La Fiscalía General afirmó que guerrilleros están reclutando niños y niñas de 8 años en Centros Educativos de Bogotá. Para instalar tal hipótesis —desmentida por jóvenes que hacen actividades sociales en la localidad— se expuso irresponsablemente a menores que ahora son víctimas, no de la guerrilla, sino de las tareas de inteligencia ordenadas por el fiscal.
Es sabido que, tras el desarme de las FARC, quienes insisten en sostener una sórdida guerra psicológica en Colombia han puesto la mira en el señalamiento de líderes y procesos del movimiento social, a quienes se acusa de estar vinculados al ELN, la otra guerrilla que aún tiene abierto su proceso de paz. De esos señalamientos no han estado exentos defensores de derechos humanos, legisladores, líderes y lideresas campesinas, estudiantes o miembros de la Iglesia.
En sintonía con el inicio del nuevo ciclo de negociaciones con el ELN, ahora en La Habana, la Fiscalía sacó a relucir una de las acusaciones más incómodas para esa guerrilla: el reclutamiento de menores. Es conocida la intencionalidad del Fiscal Martínez contraria a la salida política al conflicto: tal vez por eso, por la necesidad de generar un “golpe mediático” que afecte la reanudación de los diálogos, un proceso judicial que se le sigue a un presunto integrante del ELN (“alias Tista”, según los medios) dio un giro sorprendente esta semana.
En ese contexto la Fiscalía habló de reclutamiento de menores en Bogotá y, a falta de mejores pruebas, expuso a niños y niñas que participan de actividades recreativas y culturales organizadas por diversas agrupaciones juveniles y estudiantiles en Suba, al norte de la ciudad.
La extravagante acusación judicial tuvo su irresponsable eco mediático: Caracol TV no dudó en hablar de un “centro clandestino de reclutamiento de menores”, sin verificar que se trata de una institución legal, con reconocimiento en el barrio y apoyo vecinal.
Qué dice la Fiscalía
Para intentar dar verosimilitud a la acusación, la Fiscalía puso a disposición de los medios afines, principalmente Caracol y RCN, unas fotografías de niños y niñas leyendo, sentados en ronda o en grupos, formas habituales de los talleres infantiles que realiza cualquier centro educativo. Tal vez a sabiendas de lo inconsistente del señalamiento, las fotografías están difuminadas no solo para evitar que se vean los rostros de los menores, sino para evitar que se puedan identificar los materiales de lectura, el lugar, u otros detalles de contexto. Revista Lanzas y Letras tuvo acceso a ese material brindado por la Fiscalía a los medios, pero decidimos no reproducirlo para no prestarnos a la estigmatización de los niños y niñas que implica su difusión.
En un comunicado dado a conocer el pasado miércoles, la Fiscalía argumenta que “realizó diligencias de registro y allanamiento, y encontró en el lugar planillas de asistencia de niños y adolescentes, cronogramas de actividades y varias cartillas (…) y textos que exaltan el resentimiento social, la vida de personajes subversivos y una supuesta práctica pedagógica en la que inculcarían ideologías y pensamientos no aptos para infantes de tan corta edad”.
Los argumentos se caen por su propio peso: ¿unas planillas de asistencia de niños y cronogramas de actividades pedagógicas, tendrán que ver con “actividades clandestinas” o, por el contrario, con actividades recreativas y educativas rutinarias en cualquier centro social abierto al barrio? Los juicios morales que expone son muy cuestionables: ¿qué significa para el Fiscal “exaltar el resentimiento social”? ¿Fomentar el pensamiento crítico? Diversas ediciones mundialmente famosas que apuntan a despertar en niños y adolescentes la capacidad de problematizar la realidad en la que viven, como, por ejemplo, el éxito editorial “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”, ¿son para el fiscal Martínez materiales encasillables en la categoría del “aliento a la subversión”? ¿Cuáles serían las “ideologías y pensamientos no aptos para infantes”? ¿Textos históricos que hablen de Simón Bolívar, García Márquez, Camilo Torres o Frida Kahlo, por ejemplo, son “subversivos”? Vale recordar que el Fiscal sostiene esa acusación en complicidad con las cadenas televisivas responsables de series que exaltan y embellecen a figuras criminales de la historia reciente, como Pablo Escobar o Carlos Castaño. ¿Qué escala de valores aplica el fiscal para decidir qué referentes ideológicos son aptos y cuáles no? ¿Juzgar textos de lectura es la atribución de un Fiscal General? Es cierto que Colombia tuvo un Procurador famoso por quemar libros en su juventud, aunque es deseable que esas pretensiones dignas de la Inquisición, que coartan las más básicas libertades, no tuvieran ya lugar en el contexto actual.
Primeras desmentidas
Uno de los procesos juveniles que hace trabajos recreativos con niños en Suba reconoce que las fotografías son de una actividad que ellos realizaron; es decir, no son fotos ni de una actividad clandestina, ni de ninguna organización ilegal, ni siquiera de la Cooperativa señalada. Al ver las fotografías del trabajo social que realizan involucradas en una acusación tan grave, los y las jóvenes que se reconocen como organizadores de esas actividades están con miedo. Prefieren, hasta saber mejor qué va a pasar, no dar sus nombres. Sin embargo, brindan información fácilmente contrastable, que desmonta la versión de la Fiscalía:
- Las fotografías dadas a la prensa por la Fiscalía corresponden a talleres infantiles abiertos a la comunidad que han tenido lugar en otro centro social, no en el que se incrimina en el proceso judicial.
- Dichas fotografías, lejos de ser evidencias surgidas de allanamientos o requisas, estaban publicadas en la página de Facebook del colectivo juvenil, de manera pública, como todas las actividades que realizan.
- Las presuntas “cartillas de adoctrinamiento”, también borroneadas en las fotos que difundió la Fiscalía, son en realidad libros infantiles de distintas editoriales que se consiguen en cualquier librería y que suelen ser utilizados en bibliotecas públicas y escuelas para talleres similares.
Después de asesorarse con abogados, los y las jóvenes responsables de esas actividades harán su descargo en la Justicia. Seguramente, como sucede en la gran mayoría de casos de estigmatización del movimiento social, la Fiscalía tendrá que dar marcha atrás con sus señalamientos. Pero el daño ya estará hecho.
El daño al buen nombre y prestigio de las agrupaciones juveniles que desarrollan tareas sociales en los barrios, el daño al conjunto del movimiento social que viene siendo sistemáticamente estigmatizado y, además, el daño a las y los niños que participaron de las actividades, de quienes se difundieron irresponsablemente fotografías; a sus familias que, aunque las imágenes estén difusas, reconocen a sus hijos en las fotografías y, naturalmente, estarán con miedo ante las temerarias acusaciones.
En su cruzada contra los procesos de paz, el Fiscal Martínez no ha respetado ni siquiera a los niños en nombre de los que pretende justificar su actuar.
