Continúa la persecución contra el Congreso de los Pueblos

Los asesinatos selectivos, la intimidación constante y las judicializaciones estratégicas hacia el Congreso de los Pueblos son parte de esa caja de herramientas con las que el Gobierno nacional, los grandes empresarios y los narcoparamilitares pretenden acabar con la oposición política y los liderazgos populares. Pese a todo, un “¡aquí no se rinde nadie!” resuena en ciudades, campos y veredas.

Hacía meses no escribía. Decidí volver a hacerlo porque si alguien poderoso quiere que me calle, alguna cosa que le saca callo estaré diciendo, y eso vale la pena.

Esta semana denuncié hechos de hostigamiento telefónico ocurridos el lunes 29 de marzo, a los que se suman una extraña visita, también denunciada, a la sede nacional del Polo Democrático Alternativo. En lo personal estos hechos se añaden a otra amenaza vivida por mi familia y por mí en julio el 2018. Me amenazaron con una supuesta orden de captura, además de anunciarles a mi padre y a mi madre desapariciones y falsos positivos.

En estos años ha crecido la violencia hacia líderes sociales en Colombia y las estrategias de persecución judiciales contra organizaciones sociales y políticas como el Congreso de los Pueblos.

Según Indepaz, hasta el 2 de abril de este año se han cometido 23 masacres, y se tiene registro del asesinato de 41 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de 13 firmantes del acuerdo de paz. La misma organización indica que en 2020 asesinaron a más de 310 líderes sociales, y la Defensoría del Pueblo afirma que entre 2016 y 2020 fueron asesinadas 753 personas por su liderazgo social y comunitario.

En marzo de 2020 Marco Rivadeneira, líder campesino del Congreso de los Pueblos, fue asesinado en el departamento del Putumayo. Sin embargo, en el caso del Congreso las judicializaciones son la estrategia principal de persecución: en 2018 fue detenido Julián Gil, secretario técnico, absuelto a finales del año pasado; en diciembre de 2019 fue detenido José Murillo, vocero nacional y regional; en diciembre de 2020 se inició un proceso judicial contra los líderes campesinos Teófilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, que fueron detenidos y ahora llevan el proceso en libertad, y en marzo de este año se anunciaron acciones judiciales contra Erika Prieto, defensora de derechos humanos. Igualmente se han reportado capturas masivas de liderazgos del Congreso de los Pueblos en Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Antioquia y Bolívar. En todos los casos las acusaciones son de vínculos con la guerrilla.

En ese contexto entiendo las amenazas con órdenes de captura que me hicieron en el 2018 y los nuevos intentos de intimidación. Igualmente, las múltiples de acciones veladas de pequeños hostigamientos que reposan en las bases de derechos humanos de Ciudad en Movimiento en todas las ciudades del país: visitas de la Policía a nuestras casas o proyectos productivos sin justificación; llamadas extrañas; abordajes en buses del transporte público; allanamientos ilegales; ingresos clandestinos a nuestra viviendas, entre otras, marcan el rigor de la persecución política, judicial y de inteligencia que el Estado colombiano despliega contra organizaciones como las nuestras.

Oponerse a los negocios de los grandes empresarios, narcotraficantes y paramilitares en las zonas rurales y en los barrios populares, cuesta la vida de cientos de líderes sociales. Construir proyectos políticos distintos al injusto y violento orden de cosas impuesto en nuestro país, nos cuesta la libertad, la tranquilidad y la seguridad de nuestras familias.

Los líderes sociales aportamos a la construcción de paz. No somos ni blanco militar, ni judicial. Y seguiremos adelante, porque aquí no se rinde nadie.