En Colombia la peor pandemia sigue siendo la guerra

Tres décadas han pasado desde las tristemente recordadas elecciones presidenciales de 1990 y hoy, sin embargo, la política colombiana no ha dejado de ser escandalosamente sangrienta. Nuestra histórica masacre continúa en una siniestra alianza entre el narcotráfico, el paramilitarismo, los gamonales regionales, las disidencias de las FARC y la fuerza pública. 

Un ejercicio de memoria de las elecciones presidenciales de 1990, nos lleva a recordar la desgarradora cuenta de tres candidatos de izquierda asesinados: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro Leongómez que recién bajaba del monte gracias al acuerdo entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19. Como si esto fuera poco, en el mismo periodo Galán sería también silenciado por la ráfaga de las ametralladoras. Treinta años después, la violencia política no afloja en nuestro país: en los pocos meses que llevamos de este año más de 90 líderes sociales han sido asesinados.

Y es que luego del acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC, donde se discutieron las garantías para hacer una política sin armas, la situación no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado. Desde el 2016 hasta el año 2019 se ha denunciado el asesinato de unos 800 líderes sociales y excombatientes de las FARC. La mayoría de los casos se han presentado en zonas rurales, y los departamentos más afectados han sido el Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Putumayo.

Si exploramos más a fondo, hay dos razones fundamentales por las que asesinan líderes sociales en el país. Una es por ser oposición política, es decir, por oponerse a la visión y proyecto de país que impulsan las élites en los territorios. Quién no esté de acuerdo, es un enemigo y merecer morir. Otra, es por oponerse a los negocios de los gamonales y sus aliados en las regiones; hay líderes asesinados por oponerse a megaproyectos de infraestructura, o a megaproyectos mineros, o a la minería ilegal, o a los planes de renovación urbana, o —cómo no— al narcotráfico.

En los últimos días, disidencias de las FARC han asesinado a varios dirigentes del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos en el cañón de San Juan del Micay, una zona clave para la salida de coca y marihuana hacia el Pacífico, ubicada en el sur del departamento del Cauca entre los municipios de Argelia y El Tambo.

El 17 de abril fue asesinado Teodolindo Sotelo, también integrante del Coordinador Nacional Agrario, dirigente del Concejo Comunitario AFRORENACER y líder de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ese mismo día mataron al comerciante Andrés Caicimance, que también integraba al CNA. El 19 de abril, 8 personas tuvieron que ser rescatadas en un helicóptero del Ejército en el medio de una misión humanitaria, tras salir huyendo de la zona y esconderse.

El 22 de abril la comunidad realizó una asamblea en la vereda Agua Clara de San Juan del Micay con el fin de discutir la situación de seguridad del territorio. Pero a esta reunión llegaron miembros del frente “Carlos Patiño” de las disidencias de las FARC y asesinaron a tres personas. Entre ellos estaban Jesús Albeiro Riscos y Sabino Angulo, ambos reconocidos miembros del Consejo Comunitario Afrorenacer y del CNA.

A esto se suma el asesinato de Marco Rivadeneira el día 19 de marzo en el departamento de Putumayo. Marco también hacía parte del Congreso de los Pueblos y de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario. A esta grave situación en el Cauca se suman dos masacres en la semana, una en Buenos Aires, donde una bomba mató 3 personas e hirió 4 más, y otra en Mercaderes, donde fueron asesinados Álvaro Narváez, presidente Junta de Acción Comunal y 3 personas más de su familia.

En conclusión: en una siniestra alianza entre el narcotráfico, el paramilitarismo, los gamonales regionales, la fuerza pública y las disidencias de las FARC, está perpetrando una nueva y gigantesca masacre contra los liderazgos campesinos del país.

Y como en las demás tragedias, crisis y desgracias que tiene nuestro sufrido país, el gobierno de Iván Duque es, o un silencioso cómplice, o un activo criminal. Esperemos sobrevivir, entre la pandemia de la guerra y la pandemia del COVID-19.

Quién

Sebastián Quiroga Pardo
Sebastián Quiroga Pardo
Politólogo de la Universidad Nacional. Vocero Nacional de Cuidad en Movimiento y el Congreso de los Pueblos. Representante legal de La Fogata Editorial. Candidato al Concejo de Bogotá (2019) por el Polo Democrático Alternativo (PDA)

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