que abandona un pasado conservador en lo que a la gestión de la lengua concierne. Se declara, en consecuencia, que se adopta un modelo de estandarización panhispánico (también llamado, a veces, aunque no es en absoluto lo mismo, pluricéntrico) que reconoce la variación siempre y cuando sea compatible con el mantenimiento de la “unidad básica” del sistema. Para cumplir con ese cometido, cambia también la modalidad de gestión: el nuevo armado institucional interacadémico cuenta con redes de comunicación y tecnológicas, que facilitan la labor conjunta a través de comisiones de trabajo distribuidas por materias y zonas geográficas en todo el mundo hispanohablante. Como consecuencia de esos nuevos aires políticos, teóricos y metodológicos, se confeccionaron en menos de diez años las versiones renovadas del diccionario, la gramática y la ortografía, lo que dio cuenta, además, de un nivel de actividad y publicación sin precedentes en la larga historia de estas instituciones idiomáticas.

Las academias, a partir de una serie de recursos de (auto)legitimación, basados en la retórica del prestigio histórico en el campo de la estandarización y en acciones tales como la legalidad del uso obligatorio de sus pautas en los ámbitos jurídico-administrativos y en la enseñanza pública; la atención que prestan los medios periodísticos a la palabra académica; la presencia del rey en eventos (presentación de obras, realización de congresos, entrega de premios) devinieron las principales autoridades de prescripción y garantes de la unidad y de la integridad de la lengua española a ambos lados del Océano Atlántico. Tanto fue (es) así que sus instrumentos lingüísticos funciona(ro)n como pauta de referencia (casi absoluta, salvo en pocas y recientes excepciones) del quehacer gramatical, lexicográfico y ortográfico del español.

Numerosos estudios que indagaron la NPLP (Gabriel-Stheeman (2004); Del Valle (2007); Arnoux (2008 y 2019); Lauria y López García (2009); Senz y Alberte (2011); Lagares (2013); Rizzo (2016), Lara (2015) y Lauria (2017, 2018 y 2019)) demuestran que se trata de una construcción discursiva que reposa en la presunción de una comunidad de países que comparten la lengua en condiciones equitativas, es decir, sin hegemonías. Pese a la confesión reiterada de las academias de llevar adelante una gestión democrática de la lengua, dichos trabajos críticos ponen de relieve que no se ha forjado una distribución equivalente y multilateral de las funciones en la disposición organizativa y autoral en los instrumentos lingüísticos, como así tampoco en la descripción de los rasgos de las distintas variedades sociales y geográficas. De ello se desprende que se perpetúa el desequilibrio histórico en ambos aspectos con un sentido y una función social coyuntural precisa: lograr la proyección internacional de la lengua con un fin exclusivamente económico. En efecto, cubrir y captar un mercado extendido y unificado es el principal móvil de este programa de política lingüística, que busca expandir una norma única y homogénea, desprovista de localismos, y que se asienta material y discursivamente sobre la tradición de dominación. Tradición de dominación caracterizada por la ecuación metrópoli ayer / Estado central hoy; colonias ayer / Estados periféricos y, por lo tanto, subalternos porque ven erosionada su soberanía política en la toma de decisiones internas y pierden la regulación autónoma de la economía nacional, quedando a merced de los planes externos o de financiamiento internacional). Es en ese vínculo donde radica justamente la relación poscolonial que tiñe esta política. Es conveniente señalar, por último, que esta situación se lleva a cabo con la anuencia de los académicos americanos que, aunque son mayoría en la ASALE, le otorgan legitimidad al planteo panhispánico en sus respectivos países de origen y lo reproducen. En este sentido, por acción u omisión, los integrantes de las academias correspondientes se convierten en cómplices tanto del Estado español como de ciertos sectores pro-mercado afines, cuyos intereses implica y sostiene la NPLP.

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La glotopolítica aborda las intervenciones (políticas, prácticas, discursos) en el espacio público del lenguaje llevadas a cabo ya sea desde el Estado o desde bloques transestatales, ya sea desde ciertos sectores de la sociedad civil (movimientos sociales; grupos de activistas y militancia; asociaciones profesionales, políticas, religiosas, artísticas), atendiendo a la relación que estas entablan con transformaciones sociohistóricas más generales, así como vinculando el papel que asumen las lenguas en la construcción y el perfilamiento de subjetividades o modelos de ciudadanía. Este enfoque de indagación crítico, que pone el foco en el carácter político de los hechos del lenguaje (Del Valle, 2015; Arnoux 2016; Del Valle, Lauria, Oroño y Rojas, 2021) se interesa por la heterogeneidad y la manifestación del conflicto: el lenguaje es considerado menos como una entidad natural, fija, clausurada de una vez y para siempre que como un espacio discursivo de lucha donde se exhiben roces y tensiones, se gestionan hegemonías y se plantean disensos, y se dirimen posiciones políticas en un momento dado siempre sometido a un juego de fuerzas contrapuestas por el acceso y la distribución de los recursos. De allí que los instrumentos lingüísticos en general y los diccionarios monolingües en particular se examinen como objetos históricos, insertos en un entramado de relaciones amplio y complejo, que excede los límites del campo meramente lingüístico ya que se relacionan con requerimientos que se producen en (o desde) los ámbitos (geo)político, social, (geo)económico, cultural, educativo, tecnológico, geográfico y demográfico (migratorio).

Por todo lo expuesto, se concibe el diccionario monolingüe como un acto glotopolítico (Lauria, 2022). Las razones que conducen a ello son varias. Por un lado, porque su elaboración implica reflexionar sobre el lenguaje, la lengua, la variedad local, el habla, la comunicación, y esto lleva a tomar decisiones en torno a cuestiones tales como la unidad o la fragmentación de la lengua, la norma, la variación, el uso, la prescripción, la descripción, el cambio lingüístico, el purismo, el casticismo, la corrupción idiomática, el contacto de lenguas y también sobre los llamados indigenismos, regionalismos, neologismos, arcaísmos, tecnicismos, extranjerismos, préstamos, calcos, barbarismos, vulgarismos y sobre las dicotomías lengua culta o literaria/lengua popular, lengua escrita/lengua oral y lengua urbana/lengua rural. Y, por otro, porque no solo revela continuidades con procesos que pertenecen a los ámbitos político, económico, social, cultural, demográfico, científico y tecnológico de la contingencia histórica en la que se inserta, sino porque también activa (o silencia) determinadas memorias.

En síntesis, los diccionarios monolingües constituyen, pese al hecho de que en la larga duración exhiben una notable estabilidad genérica (estructura y partes en que se dividen, categorías que utilizan, construcción de la secuencia que proponen) y que declaran administrar, con mayor o menor énfasis descriptivo o prescriptivo, la actividad verbal, discursos donde se asoman y se esconden sistemas lingüístico-histórico-ideológicos que establecen jerarquías sociales e instauran autoridad. Estos dispositivos operan desde la reflexión sobre el lenguaje en la constitución de imaginarios colectivos, relaciones sociales y entidades político-económicas, y, por ello, participan en la formación, reproducción, transformación o subversión de las sociedades. En esta última idea reside la importancia y la riqueza de su estudio en términos políticos.

 

Bibliografía

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Lengua y política. Hitoria crítica de los diccionarios del español en argentina. Editorial EUDEBA, Buenos Aires. 2022. 380 páginas.Colección Historia de las políticas e ideas sobre el lenguaje en América latina

 

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Quién

Daniela Lauria
Daniela Lauria
Doctora en Lingüística (Universidad de Buenos Aires) e investigadora del Conicet (Argentina). Su última publicación es Lengua y política. Historia crítica de los diccionarios del español de la Argentina (Eudeba, 2022). Administradora del Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica en Facebook

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