Catatumbo caliente: ¿Prohibir la movilización social? El riesgo de repetir la historia

Por Pablo Solana*. Rodeado por el Ejército y la Policía, el gobernador de Norte de Santander afirmó que “no se van a autorizar desplazamientos” en Tibú, Ocaña y Cúcuta, como respuesta al anuncio de movilizaciones que descalificó llamándolas “paro armado”. Un libro de reciente publicación recupera la memoria del “Paro del Nororiente” de 1987 en esa región, historia que las autoridades deberían tener presente para no repetir las consecuencias trágicas que genera la estigmatización del movimiento social.

El próximo 30 de mayo iniciará una Minga Nacional con movilizaciones en todo el país, según lo dispuso la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que congrega a gran parte del movimiento social en Colombia. El campesinado del Catatumbo es parte de la iniciativa, que pone eje en las demandas incumplidas por parte del gobierno con las comunidades.

Movilizaciones de este tipo ocurrieron en 2013 y 2014, cuando surgió la Cumbre. Esa coordinación nacional se convirtió en una plataforma unitaria de diálogo con el gobierno, aunque las gestiones no avanzaron lo suficiente. Desde entonces las protestas cuentan con mayor previsión y organización: nadie puede poner en duda la legitimidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, o las organizaciones campesinas del Catatumbo (CISCA, ASCAMCAT), como legítimas expresiones del movimiento social.

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Sin embargo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lanzó duras amenazas que prefiguran violación de las garantías constitucionales y graves riesgos para los liderazgos sociales en la región.

Tras convocar a un Consejo de Seguridad y mostrarse junto a los mandos del Ejército y la Policía, el gobernador eligió desconocer los motivos de la protesta y hablar en cambio de “paro armado”, “depósitos de explosivos”, “material de guerra”, para concluir ofreciendo “recompensas por 100 millones de pesos para quien brinde información” y “multas a las empresas de transporte que faciliten el desplazamiento de campesinos” durante las fechas de movilización. [“Desautorizan paro campesino que se desarrollará en Catatumbo”, La Opinión, Cúcuta, 25 de mayo].

Hasta el momento la respuesta más contundente provino del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Alberto Castilla, quien fue vocero del Comité de Integración del Catatumbo (CISCA) en sus tiempos de líder campesino: “Exijo a la gobernación brindar todas las garantías a los derechos a la protesta social, la libertad de expresión y la libre locomoción”, reclamó.  Pero el gobernador Villamizar, lejos de retractarse, ratificó las acusaciones contra el movimiento social.

Lejos, muy lejos de cualquier horizonte de paz, el gobernador de Norte de Santander anuncia la continuidad de la violencia, en la peor de sus expresiones: la que el Estado ejerce contra el pueblo cuando se propone reclamar por sus derechos negados.

Memoria

La estigmatización, la asimilación de protestas campesinas con el accionar de organizaciones armadas, históricamente ha sido el argumento que los gobernantes dieron para justificar el ataque al movimiento social.

La década del 80 fue pródiga en movilizaciones campesinas en el Catatumbo. A partir de 1985 se desarrolla un clima de efervescencia social que desencadena en cuatro grandes movilizaciones, la más notoria conocida como el “Paro del Nororiente” de junio de 1987.

“A partir de 1980 es cuando empieza a configurarse el campesinado del Catatumbo como sujeto político de importancia en la vida departamental y nacional”, narra Héctor C. López R., autor del libro “Colonización y primeras luchas campesinas en el Catatumbo”, recientemente publicado por La Fogata Editorial. El texto reconstruye los antecedentes históricos de lucha en la región, como la resistencia de la población Barí a las compañías petroleras (1931- 1964), las luchas de los trabajadores petroleros contra la multinacional Colpet (1931-1977), el Paro Cïvico de los estudiantes de Convención contra Chevron (1963) y el Paro Cívico departamental por la reversión de la Concesión Barco (1971). Ese caudal histórico desencadena en las movilizaciones de los años 80.

“El Paro del Nororiente logra que la opinión pública colombiana comience a interiorizar la magnitud de la riqueza petrolera de los Santanderes; los campesinos comienzan a tomar consciencia y a exigir planes de desarrollo e infraestructura para sus veredas, dada la miseria y pobreza de la población”, narra el autor, protagonista de aquellas gestas.

Durante el Paro del 87 se organizaron marchas a Ocaña, Tibú y Valledupar; tres meses después, otra movilización copó la ciudad de Cúcuta. El movimiento campesino forzó una negociación, que se dio en medio de una dura confrontación entre los marchantes y la Fuerza Pública.

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Los campesinos lograron reivindicaciones urgentes: dispensarios de salud, escuelas rurales, mantenimiento de carreteras y acueductos, programas de caminos veredales, electrificación, ampliación de prestación de servicios de agua en barrios marginales… Todas cuestiones básicas, pero que solo comenzaron a ser tenidas en cuenta por el Estado a partir de las fuertes protestas.

Parecen lógicos los reclamos, resultan legítimas las movilizaciones…

Sin embargo, “después del Paro del Nororiente de mediados de 1987, fueron dinamitadas sedes sindicales y amenazados 77 líderes de la protesta a través de una ´Lista de la Muerte´, la mayoría de esos dirigentes fueron asesinados o desaparecidos”, relata el autor del libro que historiza aquellas luchas.

¿Por qué la persecución y muerte a los líderes de protestas legítimas, de reclamos urgentes? La estigmatización (similar a la que ejerce el actual gobernador de Norte de Santander) siempre precede a la acción. Puede leerse en los recortes de diarios de la época: “El Paro del Nororiente fue organizado y dirigido por grupos guerrilleros e izquierdistas” [Ramón Cárdenas Silva, columnista del diario La Opinión de Cúcuta]; “En Barrancabermeja la policía retuvo al dirigente sindical Manuel Chacón por su presunta vinculación con grupos armados de extrema izquierda” [Colprensa, 8 de junio de 1987]. Chacón, al igual que decenas de líderes sociales, fue asesinado un año después de las protestas en las calles de Barrancabermeja.

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Las luchas del campesinado en el Catatumbo han sido por décadas un espejo donde el conjunto del campo popular puede mirar su destino. La historia enseña que señalamientos como los que acaba de hacer el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, solo pueden preanunciar más violencia contra el movimiento social. Aún faltan varios días para el inicio de las movilizaciones, ojalá las autoridades tomen consciencia de ello.

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* Pablo Solana es editor de La Fogata Editorial – Colombia

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