Al día de hoy nos aproximamos a los primeros 1.500 casos del así llamado “coronavirus” en el país. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para prevenir la expansión del virus?, ¿qué tan prioritaria es para el gobierno de Duque la salud de los sectores más empobrecidos de la sociedad?
El coronavirus, y las medidas necesarias que se han venido tomando para evitar su contagio, afectan de diferente manera a las personas en Colombia. En el país más desigual de América Latina, donde reina la informalidad, los impactos del aislamiento recaerán especialmente sobre la población pobre, el 70% en Colombia.
Los cálculos dicen que 16 millones de personas dependen de los ingresos diarios de quienes trabajan en la calle; esto es el 30% de la población. A esto se le suman los 3.5 millones de personas desempleadas y las personas que en medio de esta crisis se quedaran sin empleo. Durante la cuarentena, 14 millones de personas no generarán ingresos. La situación de las personas de la tercera edad es aún peor: solo el 25% recibe pensión.
A esto se le suma la grave situación del sector salud, que antes de iniciarse la crisis ya se encontraba en un grave estado de desfinanciamiento. Para ilustrar, en plena pandemia se dañó la única máquina que tenía el Instituto Nacional de Salud para hacer pruebas que confirmaran la presencia del virus y, según la misma entidad, no había cómo repararla. Al otro día el problema estaba resuelto y la máquina, de repente, arreglada. Sobre la situación de los trabajadores de la salud, renunciaron los médicos en Zarzal, Valle del Cauca, por falta de garantías: afirman que trabajar así es un suicidio.
La actuación del gobierno ha estado orientada por el decreto 417, a través del cual se declaró la emergencia sanitaria. En materia económica, ha estado guiada por el polémico decreto 444, que creó un fondo de emergencias que, eventualmente, podría estar llegando “en forma de préstamos” al sector financiero. Para aliviar la situación económica de la población, ha contemplado giros en efectivo de menos de 500 mil pesos para 2.6 millones de personas.
Algunos gobiernos locales han tomado medidas adicionales, como la suspensión de los cobros de los servicios públicos. Y se han presentado choques entre las decisiones del gobierno nacional y las de las administraciones locales.
Las organizaciones sociales y la ciudadanía han realizado actividades solidarias para ayudar a resolver la crisis social que está generando la pandemia. También han venido construyendo exigencias y propuestas para reducir los impactos de esta crisis en los sectores más pobres de la sociedad. Entre ellos, renta mínima básica, suspensión de pago de servicios públicos y créditos, y garantías para los trabajadores de la salud.
Durante las próximas semanas, es importante que, entre todos y todas, le hagamos veeduría a las decisiones que tomen las instituciones para proteger a la gente durante esta crisis, especialmente a la población más pobre, que se ha visto y se verá seriamente afectada.
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