El gran paro nacional iniciado el 28 de abril ha impactado profundamente el mapa político en el país. Una nueva cartografía urbana de la iniciativa y ofensiva popular mantiene a la ciudad de Cali en el centro, y una juventud golpeada por la precarización económica y el manejo que el Gobierno le ha dado a la pandemia se ha vuelto su protagonista. Una entrevista a Ximena Torres, joven caleña, lideresa comunitaria y defensora de los derechos humanos.
En la ciudad de Cali se han desatado altos niveles de confrontación callejera entre la Fuerza Pública, la movilización popular y la reacción social y armada de sectores sociales que, de una u otra forma, se insertan en una lógica paramilitar y refractaria al cambio. Lo de Cali es inédito y azaroso. Para comprenderlo mejor, desde el equipo de Lanzas y Letras decidimos hablar con Ximena Torres, militante de Ciudad en Movimiento que, como muchas otras, ha vivido de primera mano la convulsión, resistencia y reacción en Cali.
¿Quién es Ximena y cuál ha sido tu labor en estas jornadas de paro Nacional?
Mi nombre es Ximena Torres, hago parte de Ciudad en Movimiento en Cali y mi labor en estas jornadas de paro, más que individual, ha estado vinculada a la organización Ciudad en Movimiento. Hemos dado la discusión acerca del papel de la organización en este paro nacional, pues sabemos que ni las organizaciones ni los sindicatos estamos al frente de este paro: es la ciudadanía, son las y los jóvenes que no están organizadas en algún tipo de colectivo. A partir de esta lectura hemos dicho que lo primero es acompañar y respaldar, pero también incidir, politizar e incentivar procesos de movilización y organización en los territorios.
También hemos tenido un papel importante en la defensa de los derechos humanos, porque este paro ha tenido muchísimas violaciones a los derechos humanos. El Gobierno nacional ha decidido responder con militarización y bala; esto ha generado un montón de vulneraciones y como organización hemos estado ahí acompañando y denunciando nacional e internacionalmente. Como Ciudad en Movimiento hemos recogido insumos médicos, de protección y de alimentación y hemos realizado ollas comunitarias en los puntos de bloqueo cercanos a nuestros trabajos territoriales. Estas ollas comunitarias han estado acompañadas por jornadas pedagógicas donde hablamos con la gente, con los líderes y las lideresas del barrio acerca de las exigencias del paro, por qué surge el paro, quiénes están parando y cuál ha sido la respuesta del Gobierno nacional.
Finalmente, nuestro rol también ha sido el de articular con otras organizaciones sociales a nivel nacional e internacional con el fin de visibilizar y fortalecer el paro.
Ahora bien, ¿qué podrías decir frente a lo que ha venido sucediendo en Cali en el marco del paro?
En Cali la gente se ha venido movilizando con muchísima fuerza desde el 28 de abril, e incluso, desde unos días antes cuando la Fuerza Pública entra a la Universidad del Valle pretendiendo sacar a los estudiantes de una toma pacífica que exigía garantías ante la pandemia. El gobierno departamental decide dar la orden de desalojar la Universidad y esto crea bastante indignación entre los caleños y caleñas.
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Unos días después llega toda la dinámica del paro nacional. En este contexto se han construido alrededor de 21 puntos de barricadas en la ciudad, movilizaciones masivas hasta hoy, denuncias en redes sociales a partir del tratamiento de guerra que el Gobierno nacional le ha dado a la protesta social. Debido a esto último, hemos sufrido asesinatos masivos de jóvenes que están resistiendo en las barricadas, desapariciones y casos de violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública y, en los últimos días, se ha denunciado que cuerpos desmembrados han estado apareciendo en el río Cauca.
Pero al mismo tiempo, al paro se han sumado intervenciones artísticas y culturales, se han sumado las barras unidas del América y del Cali. En general, se siente un ambiente de unidad entre los sectores populares e, incluso, las clases medias-bajas frente a las desigualdades vividas en la ciudad.
Por otro lado, se ha hecho evidente la articulación entre el paramilitarismo y la policía. Es preocupante, por ejemplo, el hecho que se dio contra la Minga indígena donde hirieron a unos nueve de sus integrantes. Esto pasa con los que se han llamado “ciudadanos de bien”, personas de la clase alta de Ciudad Jardín, uno de los barrios de elite en Cali. Todo esto ha terminado por configurarse en un tratamiento de guerra a la protesta. No es solo la policía o el ESMAD los que llegan a los puntos para asesinar o desaparecer a la gente. En muchas ocasiones se han observado camionetas ocultando las placas las cuales disparan hacia los manifestantes o asumen una actitud de vigilancia e intimidación.
Sin embargo, la gente se sigue parando muy fuerte. La gente se sigue movilizando y muchos de los puntos siguen resistiendo.
¿Qué crees que explique la contundencia con la que la ciudadanía y el movimiento popular caleño ha enfrentado la represión policial?
Cali se ha venido denominando la “ciudad de la resistencia”. Si uno hace un ejercicio de análisis más profundo acerca del porqué en Cali se ha sostenido la movilización, podríamos observar las estadísticas del DANE que indican un aumento en la pobreza en la ciudad. Mientras en el 2020 se registraba un 21,9% de pobreza, en los primeros meses del 2021 se registra un crecimiento hacia el 36,3%. Esto se refleja en un aumento de las personas que pasan a ser parte de la clase popular, estamos hablando de un 67% de la población. En esto ha influido claramente la pandemia, pero sobre todo han influido las pocas opciones que da el Gobierno nacional para solventar los efectos de la Covid-19. El Gobierno se ha negado a escuchar exigencias provenientes de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de la bancada de la izquierda, como es la renta básica.
En Cali hay un desempleo juvenil de un 29,1%, lo que significa que un grueso de la juventud no cuenta con opciones laborales. Además, somos la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente, una población a la que históricamente se le han negado los derechos. Cali hace parte de la lista de las ciudades más peligrosas del mundo y ocupa el primer lugar a nivel nacional en registrar más casos de feminicidio. Los jóvenes artistas no cuentan con ningún apoyo del Gobierno nacional y los recursos de estímulos se redujeron de forma profunda y preocupante.
En términos generales, esta es una ciudad marcada por la pobreza, es desigual; la ciudadanía no encuentra alternativas de empleo y una gran parte de los ciudadanos dependen del trabajo informal y del trabajo vinculado a la diversión nocturna. Estos sectores, precisamente, han sido abandonados por la administración en medio de la pandemia.
Todo esto es un cúmulo de factores que dan como resultado lo que vemos en el paro nacional. Si bien en un primer momento fue el tema de la reforma tributaria, en este momento tan complejo es posible ver un montón de denuncias y un montón de exigencias por parte de los caleños. Una ciudad pobre, una ciudad que emplea sus pocos recursos en el turismo y no en el fortalecimiento del empleo local, la cultura y el arte. En definitiva, hay pocas alternativas para los caleños y las caleñas.
Ahora bien, no solo en Cali, sino a nivel mundial, la Fuerza Pública reprime a los movimientos sociales, a las movilizaciones y a las personas que piensan distinto. Pero además, en nuestras ciudades la gente no se siente segura o tranquila cuando la policía llega a los barrios. La policía está articulada con el paramilitarismo y el microtráfico, y estigmatiza a los jóvenes de los barrios populares, a los artistas y a las artistas. Hay que recordar la discusión que se dio alrededor del 2017 acerca del nuevo Código de Policía y la mayor capacidad que se le dio a la institución para violentar a la ciudadanía. En Cali, y en general en Colombia, la Fuerza Pública se configura como ese ente de violación a los derechos humanos e impide la ocupación libre de los espacios de ciudad. Los jóvenes ya no pueden estar tranquilos en los parques, ni en el espacio público. Por eso, entre otras cosas, es urgente un cambio en la estructura y doctrina de la policía.
De otro lado, la policía es enemiga de las personas que trabajan en la calle, de los vendedores y las vendedoras ambulantes. Como había dicho, Cali cuenta con una gran cantidad de personas vinculadas al empleo informal, y la Fuerza Pública violenta constantemente a este sector. Así pues, la Fuerza Pública reprime, intimida y viola los derechos humanos. Las mujeres, particularmente, no solo tenemos miedo de que un policía nos golpee, también tememos que nos viole. Esto es algo que hemos visto en el paro nacional, pues la policía sigue concibiendo al cuerpo de las mujeres como un botín de guerra. La policía es un enemigo muy claro en el diario vivir de los sectores populares; más que servir, violenta.
Cuando se da este tratamiento de guerra a la protesta social, es la policía la que se enfrenta a la movilización, desaparece y violenta a la gente. Por eso se ha respondido muy fuertemente contra la policía. Hay un cúmulo histórico de factores, la ciudadanía nunca se ha sentido segura en las manos de la Fuerza Pública.
Finalmente, ¿cuáles son las demandas del movimiento popular caleño a estas alturas de la movilización?
Para empezar, la reforma tributaria que impulsó al paro desde el 28 de abril fue solo la gota que rebasó la copa. Esta reforma, lo mismo que la reforma a la salud, ha sido más bien un pretexto para salir a las calles. Por el contrario, las razones están en este cúmulo de cosas que antes nombré, y que ahora son profundizadas por la pandemia. Pero este paro no es el típico paro que se negocia a partir de un pliego de peticiones, una mesa de negociación y un acuerdo pactado con el Gobierno; acuerdo que, desde luego, incumplirá como históricamente lo ha hecho.
Habiendo dicho esto, lo que se configura es un grito que refleja la urgente necesidad de cambios estructurales en la sociedad. Los jóvenes que están en la Primera Línea no tienen empleo, no tienen salud, ni tienen opciones de educación. Pero más allá de esto, lo que están exigiendo estos jóvenes, y la ciudadanía en general, son cambios reales en la democracia, cambios reales en la participación, cambios reales en la estructura de poder.
El sujeto de este paro es la ciudadanía, son las familias sin opciones, las mamás cansadas de la violencia estatal hacia sus hijos e hijas, los jóvenes sin condiciones mínimas para desarrollarse de forma satisfactoria, esos mismos jóvenes que no están organizados en movimientos sociales. Los jóvenes de la Primera Línea, que han asumido con valentía esta tarea tan importante, son jóvenes que no han tenido nada. En muchas ocasiones ellos mismos dicen que ha sido en el paro nacional donde se han sentido más queridos, más amados y donde han comido mejor. Esa Primera Línea al frente de las barricadas está llena de jóvenes que no han contado nunca con opciones para realizarse, de jóvenes que no han ido a la universidad, de mujeres que tienen que ser mamás a una edad muy temprana.
Desde esta realidad marcada por desigualdades y violencias tan profundas es que se hace este llamado a la renuncia de Duque, a que se retiren las nefastas reformas del Gobierno, pero sobre todo a un cambio de sociedad. Más allá de todo, las y los jóvenes, las familias, las mamás, los hermanos, la gente mayor, todos exigen y anhelan un cambio estructural en la sociedad. Son conscientes de que sentarse a negociar significa dejar que el mismo Gobierno que históricamente incumple, mantenga las cosas tal y como están y no cumpla con las reivindicaciones del paro. Por eso se ha dicho que “este paro no para”, precisamente porque es algo de largo aliento, una construcción histórica que se debe consolidar como un cambio estructural de la sociedad.
